El rechazo del proyecto Dominga y el rechazo por la Contraloría de la resolución del Alcalde de Zapallar de restringir la libertad de circulación en su comuna reflejan que, pese a muchas dificultades, las instituciones en Chile hoy funcionan.
Por unanimidad del Comité de Ministros se rechazó el proyecto minero-portuario Dominga, dados sus impactos irreversibles en los ecosistemas costeros en esta zona de la región de Coquimbo. Se trata de un lugar en el que las corrientes submarinas y las aguas profundas generan vida, biodiversidad y alimento para ballenas, delfines, chungungos, pingüinos y aves. El tráfico marítimo y las descargas de la planta desaladora previstos por el proyecto afectarían los ecosistemas, habiendo otras opciones de extracción y elaboración de recursos y su transporte, aunque tengan hoy costos privados superiores pero costos sociales inferiores en el largo plazo. El gobierno anunció, además, un plan de compensación para la comuna de La Higuera.
Recordemos que en el primer rechazo, hace cinco años, los ministros de Hacienda y Economía de orientación liberal terminaron siendo destituidos por la presidenta Bachelet por favorecer el proyecto privado cuestionado. Dicho sea de paso, la distinción entre lo «técnico» y lo «político» se demuestra una vez más como absurda. Las decisiones públicas son siempre políticas, lo que no impide que sea aconsejable que se tomen en consideración, en cada caso, cálculos de costos y beneficios basados en el conocimiento científico disponible. Pero este nunca es plenamente completo en materias ambientales ni debe inhibir el principio de precaución. Y menos puede sustituir visiones y valores, especialmente frente a los que creen que lo único «técnico» es sostener la acumulación privada ilimitada de capital y favorecer intereses y enriquecimientos particulares, aunque sea a costa de la equidad social y del ambiente.
Muchos territorios enfrentan problemas de actividad y empleo. Fortalecer ambas cosas tiene una respuesta usual para el poder económico hoy dominante: estimular proyectos productivos de alta rentabilidad privada basados en depredar el ambiente. Una mejor respuesta es activar los proyectos de infraestructura pública que mejoran la calidad de vida (en especial el manejo del agua y la generación de energía), la conectividad y la competitividad de largo plazo de proyectos privados sostenibles, que los hay y muchos en cada rincón de Chile. Esto requiere de una más fuerte estrategia de fomento productivo.
Por su parte, la Contraloría rechazó la idea del alcalde de Zapallar de restringir la libertad de movimiento nocturno de los jóvenes en su comuna, que pretendía según él «adelantarse» a lo que debería ocurrir en todas partes para «mantener el orden«.
Aunque muchas localidades y comunas enfrentan problemas de seguridad ciudadana y de desbordes nocturnos que afectan a los vecinos, la respuesta no puede ser la de terminar con el derecho de circulación y reunión de los jóvenes en las noches, como pretendía el alcalde de Zapallar. La respuesta es el trabajo conjunto de familias, comunidades y policías para mantener en límites apropiados la diversión veraniega, que no tiene por qué ser perseguida por nadie. La vigilancia y control de la delincuencia es indispensable, y a ella no colaboran en nada las restricciones a las libertades ciudadanas.
La construcción de un mejor país se ha fortalecido con estas dos decisiones. Es un aliciente para seguir el camino colectivo de fortalecer legislaciones e instituciones que preservan el interés general y el de las nuevas generaciones. La tarea de hacer retroceder el ultraliberalismo económico y el autoritarismo es de todos los días, aunque la política y la acción sindical y comunitaria hoy dejen tanto que desear. Pero sigue siendo indispensable para sostener la democracia y sus capacidades de respuesta a los desafíos de las sociedades. Esa tarea nunca debe descuidarse, y menos en nombre de la crítica y el escepticismo que lleva a la abstención, la inacción y a retrocesos en el bienestar y las libertades.
