Después de un año y medio, in extremis, cuando la espada de Damocles de la salud estaba por caer, el parlamento y el gobierno chilenos acordaron una ley que rescató a las Isapres del colapso y, con ello, salvó a todo el sistema de salud de una crisis, al parecer, bastante inevitable y de consecuencias catastróficas. Aprobar la ley fue un triunfo de la política, sin duda. Sin embargo, la interrogante que queda es saber si este acontecimiento será una golondrina que no hace verano o, razonablemente, podemos aspirar a un ejercicio permanente de la vida pública más centrado en el país y menos en el metro cuadrado del propio juego de la política.
El tema de las Isapres no era trivial. A fin de cuentas, a plena conciencia, en forma prolongada y con total descaro, estas se habían apropiado malamente de recursos de sus propios asociados. Años de juicios en que sistemáticamente los tribunales fallaban en contra de las Isapres y las obligaban a suspender las alzas de los planes debieran haber sido una alerta suficiente para enmendar su conducta. Pero, por el contrario, se persistió y se terminó en el fallo de la Corte Suprema. La recaudación mal habida de las Isapres alcanzó una suma impactante: mil quinientos millones de dólares. Pareciera que lo único razonable y justo habría sido que pagaran, como cuando cualquier persona o empresa, que frente a sus deudas (más aún cuando han sido mal habidas) responde con su patrimonio o buscando otras fuentes de financiamiento.
Si se tratara de un negocio cualquiera, así debería haber sido. Pero la salud no es un negocio cualquiera y, si somos rigurosos, habría que aceptar que la salud ni siquiera debiera ser un negocio sino un derecho social básico, que toda sociedad moderna tiene que satisfacer. Y si la opción, es poner una parte de la provisión de este derecho en manos de empresas con fines de lucro, que a lo largo de las décadas han obtenido grandes ganancias, estas mismas empresas están obligadas a responder por sus obligaciones. Y si no lo pueden hacer producto de sus ineficiencias (porque queda la impresión de que la única forma que las Isapres tuvieron para lograr las rentabilidades de su negocio fue subir el precio de los planes o disminuir sus prestaciones, que es lo mismo), deben hacerse responsables. Un privado cualquiera, en último término, va a la quiebra. O se reorganiza, como se dice ahora. Pero responde. Sin embargo, las Isapres, como se dice, están pasando piolas: han mirado hacia el lado, han pretendido victimizarse de una situación de la cual son totalmente responsables y, en definitiva, han terminado extorsionando al estado para que les ofrezca una solución que, digámoslo claro, parece un verdadero salvataje que ya se quisieran muchos negocios. Pero las Isapres son, en realidad, un mercado cautivo, lleno de imperfecciones y opacidades, donde los clientes, o sea, la demanda, quedan atrapados, dejando en garantía el cuidado de su propia salud.
Entonces, da rabia que se haya hecho una ley especial para el salvataje de estas empresas, como en su tiempo se rescató a los bancos. Pero, al mismo tiempo y si todo lo dicho es verdadero, se agradece que las más altas dirigencias políticas del país, con un acuerdo muy amplio que parece se alcanzó haciendo rechinar los dientes, hayan logrado proponer una solución que le permite al sistema seguir flotando. Este fue un gesto de madurez del sistema político, de responsabilidad ciudadana, donde se puso por delante el interés de los usuarios de la salud antes que el de las propias convicciones. Esto es política con mayúscula, aunque tarde les haya caído la teja a quienes la ejercen. Es lo que los ciudadanos –creo- quisiéramos ver: políticos que piensan distinto, que representan a diferentes grupos de la sociedad, esforzándose por ponerse de acuerdo y solucionar problemas, ojalá sin tener que llegar hasta el último minuto y forzados por una decisión judicial.
Pero seamos sinceros, si la ley “corta” se tomó un año y medio en ser tramitada, fue porque esta crisis abrió una discusión mucho más profunda. En el fondo, lo que está haciendo agua es el modelo del sistema de salud privado chileno, que aparentemente no da el ancho para satisfacer sus propósitos. ¿Ineficiencia, oscuridad del mercado, costos de la salud desorbitados, fragilidad económica de las personas? ¿Qué será lo que no funciona? ¿Cotizantes jóvenes migrando en masa al sistema público? Es curioso que un sistema que tiene clientes cautivos, que cobra cotizaciones muchísimo más altas que las de Fonasa, que durante décadas obtuvo enormes ganancias, no sea capaz de atender con justicia (o sea, sin trampas) a un cuarto de la población chilena, mientras que el sistema público, con su falta de glamour (cada vez menor, eso sí, hay que reconocerlo), pueda enfrentar los requerimientos de, al menos, las tres cuartas partes de la población.
Es en este escenario que la clase política chilena deberá demostrar que este acuerdo por la ley corta de Isapres no es una golondrina que, ya sabemos, no hace verano, sino una bandada real que anuncia un verano en serio, es decir, un período de actividad política con horizonte de estado, con seriedad, con profesionalismo. Y me parece que hay, a lo menos, cuatro temas en los cuales vamos a poner a prueba el verano de esta golondrina.
En primer lugar, y aprovechando el impulso, debiera repensarse el sistema de salud que, como ha quedado demostrado, ya tocó techo. Algo similar ocurre con el tema de pensiones. Hay que modificarlo, no porque una u otra ideología lo diga, como sostiene la derecha, sino porque la gran mayoría de las pensiones son misérrimas y no satisfacen su razón de ser. ¿La política chilena, los hombres y mujeres que han sido elegidos para ocupar la representación pública de la ciudadanía, podrán salir a buscar los votos si, en diez años, no han sido capaces de acordar un sistema que mejore en forma significativa las pensiones? El sistema no da más, el modelo de AFP´s fracasó, hay que admitirlo. Después de 40 años no es capaz de proveer respuesta satisfactoria a sus usuarios. Y que no se me mal entienda. No estoy diciendo que la solución sea volver al sistema de jubilación que teníamos antes en Chile, lleno de desigualdades (como ahora), con cobertura reducida y, como si fuera un karma de nuestro país, con jubilaciones igual de miserables que las de ahora. Pero la gran promesa del actual sistema no se ha cumplido. ¿Cuál es la solución? ¿Cuáles son los mejores sistemas para mejorar las pensiones hoy y en el futuro? ¿No tenemos en Chile suficiente conocimiento para imaginar y consensuar un sistema que responda a las necesidades actuales?
Entre cierta izquierda que piensa más en la “derrota de las AFP´s” y la defensa híper ideologizada que la derecha hace del sistema, los ciudadanos quedamos atrapados. Algo similar ha terminado ocurriendo –aunque se ha avanzado a tropezones- con la agenda de seguridad, donde por momentos a nuestros representantes pareciera importarles más infringir una derrota política a sus adversarios que encaminar soluciones para la ciudadanía. Y qué decir de las reformas al sistema político, que podríamos haber resuelto en cualquiera de los dos procesos constituyentes que tuvimos y que, sin embargo, terminamos a fojas cero, movidos más por el interés de instalar agendas específicas que por alcanzar acuerdos que involucraran a las mayorías y fueran sustentables en el largo plazo.
Si nuestra política hace un giro en la línea de los grandes acuerdos nacionales en función de los intereses de la ciudadanía, podríamos estar optimistas. Pero, por ahora temo que, en este escenario, las golondrinas no hacen verano.
2 comments
Muy acertada tu columna. Cariños
Antonio, tocaste los temas más álgidos de la política chilena. Yo prefiero ni pensar… nosotrxs, los mayores de 60, no podemos ni soñar con irnos a la salud pública, imagínate si todxs nos vamos a la salud pública, el kilombo en que se transformaría. Y para que hablar de las AFP, las cuales tienen los mismos dueños que son los propietarios de este puto país.