Me pregunto si, cuando la “capitana” Rodríguez, actualmente diputada de la República, acusó a las agrupaciones de defensa de los Derechos Humanos y a los promotores de sitios de memoria, sugiriendo que hacían un verdadero negocio con el dolor de las víctimas, sabría realmente de qué estaba hablando, o lo hacía desde la más radical ignorancia. Si fuera lo primero, estaríamos frente a un discurso histórica y éticamente muy delicado; si fuera lo segundo, en cambio, probablemente estaríamos hablando de un acto de irresponsable entusiasmo partidario juvenil.
Me encantaría que fuera lo segundo. Al menos tendría la excusa de la ceguera. Si alguien nunca ha visto el fuego, enciende un fósforo, lo pone bajo tu mano y te quema, a nadie se le ocurriría acusarlo de mala intención. A lo más, de ser medio pavo. Pero si, por el contrario, conoce el fuego, sabe que quema e igual lo pone bajo tu mano, ese es un acto de mala fe y es una franca agresión. Sería muy interesante preguntarle a la diputada Rodríguez si conoce o no las razones por las cuales se formaron en su momento las agrupaciones de derechos humanos, tales como la de familiares de detenidos desaparecidos o de ejecutados por la dictadura. Sería todavía mucho más interesante que la diputada Rodríguez le informara al país, si sabe cuál es la finalidad de la existencia de los sitios de memoria o del propio Museo de la Memoria. A lo mejor no lo sabe, aunque sería raro, porque debe estar informada para que haya respaldado los recortes presupuestarios propuestos por el Ministerio de Justicia para estas iniciativas. Sería bien raro, la verdad, porque la diputada, capitana Rodríguez, estudió periodismo en la mismísima Universidad Católica de Chile, misma universidad donde cursó un Magíster en Políticas Públicas. Y como si fuera poco, después sacó un Diplomado en Desarrollo Institucional e hizo un Máster en Innovación en Periodismo en España. Puede ser que los hechos que pusieron a Chile en el centro del cuidado de los derechos humanos, cuando los conoció le chocaron tanto quelos reprimió. O simplemente nunca le interesó profundizar en esos hechos porque vivir sin enterarse le salía más sencillo, económico y eficiente (a lo Rabat). Me encantaría que la capitana Rodríguez respondiera alguna vez estas preguntas. Pero, como mientras no lo haga, lo que yo diga son meras suposiciones e hipótesis parciales. Prefiero asumir que ella no sabe verdaderamente de lo que está hablando. Cuando la vi en la TV, me pareció que se expresaba con cierta ligereza socarrona. Daba la impresión de que gozaba con su ingenio mordaz y con el dolor que estaba produciendo al meter el dedo en la llaga.

Pero para profundizar un poco, dejemos pendiente la discusión respecto de si el “golpe de estado de 1973” era evitable o no. Concentrémonos exclusivamente en los derechos humanos. ¿Qué creerá la diputada Rodríguez respecto a la violación de estos derechos en Chile? ¿Pensará que, hablando con sinceridad, para ella hay otros momentos de la historia que son peores? ¿Como cuál, podría ser? Especulemos: ¿Tal vez la expropiación de fundos y fábricas durante la UP? ¿Quizás la presentación de una querella por injurias contra un diario de oposición? ¿O se referirá a las matanzas de la Escuela Santa María, Pampa Irigoyen, Seguro Obrero, etc.? ¿O estará pensando en los cinco escoltas asesinados en el atentado a Pinochet? ¿O la muerte del general Carol Urzúa? ¿O el saqueo de varios supermercados, la quema de un par de iglesias, el incendio de la red de Metro? La memoria me falla y no se me vienen otros casos, que los hay, a la memoria (ojo, por eso son buenos los sitios de memoria). Me cuesta creer que una profesional chilena, joven, educada en una de las mejores universidades del país, no tenga una opinión basada en estos acontecimientos de nuestra historia. Tal vez ha estado muy marcada por sus investigaciones en torno al caso del cabo Zamora, que podrá ser injusto, pero que no amerita decir que constituye una violación a los derechos humanos del funcionario policial. Sin ir más lejos, fue acusado, fue llevado a juicio y fue absuelto por una corte, como si viviéramos en un país donde hay estado de derecho y se resguardan los derechos procesales. En todo caso, seguimos en el terreno de la especulación.

En la sesión de la Cámara de Diputados, la diputada comenzó manifestando su “repudio a quienes se han arrogado la propiedad de los Derechos Humanos en Chile”, y haciendo uso de una retórica que nos recuerda el estilo irónico y mentiroso de Valenzuela, agregó que su repudio se extendía “a esa gran empresa llamada Derechos Humanos Company”. Ella tiene derecho a decir lo que quiera. Además, está protegida por el fuero parlamentario. Esas que ella llama las DD.HH. company´s son las organizaciones que intentaron proteger a miles y miles de chilenos cuyos derechos humanos se violaban sistemáticamente todos los días, durante 17 años. Y aquí no hay hipérboles metafóricas, ni viceversa. El Decreto Supremo N°98, de 2023, que establece el Plan de búsqueda, establece que se ha comprobado la ejecución política de 1.747 personas, y la existencia de 1.469 víctimas de desaparición forzada, lo que da un total de 3.216 personas asesinadas. ¡Capitana, Rodríguez! Hablamos de miles de muertos por razones políticas, asesinatos realizados por las fuerzas del estado, con presupuesto asignado por el gobierno de Pinochet, usando medios fiscales y locales del Fisco, junto a una serie de medidas administrativas que permitían su funcionamiento criminal en la más absoluta impunidad y completamente al margen del estado de derecho, que obviamente no existía. Agréguele, diputada, para completar la fotografía, 31.856 chilenos y chilenas que fueron torturados durante esos años. ¿Sabe usted lo que son 31.856 personas torturadas? ¿Le gustaría que lo recordáramos, o prefiere que se borren los sitios de memoria donde la mayoría de estos crímenes se cometieron?
Me voy a permitir recordarle, diputada, solo algunas cosas de las que le hablo: aplicación de electricidad en diversas partes del cuerpo, incluyendo genitales; colgamientos por horas de los brazos, o bajo la forma del “pau de arara”; mantenimiento por horas a los detenidos de pie; no dejarlos dormir durante días; cortes en el cuerpo; violaciones; ahogamientos con bolsas o metiendo las cabezas en los receptáculos de orines y fecas; quemaduras con cigarrillos encendidos en diversas partes del cuerpo; golpes de todo tipo; secuestro y tortura de familiares de los detenidos frente a ellos. Y estas cosas no me las contó un pajarito, como dice un comercial por estos días. Me lo contó mi padre que lo tuvieron en Villa Grimaldi alrededor de una semana encerrado en un cajón donde no podía moverse y que cuando lo vi por primera vez en el Centro de Detención de Tres Álamos, sus manos mostraban las cicatrices de las ampollas que le habían hecho con cigarrillos para saber si la droga que le habían administrado para que perdiera la conciencia estaba haciendo efecto. Nunca en el Chile moderno se habían violado de modo tan flagrante y sistemático los derechos humanos. ¿De verdad no sabía que estas cosas habían pasado hace no demasiados años, entre 1973 y 1989? Cuando usted nació, estas cosas recién habían ocurrido. Y fíjese la diferencia en sus apreciaciones. Usted repudia que las organizaciones de Derechos Humanos usen el dolor de las víctimas para hacer sus puntos. Cuando sus derechos fueron violados, no tuvieron ninguna oportunidad de defenderse ni de salvar la vida de sus familiares. Durante la dictadura la Corte Suprema de la época rechazó miles de recursos de amparo. ¿Conoció la historia de Sebastián Acevedo, un padre cuyos hijos fueron detenidos y el gobierno negaba el hecho? Su desesperación lo llevó a inmolarse para que los dejaran libres. Está en la historia.

Lamentablemente, no puedo creer que una mujer joven y educada, que ha decidido dedicarse a la política, lo que habla muy bien de su sentido de responsabilidad social, no estuviera enterada que no ha habido ningún período de la historia moderna de Chile en que se hayan violado los derechos humanos como lo hizo la dictadura de Pinochet y, hay que decirlo, de la derecha chilena. Si conscientemente, de modo artero y contumaz, ha decidido hacer escarnio del período más inhumano de nuestra historia y burlarse de sus víctimas, sería bueno que lo dijera. Pero mientras no sepa cuáles fueron sus motivaciones, me queda claro que la defensa del Museo de la memoria y de los sitios de memoria, es una necesidad urgente para que nuestro país y nuestra sociedad no olviden. Aunque sean diputados.
1 comment
Hay tantas personas que aún niegan la violación de Derechos Humanos, que es bueno recordar. Me extraña que alguien con tantos estudios se burle de quienes aún llevamos el dolor por dentro.