Su efecto terremoto político con réplicas en el ámbito financiero y del poder judicial puede transformar en ociosa la discusión sobre su calidad de mayor escándalo de corrupción postdictadura. Cada día una nueva réplica sísmica puede contribuir a olvidar su origen y especular sobre la eventual satisfacción del hoy procesado abogado Hermosilla al ver cumplirse la amenaza de una bomba de racimo infinita.
En la más reciente esquirla, Andrés Chadwick ha debido renunciar a la UDI, intentando no comprometer al partido del que fue uno de sus jóvenes fundadores como fiel discípulo de Jaime Guzmán, mientras asumiendo que la mejor defensa es un buen ataque presentaba una querella por injurias y calumnias contra diez diputados. Ya hemos referido a las complicaciones del exministro Felipe Ward en sus derivadas financieras y los efectos de las millonarias transacciones de la empresa Factop, propiedad de los hermanos Sauer y sus clientes preferentes, los hermanos Jalaff, que defraudaron a cientos de estafados ahorrantes.
El tráfico de influencias ha puesto en las cuerdas a la suprema Ángela Vivanco y amenaza a su par Jean Pierre Matus, con otra derivada de acusación constitucional que apunta, con algo de réplica política, a Sergio Muñoz. Un punto explosivo de las investigaciones en curso ha puesto en el centro del huracán al exfiscal Manuel Guerra, cuyos excesos verbales han incomodado a sus benefactores alcaldes Evelyn Matthei y Rodolfo Carter.
Los casos de corrupción no se empatan, se suman.
La abogada María Inés Horvitz, que integrara el Consejo de Defensa del Estado por más de 30 años, renunciando más que insatisfecha por sus evidentes falencias, ha sido punzante en una reciente entrevista (CIPER), sosteniendo que “es cada vez más visible la cooptación del estado por poderes fácticos vinculados por cuna, política y dinero”. Los sucesos anteriormente referidos y que se extienden en el quehacer de los poderes del Estado, los municipios y sus controvertidas corporaciones, así como los conocidos casos de millonarios desfalcos en instituciones de las FF. AA, impiden las miradas complacientes o escudadas en comparaciones ventajosas con la realidad de otros países de la región.
Los partidos políticos no han estado libres de estos riesgos. Cual más, cual menos, prácticamente todos cargan con algunas denuncias de financiamiento ilegal de la actividad política, o tienen connotados militantes comprometidos en casos de corrupción. Tal es el caso de 29 alcaldes de Chile Vamos, además de algunos ediles que militan o militaban en el oficialismo, como Miguel Ángel Aguilera, en el PS, o el comunista Daniel Jadue, que enfrenta graves acusaciones sobre la materia.
Suspender temporalmente la militancia o renunciar forzadamente en aquellos casos no elude el desafío permanente por una transparencia ya puesta en duda por gran parte de la ciudadanía, que observa con distancia los privilegios de una “clase política” en contraste con las urgencias más básicas de la mayoría de la población. De allí el desafío mayor y pendiente de una robusta agenda de transparencia, con pruebas al canto.
En el contexto de casos ya enunciados y con el afán de empatar en un período electoral, ya en curso, con voto obligatorio (aunque poco estimule el interés de los convocados), la derecha ha optado por levantar una acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá, por un supuesto abandono de deberes en el combate al crimen organizado, tras frustrarse prematuramente la aventura de parlamentarios de RN en contra del presidente Boric. El improvisado libelo en contra de Tohá coincide con los reconocidos esfuerzos resaltados por el recién renunciado director General de Carabineros, Ricardo Yáñez, respecto de la iniciativa de la ministra para fortalecer las policías, aprobar una robusta agenda en materia de seguridad ciudadana, desplegando el combate a una delincuencia agresiva en su mayor empleo de armas de fuego, con efectivos resultados para desbaratar bandas del narcotráfico. De poco o nada contribuye señalar que este es un flagelo que golpea con particular fuerza a la región y que comparativamente nuestro país está en mejor situación. Los ciudadanos, especialmente de los sectores populares, sufren la delincuencia y la violencia asociada en forma cotidiana. Y la única alternativa es redoblar los esfuerzos y recursos para enfrentarlo, como ha resuelto el gobierno en la nueva ley de presupuesto enviada al congreso.
En ese mismo sentido debe interpretarse una reciente publicación del vespertino La Segunda, con una lista de funcionarios del senado que tendrían sueldos mayores que los propios parlamentarios, del orden de los 15 o 16 millones de pesos. Sin duda, una situación anómala, que debe ser esclarecida por el propio parlamento, pero que no permite empatar con la situación de Marcela Cubillos. Desgraciadamente para la derecha, estos casos no se empatan, sino que se suman, proyectando la imagen de una corrupción generalizada, según muestran las encuestas.
Las responsabilidades políticas en la corrupción
La UDI no puede desconocer su responsabilidad política por las múltiples aristas develadas en el llamado caso audios. Fue en el gobierno de Sebastián Piñera cuando el abogado Luis Hermosilla se convirtió en un poderoso asesor del entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick. Desde esa privilegiada posición tejió su poderosa red de influencias que le permitió intervenir en la designación de magistrados y manipular procesos judiciales en curso, con la abierta complicidad de magistrados y fiscales. No es difícil reconstruir los servicios profesionales que Hermosilla prestó a diversas reparticiones públicas en ese periodo, como tampoco establecer si además usó sus influencias para favorecer intereses particulares, como sucedió, al menos, con el ministerio de Vivienda.
Andrés Chadwick ha eludido una respuesta precisa de los hechos a la vista, renunciando a su responsabilidad mayor en la Universidad San Sebastían y, por añadidura, a la UDI, eludiendo los alcances de su vínculo con Hermosilla y apostando al ruido mediático de la querella contra diez diputados. La leguleyada parece evidente, incomodando a la derecha en un exigido momento político electoral. En cualquier caso, el desaforado exministro del Interior de Sebastián Piñera está citado como imputado en el caso audios y deberá esclarecer, frente a la justicia, estos vínculos, los servicios profesionales remunerados por el abogado Hermosilla y el no esclarecido finaciamiento de su defensa durante la acusación constitucional en su contra.
Aunque concentrada en su campaña electoral, sin complejos que se le conozcan, la exministra Cubillos se saltó la fila sin que la casa de estudios controlada por sus cercanos políticos diera alguna justificación satisfactoria para explicar sus $17 millones mensuales durante tres años y en jornada bastante parcial. Para el caso Cubillos y otros similares no basta con decir que se trata de una institución privada, más aún cuando lleva el apellido “sin fines de lucro” y cerca del 40% de su financiamiento proviene de subvención estatal, en un significativo porcentaje adicional sostenida por el pago de sus propios estudiantes que, de paso, se han animado a denunciar evidentes falencias en su infraestructura.
Tanto ruido y pocas nueces
Puede resultar ocioso reiterar los desafíos pendientes de transparencia y probidad asociados a la legitimidad de nuestra institucionalidad democrática, o complaciente mirar la paja en el ojo ajeno, comparándonos con otros países. El reto no es otro que fortalecer esa agenda de probidad y transparencia, asumiendo que existen resistencias dentro del propio poder legislativo para poner el foco no tan sólo en las instituciones del estado, sino también en nuevas y más estrictas regulaciones de los mercados, especialmente en el ámbito financiero. De múltiples maneras esta agenda es del todo complementaria con la de seguridad ciudadana, para combatir el crimen organizado y también a los más sofisticados delincuentes de cuello y corbata, tanto o más organizados que aquellos otros.
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Excelente el artículo de Marcelo Contreras. Pluma privilegiada y afilada ….