Mientras los partidarios de la dictadura y los dirigentes más conspicuos de la derecha y ultraderecha, por su compromiso con la Constitución del 80, tienden a guardar un recatado silencio respecto del plebiscito del 4 de septiembre, aparecen, profusamente, caras del rechazo con vínculos históricos con la Concertación que pueden ser categorizados en diferentes grupos. Un primer grupo está constituido por individuos presentados como de centro e incluso de izquierda que con base en sus conexiones con la Concertación se insertaron como socios o directores de empresas en los principales grupos económicos y que han encabezado la crítica a las fuerzas transformadoras desde el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Miran la sociedad y la política, y ahora la deliberación constitucional” desde sus cómodas oficinas de “Sanhattan”. Un segundo grupo está constituido por excomunistas que aprovecharon las ventajas de la burocracia internacional que trabajaba para la Unión Soviética hasta poco antes de su caída, para luego asumir cargos en los gobiernos de la Concertación y constituirse ahora en interlocutores predilectos del “rechazo duro”. Como es típico de los conversos, tal como en el pasado todo lo interpretaban como un ataque a la “patria del socialismo”, hoy contra toda evidencia, no conciben que los críticos del neoliberalismo puedan ser luchadores por la democracia. Lo patético de sus opiniones, que compiten en agresividad con los exponentes más duros de los seguidores de José Antonio Kast, hace innecesario que nos refiramos a ellos en la presente columna. Un tercer grupo, de más reciente aparición, al cual, si nos referiremos, está conformado por senadores en ejercicio, que consideran que es más importante que ellos mantengan su cargo que aprobar la nueva constitución (NC) de los derechos. Se trata de personas de las cuales lo mínimo que se hubiera esperado habría sido que se inhabilitaran de opinar (como lo han hecho numerosos senadores) sobre la sustitución del Senado por la Cámara de Regiones por un evidente conflicto de intereses. Sin duda que hay otros grupos, menos bulliciosos, que tienen razones menos interesadas para votar por el rechazo, que no caben en esta caracterización y tiene argumentos que es indispensable considerar en la deliberación constitucional.
Indagando en el pensamiento de las caras del rechazo
Una de las caras más conocidas del rechazo es Oscar Guillermo Garretón, (autodefinido amarillo pese a ser desde hace mucho tiempo un crítico de las ideas transformadoras), quién sostiene en entrevista con El Mercurio el 27 de mayo que la Convención Constitucional habría sido ganada por quienes no compartían el Acuerdo del 15 de noviembre, en particular la Lista del Pueblo, el PC y un cierto contingente del Frente Amplio (FA) lo que generó un clima de polarización, que excluyó a convencionales y organizaciones sociales y habría introducido diferencias de derechos entre los chilenos (afirmación que simplemente omite la exclusión histórica que sufrieron los pueblos originarios y los campesinos y que los territorios afectados por el conflicto mapuche se cuentan entre los más pobres del país). El empresario y opinólogo en cuestión falta a la verdad pues sumadas las primeras dos listas mencionadas, ellas alcanzan una cifra entorno a los 35 escaños e incluso si se suman algunos representantes del FA no llegarían a 45, cifra muy por debajo de los 103 votos necesarios para que una norma fuese incorporada al texto constitucional. Omite también el analista que si bien algunos grupos de la izquierda no estuvieron en el acuerdo del 15.N, aquellos con representación parlamentaria si apoyaron la reforma constitucional que hizo posible el proceso constituyente.
La historia es muy diferente a la que pinta el empresario; pese a la gran diversidad de personas que los chilenos elegimos como constituyentes, se logró formar una exigente mayoría de que aprobó las normas con una votación promedio de 117 votos a favor lo que representa el 75% de los convencionales. Como su primer argumento no funciona, pasa rápidamente a formular un segundo. El proceso democrático que permitió elegir a los 155 constituyentes no representaría la actual mayoría política y social del país. ¿Qué quiere decir el personero? ¿Sostiene que cuando las encuestas (por definición fotos de un momento) difieren de los resultados que definieron la composición del Gobierno, del Congreso o, en este caso, de la Convención Constitucional deberíamos sustituir la instancia por otra pasando por encima de las normas previstas para el desarrollo del proceso? Como prueba también de esa falta de representatividad de la CC, alude a la elección parlamentaria y presidencial del año pasado, que tuvo como resultado una correlación de fuerzas distinta a la de elección de convencionales. Cada momento representó un cierto estado de ánimo de la población, ni uno ni otro es más legítimo; por tanto, no cabe la descalificación.
El empresario no tiene empacho en descalificar el trabajo de los 154 convencionales; su “actuar”, afirma, prefigura como sería un gobierno que tuviese la misma mayoría. ¿Cómo es posible que ignore el trabajo realizado y la amplia deliberación que ha tenido lugar en estos casi 11 meses de funcionamiento? (en que por ejemplo se importantes sectores transitaron desde una propuesta de régimen parlamentario a un presidencialismo atenuado, un Estado regional y un bicameralismo asimétrico) El empresario habla de muchas cosas; pero no se refiere al texto aprobado. Recién pasada la mitad de la entrevista empieza hablar aparentemente del texto, específicamente de la noción de plurinacionalidad. Pero, sorpresa, sigue sin referirse al texto y sin describir el contenido de dicho concepto según lo trata el texto constitucional sostiene que es una noción tomada prestada de García Linera. Impresiona que en ningún momento siquiera mencione la importancia del reconocimiento de la plurinacionalidad para abrir un camino de paz para la Araucanía cuyo conflicto no ha dejado de agudizarse en los últimos años. Como si eso fuera poco, levanta el concepto de Walmapu que no aparece en la Constitución y no menciona que las autonomías territoriales no pueden atentar contra la unidad del país y están sujetas a la constitución y a las leyes. Poco se distingue el empresario del comportamiento de convencionales de la ultraderecha que constantemente hablan de contenidos del texto que simplemente no existen. Para Oscar Guillermo Garretón no es importante que se incorporen a la NC los derechos a la salud, la vivienda, las pensiones, a un medioambiente sano, pero sí el derecho de propiedad que considera inscrito “nebulosamente” en el texto constitucional pese a que se garantiza, que se puede expropiar solo por ley, pagando un precio justo (que donde existen mercados líquidos corresponde al precio de mercado), pagado previamente y que la decisión se puede reclamar ante las cortes de justicia.
Otra cara del rechazo está conformada por senadore(a)s cuyo compromiso con el cambio de constitución y el nuevo ciclo político duró hasta que la convención decidió sustituir el Senado por la Cámara de Regiones. Uno de ellos, Matías Walker, también en entrevista con El Mercurio (29 de mayo 2022, pp. D 4 y D 5) repentinamente se confiesa “desilusionado”, alega que no se cumplió la presunta promesa de que se respetarían íntegramente el período de diputados y senadores (cuando la propia reforma constitucional que dio origen al proceso constituyente indicó con claridad que si se eliminaba una institución desaparecería el cargo) y que se olvidó el “espíritu de la segunda vuelta” en circunstancia que en la Convención han trabajo estrechamente los colectivos desde los Independientes no neutrales hasta las actuales expresiones de lo que fue la lista del Pueblo y los escaños reservados y, el nuevo gobierno, se organiza convocando a un amplio grupo de gente que apoyo a Boric recién en la segunda vuelta. Impresiona como el senador llega incluso a sostener “que esta propuesta no le está haciendo sentido a la mayoría ciudadana que quiere cambios, mejores pensiones, seguridad y orden, salud, pero no destruir la casa que construimos los chilenos con esfuerzo en los últimos 32 años” desconociendo que la NC caracterizada por la centralidad de los derechos civiles, políticos, sociales y medioambientales apunta justamente a echar las bases para la paz en Chile. Se trata justamente de instalar un orden constitucional basado en la justicia social, en el equilibrio entre los géneros, en la convivencia entre las naciones que habitan en el país hoy confrontadas violentamente en varias zonas del sur del país todo ello indispensable para construir un nuevo pacto social y avanzar en la reconciliación de los pueblos y personas que habitan en Chile.
Las opciones del plebiscito de salida y la democracia
Son reiterativos los esfuerzos por reformular las opciones sobre las cuales la ciudadanía deberá pronunciarse el 4 de septiembre. La escasa simpatía que la constitución del 80 encuentra en la ciudadanía, pese a las modificaciones de que ha sido objeto, ha llevado a algunos a desdibujar la opción que se enfrenta en el plebiscito, esto es entre aprobar la nueva constitución o ratificar la vigencia de la actual. Señalan que no es ese necesariamente el dilema pues se podría rechazar y reiniciar el proceso constituyente. Múltiples opciones se han sugerido: 1) convocar a un grupo de expertos (¿se propone acaso imitar el procedimiento que utilizó la dictadura para elaborar la constitución del 89?) como si ellos pudieran sustituir la decisión de los ciudadanos; 2) Que sea el actual Congreso que elabore la nueva constitución, como si en el plebiscito no se hubiese rechazado esa opción con cerca del 80% de los votos. Frente a la naturaleza profundamente antidemocrática de estas “opciones” las caras del rechazo se ven obligados también a proponer 3) de llamar a un nuevo proceso constituyente, esto es elegir nuevamente, 155 constituyentes, darles un período más largo para que elaboren la propuesta y llamar luego a un plebiscito para aprobar o rechazar. Nadie sabe por qué los resultados tendrían que ser distintos o mejores a los que se están alcanzando; lo que si es evidente que esta propuesta significa prolongar la incertidumbre, las polémicas, la polarización por otros dos o tres años más mientras los conflictos se agudizan con todos los costos sociales y económicos que eso implica.
Los partidarios del rechazo, la mayoría de los cuales estuvo desde un inicio en contra de una NC, han estado impulsando una feroz campaña para desprestigiar la CC y luego el borrador del texto constitucional mientras la ciudadanía debatía sobre el orden constitucional. Ello ha tenido como consecuencia que las encuestas constaten que hay hoy una mayoría por el rechazo. Sabemos que las encuestas (con todas las dudas que generan) constituyen una foto del momento y en modo alguno permiten concluir cuál será el resultado del plebiscito pues ello se definirá con el texto constitucional definitivo en la mano y luego que las campañas del Apruebo y el Rechazo den a conocer sus argumentos en los próximos tres meses. Es señal indicativa de que la decisión todavía no está tomada cuando según encuestas de quienes aparecen como partidarios del rechazo solo el 3% ha leído el texto constitucional.
