A estas alturas, resulta más que evidente que el proceso constituyente, tal cual se aprobara con el acuerdo del 15 de noviembre de 2019, ratificado por cerca del 80% de los chilenos y chilenas en el plebiscito de entrada, se frustró. La derecha se resiste a honrar sus compromisos para darle continuidad en un proceso transparentemente democrático, con convencionales íntegramente elegidos, de manera paritaria y con representación de los pueblos originarios, proponiendo en su reemplazo una convención minimalista con 50 convencionales, siguiendo la lógica del senado, en donde cuenta con el 50 % de representantes.
Los denominados Amarillos van un poco más lejos. Proponen que sea el parlamento el que designe un órgano encargado de redactar una nueva propuesta para ser ratificada por un plebiscito de salida. Es decir, una constitución pactada entre las diversas fuerzas políticas con representación parlamentaria.
Nadie puede predecir lo que pueda resultar de esa negociación. La derecha buscará defender no tan sólo sus valores sino, esencialmente, los intereses que tradicionalmente ha defendido, especialmente el sacrosanto derecho de propiedad y el estado subsidiario, en tanto que los sectores progresistas intentarán darle contenidos a la propuesta de un estado social y democrático de derechos, poniendo en el centro nuevos derechos garantizados, así como el reconocimiento de los pueblos originarios y la igualdad de género.
Quizás no queda otra salida frente al entrampamiento y la falta de acuerdo en una negociación que se ha dilatado más de la cuenta, pero dista mucho de lo pactado hace tres años por las fuerzas que suscribieran el acuerdo del 15 de noviembre. Atrás. Muy atrás, quedaron las ilusiones de una nueva constitución redactada en democracia, sobre una hoja en blanco, redactada por representantes de la ciudadanía íntegramente elegidos, de manera paritaria y con representantes de las etnias originarias. Una experiencia inédita, que concitó el interés y la atención de la opinión pública internacional, que no llegó a buen puerto.
A la hora de establecer causas por este fracaso se pueden citar múltiples factores y responsables. Entre ellos, el propio mecanismo de elección de los convencionales, que favoreció la elección de “independientes”, neutrales o no neutrales, tendió a sobre representar a las etnias originarias y minimizó la representación de los partidos, en el contexto de crisis de representación por la que atraviesan.
Es más que evidente que la convención incurrió en graves errores, con malas prácticas, propuestas maximalistas y un cierto ánimo refundacional, que contribuyeron a su descrédito y le restaron apoyo a su propuesta de nueva constitución.
Como es innegable que, desde sus orígenes, el proceso constituyente debió enfrentar una intensa campaña de descrédito por parte de la derecha y los llamados poderes fácticos, a la cual se sumaron sectores disidentes del centro y la mayoría de los medios de comunicación, con argumentos tan falaces como que la propuesta de nueva constitución conspiraba en contra de la unidad nacional, la integridad territorial y los signos patrios. O que se podrían confiscar las viviendas sociales, se politizaba la justicia y se amenazaba la independencia de los poderes públicos.
La derecha busca administrar el rechazo y transformarlo en mayoría opositora
El triunfo del rechazo fue claro y categórico. Un 62 % de los chilenos y chilenas optaron por rechazar la propuesta de nueva constitución. Ciertamente una derrota para el gobierno, que se jugó por apoyar el proceso constituyente y también para los sectores progresistas, que han luchado por décadas para superar el pesado legado heredado del régimen militar y tener una nueva constitución redactada en democracia, que deje atrás los enclaves autoritarios y la impronta neoliberal del actual texto constitucional.
Sin embargo, es más que dudoso que el resultado del plebiscito constituya un triunfo de los sectores más conservadores. La constitución de 1980, con todas sus reformas ulteriores, ha caducado, como lo reconocen casi todos los sectores y más del 70 % de los chilenos y chilenas se manifiestan a favor de tener una nueva constitución, como lo revelan las encuestas. Puede que exista una mayor dispersión de opiniones en cuanto al mecanismo para darle continuidad al proceso constituyente, pero existe más de una duda razonable acerca de una constitución redactada por “expertos” o por los propios parlamentarios, cuya credibilidad y confianza ciudadana está en niveles paupérrimos.
Más dudoso es aún que el resultado del plebiscito haya cambiado la correlación de fuerzas en el país y que la derecha tenga hoy mayoría. Sin embargo, actúa como si lo fuera. Hoy busca imponer sus propios términos para darle continuidad al proceso constituyente, buscando un mecanismo que les asegure el control y derecho a veto sobre el proceso. Delimitados los llamados “bordes” o principios que deben enmarcar el nuevo proceso y establecido un mecanismo de arbitraje para velar por su correcta implementación, hoy buscan diseñar un mecanismo que les asegure ese control.
Y van por más. Buscan transformar el 62 % del rechazo a la propuesta de nueva constitución en una nueva mayoría de oposición al gobierno. Impulsaron con fuerza un veto a Karol Cariola, a quien le correspondía asumir la presidencia de la cámara por los próximos ocho meses y está a la vista que el tiro les salió por la culata. Pero sus esfuerzos por tomar el control de la cámara de diputados e imponer su propia agenda legislativa, no terminan. Intentan el control de las comisiones parlamentarias, censurando a sus actuales presidencias. Su objetivo es censurar al nuevo presidente Vlado Mirosevic antes del próximo periodo legislativo, como lo ha anunciado el diputado Jorge Alessandri.
La derecha busca torcer el rumbo del gobierno e imponer su propia agenda, intentando que el ejecutivo se concentre en atender “las urgencias ciudadanas- seguridad pública (lucha en contra de la delincuencia, control de la inmigración y el “terrorismo en la Araucanía), combate a la inflación y reactivación de la economía– dejando atrás o morigerando su programa de reformas y no inmiscuyéndose en el tema constituyente, sosteniendo que ello le corresponde al congreso.
El degradado clima político que se vive en la cámara de diputados
El clima de convivencia interna en la cámara de diputados se ha venido degradando progresivamente, en medio de gruesas descalificaciones, agresiones físicas, parlamentarios en estado de supuesta intemperancia, desprecio a sus reglamentos internos, e incluso propuestas abiertamente inconstitucionales, como quedara reflejado en la discusión presupuestaria del año próximo, en donde algunos sectores operaran como verdaderas “barras bravas”, como afirmara el presidente del senado.
Los sectores más duros de la derecha no olvidan la dura oposición de la izquierda al gobierno de Sebastián Piñera y hoy ven una oportunidad de cobrar viejas cuentas, además de intentar torcer el rumbo del actual gobierno, tras el triunfo del rechazo.
Todo ocurre en el marco de un sostenido proceso de fragmentación política que bien se puede agudizar en los próximos tiempos, de no mediar una profunda reforma del sistema político y electoral.
Durante las últimas semanas se ha formalizado la decisión de Amarillos y Demócratas de transformase en partidos políticos; sumándose ahora los evangélicos de derecha o ultraderecha; así como el nuevo movimiento “transformar Chile”, liderado por el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, en compañía de algunos ex convencionales; se agregan los intentos de dos nuevos movimientos humanistas, en tanto que otros tres movimientos “progresistas” anuncian igual propósito.
A ellos se suman los díscolos o independientes, que no responden a disciplinas partidarias, que pueden votar, indistintamente con el gobierno o la oposición, según sus propias conveniencias u ofrecimientos, como sucede en las censuras a las comisiones parlamentarias.
En este fragmentado y polarizado escenario político no tan sólo es muy difícil el diálogo y la construcción de acuerdos, sino se pone en serio riesgo la gobernabilidad del país. Chile necesita de grandes acuerdos para avanzar. No tan sólo para enfrentar el clima de violencia e inseguridad ciudadana, combatir la inflación o reactivar la economía, sino también para tener una nueva y buena constitución, con plena legitimidad democrática, así como un nuevo pacto social para avanzar hacia un desarrollo inclusivo, sostenible y sustentable.
Ello exige superar el actual proceso de fragmentación y polarización, con drásticas reformas del sistema político y electoral, además de una profunda renovación de las prácticas partidistas. Desafíos solo viables en un clima de diálogo y búsqueda de consensos que comprometa a los diversos actores sociales y políticos.
El camino de la polarización y el enfrentamiento, tan sólo favorece a los extremos y revive el fantasma del populismo o el autoritarismo, que tanto daño ha hecho a la región y nuestro propio país, que ya vivió esa dolorosa experiencia y que prometimos nunca más repetir.
