La presidencia de Donald Trump persiste en el guión según el cual cada semana el mandatario dice o hace algo que, puntualmente, escandaliza a sus opositores, espanta al mundo y alegra a sus seguidores.
Una bromita
Pocos días después de la muerte del papa Francisco el presidente Donald Trump, replicó en su chiringuito digital Social Truth una imagen generada por inteligencia artificial en la cual el mandatario aparecía con casulla, estola y mitra como un sumo pontífice de la Iglesia Católica.
La figura ofendió en su duelo a los muchos católicos que son fieles a la mayor congregación cristiana de Estados Unidos y, para sus correligionarios en el resto del mundo, fue otra demostración de los modales burdos de Trump.
Pocos días más tarde el Colegio de Cardenales de la Iglesia, supuestamente inspirado por el Espíritu Santo, eligió al arzobispo Robert Francis Prevost como nuevo papa y el primero estadounidense entre los 266 o 267 que figuran en la lista oficial del Vaticano que se remonta a unos 1.995 años.
Prevost, de 69 años de edad, ha criticado al gobierno de Trump en mensajes distribuidos en redes sociales. Su elección del nombre papal de León XIV sugiere la intención de reinstalar en las prioridades de la Iglesia la doctrina de justicia social de la cual fue arquitecto, hace más de un siglo, el papa León XIII.
Si ésa es la senda que recorrerá el nuevo papa, puede esperarse una relación áspera no sólo con el gobierno de Trump sino con la mayoría del obispado católico estadounidense enfocada en el aborto y las cuestiones de género más que en los inmigrantes o la suerte de los trabajadores.
Cortésmente, Trump saludó la elección de Prevost y se escurrió de la controversia de esa semana, causada por la imagen en redes sociales: “Fue una bromita. ¿Los católicos no tienen sentido del humor?”
Si son blancos, sí
Esta semana un avión depositó en el Aeropuerto Internacional Dulles, al oeste de Washington DC, cincuenta y nueve ciudadanos de Sudáfrica a quienes el gobierno de Trump, de forma expedita y generosa, otorgó la categoría de refugiados.
Según Trump, este grupo de familias se cuenta entre los blancos Afrikaners, que son minoría en su país, son víctimas de un genocidio.
La decisión ocurre al tiempo que el gobierno de Trump, que ha iniciado la deportación sin audiencia judicial de cientos de salvadoreños y venezolanos, ha puesto en marcha la terminación del estatus de protección temporaria para unos 350.000 venezolanos y ha cancelado el estatus de refugiados para unos 9.000 afganos que escaparon de su país en la victoria de los Talibanes.
Los refugiados afganos fueron colaboradores de Estados Unidos durante casi dos décadas de intervención de Washington en su país de origen. Ahora ellos y sus familias encaran la posibilidad de una deportación a la tierra de los Talibanes.
De forma consuetudinaria y por años Trump ha calificado a los inmigrantes como alimañas que envenenan la sangre de la nación, violadores, asesinos, traficantes de drogas y ladrones de empleos.
Aparentemente, la xenofobia cesa cuando la piel no es morena.
“Es penoso ver que un grupo de refugiados, seleccionado en una forma muy inusitada, recibe tratamiento preferencial sobre otros muchos que han estado esperando en campos para refugiados o condiciones peligrosas por años”, declaró el obispo Sean Rowe, líder de la Iglesia Episcopal de EE.UU., parte de la denominación anglicana de la que fuera parte el arzobispo Desmond Tutu.
El senador Chris Van Hollen, demócrata de Maryland, opinó que la decisión a favor de los Afrikanes “es una aplicación de una política de apartheid global”.
Miren para otro lado
Mientras la ciudadanía estadounidense y los medios globales se enganchan en travesuras de Trump, como el obsequio Qatari de un avión de 400 millones de dólares o la marcha atrás en la guerra comercial con China, su presidencia sigue operando al costado en asuntos de larga consecuencia.
Desde su segunda llegada a la Casa Blanca en enero pasado, Trump ha firmado más de 140 decretos, incluidos decenas de acciones contra la supuesta ideología de “diversidad, igualdad e inclusión” que, en la opinión tradicionalista, es una amenaza para la salud de la nación.
En enero la agencia espacial estadounidense NASA recibió la orden de retirar las menciones sobre “cualquier cosa que enfoque específicamente a las mujeres como ‘mujeres en posición de liderazgo’”. El Pentágono ha borrado de sus medios digitales las menciones a mujeres que han hecho historia militar y el Cementerio Nacional de Arlington ha borrado sus páginas sobre las veteranas de guerra.
Las agencias de investigación científica como los Institutos Nacionales de Salud han suprimido estudios y documentos referidos específicamente a la salud de las mujeres y, por órdenes de la Casa Blanca, en todas las agencias del gobierno federal se han dado por terminados los programas que promovían la diversidad e inclusión en puestos de gobierno.
Al tono de tales instrucciones se espera que el Departamento de Trabajo desmantele la Oficina de Cumplimiento en Contratos Federales que vigilaba el cumplimiento por parte de los contratistas privados con las leyes de igualdad en el empleo para las mujeres y las minorías étnicas y raciales.
Según lo explica el decreto 14173 de Trump tales políticas “no sólo violan el texto y la intención de las leyes federales sobre derechos civiles, sino que también socavan la unidad nacional y que niegan, desacreditan y socavan los valores tradicionales estadounidenses del trabajo diligente, la excelencia y el logro individual a favor de un sistema ilegal, corrosivo y pernicioso sustentado en la identidad”.
DOGE y otros cuentos
El multimilmillonario Elon Musk ha desaparecido, casi, de la luz pública desde que se atrevió a cuestionar la sensatez de la guerra comercial iniciada por el gobierno de Trump con tarifazos a las importaciones de casi todos los países.
Desde que Trump le asignó un Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por su sigla en inglés), el hombre más rico del planeta prometió que ahorraría al gobierno federal unos 2,3 billones de dólares y se dedicó a mutilar la burocracia gubernamental con el despido de más de 130.000 empleados públicos.
A fines de abril, DOGE indicó que los ahorros sumaban, apenas, 160.000 millones de dólares y un estudio del grupo no partidista Partnership for Public Service calculó que para tal logro el gobierno gastará este año 135.000 millones de dólares.
La atención pública fue remolcada en otra dirección: Trump abogó por la reapertura de la prisión de Alcatraz, un penal isleño casi inescapable en la Bahía de San Francisco clausurado en 1963. La prisión, de fama cinematográfica, servirá según Trump para alojar a criminales, inmigrantes y autóctonos, los peores de ellos en la peor de las prisiones.
Y el asesor presidencial Stephen Miller indicó el viernes que el gobierno de Trump sopesa “activamente” la suspensión del habeas corpus como parte de la campaña anti inmigratoria.
La senadora Amy Klobuchar, demócrata de Minnesota, restó importancia a la idea de Miller y sostuvo que el gobierno “tiene que cumplir con la Constitución, y en esa Constitución está el derecho de habeas corpus”.
“Pero, para mí, ése no es realmente el asunto”, agregó la otrora aspirante a la candidatura presidencial demócrata. “El asunto es que Stephen Miller saca a luz eso en un viernes, ahí lo larga. ¿Por qué hace eso? Para que tú me preguntes en las entrevistas del domingo”.
