Se han cumplido tres años del acuerdo del 15 de noviembre de 2019, cuando un amplio arco político logró darle un cauce institucional al estallido social. Sin embargo, el país aún no tiene una nueva constitución, pese a existir un amplio consenso en que la actual ha caducado. Ninguna de las principales demandas de aquellas masivas protestas ha sido resuelta. Los conflictos siguen latentes y el país está lejos de alcanzar la paz social. Ciertamente ello representa un fracaso del sistema político.
En las pasadas elecciones presidenciales el país se vio enfrentado a optar entre un candidato de extrema derecha, apoyado por la derecha tradicional, y un postulante de una nueva izquierda, apoyado por la centroizquierda y el Partido Comunista (PC). Y lo hizo contundentemente por la opción progresista encarnada por Gabriel Boric. Sin embargo, no le entregó una mayoría parlamentaria.
La reforma que dio inicio al proceso constituyente, con una convención íntegramente elegida fue aprobada por casi el 80 % de los chilenos y chilenas, pero la propuesta de nueva constitución fue rechazada por el 62 % de la masiva votación. A casi tres meses de ese resultado, aún los partidos no logran un acuerdo para darle continuidad al proceso constituyente.
Hay quienes sostienen que la mayoría del país no tiene entre sus prioridades la necesidad de una nueva carta magna (no es lo que dicen las encuestas), y que tampoco apoyan con demasiado entusiasmo las reformas estructurales contenidas en el programa del actual gobierno, insistiendo que éste debiera concentrarse en la seguridad pública, económica y social, prioridades incorporadas en la agenda gubernamental tras el reciente cónclave oficialista.
Pero aquella es una visión políticamente interesada, cortoplacista y sesgada ideológicamente. El país requiere de una nueva constitución con plena legitimidad democrática. Acordados los bordes o principios que debe respetar, hoy se debate el mecanismo para su implementación, insistiendo la derecha en una composición mixta, con participación de expertos, con derecho a voz y voto, mientras el oficialismo defiende la idea de convencionales íntegramente elegidos. Sea cual sea el mecanismo que se adopte, necesariamente sus resultados deben ser sometidos a un nuevo plebiscito ratificatorio
Los plazos se acortan y llegan los tiempos de definiciones. A diferencia del anterior, el nuevo proceso no parte de cero. El debate constitucional tiene una larga data en el país. El gobierno de Michelle Bachelet elaboró una propuesta, puntualmente rechazada por la derecha. El propio proceso constituyente permitió notables avances en la materia, que necesariamente deben ser recogidos en esta nueva etapa.
Los tres ejes de gobierno que requieren de un acuerdo
Al igual de lo que sucede con el tema constituyente, los tres ejes delineados por el gobierno como parte de sus prioridades- seguridad pública, económica y social- requieren de un amplio consenso entre el oficialismo y la oposición. Un acuerdo en torno a una potente agenda de seguridad pública, que incluya la reforma y reforzamiento de los servicios policiales, así como una nueva estrategia para enfrentar la amenaza del narcotráfico y el crimen organizado. Un nuevo sistema de inteligencia policial y una adecuación de la legislación para combatir la delincuencia y el terrorismo.
Mucho se ha debatido respecto de la eficacia de la ley antiterrorista en vigencia. Y resulta más que obvio, tal como lo ha señalado el gobierno, que ella tiene severos problemas a la hora de su aplicación y requiere modificaciones. La piedra de tope es que, hasta ahora, no existe consenso entre el gobierno y la oposición para su perfeccionamiento.
En relación al sensible tema de la Araucanía, la reciente visita del presidente Boric a la macrozona sur, criticada, como era esperable, por tardía y excesivas medidas de seguridad, sí permitió identificar los puntos más relevantes para el diseño de una nueva política para enfrentar el complejo desafío, que pasa también por el reconocimiento de los derechos ancestrales de los pueblos originarios, devolución de tierras, reparación y un nuevo diálogo.
Es evidente, como lo reconociera el propio mandatario, que en la Araucanía se han registrado hechos de violencia de connotación terrorista. Un deber primordial del Estado es el de asegurar el orden público y enfrentar la violencia con un uso proporcional de la fuerza y en los marcos de un estado democrático.
Otra cosa muy distinta es combatir al narcotráfico y el crimen organizado, que se ha desarrollado en la zona, eludiendo o manipulando las legítimas reivindicaciones del pueblo mapuche. No deja de ser ilustrativo que las recientes detenciones por el robo de madera, una lucrativa actividad en la zona, involucren nuevamente a responsables no mapuches.
Al desafío mencionado debe sumarse un sistemático esfuerzo por impulsar un desarrollo inclusivo y sostenible en una de las regiones más postergada del país, con altos índices de pobreza y extrema pobreza, con más de un 30 %de ruralidad. Y una muy deficiente infraestructura en materia de salud, educación, vivienda y comunicaciones.
Respecto de la seguridad social, el gobierno, tras un largo trabajo prelegislativo, ha presentado una reforma integral del sistema previsional. Un sistema mixto, con aportes del Estado, trabajadores y empresarios, con un pilar solidario, que asegura subir las actuales y futuras pensiones, con una pensión básica garantizada de $250.000 al final del actual mandato presidencial.
Es más que evidente que éste se constituirá en un tema de mayor controversia no tan sólo entre el gobierno y la oposición, que se ha alineado en torno a la defensa de la propiedad de los fondos previsionales (que no está en cuestión), la integralidad de los aportes en cuentas individuales y la heredabilidad de los fondos (contemplada como alternativa en el proyecto) y su administración por parte del sector privado. También enfrenta la fuerte reacción de las administradoras privadas (en su mayoría en manos de capitales extranjeros), que defienden un lucrativo negocio, que les ha rendido grandes utilidades, independiente de su desempeño y los ha fortalecido con un influyente poder político y económico, que han empleado discrecionalmente en favor de sus intereses
Finalmente, está el tema de la economía, en donde el gobierno ha debido enfrentar, al igual que la mayoría de los países, no tan sólo los efectos de la pandemia y la guerra en Ucrania, sino también los nocivos efectos de una muy mala política pública como fueron los sucesivos retiros de los fondos previsionales que contribuyeron a recalentar la economía (pan para ayer u hambre para mañana). El doloroso ajuste que hoy vive la economía ha deteriorado el poder adquisitivo de los trabajadores. La inflación, unida a políticas monetarias implementadas por el Banco Central, proyectan el temido escenario de una deflación, que afecta a los sectores más vulnerables del país y requieren de urgentes medidas paliativas por parte del gobierno. Entre ellas, reajustes salariales iguales o superiores a la inflación de los últimos doce meses y transferencias directas a los sectores más vulnerables, sin caer en la demagogia o irresponsabilidad fiscal.
No es el mejor clima para los acuerdos, pero…
En general, los gobiernos son recordados por su capacidad de construir grandes acuerdos que permitan avanzar al país, antes que por las grandes batallas que protagonizan con la oposición. Es más que evidente que el clima político que se vive no es el mejor para estos acuerdos, en un escenario marcado por la disgregación, en donde se registran divisiones de partidos y grupos emergentes buscan configurar nuevos referentes. Todo aquello en un clima de descalificaciones y enfrentamientos que en nada contribuyen al diálogo y la construcción de consensos.
Sosteniendo que el triunfo del Rechazo habría cambiado la correlación general de fuerzas, sectores de la derecha buscan no tan solo imponer sus propios términos para darle continuidad al proceso constituyente sino también torcer el curso de las reformas e imponer una derrota política a un gobierno que aún no cumple el primer año de su mandato.
Este clima de polarización no favorece a los sectores más moderados de la oposición, sino a los extremos. Un bloqueo parlamentario contribuiría a paralizar al país, agudizando una agitación social que hoy está latente.
El sector empresarial, como los trabajadores y las organizaciones sociales, debieran ser los más interesados en generar un clima de paz social, gobernabilidad política y cohesión que posibilite avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo.
El presidente Gabriel Boric ha reconocido que no cuenta con una mayoría parlamentaria que le permita viabilizar su agenda legislativa y que deberá buscar acuerdos con la oposición para avanzar, en un complejo escenario político, económico y social.
Sin embargo, como en el tango, para construir consensos se requiere de dos. La oposición democrática está desafiada a dar señales claras de su apertura al diálogo y la construcción de acuerdos, en donde ambas partes deben ceder posiciones. El acuerdo para darle continuidad al proceso constituyente es el primer test de la blancura. Pero hay una larga lista de temas, tan urgentes como aquel, que requieren de una búsqueda de entendimientos que viabilicen el progreso nacional.
La foto del 15 de noviembre de 2019 es muy notable (incluida la imagen del presidente Boric), aunque sus resultados hasta ahora son magros. Es de esperar que en el futuro próximo puedan existir nuevas fotos que reflejen ese mismo espíritu.
