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Luego de que el Senado aprobase prorrogar por tercera vez el resguardo militar fronterizo de la Macrozona Norte, el gobierno notificó que reforzará las estrategias para enfrentar “el nuevo tipo de criminalidad que existe en Chile, caracterizada por mayores grados de violencia”. Dos de las tres “fases de acción” anunciadas –“control migratorio y expulsión”- se vinculan directamente con las migraciones, lo cual permite inducir a algunos que éstas serían la causa necesaria de aquel fenómeno criminal. 

En su anuncio, el gobierno agregó que “se amplían las medidas para mejorar la capacidad de hacer efectivas las expulsiones migratorias”, lo cual requiere “tanto modificaciones de tipo administrativo como nuevos cambios en la legislación”. Por su parte, el director de la PDI anunció una “agenda semanal” de expulsiones^[1].

Aunque el gobierno no accedió a las demandas de decretar el estado de excepción constitucional, no es aventurado sostener que aquel anuncio constituye una reacción a las amenazas de acusación constitucional contra la ministra del Interior, proferidas por la oposición, en el caso de que no procediese a expulsar inmigrantes irregulares, para lo cual le señaló precisa cantidad –doce mil– y plazo perentorio al 31 de diciembre. 

El diputado de Renovación Nacional Sergio Longton relacionó directamente la no expulsión con “otra muerte, otro secuestro, otro sicariato”^[2]. A la demanda de expulsiones se sumó la precandidata presidencial Evelyn Matthei y, también, el hoy independiente gobernador de la Región Metropolitana Claudio Orrego, aunque este restringió su pedido a la deportación del “extranjero que viene a cometer delitos a nuestro país”^[3].

La oposición sustenta la tesis, carente de evidencia científica, según la cual el aumento de la criminalidad violenta tendría como causa directa la inmigración irregular de miles de personas, de modo que sin esta aquel aumento no se habría producido. Podría, entonces, manifestar que el ejecutivo le ha dado la razón. Sin embargo, trasluciendo que lo suyo no es tanto una preocupación por la seguridad sino una campaña política inclaudicable, ha replicado que aquellos anuncios son “más de lo mismo”, debido a razones “ideológicas” del gobierno^[4]. Es pertinente preguntarse si no será en la oposición que radican esas razones ideológicas y, principalmente, otras de cálculo político, para sostener su discurso.  

Ha sido una constante de la derecha que, desconsiderando los estudios disciplinarios sobre la evolución de la criminalidad y las estadísticas de las policías y el Ministerio Público, desde el inicio de este Gobierno ha escogido la migración para blandirla como bandera propagandística. 

Ha sido una constante de la derecha que, desconsiderando los estudios disciplinarios sobre la evolución de la criminalidad y las estadísticas de las policías y el Ministerio Público, desde el inicio de este Gobierno ha escogido la migración para blandirla como bandera propagandística. A ello obedece, por ejemplo, la exótica iniciativa de tipificar como delito el ingreso irregular al país -actualmente sancionado con la expulsión- hasta el punto de atribuir a la inexistencia de tal figura penal el ataque con granada sufrido por una funcionaria de Carabineros^[5]. Tampoco, en su discurso propagandístico, la oposición considera que la expulsión de miles de inmigrantes en situación de irregularidad reviste dificultades policiales, operativas, económicas y judiciales insalvables.

En fin, a la derecha le resbalan incluso las explicaciones que el oficialismo levanta sobre las desiguales cifras de expulsión en los gobiernos de Piñera y el actual, o la injusticia que encierra exigir a la actual administración expulsar en un mes y medio a doce mil personas, en circunstancias que en cuatro años el presidente Piñera expulsó mil trecientas; una polémica que, en el fondo, se sustenta en la increíble idea de que el éxito de una política migratoria se mediría en la cantidad de deportaciones… 

Es un “hecho de la causa” que, ante un fenómeno tan grave como el incremento del crimen organizado, la derecha ha optado por su politización banal, con el objeto de obtener adeptos para futuras justas electorales. Desde luego, esta opción ya se observa en la actual campaña constitucional plebiscitaria, con mensajes simplones como el que hemos escuchado en la franja del “A Favor”: “Cuando expulsamos a los que vienen a cometer delito, gana la democracia”.

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Con todo, es una realidad indesmentible el aumento de la delincuencia violenta y la aparición de nuevos modus operandi de los grupos criminales, así como la participación de un porcentaje de extranjeros en algunos de los más graves delitos. Este mes, en menos de una semana, se perpetraron en el país tres secuestros extorsivos para obligar a las víctimas a pagar dinero, a cambio de su vida y libertad. Es una figura criminal que no había aparecido con esta frecuencia en el pasado, particularmente en la zona central, y cuya ejecución posee especial aptitud para atemorizar a sectores medios de la población. Con ello, se enteraron cuarenta y cinco secuestros extorsivos en este año^[6], un crimen que inicialmente presentaba como víctimas a otros extranjeros, por ajustes de cuentas, pero que ha comenzado a afectar a personas de nacionalidad chilena^[7].  

A ello se agrega el alza de la tasa de homicidios y la mayor frecuencia con que los delitos violentos utilizan el sicariato, modalidad anteriormente desconocida en Chile. Por último, es un dato objetivo el aumento de la participación de personas de nacionalidad extranjera, por ejemplo, en el caso de los secuestros extorsivos, donde dos tercios de los detenidos como presuntos autores “corresponde a ciudadanos extranjeros con condición migratoria irregular e ingreso clandestino al país”^[8].

En consecuencia, aunque el Fiscal Nacional sostiene que “Chile sigue siendo el país más seguro de la región”, con “una tasa de homicidios más baja que la de Uruguay” y en que, pese al aumento de la violencia, «la cantidad de delitos en general se ha mantenido estable” ^[9],  no se justifica la complacencia. 

Pero, respecto a la participación delictiva de personas foráneas, el ethos científico y político exige un análisis que corresponda a su real complejidad y vaya más allá de la palurda imputación de ser todos los migrantes en situación irregular la causa eficiente de la criminalidad. De una parte, como ha señalado el gobierno, está la “presencia de organizaciones criminales de otros países en la frontera chilena”^[10], que se dedican principalmente a la trata de personas, que es un delito propio del ámbito migratorio, las cuales no participan en crímenes violentos en el país.  

Por el contrario, la actuación delictual dentro del territorio corresponde a bandas del crimen organizado, hasta ahora nueve de ellas identificadas, de las cuales dos han sido desarticuladas. Los integrantes de estas bandas pueden haber ingresado regular o irregularmente al territorio nacional, para desarrollar su perversa tarea, en el curso de la cual captan para su propósito sicarios o “proveedores” chilenos, como ocurriera con el funcionario del Ejército que les proporcionó granadas de guerra, una de las cuales fue utilizada en el ataque a la funcionaria de Carabineros Rayén Currihuil.      

 Si bien estos grupos pueden recurrir a inmigrantes vulnerables en situación de irregularidad, para obtener apoyo, constituye un equívoco -y a veces un consciente engaño- confundir este ardid propio de la delincuencia organizada con el fenómeno de las migraciones. Tal error es grave, toda vez que, si se le consintiese, conduciría a utilizar en la lucha contra el crimen organizado los métodos propios del combate contra la inmigración irregular, en vez de aplicar la estrategia especial adecuada a aquél, con un resultado catastrófico. A la policía asiste, entonces, como lo ha estado haciendo, la decisiva tarea de esclarecer los mecanismos de internalización de estas bandas de criminales al país y el tipo de relaciones que establecen en el territorio nacional, tanto con chilenos como con inmigrantes. Para ello, cuenta con un valioso capital, como es la treintena de extranjeros detenidos, en los meses de octubre y noviembre de este año, de los cuales veintidós son de nacionalidad venezolana, siete colombianos y uno ecuatoriano^[11].

Pero, tan reprobable como la sinonimia del crimen organizado internacional con las migraciones es la actitud de quienes repugnan el mero señalamiento de extranjeros en la comisión de delitos como “anti migrante”. Para enfrentar la identificación xenófoba entre crimen y migración, hay que partir reconociendo cuán fácilmente se genera en mucha gente aquella asociación, debido a los casos de delitos en que participan extranjeros, y saber explicar con paciencia la aberración de tal parecer.   

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La igualación del delito con la migración que hace la derecha, sobre la cual no existe evidencia científica, insinuando que si no hubiese migrantes el crimen organizado no existiría, ocurre en un país que, a lo largo de la historia, ha observado posiciones ambiguas respecto a la presencia de extranjeros en su territorio. 

En el siglo XIX, la política de los padres de la Independencia para atraer europeos, particularmente ingleses, tuvo como explícito objetivo la integración de Chile al comercio de importación y exportación europeo, particularmente el británico. Luego de la guerra del Pacífico, el objetivo fue la captación de inversiones para aumentar la producción y exportación del salitre. Al finalizar esa centuria, la política de Estado destinada a la colonización del Sur del país agregó a la motivación económica la difundida creencia en que la presencia europea permitiría “mejorar la raza”, es decir, una suerte de racismo positivo. Pero, en contraste con dicho “europeísmo”, en el siglo XX inmigrantes árabes debieron sufrir, por motivos de raza, nacionalidad y situación económica, el rechazo de gran parte de la población autóctona, hasta que su ascendente movilidad social eliminó aquellos resabios de racismo, xenofobia y aporofobia. Se sumó, en la primera mitad de aquella centuria, el rechazo que por razones políticas e ideológicas se deparaba a los extranjeros anarquistas. Algo análogo ocurrió a fines del siglo XX con algunos inmigrantes orientales. 

Esta ambigüedad, cuyos parámetros hemos indicado, se mantiene hasta hoy, como que en la reciente encuesta CEP un 69% de las personas reconocen que “los inmigrantes realizan trabajos que los chilenos no quieren realizar” pero, al mismo tiempo, similar porcentaje opina que los inmigrantes “elevan los índices de criminalidad”^[12]. Más allá de la coyuntura, coexisten la aceptación y el rechazo hacia el extranjero, dependiendo de la nacionalidad, la raza, el nivel económico y, también, los factores políticos. Lo hemos experimentado en los últimos días, a propósito de los Juegos Panamericanos 2023. 

De una parte, los medios y el público no podían menos que aplaudir a los atletas extranjeros -de Venezuela la mayoría, también de China y otros países- entre ellos el inmigrante cubano ganador de una medalla de oro en el exigente Decatlón, que si hubiese existido una ley como la que actualmente se pretende aprobar debió haber sido expulsado inmediatamente del país, pues ingresó irregularmente. En el reverso, una destacada atleta de origen haitiano acusó presiones anticompetitivas, eventualmente fundadas en motivaciones racistas, xenófobas y clasistas, sobre las cuales la Federación Atlética ha abierto una investigación. Sería ingenuo desconocer que este caso de discriminación arbitraria constituye una específica manifestación del arraigado prejuicio, latente en nuestras capas acomodadas e inexistente respecto de blancos o europeos; un prejuicio que merced a la propaganda xenofóbica de los últimos años, se ha extendido a otras capas sociales.

Casos aún más graves de discriminación, como el de la mujer dominicana que, mientras realizaba disciplinadamente el procedimiento de empadronamiento, fue expulsada del país junto a su hijo menor de edad, apenas si merecen un pequeño espacio en la prensa. Y la mayor tragedia que haya afectado a migrantes en Chile, como fue el reciente incendio de Coronel, con 14 muertos, calcinados, todos venezolanos, apenas fue objeto de condolencias, pero no abrió debate alguno sobre el trato que se dispensa a las casi cuarenta mil familias de migrantes vulnerables que habitan en miles de campamentos^[13].

Como hemos advertido, la variable política e ideológica también alimenta la ambigüedad en que se mueven los sentimientos y opiniones sobre los extranjeros. La batuta de su manejo la llevan, precisamente, los políticos. En estos días pletóricos de sugerencias analíticas, la deserción de once atletas cubanos participantes en los Juegos Panamericanos, que se agregan a otros tres que lo hicieron hace unos meses, ha motivado una resonante exigencia al gobierno, de parte del presidente del Senado y, mediante oficio, de parlamentarios de la derecha, todo con despliegue mediático, para que se les otorgue la calidad de refugiados. Es evidente que aquella deserción no puede tener otra explicación que un estado de necesidad relacionado con sus derechos sociales básicos, pero la misma circunstancia asiste a miles de inmigrantes venezolanos o haitianos, respecto de los cuales la derecha se muestra más proclive a su rechazo, lo cual es demostrativo de una discriminación positiva hacia los atletas cubanos, por razones no humanitarias sino políticas e ideológicas. Por cierto, también el partido Comunista se ha visto tentado a aplicar equivalente criterio, pero a la inversa, como lo insinúa la cáustica declaración de su secretario general, Lautaro Carmona, quien afirmó que “nadie que viene en delegación oficial (cubana) es perseguido”^[14]. Desde luego, este caso podría ofrecer una oportunidad para analizar la extraordinaria lentitud con que, en nuestro país, se tramitan las solicitudes del estatus de refugiado, sin que la Administración aplique la Declaración de Cartagena de 1984, como lo ha hecho la Corte Suprema, en sucesivos fallos que han obligado a la concesión de aquel estatus^[15].

Frente al vendaval mediático contra las migraciones que inunda nuestros hogares, puede resultar sencillo destacar lo que ha significado el aporte de los migrantes al deporte del país, pero es muy probable que lo ocurrido en estos juegos caiga pronto en el olvido. Mas, se aprecia muy difícil que la población esté en condiciones de aceptar el dato duro de que los migrantes han contribuido al crecimiento del PIB de nuestro país. ¿Reconocerá que en 2009, generaron un PIB equivalente a 3.26 mil millones de dólares, es decir un 1.6% del PIB nacional, mientras en 2017 ese aporte se cuadruplicó a 11.7 mil millones de dólares, que representaron el 4.3% del PIB? ¿Y aceptará que los mayores aportes de extranjeros al PIB -esto es un 74%- provienen de Perú, Bolivia, Colombia, Haití y Venezuela?^[16]

Por fortuna, pese a la complejidad de la materia y a tanta consigna burda, hay ciudadanos y entidades interesados en que la política no se base en el cálculo de captación fácil de votos, o bien, en un moralismo que resta gravedad a la irregularidad migratoria y al crimen internacional organizado, aliados de la xenofobia. El gobierno, apoyándose en esta masa crítica, debiese persistir en el control migratorio, abordar con firmeza y eficacia la prevención, persecución, sanción y desarticulación de las bandas criminales, y rechazar la criminalización de los inmigrantes, incluso aquellos en situación de irregularidad, culminando el proceso de empadronamiento y, luego, aplicando un plan de regularización que sólo excluya a quienes se resistieron a dicho proceso o cuenten con antecedentes penales que legalmente ameriten su expulsión^[17].

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^[1] https://www.emol.com/, 21 de noviembre de 2023.

^[2] https://www.soychile.cl/Valparaiso, , 17 de Noviembre de 2023.

^[3]https://www.biobiochile.cl/noticias, 16 de noviembre de 2023. 

^[4] Declaraciones de diputados RN Andrés Longton, https://cooperativa.cl/ ,16 de noviembre de 2023 y 

Miguel Castro, https://www.timeline.cl/, 17 de noviembre de 2023.

^[5] Declaración de Renovación Nacional y la UDI. https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/, 16 de noviembre de 2023.

^[6]Información proporcionada por el jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros (BIPE) de la PDI),  https://elpais.com/chile/ 15 de noviembre de 2023. 

^[7] Ibid. https://www.adnradio.cl/, 14 de noviembre de 2023.

^[8] Ibid. https://elpais.com/chile/15 de noviembre de 2023.

^[9] https://www.t13.cl/noticia/nacional 14 de noviembre de 2023

^[10] Subsecretario Monsalve, diario-uchile.cl, 17 de noviembre de 2023. 

^[11] Información de la PDI y del Ministerio Público. 

^[12] Encuesta CEP N° 90, Septiembre-Octubre 2023.

^[13] Un Techo para Chile. Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023. https://cl.techo.org/wp-content/uploads/sites/9/2023/03/CNC22-23.pdf

^[14] diario-uchile.cl, 11 de noviembre de 2023. 

^[15] Sentencias de la Corte Suprema de 18.06.2021,13.09.2022, 01.03.2023, 30.08.2023.

^[16] Martínez, Jorge y Cano, María Verónica. “Sobre las contribuciones de la migración al desarrollo sostenible: estudios en países seleccionados”. Seminario sobre contribuciones de las migraciones al desarrollo. Santiago. 2022, CEPAL.

^[17] El proceso de empadronamiento había logrado, al 2 de noviembre de 2023, la concurrencia de cerca de doscientas mil personas, de las cuales 105 mil se encontraban efectivamente empadronadas. https://serviciomigraciones.cl/ 2 de noviembre de 2023.