A 50 años del golpe civil militar

por Marcelo Contreras
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No deja de resultar curioso que sea la derecha y en especial la ultraderecha quienes intenten revivir a Pinochet y reivindicar un supuesto legado. En un pueril y vano intento por reescribir la historia, presentándolo como un estadista, que salvó a Chile del marxismo, reconstruyó el estado y recuperó la economía.

Una inmensa mayoría de chileno(a)s lo identifica como el dictador implacable, que un respetado columnista recientemente definió como traidor, cobarde y ladrón. No pocos desde la derecha lo reconocen como un benefactor que impuso el sistema neoliberal posibilitando convenientes negocios, entre ellos la compra de empresas públicas a precios de liquidación. Lo innegable es que durante 17 años gobernó de manera autoritaria, dictando tramposamente una constitución a medida, intentando dejar todo bien atado a perpetuidad. Ni de lejos, un estadista.

Esa historia quedó escrita a sangre y fuego en la memoria del país con heridas aún abiertas. Especialmente entre aquellos que vivieron sus horrores. De los miles y millones que sufrieron en carne propia la represión masiva y sistemática. Aquellos cientos de miles que debieron partir al exilio en busca de asilo y protección. De los millones de trabajadores que vieron pauperizados sus empleos y cercenados sus derechos. Entre ellos quienes vivieron la humillación del PEM y el POHJ. Sin olvidar casos como el de pobladores de la Villa San Luis, en Las Condes, que fueron sacados de sus departamentos en camiones de basura para ser llevados a la periferia de la ciudad.

Buena parte de esa historia represiva fue registrada por la llamada Comisión Retigg, integrada por representantes de diversos sectores políticos e ideológicos. Algunas de aquellas evidencias acumuladas se exhiben en el Museo de Memoria y los Derechos Humanos y otros espacios públicos de memoria a lo largo del país. Por lo mismo resulta aberrante que a 50 años del golpe aún subsistan símbolos de la dictadura en cuarteles, lugares públicos o carreteras.

Fueron 17 años de dictadura civil militar que el país no puede darse el lujo de olvidar ni las nuevas generaciones de ignorar con el riesgo de repetir los mismos horrores. No se trata de agitar ese pasado con ánimo de venganza o con fines políticos o electorales. A lo más con demandas de justicia indispensable y necesaria pedagogía democrática. Con la mirada puesta en el futuro, como es indispensable, pero sin olvido.

Fueron 17 años de dictadura civil militar que el país no puede darse el lujo de olvidar ni las nuevas generaciones de ignorar con el riesgo de repetir los mismos horrores.

 Resulta imperioso sacar las lecciones del por qué colapsó nuestra democracia y debimos vivir largos 17 años de opresión, así como el duro pero exitoso tránsito a la democracia. Con sus claros y oscuros. No sea cosa que tengamos una recaída, que es el gran riesgo que representa el negacionismo.

El nuevo consejo constituyente

El nuevo consejo constituyente, que tendrá la misión de debatir el anteproyecto de nueva constitución elaborado por la comisión de expertos, ya está instalado. El partido republicano, con sus 23 representantes (22 restando la impresentable presencia de Aldo Sanhueza) es la fuerza mayoritaria. Si sumara a los 11 representantes de Chile Vamos consigue los tres quintos de la nueva entidad, más que suficiente para pasar la aplanadora e imponer sus propios puntos de vista.

Sólo que hay un pequeño gran problema. Los republicanos no quieren una nueva constitución. Les gusta la actual. La constitución de Lagos, como les gusta denominarla. Entre el anteproyecto redactado por los expertos y la actual constitución prefieren la actual. No siquiera comparten los principios o bordes acordados por los partidos que suscribieron el acuerdo que dio inicio al nuevo proceso constituyente, recordando que ellos se restaron a dicho acuerdo.

Sólo que hay un pequeño gran problema. Los republicanos no quieren una nueva constitución. Les gusta la actual.

Chile Vamos, en cambio, fue impulsor del acuerdo y debiera honrar la palabra empeñada de trabajar por una nueva y buena constitución. Se jugaron por viabilizar el nuevo proceso constituyente, en contra de la opinión de sus aliados republicanos. Sus representantes en el comité de expertos buscaron el acuerdo con sus pares del oficialismo para redactar un anteproyecto en donde primó el ánimo de diálogo y búsqueda de consensos.  Un consenso en donde incluso participó el único representante de los republicanos, Carlos Frontaura. Y tal como lo han expresado los diversos sectores, no es la constitución soñada por ninguno de sus redactores, pero es una propuesta más razonable.

Es un texto perfectible. Qué duda cabe. Son los consejeros democráticamente electos los que tienen la potestad para intentarlo. Pero también la posibilidad de desnaturalizarlo. De romper el razonable acuerdo al que llegaran los expertos y hacer fracasar nuevamente el proceso constituyente. Sobre todo, si los 22 consejeros republicanos insisten en extremar sus posturas y renuncian a buscar consensos con el oficialismo. Por qué deberíamos buscar acuerdos con la minoría, se preguntaba el consejero republicano Luis Silva, en la misma y pasada línea de Stingo. Total, si el nuevo proceso constituyente fracasa, da lo mismo. Ni siquiera querían una nueva constitución. Menos una consensuada con la izquierda. Mal que mal, con sus reformas y todo, la actual constitución, por más que lleve la firma de Lagos, sigue siendo parte del legado del general Pinochet, que han reconocido como un estadista.

El presidente Gabriel Boric, afirmando que personalmente aprobaría el texto redactado por los expertos, ha declarado que no habrá un nuevo intento durante su gobierno en el caso que la propuesta que salga del consejo constituyente sea rechazada en el plebiscito que debe ratificarla, manteniendo no tan sólo la incertidumbre respecto de nuestro futuro institucional sino incrementando la polarización política y la tensión social en el país.

Ello es el mayor temor de Chile Vamos. Hoy en día parecen tener la sartén por el mango para arribar a un nuevo pacto constituyente que pueda cerrar, probablemente por décadas, el debate institucional y entregar certezas en esta materia. Dejar pasar esta oportunidad es una grave irresponsabilidad. La historia es muy dinámica y nadie puede predecir el futuro.

Buenos acuerdos o malas peleas

Aquella misma lógica puede aplicarse a otras materias en donde la derecha, no tan sólo Chile Vamos, ha mostrado una inexplicable obcecación. Tal es el caso de la reforma tributaria que, en estricto rigor, fue rechazada en la cámara de diputados con los votos de la derecha y de identificados díscolos o independientes del oficialismo.

Con gran realismo, y reconociendo que el gobierno no cuenta con mayoría parlamentaria para insistir en el proyecto original, el ministro de Hacienda ha propuesto un nuevo pacto fiscal, que no tan sólo incluye impuestos, sino también revisión del gasto y posibles nuevos incentivos para las PYMES en conversaciones abiertas con la dirigencia empresarial.

 La derecha ha declarado que no están sus votos para ese pacto fiscal. En palabras de Marcela Cubillos, ex convencional por Chile Vamos, ha sostenido “Que no debiera aprobarse ninguna reforma que implique más impuestos durante este gobierno”. La razón es simple. En opinión de Chile Vamos, el gobierno cuenta con recursos más que suficientes para financiar sus reformas, a los que se suman los ingresos provenientes del nuevo royalty minero y del litio. Si además el gobierno optara por “eficientar” (reducir) el gasto fiscal, los recursos estarían. Entregar dos puntos adicionales del PIB a través del nuevo pacto fiscal impulsado por el gobierno, permitiría financiar ítems más controvertidos como la deuda histórica con los profesores, la condonación del CAE y otros bienes públicos, que la derecha ha cuestionado.

Sin embargo, los empresarios parecen ser bastante más pragmáticos (o sacan mejores cuentas) y ven en el nuevo pacto fiscal propuesto por el gobierno, la oportunidad no tan sólo de terminar con la incertidumbre en materia tributaria, sino también avanzar en la racionalización del gasto fiscal y la modernización del estado, poniendo nuevos énfasis en el crecimiento y la innovación. Y no es malo para el crecimiento, recordando el estallido social, invertir en seguridad, cohesión y paz social.

Sin embargo, los empresarios parecen ser bastante más pragmáticos (o sacan mejores cuentas) y ven en el nuevo pacto fiscal propuesto por el gobierno, la oportunidad no tan sólo de terminar con la incertidumbre en materia tributaria

Algo parecido sucede con la reforma previsional, en donde la derecha insiste, con algo de razón, que, más que una reforma, se trata de una refundación del sistema, insistiendo en cambios menores, que no alteran el actual y fracasado sistema de capitalización individual. Sin embargo, en el confuso incidente que culminó con la renuncia del subsecretario de previsión social, quedó de manifiesto que el exfuncionario había venido trabajando en un plan B, que permitiera viabilizar la reforma, que asumía sus puntos más controversiales, como la propiedad de los fondos, la libertad de elección en su administración, además del tema de las cuentas nacionales, que serán precisamente los temas de negociación entre el gobierno y la oposición. Algunos más sensibles que otros. Como el tema de la solidaridad, que no puede tan sólo ser financiada por el estado, como ha propuesto la derecha (sobre todo si no se materializa un nuevo pacto fiscal).

Bastante más complejo es el sensible tema de la reforma al sistema de salud. Las ISAPRES han desplegado una verdadera campaña del terror, anunciando su inminente colapso de no mediar una suerte de salvataje o perdonazo que, en ningún caso puede comprometer fondos fiscales o torcerle la nariz al fallo de la Corte Suprema, que ha ordenado devolver los cobros indebidos. Las declaraciones de la ahora destituida vocera de la Corte, Ángela Vivanco, afirmando que ello tan sólo corría para quienes habían interpuesto demandas, no tan sólo contribuyeron a la confusión, sino que apareció como un verdadero salvavidas de plomo para las ISAPRES, amenazando con una judicialización generalizada.

Nadie quiere, y menos que nadie el gobierno, que las aseguradoras colapsen, pero la crisis por la que atraviesan es su propia responsabilidad y no pueden intentar socializar las pérdidas, cuanto durante décadas se dedicaron a capitalizar   cuantiosas ganancias. Necesariamente deben hacer frente a sus obligaciones y colaborar en una reforma integral del sistema público de salud, financiado por todos los chilenos.

El país enfrenta grandes desafíos en su futuro inmediato. Entre ellos, la necesidad de contar con una nueva constitución que no tan solo consagre nuevos derechos sociales, contribuya a una mayor descentralización del país y reforme el sistema político que asegure la gobernabilidad futura del país. Y que avance hacia un efectivo estado social y democrático de derechos. Todo lo opuesto a una regresión autoritaria.

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