El abandono total de la agenda ambiental

Nos acercamos al fin de la actual administración y, como suele decirse, “mucha agua ha pasado bajo el puente”. Un mandato presidencial que comenzó en marzo de 2022 con la promesa de ser el primer “gobierno ecologista” de Chile, hoy no conserva ningún vestigio. Por el contrario, hemos sido espectadores de cómo ese discurso inicial, asociado a compromisos de cambios socioambientales, ha derivado en uno puramente extractivista. 

Quienes trabajamos en temas ambientales sabíamos que avanzar en políticas públicas y remontar rezagos históricos que tiene el país en estas materias – muchos de los cuales han sido señalados en las Evaluaciones de Desempeño Ambiental de la OCDE- era muy difícil.  Lo mismo que promover cambios a nivel legislativo, ya que no contaban con un parlamento aliado para impulsar cambios significativos. Lo que nunca anticipamos fue tener que enfrentar una agenda regresiva y ser testigos de cómo un gobierno que se autoproclamó ecologista no fue capaz de instalar una agenda de trabajo que impulsara avances para cerrar brechas históricas como las señaladas por la OCDE.  

Cuesta entender qué incidió para que la actual administración diera un giro tan brusco y terminara siendo un gran promotor del extractivismo y la flexibilización ambiental. De hecho, poco a poco se ha ido instalando la percepción de que en esta materia ha sido el peor gobierno desde la vuelta a la democracia. 

Es muy posible que haya voces que contraargumentendo adviertan una exageración, pero existe un conjunto de hechos que pueden avalar esta percepción.

Solo para ir ejemplificando, durante el gobierno de Patricio Aylwin se aprobó la ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y junto con ello se creó la Comision Nacional del Medio Ambiente (CONAMA); se promulgó la ley N° 19.253 o ley Indígena. Además, se ingresó al parlamento el proyecto de ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal y el proyecto de Ley que modificaba el Código de Aguas. Adicionalmente se suscribieron importantes convenios internacionales que emanaron de la Cumbre de la Tierra del año 1992. 

En la administración de Eduardo Frei, un presidente al cual los temas ambientales no le interesaban y que declaró que “ningún proyecto de inversión se detendrá por consideraciones ambientales”, se promulgó el reglamento de evaluación ambiental; se avanzó en procesos de dictación de normativas (Norma PM10) y se elaboró la Política Nacional para el Desarrollo Sustentable (1998) (la única que ha existido hasta ahora).

En el caso de Ricardo Lagos, se establecieron algunos avances en materia de normativa ambiental; Chile se sometió a la primera Evaluación de Desempeño Ambiental OCDE-CEPAL, de la cual emanaron importantes recomendaciones entre las cuales estaban el crear una institucionalidad ambiental más sólida y una ley que abordaría temas de protección de la biodiversidad. 

Durante el primer gobierno de Bachelet se aprobaron las leyes sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (Ley N° 20.283) -que estuvo 16 años en el parlamento- y la hoy cuestionada ley Lafkenche. También, se ratificó el convenio 169; se promulgó la ley N° 20.285 sobre Acceso a Información Pública y Transparencia de los Organismos del Estado.  Se tramitó la reforma a la institucionalidad ambiental, creándose el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia Ambiental y el Servicio de Evaluación Ambiental y se hicieron modificaciones sustantivas a la ley General de Pesca en materia de Acuicultura. 

Todos estos cambios o avances normativos siempre estuvieron cruzados por tensiones al interior de los conglomerados políticos, presiones indebidas desde el sector empresarial, pero en todo momento hubo una participación activa de las organizaciones ambientales y un reconocimiento desde el sector público a las ONGs como un actor relevante.

En el primer gobierno de Piñera la agenda estaba tomada por el proyecto HidroAysén y la Campaña Patagonia Sin Represas, con la cual comenzaron las movilizaciones sociales, también en ese periodo había un número considerable de conflictos territoriales asociados a la instalación de termoeléctricas y es cuando las zonas de sacrificio comienzan a visibilizarse.  A esto se suma un episodio de contaminación a los niños de la escuela de la Greda, lo cual permitió visibilizar la situación de la Bahía de Quintero como Zona de Sacrificio. En materia legislativa se aprueba la ley de Tribunales Ambientales y comienza la implementación de la nueva institucionalidad ambiental. 

Con Bachelet dos, ocurre la segunda Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile, se promulga la ley N° 20.920 sobre Responsabilidad Extendida al Productor conocida como ley REP. Desde el Ministerio de Energía se trabaja en elaboración de forma participativa de la Política Energética y en el Ministerio de Agricultura a través de CONAF en la Política Forestal; también se ingresa al parlamento el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el proyecto para una nueva institucionalidad Forestal para Chile. 

En el segundo Gobierno de Piñera, Chile fue anfitrión de la COP 25 sobre Cambio Climático, se ingresó y se tramitó en el parlamento el proyecto de ley marco sobre de Cambio Climático, la cual no alcanzó a ser promulgada en su administración. Adicionalmente se elaboró la Contribución Nacional Determinada (NDC) y la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP), junto con ello se estableció una agenda voluntaria para descarbonización y se elaboró la Estrategia Nacional sobre Hidrogeno Verde.

Durante todos estos años existieron tensiones, desacuerdos y demandas, que se ven reflejadas en conflictos socioambientales como Ralco, Trillum, Pascua Lama, Alumysa, Dominga, HidroAysén y más recientemente los Bronces Integrado, solo por nombrar algunos.

Hoy en día enfrentamos un escenario distinto, hay muy poco que mostrar, la agenda ambiental ha sido tomada por el Ministerio de Hacienda primero a través del Pacto Fiscal y más recientemente con los anuncios de Mario Marcel de Fast Track a proyectos de inversión, un escenario nunca antes visto donde de nada ha servido la tercera Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile, pues no ha sido tomada como parte de su agenda por el gobierno, como tampoco lo ha sido el poder generar cambios sustantivos en las Zonas de Sacrificio; detener la destrucción del bosque esclerófilo; parar las parcelaciones; sancionar incumplimientos ambientales de la industria salmonera; en fin… Nada que hacer, lo que vemos en un gobierno totalmente pro industrias extractivas (cobre, litio, tierras raras) donde se promueve la flexibilización de la regulación ambiental y en favor de un supuesto desarrollo.