El presidente anunció su tercer ajuste ministerial tras la renuncia del ministro Giorgio Jackson que, en verdad, resultó lo más trascendente de este nuevo ajuste, Salvo por la designación del ministro Nicolás Cataldo, militante del Partido Comunista (PC), en la cartera de educación, en reemplazo de Marco Antonio Ávila, que recientemente había sorteado una acusación constitucional.
El ajuste, en importante medida, se explica, más que un esfuerzo por marcar una inflexión o cambio de rumbo, por problemas de gestión en varios de los ministerios salientes, dejando, de paso, a Revolución Democrática en una desmedrada posición dentro del gabinete, que no pocos interpretan como una suerte de castigo por el caso de Democracia Viva y el tema convenios, que involucra a militantes de ese partido.
El propio presidente, en su alocución tras los anuncios, se encargó de reafirmar que el gobierno mantenía sus prioridades para viabilizar la reforma del sistema previsional y el nuevo pacto fiscal, así como la nueva agenda en torno a la seguridad ciudadana, la reactivación económica y la reducción de las listas de espera en salud, llamando a la oposición a retomar el diálogo y construir un acuerdo que favoreciera al país.
La derecha no tardó en reaccionar, considerando este nuevo ajuste como una verdadera provocación o declaración de guerra, destacando la nominación del nuevo ministro de educación como un empoderamiento del PC dentro del gabinete, así como la salida de un “independiente”, el ministro Jaime de Aguirre, que duró escasos meses en el cargo, como se encargaron de resaltar los molestos dirigentes de Chile Vamos.
La derecha no tardó en reaccionar, considerando este nuevo ajuste como una verdadera provocación o declaración de guerra.
Todo esto proyecta sombrías perspectivas respecto de la reanudación del diálogo entre el gobierno y la oposición, que ya había fijado nuevas condiciones para arribar a acuerdos en torno a la agenda de reformas que, en lo central, incluía la exigencia de renunciar al ánimo refundacional del gobierno, que inspiraría la reforma previsional y el nuevo pacto fiscal.
¿Diálogo de sordos?
Tras la renuncia del ministro Giorgio Jackson, la derecha ya no tiene pretextos para negarse al diálogo. Pero siempre puede optar por un juego de sordos, sin ninguna voluntad de ceder en sus posturas. Hoy le pide al gobierno “renunciar al octubrismo”, que traducen como un ánimo refundacional, para insistir en sus reformas.
Retrocediendo de posiciones anteriores, en donde el gobierno de Sebastián Piñera propuso destinar un 3 % de la cotización adicional de cargo patronal a capitalización individual y el otro 3 % al pilar solidario, hoy insisten en que la totalidad de esa cotización vaya a capitalización individual. De la misma manera, se niegan a cualquier pacto fiscal que implique subir impuestos y, por el contrario, postulan reducirlos.
Es decir, la derecha no postula renunciar al octubrismo para asumir un noviembrismo, asumido como el camino del diálogo y la construcción de acuerdos. A lo que verdaderamente apuesta es a la rendición incondicional del gobierno, argumentando que no cuenta con mayoría para viabilizar sus reformas tras la derrota del plebiscito y la elección de consejeros constituyentes, debiendo limitarse a una administración más eficiente del aparato estatal, incentivar el crecimiento y priorizar el combate en contra de la delincuencia y el crimen organizado.
El gobierno ha dado sobradas pruebas de flexibilidad, disposición al diálogo y búsqueda de acuerdos. La referida renuncia del ministro Jackson, no exenta de generosidad, debiera descomprimir el escenario y posibilitar un dialogo real, con voluntad para construir acuerdos, en donde ambas partes deban ceder. Algo muy distinto a la rendición incondicional y el abandono del programa de gobierno cuando éste aún no cumple la mitad de su mandato.
Así la cita para reanudar el diálogo no tiene buen pronóstico. Podría transformarse en la primera y última si la derecha opta por un nuevo portazo a ambas propuestas de reformas. Y las señales parecieran ir en esa línea.
“Son muy malas reformas” ha sostenido Sebastián Piñera, luego de viajar a Paraguay en el avión presidencial, invitado por el mandatario. No tan sólo tuvo el mal gusto de dar una versión de la conversación privada con el presidente durante el viaje, sino también se permitió criticar las reformas en Paraguay, durante los actos de aquella trasmisión del mando.
Los dilemas de la derecha
Nadie se explica muy bien el renovado protagonismo que busca Piñera tras un año de silencio luego de dejar el poder, pero causa más de una inquietud al interior de Chile Vamos ante la sospecha que pueda estar pensando en una nueva postulación presidencial. “Debemos construir una amplia alianza, que vaya desde republicanos hasta Amarillos y Demócratas” ha sostenido el expresidente. Una propuesta que no tiene ninguna viabilidad. No tan sólo porque tanto Demócratas como Amarillos se han apresurado a rechazarla con vehemencia, sino también porque no está en los cálculos de republicanos, que hoy se siente la fuerza hegemónica de la derecha tras su victoria en la elección de consejeros constitucionales. Y aspira refrendar ese liderazgo en las próximas elecciones municipales.
Sebastián Piñera no es el líder de la oposición. Tampoco de Chile Vamos. Ni siquiera de Renovación Nacional, partido al que renunciara al asumir la presidencia y al cual nunca más volvió. Es lo más parecido a esos jarrones chinos, a los que se refiriera el expresidente Lagos, parafraseando a Felipe González. El problema es que insiste en asumir un protagonismo que nadie le reconoce.
La otra figura del pasado que intenta volver por sus fueros es Carlos Larraín, expresidente y mecenas de RN, que hoy se postula a la vicepresidencia de su partido en la lista encabezada por la senadora María José Gatica. La lista con mayor cercanía con José Antonio Kast y los republicanos (tanto Carlos Larraín como su esposa aparecen como contribuyentes financiaros de la pasada campaña de los republicanos).
“Hay que hacerlos gritar” ha sostenido Larraín refiriéndose al oficialismo. “Están preparando un golpe de Estado”, denunció el ex timonel de RN, sin que hasta ahora nadie le haya exigido pruebas de sus irresponsables dichos, que recuerdan episodios del pasado que pavimentaron el camino al golpe de estado de 1973.
En rigor, Chile Vamos enfrenta un dilema en donde está en juego su subsistencia. Intentar competir con los republicanos por ser una oposición más dura con el gobierno, que parece una competencia perdida de antemano, o rendirse anticipadamente a su hegemonía, a cambio de su propia subsistencia como sector. Atrás, muy atrás, quedó el proyecto de construir una derecha moderna, abierta al diálogo y los acuerdos, que buscara alianzas con los sectores de la centroderecha.
Una mala noticia para el país
Sin lugar a duda, no es una buena noticia para el gobierno, ni menos para el país. De imponerse la línea dura en Chile Vamos, todo parece apuntar a una política obstruccionista en el parlamento, que incentiva una mayor polarización, así como a un nuevo fracaso del proceso constituyente. Es una muy mala noticia para los jubilados, que han esperado por más de diez años (muchos de ellos habrán muerto) una reforma del actual sistema previsional y podrían seguir esperando muchos años más por pensiones dignas. Es una mala noticia para los que integran las listas de espera en salud, para los que habitan en campamentos, para los sectores más vulnerables del país.
En verdad, tal como lo afirmara el exministro José Antonio Viera gallo en una reciente entrevista, tras el estallido social de 2019, más que un pacto constitucional como el que se suscribió (que fue muy relevante), lo que verdaderamente se necesitaba era un nuevo pacto social, que incluyera una nueva constitución pero que sumara un nuevo pacto fiscal y un auténtico sistema de protección social, que permitiera avanzar hacia un estado social y democrático de derechos.
Lo más relevante del estallido no fueron los hechos de violencia, desde todo punto de vista condenables, sino la masiva movilización de la ciudadanía que demandaba no tan sólo una nueva constitución, sino también el fin de la AFP, mejor salud y educación, mayor justicia social, Y, sobre todo, dignidad.
Son demandas válidas y plenamente vigentes, para las que el programa de gobierno de Gabriel Boric, reformulado en segunda vuelta, busca entregar respuestas. Es evidente que el gobierno no cuenta con las mayorías parlamentarias para implementarlas y requiere negociar acuerdos para lograrlas.
Es una miopía de la derecha y de los sectores empresariales oponerse a estas justas demandas, que más temprano que tarde terminarán imponiéndose por la fuerza de la razón y mayor cohesión social que requiere el país para avanzar. La democracia aún debe demostrar su capacidad de procesarlas y resolverlas adecuadamente. Son temas pendientes que pesan sobre nuestra convivencia. La fuerte fragmentación y polarización política continúa conspirando en contra de estos objetivos.
