No son pocas las dificultades, traspiés y conductas a veces erráticas de los actores políticos progresistas. Pero no deben llevar a la resignación a quienes consideran necesario mejorar el presente en lo que sea posible y procurar legar a las nuevas generaciones, con el realismo y la voluntad necesarios, una sociedad políticamente democrática, culturalmente libertaria, económicamente próspera e innovadora, socialmente equitativa y ambientalmente resiliente. Esta combinación está lejos de ser fácil de alcanzar, pero constituye uno de los horizontes posibles que vale la pena perseguir para la sociedad chilena.
Junto a diversos avances significativos, la configuración actual del gobierno no logró el cambio constitucional requerido, mantuvo una política económica innecesariamente restrictiva, manejó mal el reequilibrio de las tarifas eléctricas y la devolución de cobros ilegales por las Isapres, mientras fracasó en diversos temas por carecer de una capacidad de articulación social y política más efectiva y de mayoría parlamentaria. Se agregó una postura en ocasiones errática y siempre defensiva en seguridad e inmigración, asumiendo argumentos conservadores, y corruptelas y abusos de autoridad puntuales pero lógicamente rechazados por la ciudadanía. Esto se tradujo en una sanción electoral en el plebiscito de 2022, en la elección de miembros del consejo constitucional de 2023 y en las elecciones de alcaldes, concejales y consejeros regionales de 2024, con la excepción del rechazo plebiscitario a la propuesta constitucional de la derecha en diciembre de 2023 y de la segunda vuelta de gobernadores en noviembre de 2024.
¿Estamos, en consecuencia, en presencia de un retroceso de largo plazo de las fuerzas progresistas en Chile en el nuevo escenario del cuerpo electoral, lo que auguraría una nueva alternancia en favor de la derecha en la elección presidencial de 2025?
Nada de esto está escrito de antemano. En la segunda vuelta de gobernadores de noviembre de 2024, en 9 regiones las candidaturas conservadoras agregadas reunieron solo un 48,8% del voto válido, mientras se manifestó un apoyo de 51,2% del voto para las diversas candidaturas de centro y de izquierda. Mantener este resultado, que incluye las tres principales regiones del país, permitiría un eventual desenlace positivo para las fuerzas progresistas en la segunda vuelta presidencial de 2025. Para eso tendría que pasar agua bajo los puentes y producirse muchas articulaciones políticas y bastantes mejorías en la gestión de gobierno y en los mensajes hacia el voto nulo y blanco, pero ese escenario no parece ser completamente irrealista.
La actual coalición de gobierno acaba de comprometerse a una proyección en la etapa siguiente, de preferencia con un solo candidato en primera vuelta elegido en primarias a mitad de año y con una sola lista parlamentaria, lo que es más difícil de lograr. Ha dado un paso unitario significativo, aunque la Democracia Cristiana ha planteado que no está dispuesta a ser parte de ninguna coalición que incluya al Partido Comunista y llamado al Partido Socialista a una “coalición chica”. Este rechazó esa opción y se mantiene en la lógica de una agrupación progresista amplia.
La proyección de la actual coalición de gobierno, además de hacer emerger un liderazgo presidencial en primarias, debe favorecer una reforma política que consolide el principio de mayoría, fortalezca el rol de partidos debidamente institucionalizados y dé espacios a la democracia directa y al autogobierno de los territorios, incluyendo los de los pueblos originarios en el espacio nacional. Debe plantear que se restrinja los monopolios mediáticos y establezca normas más fuertes para erradicar las discriminaciones y los abusos, vengan de donde vengan y trátese de quién se trate. Y promover una mayor seguridad ciudadana basada no en la retórica vacía sino en más eficiencia contra el crimen organizado con cuerpos especializados mejor dotados y una policía de proximidad que aumente la seguridad colaborativa en los barrios, sin dejar de actuar contra las causas de la delincuencia. En estos temas posiblemente tendrá un acuerdo amplio.
Pero debe resolver dos problemas. El primero tiene que ver con la tendencia a subordinarse a la ortodoxia económica conservadora. Sus resultados en crecimiento han sido escasos, por no decir nulos, aunque se supone es su prioridad, por adherir a una política antinflacionaria que no consideró el carácter básicamente externo del brote de 2021-2022 y a una política de ajuste presupuestario radical antes que de aterrizaje suave que ha afectado el empleo y la informalidad. Los resultados sociales han sido más bien extrapresupuestarios, como los positivos avances en el salario mínimo, la disminución progresiva de la jornada laboral a 40 horas y las cobranzas de pensiones alimenticias, pero sin mayores impulsos a la negociación colectiva y a la diversificación económica (con el cierre de Huachipato como una herida y el acuerdo del litio con una excesiva prolongación del rol de SQM como otra herida), a la reforma de los seguros de salud (con el salvataje a las Isapres como una herida adicional) y un posible acuerdo muy rebajado en materia de pensiones (inferior al aceptado por Piñera en su segundo gobierno).
Las restricciones presupuestarias no han impedido, por su parte, aumentos de la pensión garantizada universal (aunque en términos reales inferiores a las programadas), activar planes de vivienda y formular la propuesta de financiamiento de estudiantes de educación superior y saldar la deuda de los años 1980 con el profesorado. Pero con estas restricciones, junto a los traspiés en la reforma tributaria (con la aceptación de una regalía minera insuficiente, la caída del impuesto a las grandes fortunas y un plan de aumento del impuesto a la renta a los más ricos limitado a compensar una baja de la tributación a las utilidades de las empresas), no se ha avanzado en los aportes a través de mecanismos como el “bolsillo electrónico”, una buena idea del actual gobierno que no ha quedado como mecanismo permanente de apoyo a la compra de alimentos por las familias de menos ingresos, ni en las inversiones necesarias en salud para terminar con las listas de espera, ni tampoco mayormente en el subsidio del cuidado, una vasta tarea.
Todo esto en parte tiene que ver con la ausencia de mayoría parlamentaria y en parte con la ausencia de convicción de un sector de las fuerzas de gobierno para avanzar en estas materias. La proyección a futuro requerirá persistir unitariamente y con un mensaje fuerte en la defensa de los intereses de la mayoría social, lo que no puede dejar de incluir:
– una política económica orientada a fortalecer la inversión pública sostenible y a crear más empleos formales mejor remunerados, mediante la diversificación industrial, el uso de la inteligencia artificial para apoyar los empleos antes que sustituirlos, el fortalecimiento de las empresas públicas, la innovación en las cadenas de la transición energética y el apoyo a las empresas mipymes viables, en medio de un vasto cambio en la economía mundial que puede ofrecer oportunidades a Chile y sus regiones en las cadenas globales de transición energética si se promueven con ambición estratégica, con el ejemplo a seguir del plan del hidrógeno verde;
– una política presupuestaria que contenga el aumento de la deuda pública en base a un aumento de los impuestos a las grandes fortunas, a los altos ingresos y a la renta minera;
– una nueva fase de disminución sustancial de las desigualdades y de la pobreza, mediante una ampliación de la negociación colectiva de los trabajadores, programas especiales reforzados para los jóvenes que no estudian ni trabajan y una redistribución que parta por una devolución del IVA a los bienes básicos a las familias más necesitadas;
– un reforzamiento de la seguridad social en pensiones y desempleo, reponiendo los proyectos originales del actual gobierno, y un aumento de la cobertura y productividad de hospitales y servicios de salud primaria financiado con un fondo universal de cotizaciones que deje a las Isapres solo como seguros complementarios;
– un mejoramiento sustancial del acceso a la vivienda y al transporte público, junto a mayores equipamientos urbanos sostenibles que aumenten la calidad de vida en los barrios y avancen en la erradicación de campamentos precarios;
– una ampliación de los derechos de las mujeres, en especial en materia de aborto, de derechos reproductivos, de igualdad de remuneración y de representación en las instituciones públicas y privadas;
– una política migratoria acorde con la capacidad de integración con derechos y la expulsión sistemática de los delincuentes y traficantes venidos de otros países.
El segundo problema en la proyección de la coalición tiene que ver con los sectores de izquierda ortodoxa en los temas internacionales. La política gubernamental es la de promoción del interés nacional, de la integración latinoamericana y la no alineación respecto a los bloques que pugnan por la hegemonía mundial, junto a la activa defensa del multilateralismo y la autodeterminación en el marco del respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Esta política choca con la actitud de adhesión persistente del PC chileno a la política de la Rusia de Putin, que incluye el no rechazo a la invasión a Ucrania y a la defensa de dictaduras como la de El Asad en Siria, posición muy distinta a la de la izquierda social-democrática en el mundo y también a la de los PC francés, español o kurdo, sin ir más lejos. Y choca con la defensa inexplicable de regímenes autoritarios como los de Ortega y de Maduro (el de Cuba es un caso que debe considerar las décadas de bloqueo norteamericano). El régimen de Maduro, por lo demás, no solo desconoce las elecciones sino que persigue hasta al PC venezolano, sin que el chileno diga nada. En temas internacionales, tal vez la única concordancia es la condena a las masacres de Israel y la solidaridad con el pueblo palestino, que en el caso de la izquierda no alineada incluye también una firme condena al antisemitismo y a las matanzas indiscriminadas de los fundamentalistas de Hamas y asociados. En los temas nacionales y de coyuntura, en cambio, la concordancia del PC con el resto de la coalición es bastante amplia y suficiente.
Son las paradojas de la vida política, con las que sus actores deben convivir de la mejor manera posible, aplicando un método en el que no se deje de expresar las posiciones de unos y otros -pues la izquierda en Chile es necesariamente plural- pero sabiendo manejar las diferencias en el marco de un propósito común. Este existe, pues hay tareas y desafíos que convocan y deben seguir convocando al conjunto en la etapa siguiente. Se trata nada menos que de hacer avanzar la democracia y crear un nuevo modelo económico-social de prosperidad compartida y sostenible.
La proyección de largo plazo de una alianza de izquierda, sin descuidar la capacidad de articularse a los movimientos sociales y de abrirse al centro sin subordinación a los poderes fácticos, supondrá entonces debatir para acercar posiciones o bien constatar diferencias, las que, hasta donde se puede observar, no debieran impedir lograr un amplio acuerdo progresista sobre un programa de gobierno para 2026-2030.
