El 21 de junio pasado el presidente Boric anunció la creación de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. Con esta iniciativa el gobierno dejó ver que finalmente reaccionó a la evidente improvisación y voluntarismo de su aproximación a la Araucanía con que empezó su período. Asumido el fracaso del intento inicial de la ministra Siches, el gobierno comenzó a pensar en un abordaje más serio y estratégico del problema que el estado arrastra desde hace décadas en su relación con el pueblo mapuche. El gobierno sostuvo reuniones con representantes de diversos sectores políticos, consiguió el concurso de las universidades para apoyar esta iniciativa, y se aseguró de contar con el apoyo transversal de todos los partidos políticos, dando así un sentido de estado a esta iniciativa. Las tareas encomendadas y sus prioridades revelan una reflexión que se hace cargo de los factores más profundos tras el fuerte empeoramiento de la situación de convivencia en esa región, que ya venía ocurriendo sistemáticamente desde antes de su gobierno.
El gobierno anterior comenzó de una manera enteramente diferente, con una fuerte iniciativa basada en un diagnóstico sobre la gravedad de la situación de violencia que se desarrollaba en la Araucanía, pero no concluyó bien. Este diagnóstico dio pie a que el ministro Moreno rompiera con la distancia que desde La Moneda se había mantenido con esa región durante el gobierno de M. Bachelet, iniciando una serie de viajes y encuentros con dirigentes mapuche, comunidades, organizaciones gremiales y empresarios de la zona, con una intensidad sin precedentes para un ministro de gobierno. Esta energética actividad no desplegaba, sin embargo, un contenido claro que no fuera el del solo diálogo, con excepción de los objetivos productivos del Plan Impulso Araucanía. Pero las promesas que pudieran haber albergado esos diálogos, así como el diálogo mismo, se derrumbaron en un instante con el asesinato de Camilo Catrillanca por fuerzas de carabineros el 14 de noviembre de 2018.
La contradictoria estrategia de diálogo y de “Comando Jungla” que propició ese gobierno llegó así a su fin.
Más tarde el ministro Moreno quiso retomar la iniciativa con el intento de reformar la Ley Indígena, que también fracasó cuando las consultas indígenas al respecto no dieron el resultado esperado. Pero esta iniciativa reveló que los intentos de diálogo previamente desplegados nunca pretendieron abordar la demanda de tierras, núcleo del conflicto, sino, a lo más, permitir el acceso a tierras indígenas por medio de reformas a esa ley.
Así, esta nueva comisión destaca por poner en el centro de sus objetivos las materias relacionadas con la demanda de tierras: “elaborar una propuesta con los cambios que permitan llegar a un acuerdo sobre la demanda de tierras existente” sobre la base de “sistematizar la situación actual e histórica de las tierras mapuche”, revisando las experiencias internacionales y abordando la cuestión de expectativas en relación a las capacidades del estado mediante instrumentos de reparación. Es cierto que las cuestiones relativas a la demanda de tierras ya fueron parte de los objetivos asignados a las distintas comisiones convocadas por los gobiernos anteriores al de Piñera, aunque tenían distinto orden de prioridad. Además, hay que hacerlo notar, varias de esas comisiones fueron convocadas solo hacia el final de los respectivos períodos presidenciales. La acumulación de conflictos no resueltos y la falta de políticas para enfrentarlos en sus períodos llevó a esos gobiernos a convocar comisiones más como una forma de dilatar respuestas al conflicto que de darle efectiva solución. Sin capacidad efectiva de dar cauce a las recomendaciones de aquellas comisiones, simplemente se dejaban como legado al gobierno siguiente, sellando así su suerte.
La acumulación de conflictos no resueltos y la falta de políticas para enfrentarlos en sus períodos llevó a esos gobiernos a convocar comisiones más como una forma de dilatar respuestas al conflicto que de darle efectiva solución.
Con esta nueva comisión el gobierno señala que esta es una situación que no puede seguir dilatándose de gobierno a gobierno, y que debe ser abordada transversalmente con sentido de estado. Vista así, en sus intenciones, representa un avance respecto de los intentos anteriores. Pero, como a las otras, habrá que medirla por sus resultados, y su primer resultado, el informe final, se conocerá recién hacia fines del 2024.
Cuenta esta comisión, para bien o para mal, con otra relativa ventaja. Muchos de los temas asignados a las otras comisiones están esta vez repartidos con la Convención Constitucional. Por ejemplo, el tristemente repetido llamado al reconocimiento constitucional está ya frente a las materias a tratar por la Convención. Pero esto puede resultar en debilidades respecto de las capacidades para tratar las recomendaciones que emanen de la comisión. No sabemos si finalmente habrá, o cómo se redactará, el reconocimiento constitucional y qué cambios de poder resultarán en favor o en contra de las demandas indígenas, tanto en las materias de tierras como las de participación política.
Pero en su propio ámbito la comisión enfrentará numerosos problemas que surgen de su propia transversalidad, partiendo de las diferencias que existen respecto de su prioridad principal, el tema de tierras. Algunos editorialistas insisten en la necesidad de pasar rápidamente a abocarse a las reparaciones más que a la restitución de tierras, y revelan su resistencia a considerar el tema de las tierras antiguas o ancestrales, a que hacen referencia las normas internacionales.
En la conformación de la comisión el gobierno puso a dos figuras políticas de peso. Una, el senador Francisco Huenchumilla, exministro y exintendente de la Araucanía, y que ha insistido reiteradamente en el carácter político del conflicto. Otra, el ex presidente de la CPC y exministro con responsabilidad en el tema indígena, Alfredo Moreno. La experticia desarrollada sobre la temática y el peso de su imagen como una persona de diálogo con todos los sectores fundamenta su presencia en la comisión. Llega a esta también con claridad en sus posturas, de manera consistente con las posturas del gobierno anterior, como la de que “esto de las tierras ancestrales, me parece un concepto innecesario”. Sin duda, esta será una de las cuestiones centrales que la comisión deberá dirimir. ¿Se limitarán las tierras que se consideren para restitución a las que ya ha reconocido el estado, o se expandirá su consideración a aquellas que caben dentro del concepto más amplio de territorio? También es posible que la cuestión sea plantee de manera bastante más limitada, y que se acuda preferentemente a la reparación (¿de qué tipo?) en desmedro de la restitución.
En este informe se señala que los temas que circulan hoy para la agenda de la comisión son en verdad los mismos que señalara el Informe de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato
Para la puesta en marcha de la Comisión el gobierno encargó a diez universidades la preparación de un informe, el Informe de Sistematización de las recomendaciones al Estado de Chile en materia de tierras y derechos del pueblo Mapuche, que trató las recomendaciones de todas las comisiones anteriores, así como las del INDH y una revisión de las normas internacionales sobre la materia. En este informe se señala que los temas que circulan hoy para la agenda de la comisión son en verdad los mismos que señalara el Informe de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato: catastro de las reclamaciones de tierras perdidas y que estuvieran incluidas en los títulos de dominio, revisión de la constitución de la propiedad dentro de los títulos disponibles, y determinar desde ahí los casos en que corresponde que el Estado restituya o recompense las pérdidas de tierra establecidas. También será materia de debate lo que allí se plantea en cuanto a la conveniencia de un órgano independiente del gobierno para tratar estas cuestiones de tierras, del modo de un tribunal de títulos nativos surgido del marco del Tratado de Waitangi en Nueva Zelanda.
Para el tratamiento de estas materias y la señalada en la pregunta de arriba el Informe de Sistematización menciona la interpretación que la CIDH ha hecho de las disposiciones del Convenio 169 sobre tierras y propiedad indígena. Un aspecto clave de consideración aquí es que “el derecho de propiedad comunitaria indígena no se fundamenta en el reconocimiento estatal, a través de títulos oficiales, sino en las culturas jurídicas indígenas y sus sistemas ancestrales de propiedad”.
La comisión reúne también a dos sólidas figuras del mundo mapuche: la diputada Emilia Nuyado, de vasta trayectoria en la comuna de San Pablo y las organizaciones en la zona de Osorno, y exrepresentante indígena en la CONADI, cercana al PS, y el ex convencional constituyente Adolfo Millabur, exalcalde de Tirúa por varios períodos, dirigente en la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche, e influyente líder en las organizaciones lafkenche. Están también Sebastián Naveillán, presidente de la asociación de agricultores Victoria Malleco, cercano a Republicanos, la senadora Aravena de la región de la Araucanía, también del Partido Republicano, Juan Pablo Lepín, jefe de gabinete del gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas (expresidente de la Multigremial y cercano a Evópolis), Gloria Callupe Rain de la gobernación del Bío Bío, y el secretario ejecutivo Víctor Ramos, que ha sido hasta ahora el coordinador del Plan Buen Vivir. Desde sus muy diferentes aproximaciones este grupo de comisionados/das inicia recién su trabajo.
