El 18 de octubre de 2019 quedó en la memoria colectiva como uno de los estallidos sociales más violentos en nuestra historia. Similar a la explosión de un volcán dormido que entra repentinamente en erupción, el alza de 30 pesos en el valor del pasaje del metro gatilló la protesta estudiantil en las principales estaciones de la red metropolitana. Las manifestaciones se extendieron a otras ciudades y corrieron como la lava que baja como si fuera un río, dejando destrucción y violencia. Quedaron 20 estaciones de metro quemadas, supermercados y tienda. saqueadas, incendio de iglesias, edificios vandalizados y otra serie de daños. Solo reponer las estaciones y líneas de metro tuvo un costo de 225 millones de dólares. Desde el punto de vista humano, alrededor de 30 personas perdieron la vida en circunstancia no del todo aclaradas. Más de 400 manifestantes sufrieron daños oculares, algunos ciegos para siempre, por el disparo criminal de balines de la policía, incapaz de controlar a los manifestantes. Asimismo, el día 25 de octubre se registró la marcha ciudadana más grande efectuada en el país, con 1.2 millones de personas que caminaron pacíficamente exigiendo mejorar las pensiones, la salud, la educación, exigiendo el reconocimiento a los pueblos indígenas y una nueva constitución, entre otras demandas. El gobierno de derecha que presidía Sebastián Piñera y su coalición finalmente accedieron a negociar y prácticamente todos los partidos políticos, representados en el Parlamento, con excepción de los comunistas, firmaron el 15 de noviembre de ese año el llamado “Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución”. El primer paso fue un plebiscito efectuado el 25 de octubre de 2020 donde la ciudadanía aprobó, con el 78,28% de los votos, que una convención constitucional elegida y paritaria propusiera una nueva constitución. También se contemplaba que un plebiscito de salida, con voto obligatorio, ratificara la nueva carta. El referéndum se efectuó el 04 de septiembre de 2021 y fue una de las mayores sorpresas electorales registradas. El 62% de los votantes rechazaron la propuesta de nueva carta constitucional. La primera consulta había sido interpretada, en términos generales, como una victoria del progresismo, del centro izquierda y de la izquierda; mientras que el macizo rechazo de septiembre pasado, la derecha y centro derecha lo han tomado como un triunfo de sus ideas.
Con el resultado del plebiscito todo volvió a fojas cero y finalmente, el 12 de diciembre pasado, se ha acordado entre los partidos políticos del amplio espectro existente, un nuevo calendario institucional donde se elegirán en elecciones abiertas a 50 integrantes que conformarán el “consejo constitucional”, que será acompañado por 24 “expertos constitucionales” elegidos por el senado y la cámara de diputados, equitativamente. Es el llamado “Acuerdo por Chile”. Este contempla, además, de la paridad de género, 12 “bordes constitucionales” o bases inamovibles que incluye, entre otras, el carácter unitario de la república, sus símbolos tradicionales, la mantención del Senado, el reconocimiento a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena y otras medidas donde se establece un Estado social de derechos, aspiración ampliamente sentida. Se ha programado el siguiente itinerario constitucional para 2023: 07 de mayo se votará para elegir los 50 integrantes, 07 de junio deberán comenzar a sesionar junto a los expertos designados y 17 de diciembre, fecha en que se efectuará un plebiscito de salida con votación obligatoria, donde los electores deberán señalar con su voto si están a favor o en contra de la nueva constitución.
Los llamados “bordes constitucionales” impiden el carácter refundacional que tuvo la propuesta rechazada o partir desde cero, como era el deseo de algunos. Esa es la principal crítica que se hace a este nuevo proceso desde la izquierda dura, que califica como “tutelaje” la designación de los “expertos constitucionales” por lo que ya ha manifestado que no se siente cómoda con este acuerdo. Por su parte, la derecha extrema, que cuenta con 13 diputados, se negó a participar en la negociación aduciendo que el país no necesita una nueva constitución.
Durante el mes de enero el “Acuerdo por Chile”, que ha sido respaldado por el presidente Gabriel Boric, deberá ser aprobado por 4/7 de las dos cámaras para su puesta en marcha.
Tres preguntas quedan abiertas en la sociedad chilena: la primera es la interpretación de las causas y consecuencias del estallido social de 2019, en circunstancias que Chile ha conocido los mejores 30 años en su historia en término del mejoramiento de las condiciones de vida de la gran mayoría de sus habitantes. Las cifras económicas e indicadores sociales son indesmentibles en ese plano. Una segunda cuestión es la capacidad del gobierno de liderar una coalición de dos alianzas de partidos que no coinciden en su apreciación de las últimas tres décadas, difieren en aspectos centrales del esquema económico de inserción internacional y tienden más a alejarse que a acercar posiciones en puntos centrales de la agenda política, incluyendo el constitucional. Un tercer tema es si los 22 partidos políticos actuales que existen en el Parlamento lograrán recuperar la confianza de la ciudadanía y respaldar este nuevo proceso constitucional. Lo primero es que se respeten los “bordes constitucionales” de manera de no dejar caer el acuerdo. La derecha ya lo expresó de esa manera. Los 50 miembros del “consejo constitucional” que serán elegidos, junto a los 24 “expertos” designados, tendrán la tarea de presentar un texto constitucional que se espera sea aprobado por la ciudadanía. De esta manera el año que se inicia tendrá a Chile nuevamente buscando su camino para lograr una constitución que represente a la mayoría y tenga la legitimidad democrática exigida. La pregunta que queda por responder es si lo logrará.
