¿Cómo reconectar la política con la sociedad?

Todos (as) cometemos errores. Alguno(a)s empleando analogías desafortunadas en una mala entrevista. Natalia Piergentile ha ofrecido disculpas y reconocido su desafortunada alusión a “los monos peludos”, al 30 % (en rigor 38 %), a los “compañeres”, a los que supuestamente el gobierno insistiría en seguir hablándoles, rehuyendo la autocrítica. Más sensible aún fue su calificación de la agenda sexo genérica como “otras leseras”. Con sus sentidas disculpas debería cerrarse formalmente el incidente.

No así el tema de fondo. Las razones porqué ganó el rechazo, con un 62 % de las preferencias. Y porqué los republicanos se convirtieran en la primera fuerza política en la reciente elección del consejo constituyente. Qué responsabilidades le caben al gobierno por estas derrotas sucesivas y cuáles a los partidos que son parte de la alianza oficialista. Lo que necesariamente remite a la gran interrogante acerca de si el ejecutivo está cumpliendo adecuadamente con sus promesas de campaña, tiene un diseño claro, con una buena gestión y cómo los partidos que lo apoyan han colaborado a los resultados obtenidos.

Porque resulta ineludible que los partidos asuman su cuota de responsabilidad por la derrota. Especialmente quienes optaron por enfrentar la pasada elección divididos, pensando en recuperar una franja de electores supuestamente de centro o moderados que no se sentiría interpretados por la izquierda. Un grave error de cálculo, que costó algo más que varios consejeros.

Son varias las interrogantes y múltiples los ensayos para responderlas. La derecha no duda en afirmar que, mayoritariamente, es un voto de castigo al gobierno. El peor de las últimas décadas, insisten sus amnésicos voceros, olvidando los récords de desaprobación obtenidos por la administración de Sebastián Piñera. Y convenientemente el estallido social, la crisis económica y de seguridad (de larga data), sus desaciertos en materia internacional, incluyendo su extemporáneo viaje a Cúcuta, invitando a los venezolanos a venir a nuestro país en busca de refugio.

Para muchos, tanto el triunfo del rechazo en el plebiscito como la oleada republicana en la reciente elección se explica, en buena medida, por el temor y la frustración de una mayoría ciudadana ante el clima de inseguridad reinante en el país. El temor a la delincuencia y el crimen organizado, una inmigración descontrolada, la desconfianza en los partidos políticos y el temor al cambio. Un temor hábilmente explotado por los sectores conservadores, que desplegaran una desenfrenada campaña del terror en el anterior plebiscito de salida, llegando, entre otras aberraciones gratuitas, a sostener que se expropiarían las viviendas sociales.

Así los republicanos de José Antonio Kast encarnaron la fácil promesa de orden y seguridad. Palo largo y mano dura, aunque ello implique excesos policiales, como revela la encuesta de la UDP y FEFBACK. Expulsión inmediata de los inmigrantes ilegales. Estado de sitio en todas las regiones que lo ameriten.

Capítulo aparte es el complicado análisis del altísimo porcentaje de votos nulos y blancos registrados en la pasada elección (21 %), que mostraría no tan sólo la frustración y desconfianza de un sector de la ciudadanía hacia el gobierno y las instituciones, sino también hacia los partidos y la llamada clase política.

En el fondo, y más allá de las desafortunadas declaraciones de la presidenta del PPD, la gran interrogante es cómo reconectar a la política con la sociedad. Recomponer una relación escindida y recuperar las debilitadas confianzas de los ciudadanos en sus representantes, abriendo nuevos cauces de participación efectiva.

En primer lugar, ello pasa por un proceso de profunda renovación de la política. De sus orgánicas, muchas de las cuales parecen haber cumplido su ciclo útil. Muchos de sus actuales militantes (que van quedando) no parecen estar cómodos ni fielmente interpretados por sus dirigentes y aspirarían a unirse o federarse en partidos que representan grandes corrientes de pensamiento. También parece indispensable una renovación de sus proyectos y los liderazgos que lo impulsen. Y muy principalmente, la renovación de sus prácticas políticas y la forma en cómo se relacionan con la sociedad. En el anteproyecto de nueva constitución elaborado por los expertos se incluyen algunas interesantes propuestas de reforma del sistema político. Pero parece necesario avanzar mucho más allá en el indispensable proceso de renovación de la política y su reconexión con la sociedad.

¿Y la responsabilidad del gobierno?

Este gobierno ha cometido errores. Qué duda cabe. Algunos, producto de la inexperiencia, magnificados por los medios de comunicación y otros más relevantes. No se olvida el impacto del tema de los cuestionados indultos. Que, en menos de un año, debió aplicar sucesivos ajustes ministeriales. Las tensas relaciones con un parlamento adverso. Evidentes problemas de gestión, especialmente a nivel de las regiones. Y pese a los ajustes y correcciones desde La Moneda, la alianza de gobierno no logra un afiatamiento necesario para prestar un adecuado respaldo a la gestión gubernamental.

Pero es un gobierno que reconoce y aprende de sus errores. Que ha mantenido su lealtad y compromiso con sus promesas de campaña, asumiendo una necesaria gradualidad. Sus metas son ambiciosas y muy difíciles de materializar en un escenario marcado por la disgregación política y una marcada polarización que se observa en el parlamento. Pese a todo, se registran claros avances en su primer año de gestión.

Para la mayoría de los medios de comunicación masivos, controlados por grandes grupos empresariales, las buenas noticias no merecen la misma cobertura que la crónica roja, la farándula, las polémicas o los escándalos. Pero el país ha logrado hacer un importante ajuste en la economía, sin que el costo social haya recaído principalmente en los sectores más vulnerables, que han recibido importantes subsidios del estado. Con responsabilidad fiscal. Contradiciendo agoreras proyecciones, hoy la economía muestra claros signos de recuperación.

Asumiendo que la seguridad ciudadana constituye uno de los principales problemas que inquietan a la ciudadanía, el gobierno ha impulsado una vigorosa agenda sobre la materia, que incluye el apoyo y fortalecimiento de las policías, como ha sido reconocido por el propio director general de Carabineros. La propia interpelación a la ministra del Interior impulsada por la derecha en el marco de la campaña electoral le permitió a la jefa del gabinete entregar una detallada cuenta de los avances en materia de seguridad pública.

En las próximas semanas corresponde que el presidente Boric entregue una cuenta de la marcha política y administrativa del país, en donde se deberán registrar no tan sólo los avances en materia económica, social y de seguridad, como la reducción de la jornada laboral, la renovación del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y la suscripción del TPP11, la política del Litio, el incremento del salario mínimo, el costo cero en Fonasa para los sectores más vulnerables, la aprobación del nuevo royalty minero y otros, sino también los nuevos desafíos que enfrenta el país y la hoja de ruta del gobierno para los próximos tres años.

Lejos de ser un test de apoyo o rechazo a la labor del gobierno, en la reciente elección se jugaba el destino del nuevo proceso constituyente. La comisión de expertos, designados por ambas cámaras del parlamento, cumplió la primera parte de su mandato, para redactar un anteproyecto que deberá ser sometido a la deliberación del consejo constituyente recientemente electo. Y pese a que se registró un amplio consenso en la mayoría de su articulado, en verdad, no hay muchas razones para albergar el optimismo con relación a una exitosa culminación. En buena medida ello depende de la voluntad de la derecha, principalmente de los republicanos, de aprobar un texto que recoja el mismo consenso alcanzado por el grupo de expertos para someter al veredicto ciudadano la ratificación que pueda cerrar este tema o, por el contrario, un nuevo rechazo, que tan solo puede contribuir a una mayor polarización del país.

La incierta suerte de las reformas emblemáticas…

Pero no tan sólo está en juego el éxito del proceso constituyente. También la agenda de reformas impulsadas por el gobierno. Tras un largo proceso de debates en torno a la reforma tributaria y luego del rechazo de la idea de legislar en la cámara de diputados, el ministro Mario Marcel ha buscado un nuevo pacto tributario con sectores opositores.

Sin embargo, tanto el presidente de la UDI como el de Renovación Nacional demandan al titular de Hacienda no persistir en su idea de subir impuestos, supuestamente por la delicada situación económica por la cual atravesaría el país. Muy en consonancia con la postura de los republicanos, que tan sólo estrían disponibles para aprobar un proyecto que rebaje los impuestos.

Algo parecido sucede con la reforma del sistema previsional, que se viene debatiendo desde hace más de una década y en donde la derecha, defendiendo el actual sistema, demanda la libertad de elección para su administración, insistiendo en la capitalización individual, proponiendo que la solidaridad corra a cargo del estado, sin precisar sus fuentes de financiamiento.

En materia de salud, las ISAPRES han montado una verdadera campaña del terror, afirmando que el fallo de la Corte Suprema, que obliga a devolver a sus afiliados cobros indebidos, los expone a una inminente quiebra. El gobierno ha propuesto una ley corta para que se cumpla con el fallo en plazos razonables. Y aún se posterga una contrapropuesta de las aseguradoras privadas.

Es evidente que nunca los cambios estructurales son fáciles de implementar. Sobre todo, si afectan poderosos intereses económicos y políticos (la mayoría de las veces, entrelazados) y no se cuenta con mayorías parlamentarias.

Con una indispensable dosis de realismo, la ministra Carolina Tohá ha expresado que el gobierno no aspira que los proyectos se aprueben como ingresaron. Cosa muy distinta es la pretensión de la derecha a que el gobierno renuncie incondicionalmente a su agenda de reformas para concentrarse en la mera administración de un limitado poder, que debe disputar o compartir con los poderes fácticos.

El país no tan sólo requiere de una nueva constitución que redistribuya y descentralice el poder y perfeccione y modernice la democracia, con partidos que efectivamente cumplan su función de intermediarios entre la sociedad y el estado y fieles representantes de las demandas ciudadanas. Requiere distribuir más justamente la riqueza, en donde el valor del trabajo sea equitativo respecto del capital. Con nuevos derechos sociales garantizados y un auténtico sistema de protección social. En suma, un estado social y democrático de derechos.

En su esencia, aquellas fueron las demandas que motivaron el estallido social.