La elección de Karol Cariola como nueva presidenta de la cámara de diputados, la primera militante comunista en asumir ese cargo, fue un duro golpe para la derecha y sus nuevos aliados. Pese a sus denodados esfuerzos para replicar su victoria en el senado, no lograron aglutinar a la variopinta diversidad que está hoy representada en la cámara baja. Perdieron por un voto. El enojo se desató con el ex republicano Mauricio Ojeda, que llegó retrasado. Él mismo recordó que tampoco votaron Enrique Lee, Pamela Jiles y Francisco Pulgar. La decepción de los dirigentes de Chile Vamos y Demócratas resultó inocultable. En sus cuentas, tenían la mayoría para asegurar la elección de Joanna Pérez, la candidata designada por la oposición para ocupar la testera. Cuento corto, perdieron.
“Ha caído un veto atávico no sólo anticomunista sino también antidemocrático” afirmó la nueva presidenta de la cámara al celebrar su elección. Sin duda, es un importante triunfo para el gobierno y el oficialismo, frente a la compleja agenda legislativa de los próximos meses. No es que la nueva y singular mesa presidida por Karol Cariola, con Gaspar Rivas como primer vicepresidente y Eric Aedo en la segunda vicepresidencia, puedan cambiar la correlación de fuerzas al interior de la corporación, pero, sin duda, ayuda al oficialismo a la hora de decidir las urgencias legislativas, en conjunto con los jefes de comités.
Así, desde lo simbólico y político esa elección fue relevante. Aunque, en estricto rigor, con el triunfo de Cariola se está cumpliendo un acuerdo de administración suscrito hace dos años por diversas fuerzas políticas, tanto de gobierno como de oposición. El mismo que rompieron en ambas cámaras los parlamentarios renunciados a la DC, con dividendos a la vista para Matías Walker, ahora en una vicepresidencia del Senado, y frustración de la diputada de la misma tienda Demócrata, Joanna Pérez.
Sin lugar a duda, es una mayoría estrecha, frágil, incluso circunstancial, como sostienen parlamentarios de Chile Vamos. Pero nadie puede dudar de su legitimidad, No es la primera vez que una mesa de la cámara es elegida por una mayoría estrecha. Sin ir más lejos, así sucedió con la elección de Vlado Mirocevic, que antecedió al diputado Ricardo Cifuentes. Sin embargo, a menos de 24 horas de la elección, tanto los parlamentarios del partido social cristiano como republicanos rivalizaban en ser los primeros en presentar un voto de censura a la nueva mesa. El pretexto era el mismo. Las declaraciones del diputado Gaspar Rivas afirmando que había sido el ministro Álvaro Elizalde el que le habría ofrecido la vicepresidencia de la cámara, que no dudan en calificar como una intromisión indebida de un poder del estado sobre otro. Un pretexto bastante fútil, toda vez que parte de las funciones de la SEGPRES es la de coordinar la acción del ejecutivo con el poder legislativo y no fueron pocos los parlamentarios que sostenían que el mismo ministro debía renunciar si la oposición ganaba la presidencia de la cámara.
La reforma del sistema político
En verdad, todo aquel ruido mediático y de pasillos habla muy mal de sus voceros y del nivel de degradación que ha alcanzado la función parlamentaria. De aprobarse aquella inmediata moción de censura, marcaría un nuevo y grave hito en este proceso que hace más urgente que nunca la reforma del actual sistema político. Una reforma que se viene debatiendo privadamente entre los bloques mayoritarios, tomando como base las propuestas elaboradas por el comité de expertos que redactara el borrador de nueva carta magna finalmente desechado por el consejo constituyente y que incluía un extenso capitulo sobre el particular. El gobierno ha sostenido que, si bien no patrocina, apoyaría aquella iniciativa que apunta a fortalecer la gobernabilidad futura del país.
Se trata de una reforma relevante para la derecha, que aspira a ser gobierno en el próximo período. Pero lo es mucho más para el país, que ve severamente amenazada su gobernabilidad por la extrema dispersión y disgregación política, con mas de 22 partidos con representación parlamentaria, mas de 30 parlamentarios “independientes”, que se representan a si mismos, en su inmensa mayoría elegidos en listas partidarias. Partidos que se crean frente a una elección y que al cabo de dos años se disuelven, mientras emergen otros en proceso de formación. La derecha ha experimentado sus ventajas y vicios, con la irrupción de republicanos, libertarios, socialdemócratas y hoy en día Amarillos y Demócratas, para no mencionar el verdadero colapso del pretencioso Partido de la gente. Nadie está libre del pecado y también en la izquierda se cuecen habas.
Los partidos políticos son esenciales en una democracia representativa, a condición de que representen grandes corrientes de opinión y sean respaldados por un porcentaje significativo de electores (las propuestas apuntan a un 5 % del electorado para alcanzar representación parlamentaria). Un independiente puede aspirar a ser elegido concejal, alcalde, Core o parlamentario, siempre que se postule como tal y reúnan las firmas necesarias para su inscripción. Pero es mucho más discutible que un parlamentario electo en una lista partidaria pueda renunciar a su colectividad y mantener su cargo. La ley de financiamiento de la actividad política, mas que necesaria para regularla, contiene algunos incentivos perversos para el proceso de disgregación, con el evidente riesgo del surgimiento de verdaderas PYMES políticas.
Las otras reformas a la espera
La reforma del sistema político está lejos de ser la única indispensable para la democratización del país. Ni tan siquiera aparece como la principal demanda de la ciudadanía, pese a su enorme relevancia. Por lejos, la demanda por seguridad pública ocupa el primer lugar. Y en eso es necesario reconocer avances sustantivos durante el actual período de gobierno, no tan sólo en el plano legislativo, en donde se han aprobado mas de 30 proyectos sobre la materia. También en el plano estrictamente operativo, con la desarticulación de numerosas bandas del crimen organizado que operan en diversas regiones, como ha ocurrido recientemente en la comuna de Cerrillos, con los llamados Trinitarios, o el Tren de Aragua en el norte del país. La gestión del Presidente Boric la ha terminado asumiendo como una de sus prioridades, con resultados efectivos que, por lo mismo, sustentan los recientes dichos de la ministra del Interior Carolina Tohá, en respuesta a las infundadas e irresponsables imputaciones del gobierno argentino sobre la supuesta presencia de Hezbollah en Iquique, de las que debió disculparse públicamente la ministra de Seguridad trasandina, Patricia Bullrich.
En el ámbito económico, los resultados de la gestión liderada por el ministro Marcel – reconocidos de mala gana y, a pesar de los erráticos y mediáticos pronósticos del gran empresariado – certifican una gran responsabilidad fiscal para implementar el duro e indispensable ajuste, con disminuido costo social, tras los perniciosos efectos de la pandemia, el perjudicial impacto de sucesivos retiros de ahorros previsionales y las consecuencias de los conflictos bélicos lejos de nuestras fronteras. El país retoma progresivamente la senda de la reactivación y el crecimiento, con control de la inflación. Adicionalmente, la inversión extranjera, en contra de algunas proyecciones pesimistas, se han incrementado en estos dos primeros años de gobierno, particularmente en el sector minero, favorecida por el nuevo royalty, abriéndose nuevas perspectivas y potencialidades para la explotación del Litio, el hidrógeno verde y otros.
Ciertamente el país requiere de nuevos y mayores recursos para financiar una reforzada agenda social que trasciende necesariamente el período del actual gobierno. Para la seguridad ciudadana, un nuevo sistema de previsión social que asegure mejores pensiones, una reforma integral de la salud, educación de calidad, erradicación de campamentos y solución del déficit habitacional, entre otros. El nuevo pacto fiscal, propuesto por el gobierno, permite avanzar en esa dirección. No tan sólo para reducir los altos y evidentes niveles de evasión y elusión que afectan la justicia tributaria, también para reducir la brecha de las desigualdades sociales.
No deja de llamar la atención que, de manera concertada, algunos de los principales grupos económicos – Luksic, Angelini, Matte, Security, Carozzi- formulen críticas severas sobre una supuesta pérdida de rumbo del país, en los precisos momentos en que la economía muestra claras señales de reactivación.
Con una mirada de muy corto plazo, tanto la derecha como aquel sector empresarial, se han negado a buscar un consenso en aquellas indispensables reformas impulsadas por el actual gobierno. El actual sistema de salud está ciertamente colapsado y se requieren de reformas estructurales que permitan el acceso universal a la salud pública, con la participación del sector privado como seguros complementarios, que tan sólo un sector minoritario de la población puede financiar. El sistema previsional requiere de un componente solidario que permita mejorar las pensiones actuales y futuras, así como mayor competencia, incluido un ente estatal, en la administración de los fondos previsionales.
Son todas reformas necesarias que pueden ser resueltas en base a un acuerdo en donde todas las partes deben ceder. Al no ser resueltas durante el actual mandato presidencial, inevitablemente serán heredadas por el gobierno que lo suceda. Y no es del todo evidente que aquella administración tendrá el nivel de paz social hoy predominante. Sectores del oficialismo han llamado a la movilización social, que ha estado bastante ausente en este período, como han anotado algunos ministros. El llamado “octubrismo” que sectores de la oposición buscan asimilar a la movilización social, no equivale a un estallido, como el originado durante la última administración de Sebastián Piñera. Ella es consustancial a un sistema democrático, en donde los diversos sectores sociales bregan por defender sus intereses. Algunos con el apoyo de los denominados poderes fácticos, como ocurre con los grupos empresariales. Otros con la movilización de sus afiliados.
Las complejas relaciones con Venezuela
Las relaciones diplomáticas con Venezuela no han sido fáciles desde el arribo de Hugo Chávez al poder. Partiendo por las desafortunadas declaraciones del expresidente Lagos frente al abortado golpe de estado que buscara su destitución. Durante el gobierno de Michelle Bachelet tendieron a mejorar en algo, sin ser demasiado cercanas. Sin embargo, bajo la administración de Sebastián Piñera, fallecido Hugo Chávez y luego que asumiera Nicolas Maduro, se quebraron del todo, no tan sólo porque el gobierno de Piñera decidiera reconocer al llamado presidente encargado Juan Guadió (al igual que otros 60 países), sino también porque al fallecido mandatario se le ocurrió la peregrina idea de concurrir a Cúcuta para acompañar a Guadió en su abortado intento de encabezar una cruzada solidaria, que fuera interpretada como un intento de golpe de estado en ese país. Desde allí formuló la invitación a los disidentes del régimen de Maduro para buscar asilo en nuestro país, con la entonces propiciada figura de la visa democrática, aprovechada por centenares de miles de angustiados venezolanos, y algunos centenares de delincuentes para eludir la acción de la justicia y retomar sus actividades en nuestro país. Todo ello sin contar con los miles de inmigrantes que han llegado ilegalmente a Chile, antes y después de Cúcuta, razón por la cual no se puede asignar toda la responsabilidad al fallecido mandatario.
No son pocos los dirigentes de la oposición que postulan que Chile debe romper relaciones con Venezuela. Pero esto tiene más de un bemol. No tan sólo porque ello implicaría cerrar toda posibilidad de esclarecer el crimen del exteniente Ronald Ojeda. También porque están en juego importantes intereses nacionales. Entre otros, la posibilidad de expulsar a los miles de inmigrantes ilegales venezolanos, un porcentaje de los cuales ejercen actividades delictivas.,
Si Chile optara por mantener relaciones sólo con países democráticos que respetan los derechos humanos, sus representaciones democráticas se reducirían drásticamente. Las relaciones son entre estados, independientemente de su régimen político, y se guían por intereses superiores del país. Luego de las desafortunadas declaraciones del canciller venezolano, sosteniendo que el Tren de Aragua era una construcción mediática para afectar la imagen internacional de su país, Nicolas Maduro ha ensayado un tono más conciliatorio, llamando al dialogo bilateral y manifestando un ánimo de colaboración en la lucha en contra del crimen organizado. No se peca de ingenuidad al tomar esa palabra y buscar asertivamente el diálogo – al margen del verbo demagógico intentado por Maduro y rechazado explícitamente por el Presidente Boric – intentando esclarecer el crimen de Ronald Ojeda y facilitando la extradición de los inmigrantes ilegales. Algo de evidente interés para nuestro país.
