Sin lugar a duda, la denuncia por violación en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, es un golpe gigante para el gobierno, como lo calificara la ministra Carolina Tohá. Uno que, ciertamente, remece al gobierno y conmociona a la opinión pública, contribuyendo aún más al descredito de la actividad política y la desconfianza en las instituciones. Monsalve era uno de los funcionarios mejor evaluados de la actual administración, precisamente como encargado de la seguridad ciudadana. Se lo mencionaba como eventual ministro de la nueva cartera de seguridad pública o futuro candidato a senador por la región del Bio Bio. Parece ocioso el intento de entender cómo ese funcionario, con tan altas responsabilidades, terminara acosando sexualmente a una funcionaria bajo su dependencia para, supuestamente, proceder a violarla cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol.
Así parecen sobrar las diversas especulaciones, algunas no exentas de morbo, respecto de las circunstancias que rodearon el hecho. Monsalve enfrenta la acusación de violador de una funcionaria subalterna y la de trasgresión a la ley de inteligencia por la revisión ordenada a las cámaras de seguridad del hotel en que aloja en Santiago, sin tener atribuciones para aquello. Sin duda, la situación procesal del exsubsecretario es muy delicada y arriesga duras penas de prisión en el caso que se acrediten esos delitos. Todos estos hechos son de responsabilidad personal del potencial inculpado. Otra cosa muy distinta son las responsabilidades institucionales.
Mucho se ha criticado la reacción del gobierno tras conocer la denuncia que ha copado la agenda noticiosa y la propia ministra Tohá ha reconocido que todo se pudo hacer mejor. De partida, no esperar 48 horas para hacer efectiva la renuncia del exsubsecretario sino anunciarla al país inmediatamente después de conocidos los hechos. No posibilitar el viaje a su zona, con medios fiscales, para informar a su familia y menos permitir que el hasta entonces funcionario en ejercicio concurriese al congreso para defender el proyecto de presupuesto del próximo año. Ciertamente la extensa conferencia de prensa del Presidente Boric, más allá de su esmerado esfuerzo por transparentar lo ocurrido, poco contribuyó a un prolijo tratamiento de lo sucedido por el accionar del hoy procesado Manuel Monsalve.
Sin embargo, todos estos errores de manejo no alcanzan para sostener la imputación opositora de que el gobierno intentó postergar la situación hasta después de las elecciones del próximo domingo. Ni menos, entrabar la acción de la justicia, como insinúa la oposición, que abiertamente intenta sacar provecho político de una muy lamentable situación que afecta gravemente a una joven profesional que demoró la denuncia de acoso de su superior jerárquico y terminó aceptando la invitación a cenar en un día no laboral. Todo lo anterior no puede implicar endosarle a ella alguna responsabiliadad en el condenable suceso, sino enfatizar la necesidad de denunciar oportunamente acciones de acoso, sexual o laboral.
Es más que evidente que este es un golpe que daña a un gobierno que se proclama feminista. No tan sólo porque pierde a uno de sus funcionarios mejor evaluados, aunque sea reemplazado por el exministro de Justicia, Luis Cordero, de impecable trayectoria y muy buen manejo político y comunicacional, que puede desempeñarse con gran solvencia profesional en su nuevo cargo. Es un golpe al mandatario, a la ministra del Interior, al Partido Socialista (que suspendió la militancia de Monsalve) y a la coalición oficialista, profundamente impactada por el suceso.
Y parece todo un regalo para la oposición, que intenta sacar de la agenda pública el escandaloso caso audios que involucra esencialmente al abogado Luis Hermosilla y su cercano exministro Andrés Chadwick (renunciado a la UDI), junto a otros funcionarios del gobierno anterior y poderosos empresarios. Con toda probabilidad la oposición intentará generar una comisión investigadora, sin descartar una acusación constitucional y la posibilidad de convocar a diversas autoridades de gobierno, incluidos el propio mandatario y la jefa de gabinete, en calidad de testigos, a propósito del manejo del caso. Sin embargo, puede ser un craso error intentar politizar el caso y sacar dividendos electorales de esta lamentable situación. Los casos de corrupción, acoso o violación que comprometen a funcionarios públicos o dirigentes políticos no se empatan, sino que se suman, profundizando el descrédito de las instituciones y el rechazo a la actividad política por parte de la ciudadanía.
En el oficialismo se han registrado algunas controversias acerca de la forma como el gobierno ha encarado esta inesperada crisis, incluso con críticas al mandatario y nuevas tensiones entre el socialismo democrático y Apruebo Dignidad. En verdad, lo que corresponde a la coalición de gobierno es asumir una posición de principios para solidarizar con la víctima de una violación, condenar sin ambigüedades abusos de poder y eventuales delitos, exigiendo una investigación acuciosa, rápida y rigurosa por parte de la justicia, que permita establecer los hechos y responsabilidades criminales, para aplicar todo el rigor de la ley, cerrando filas en torno al gobierno. Precisamente es en las crisis en donde se prueba la solidez de una coalición política y su capacidad de ofrecer una alternativa de futuro.
Las elecciones municipales y de gobernadores regionales
La cadena de escándalos de los últimos meses y el caso Monsalve bien podría verse reflejado en una mayor abstención, el voto nulo o en blanco de la ciudadanía en las muy próximas elecciones municipales y de gobernadores regionales. O en favor de diversas opciones populistas, autoritarias, o de supuestos independientes, que basan sus campañas en la anti política tradicional, con muy dudosas credenciales democráticas, afectando aún más la gobernabilidad futura del país.
La derecha, como la mayoría de los medios de comunicación que controla, han proyectado la imagen de un país que enfrenta una extrema triple crisis- de seguridad, económica e institucional- que no se corresponde exactamente con la realidad nacional que, pese a la situación generada en el estallido social (que. en verdad, debió ser enfrentada con un nuevo pacto social y no tan sólo con un acuerdo por una nueva constitución) y la pandemia, ha logrado ordenar las cuentas fiscales y avanzar en tasas moderadas de crecimiento, impulsar una robusta agenda en materia de seguridad ciudadana y reaccionar con firmeza frente al fenómeno de la corrupción. Pero, es más que evidente que ninguna de las demandas levantada durante el estallido social ha sido resuelta y que el malestar ciudadano que lo originó continúan latentes e incluso se han profundizado en estos últimos cinco años. La interrogante abierta es cómo se manifiesta electoralmente ese difuso pero extendido malestar social. Y todo apunta a que castigará esencialmente a los partidos tradicionales, tanto del oficialismo como de oposición. Y bien pudiera favorecer parcialmente a la ultraderecha.
A escasos días de la elección, una gran parte de convocados obligatoriamente no tiene muy claro lo que se elige y menos quienes son los candidatos o candidatas. En los dos días del proceso electoral, los ciudadanos recibirán cuatro cédulas. Una para gobernadores regionales, otra para alcaldes, una más para concejales (con una gran sábana de candidaturas) y una última para consejeros regionales, sin que se pueda identificar, con claridad, a quienes representan cada uno(a) de lo(a)s postulantes que, en su inmensa mayoría, han hecho campaña, sin identificar su filiación política partidaria. Todo aquello acentúa la incógnita sobre los resultados, especialmente por tratarse de la primera elección obligatoria de representantes populares, en donde debería votar una importante franja de los llamados electores no frecuentes, muy poco o nada interesados en la política, sin información acerca de lo que verdaderamente se juega en una contienda que dibujará un nuevo mapa político en el país y dará el punto de partida a la elección presidencial y parlamentaria del año próximo.
Una primera consecuencia tras los resultados del próximo domingo será la pronta designación del llamado gabinete de salida del actual gobierno. Todos aquellos ministros, subsecretarios y funcionarios públicos que decidan optar por un cargo de representación popular deberán hacer efectivas sus renuncias a partir del próximo 16 de noviembre.
¿Y cómo enfrentar este creciente clima de polarización?
A cinco años del estallido social, se mantienen, cuando no se profundizan, visiones muy diversas y confrontadas, acerca de sus reales causas y consecuencias. La derecha se esfuerza por presentarlo como un intento de subversión del orden democrático, a través de la violencia, en tanto que sectores progresistas lo leen como la expresión de un extendido descontento social por las extremas desigualdades que marcan nuestro desarrollo como país, insistiendo que ninguna de las demandas entonces levantadas ha sido plenamente satisfecha. Esas diferencias explican, en buena medida, el clima de polarización que vive el país, además de la desafección ciudadana hacia los dirigentes políticos y empresariales. Tal como lo demuestra el reciente informe del PNUD, esas demandas siguen vigentes y se ha incrementado el descrédito ciudadano y malestar social.
El reciente manifiesto de un grupo de personalidades, que cubre en amplio espectro político, que va desde Chile Vamos hasta el socialismo democrático, llamando a enfrentar el clima de polarización para recrear un espíritu de diálogo y búsqueda de acuerdos no pasa de ser una vaga expresión de buenas intenciones sino se logra materializar en un pacto legislativo para despachar iniciativas cruciales para el país y su gobernabilidad futura, como la reforma del sistema político, la reforma previsional, la agenda en materia de seguridad o la reforma a la salud. El próximo lunes será un nuevo momento para interrogar si efectivamente estarán los votos en el parlamento y cuál voluntad política prevalece tras la voz de las urnas electorales.
