“Si asume sería un milagro”, dijo la abogada de derechos humanos Claudia González, refiriéndose a Bernardo Arévalo, presidente electo de Guatemala[1]. Con todo, no será un milagro el que permita la asunción, este sábado, del nuevo presidente y su vicepresidenta Karin Herrera, acompañados de un gabinete designado con paridad de género, a pesar del sostenido intento por impedirlo, fraguado desde dentro del Estado. La maquinación antidemocrática tuvo como principal incitadora a la jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, bajo el ostensible amparo del presidente Alejandro Gianmmattei, y fue respaldada por magistrados judiciales y parlamentarios que forman parte de lo que, en la acertada jerga cívica, se ha denominado “pacto de corruptos”, una camada de saqueadores estatales conformada a partir de la reconversión de antiguos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad en operadores de la corrupción[2].
Desde que Arévalo obtuviese la primera mayoría relativa en las elecciones de primera vuelta, hace seis meses y medio, el movimiento conspirativo adquirió la forma prototípica del lawfare, mediante acciones penales y constitucionales promovidas desde el poder, para ilegalizar al partido Semilla[3] e impedir la asunción del nuevo presidente, electo con un 58% de los votos en la segunda vuelta electoral del 21 de agosto.
La conjura, que primero intentó impedir la segunda vuelta y luego inhabilitar al presidente electo, incluyó allanamientos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la sustracción de documentación, bajo la dirección del fiscal Rafael Curruchiche, mano derecha de Porras y jefe de la “fiscalía especial contra la impunidad” (sic.), con el inequívoco propósito de alterar los resultados y anular las elecciones. Mayor éxito tuvo la operación que logró la suspensión de Semilla por decisión del juez Fredy Orellana. Este magistrado, incluido por el Departamento de Estado en la lista Engel de funcionarios corruptos, es el mismo que interrumpió la persecución de Gianmmattei por dos acusaciones de soborno, que persiguió al periodista anticorrupción José Rubén Zamora, aún en prisión, y que favoreció procesalmente a varios funcionarios encausados por corrupción.
Hubo un momento, a inicios de noviembre, en que la estrategia golpista pareció lograr su objetivo, cuando el TSE, con sus jueces amedrentados, ratificó la suspensión de Semilla, pese a lo cual el contumaz fiscal Curruchiche pretendió perseguir a la presidenta de ese tribunal, por el “delito de obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes”. El trance coincidió con un pronunciamiento de la Corte Suprema en que “rechaza tajantemente los señalamientos formulados por el señor Bernardo Arévalo respecto a acciones judiciales relacionadas con el proceso electoral”[4].
Aunque la Corte de Constitucionalidad denotó plegarse a la confabulación, pues convalidó la regla que impide la destitución de la jefa del Ministerio Público y autorizó las “investigaciones” de fiscales relacionadas con las elecciones, finalmente ordenó respetar los resultados electorales, y resguardó la inmunidad de las autoridades elegidas y de los integrantes del TSE, frenando parcialmente las maniobras del MP para impedir la asunción de Arévalo,
La conspiración fracasó y Arévalo será Presidente debido a la confluencia de factores políticos internos y externos. Entre los primeros, sobresale la resistencia popular no violenta, de inédita magnitud, encabezada por las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas, mediante la ocupación de múltiples carreteras y otras acciones, en protesta por la mantención de la fiscal Porras. A diferencia de otras movilizaciones de aquellos pueblos, estas fueron respaldadas por la ciudadanía “ladina”[5] y, sintomáticamente, toleradas en parte por la policía, lo que condujo a la renuncia, en octubre, del ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, quien se negaba a cumplir las instrucciones represivas de Gianmmattei. La resistencia popular se vio favorecida por la unidad de todo el espectro partidista, desde el centro izquierdista Semilla hasta la URNG, partido heredero de la guerrilla del siglo XX. Asimismo, la Iglesia Católica se plegó a las denuncias sobre la conjura, destacando en ello el único cardenal guatemalteco, Alvaro Ramazzini, quien a inicios de diciembre debió salir del país, al tener noticia de una orden de detención en su contra. En fin, la magnitud de la movilización popular mostró al mundo que el éxito de la estrategia golpista provocaría consecuencias impredecibles.
A nuestro juicio, también debilitó la confabulación antidemocrática el protocolario silencio del Ejército de Guatemala, actor fundamental de las últimas décadas, que evidenció su decisión de no intervenir, y la actitud aparentemente timorata del gran empresariado, organizado en el poderoso CACIF[6] que, sin embargo, finalmente llamó expresamente a respetar los resultados electorales[7]. En un hecho inédito, laCámara de Turismo de Guatemala (Camtur) llegó a respaldar la ocupación de carreteras por los pueblos originarios,declarando que “es un derecho constitucional y una importante herramienta para defender la democracia”[8].
A estos factores internos, se sumó la poderosa reacción internacional en contra de intentona golpista, en la que destaca el gobierno de los Estados Unidos, que ya en septiembre anunció la persecución “de quienes participen en los esfuerzos por socavar la transición democrática del presidente electo, Bernardo Arévalo”[9]. Hubo señales humillantes del desagrado de la Casa Blanca con las autoridades involucradas en la estrategia golpista, como fue el caso de la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, quien fuera obligada a bajar del avión que la trasladaría a los Estados Unidos, luego de habérsele cancelado su visa, tal como a otros trescientos funcionarios, entre ellos un centenar de parlamentarios, y también “a representantes del sector privado y miembros de su familia (…) por socavar la democracia y el Estado de derecho”[10].
Por su parte, el Consejo Permanente de la OEA, con el solo voto en contra de Guatemala, condenó “enérgicamente el continuo abuso de poder del Ministerio Público y otras autoridades públicas”, y acordó aplicar a ese país el artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana[11].
A estas repulsas se unieron países de la Unión Europea, cuyo embajador en Guatemala anunció sanciones “contra los responsables del intento de golpe de Estado”[12] que el Parlamento Europeo identificó como Consuelo Porras, el fiscal Curruchiche, otros miembros del MP y el juez Orellana[13].
El Gobierno de Chile no estuvo ausente. El propio presidente Boric reveló que en conversación con Arévalo “le expresé todo mi apoyo frente a los intentos de desestabilización y de interrupción del proceso democrático”[14].
Con todo, aunque la estrategia golpista del pacto de corruptos se tornó ineficaz, la suma de fuerzas nacionales e internacionales que fue necesaria para ello demuestra el poderío que ostenta ese concierto criminal, cuyo principal propósito consiste en mantener su impunidad y persistir en actos de corrupción. Por ello, la expectativa popular de una limpieza del Estado, mediando la desarticulación de ese pacto, no será fácil de cumplir, pues requiere introducir, entre otros, cambios en las cúpulas del sistema de Justicia que chocarán con mecanismos de inamovilidad, como el que sostiene a la Fiscal General, y donde el propio partido de Arévalo encara procesos dirigidos a su proscripción.
Arévalo se enfrentará a un Congreso mayoritariamente adverso, que se ha adelantado en aprobar un presupuesto limitante, especialmente en las dos áreas más sensibles del programa social del nuevo presidente, como son la educación y la salubridad pública. Incluso en el seno del órgano Ejecutivo, deberá desafiar la resistencia que opondrán altos funcionarios inamovibles favorecidos por la corruptela, cuando les exija modificar su conducta.
Y, por cierto, toda vez que el adversario constituye una asociación criminal, desde el primer día la seguridad personal de primer mandatario y de sus colaboradores deberá ser objeto de especiales medidas de protección, a cargo de grupos confiables.
Aunque parezca elemental. Un reto severo del presidente Arévalo y sus colaboradores de confianza -jóvenes profesionales urbanos que integraron su equipo de campaña-será nada menos que gobernar y constituir gobernabilidad, ejerciendo desde el primer día las posibilidades que otorga el poder ejecutivo, para colocarlo al servicio de la sociedad, y otorgando espacios de participación a los pueblos originarios.
En dicho ejercicio del poder, el mandatario debiera valerse del abrumador respaldo de una población hastiada por la corrupción, para limpiar la Administración, todo cuanto le sea posible, de aquellos mandos medios cooptados por el pacto corrupto; y también, desde un comienzo, proceder al acendramiento del sistema de justicia, comenzando por exigir la renuncia a la fiscal general del MP, medida ya anunciada por Arévalo, la cual deberá adoptarse apelando a la población y también a la comunidad internacional que ha perseguido esa renuncia, imprescindible para la persecución penal de los corruptos.
Sin duda, favorece la posibilidad de éxito de esta tarea de limpieza, el respaldo del gobierno de los Estados Unidos, que ha incluido en la Lista Engel de autoridades corruptas, a centenares de altos funcionarios del Estado encabezados por Consuelo Porras, su secretario Ángel Pineda, su marido Gilberto de Jesús Porres de Paz, el fiscal Curruchiche y el juez Orellana; a quienes acompañan personajes como Silvia Patricia Valdez, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, y otros fiscales del MP entre los que sobresalen dos integrantes de la “fiscalía especial contra la Impunidad”, Leonor Eugenia Morales y Pedro Hernández. Engrosan la Lista Engel tres ministros de la Corte Suprema –Vitalina Orellana, Blanca Stalling y Nery Medina- y también Néster Mauricio Vásquez, de la Corte de Constitucionalidad.
Por fin, en esta primera etapa, con la fuerza política de la población, Arévalo habrá de enfrentarse al Congreso y acordar un presupuesto fiscal que reemplace al actual, suspendido por la Corte de Constitucionalidad[15], para hacer posible sus planes educacionales y de salubridad.
La sola desarticulación del pacto de corrupción e impunidad que ha capturado las instituiones del Estado constituye al de Arévalo en un gobierno de salvación nacional que debiese congregar a toda la sociedad. La fuerza política en que se sustentará el nuevo gobierno no será un partido o un grupo de partidos ni, como otros en el pasado, el ejército y el CACIF, sino gran parte de la sociedad civil, preponderantemente, el movimiento indígena, que con su movilización ha demostrado ser el principal factor interno del fracaso de la intentona golpista, y en menor medida, unas capas medias de la capital que no cuentan con organización.
Con todo, puesto que la depuración del Estado es tarea de carácter nacional, será indispensable buscar un acuerdo de gobernabilidad con el poderoso sector privado, que constituye el poder fáctico principal de una sociedad oligárquica, el cual se autoconcibe naturalmente destinado a influir sobre gobiernos, tribunales, parlamentarios e, incluso, sobre el ejército. Mas, dicho acuerdo será posible solo en la medida que los elementos decentes del CACIF aíslen a aquellos ligados a la corrupción, a saber, los mismos cuyas visas de ingreso a los Estados Unidos fueron canceladas por el gobierno de ese país.
También aparece como necesaria la constitución de un alto mando del ejército que garantice la continuidad de la prescindencia política observada por la institución en el periodo electoral que culminará este sábado.
A la depuración, se une otra tarea que deberá caraterizar al primer gobierno socialdemócrata de Guatemala en más de siete décadas y que los grandes empresarios debiesen considerar como condición de la paz social en el futuro inmediato. Ella consiste en lograr un acuerdo para comenzar la transformación del estado oligárquico cuyas políticas fiscales y económicas han respondido exclusivamente a los intereses de las pocas familias que lo han controlado.
Los acuerdos sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, y sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, que formaron parte de los Acuerdos de Paz, en 1996, tras décadas de enfrentamiento armado, permanecen incumplidos, particularmente en cuanto se refiere al necesario pacto fiscal, en uno de los países con menor carga tributaria de América Latina, muy bajos impuestos sobre la renta, las utilidades y las ganancias del capital, y una tasa de evasión que alcanza el 80%[16]. Si no se avanza en ese pacto, seguirá cerrada la puerta al flujo de recursos indispensables para superar la extrema pobreza y mejorar las condiciones de vida del pueblo. Quedarán para el futuro tareas más ambiciosas, como la transformación del inicuo régimen de tenencia de la tierra.
Por lo mismo que para lograr la asunción de Arévalo se requirió respaldo internacional, el sostenimiento del nuevo gobierno exigirá la continuidad de dicha solidaridad. En una declaración pública, el Partido Socialista de Chile propuso la creación de un “Grupo de Países Amigos de Guatemala”, como el existente a inicios de los años 90, que cumplió un destacado rol en el logro de la paz y de los acuerdos entre la guerrilla y el ejército de Guatemala. A nuestro juicio esta propuesta, que coincide con pronunciamientos de sectores de la sociedad civil de ese país, debiese ser impulsada por el gobierno de Chile.
[1] New York Times, 11.12.2023
[2] En 2006, la ONU y el gobierno de Guatemala acordaron crear la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuya acción favoreció el procesamiento del presidente Pérez Molina y de la exvicepresidenta Roxana Baldetti. En enero de 2019, cuando la (CICIG) había iniciado una investigación por corrupción contra el presidente Jimmy Morales, su gobierno desahució el acuerdo con la ONU, puso fin a la Comisión e hizo abandonar el país a sus funcionarios extranjeros.
[3] Es el partido político liderado por Bernardo Arévalo.
[4] Prensa Libre, 02.11.2023
[5] Se denomina “ladinos” a los mestizos y descendientes de indígenas culturalmente amestizados que habitan las ciudades.
[6] El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), reúne a las 19 cámaras empresariales de Guatemala.
[7] Comunicado del CACIF, 08.12.2023
[8] Prensa Libre, 21.10.2023
[9] Declaraciones de Brian Nichols, Subsecretario del Departamento de Estado para América Latina. Prensa Libre, 29.09.2023.
[10]https://www.infobae.com/ 11.12.2023
[11] Consejo Permanente, OEA, Resolución de 11.12.2023
[12] https://www.europapress.es, 10.12.2023
[13] https://www.europarl.europa.eu/ 14,12,2023
[14] @GabrielBoric 21.12.2023.
[15] Luego de que las Autoridades Ancestrales presentaran una acción de inconstitucionalidad del Decreto18-2023 del Congreso, que contiene la Ley del Presupuesto, la Corte de Constitucionalidad dispuso la suspensión temporal de ese decreto.
[16] OCDE, Estadísticas tributarias en América Latina y El Caribe, 2023.
2 comments
Felicito a Jaime Esponda por su excelente artículo sobre el Presidente Arévalo y la realidad Guatemalteca. Es ahora cuando los gobienos democráticos deben prestar todo su apoyo y solidaridad para con el nuevo gobierno.
Excelente resumen de los acontecimientos acaecidos antes, durante y después a las elecciones