La trágica muerte de tres policías en una encerrona que todavía está por dilucidar nos puso de cabeza ante lo mejor y lo peor de nuestra actividad política. Mientras los poderes del estado, sus más altas jerarquías, daban señales inequívocas de ofrecer una sola respuesta frente al ataque, por los costados, a veces entredientes o en sordina, o con altavoces, dependiendo del estilo, aparecía una sucesión de declaraciones que, vistas en perspectiva (una no muy grande pero necesaria) nos obligan a pensar que podemos estar frente a casos de evidente indolencia, profunda ignorancia o simplemente mala fe.
Al igual como ocurrió hace unos meses con el secuestro y asesinato del militar venezolano, asistimos a un hecho inédito en nuestra historia criminal. Por lo mismo, las autoridades del estado han sido cautas en no adelantar hipótesis cuyo único sustento pareciera ser obtener algún rédito político de corto plazo (segundos estridentes en la tele, obsesiones con el pasado reciente, cumplimiento de una estrategia de largo plazo que confirme sus apreciaciones de que el gobierno es incapaz de enfrentar la crisis de seguridad y crimen organizado que vive el país). Entonces aparecen los típicos dirigentes que comienzan a hablar del estado de sitio, la ley antiterrorista, el aumento de las penas incluyendo, en algunos casos, la reposición de la pena de muerte. Bajo este discurso subyace o se pretende sugerir, que la izquierda y la centroizquierda son indolentes con este tema, nos les importa y no saben cómo enfrentarlo. Más aún, una y otra vez vuelven a reflotar lo que se dijo o no se dijo durante el estallido social para intentar conectar esa coyuntura con ciertas formas o posiciones políticas.
Es aquí donde uno empieza dudar de la buena fe porque buena parte de las críticas al gobierno tienen más relación con la estrategia de la derecha para demoler a la actual coalición gobernante que con la realidad. Veamos con detalle. ¿Tienen los parlamentarios que solicitan decretar el estado de sitio un argumento efectivo para sostenerlo? Tanto las autoridades de gobierno –con Tohá – Monsalve a la cabeza-, como los mandos de las fuerzas armadas y las policías han explicado hasta el cansancio que las atribuciones que agrega este estado de excepción no ayudan a resolver los problemas que enfrentamos. Algo similar ocurre con la ley anti-terrorista, que se invoca majaderamente hace años, cuando la evidencia pública (incluidas las afirmaciones de los mismos parlamentarios) ha demostrado que esa ley es ineficiente y no ayuda a investigar y castigar esos delitos. Y para qué hablar del tema de las penas carcelarias. No hay ninguna evidencia que su aumento (y en Chile, como esta es una medida popular, se han aumentado muchas veces) impacte efectivamente en una disminución de la delincuencia y el crimen.
Entonces, ¿por qué se insiste en estos temas? ¿No están enterados de estas evidencias, tienen otros estudios que no se pueden conocer y demuestran lo contrario, o la verdad les da lo mismo y solo les interesa hacer el punto político para sustentar su estrategia? Me encantaría que los medios de comunicación interrogaran seriamente a quienes sostienen estas opiniones para que nos iluminen. O mejor aún, que estos dirigentes, los partidos políticos a los que pertenecen, informaran a la opinión pública acerca de los beneficios que ellos han evidenciado de la aplicación de estas normas. Creo que, si no lo hacen, es porque tales evidencias no existen.
Entonces, cuando por alguna razón son confrontados, el argumento se desvía hacia el pasado: ¿acaso el Frente Amplio y el PC no apoyaron la violencia durante el estallido, pidieron la renuncia del presidente e incluso lo acusaron constitucionalmente? Por supuesto, como el argumento es bueno, no se hacen distinciones al hablar de la izquierda y se intenta englobar a todos en el mismo cuento. La intención es clausurar al adversario y para ello, torcer un poco la verdad, quitarle su complejidad, es válido. Tampoco, obviamente, cuando se intenta pedir explicaciones a los otros por las conductas del pasado, se preguntan por la relación que sus propios partidos o ellos mismos tuvieron, por ejemplo, con la dictadura, con la defensa de Pinochet ya en democracia, con los intentos de liberar a los detenidos en Punta Peuco, por mencionar algunos eventos. La verdad, creo, es que, si todos los actores en política fueron presos de sus palabras para siempre, solo podrían existir y tener cierta supremacía moral los recién llegados (cosa que, como ya sabemos, es una ilusión desmentida por acontecimientos vergonzosos de la política chilena de los últimos años).
Ya lo he escrito varias veces: tenemos que recuperar la capacidad de objetivar algunas verdades o evidencias, o al menos, consensuar una mirada común mínima sobre la realidad, entre los diferentes actores de la política.
En este sentido, la mirada, la actitud y la práctica de la ministra del interior, Carolina Tohá, me parece encomiable. La escuché el fin de semana en televisión hablando de los hechos recién ocurridos. Allí, frente a la andanada de críticas que llegaron hasta pedir su renuncia, fue poniendo antecedentes sobre la mesa que difícilmente podían rebatirse. Habló de las inversiones de este gobierno en seguridad (carros blindados en la Araucanía, uso de fusiles en los patrullajes, chalecos antibalas de última generación, drones y súper drones para mejorar el control territorial, aumento de planta), de los nuevos procedimientos de coordinación entre gobierno y policías, y con los otros actores del sistema de justicia, de las necesarias leyes que deben ser aprobadas, además de las más de cincuenta ya resueltas (el gobierno que más leyes ha aprobado en esta materia). Y se podría mencionar muchas otras medidas.
Ella no estaba opinando, sino informando. Ella no se mostraba enojada ni hablaba con rabia (aunque a lo mejor la tuviera). Simplemente pretendía, en un tema que es de máxima sensibilidad e impacto para la población, en una tarea que coloca al estado frente a algunas de las principales amenazas de las sociedades democráticas contemporáneas como es el crimen organizado, la política chilena pudiese asumir una actitud de estado. No más indolencia ni ignorancia ni mala fe con estos temas. Son demasiado importantes y afectan demasiado a los ciudadanos y a la democracia. Esta mirada explica, con toda justeza en mi opinión, la mantención del director general de Carabineros en su cargo para enfrentar esta contingencia. Si más adelante debe hacerse algo distinto, hay que verlo. Pero me queda la impresión de que en estos temas la ministra no se equivoca. ¿Qué le van a enrostrar que se está desdiciendo de la llamada “doctrina Tohá”? Sí, porque ella tiene una mirada de futuro y actúa según lo que la realidad enseña. No hace política para dejar un registro moral de algo o para evitarse conflictos o quedar bien frente a una imagen pública. Como dirigente político de gran altura, tiene una mirada de estado que está más allá de la indolencia, la ignorancia o la mala fe.
1 comment
Excelente artículo…Sin embargo, está insistencia en soluciones espureas para enfrentar la delincuencia se sostienen también por periodistas obsecuentes que no hacen preguntas de fondo