La reforma del sistema político es más que necesaria. Solo que la oposición y el gran empresariado, que son más o menos lo mismo, entienden este concepto como algo preferentemente circunscrito al sistema electoral, más dos o tres temas, para volver a algo que se parezca lo más posible al mecanismo binominal. Buscan obtener ventajas en la representación de la derecha en las instituciones y bloquear los cambios (que ahora son posibles con mayorías de 4/7 y ya no de 2/3 en el parlamento) al sistema económico-social que nos rige, en especial en materia de control público sobre la explotación de los recursos naturales (agua, cobre y minería metálica, litio, pesca, uso del suelo forestal, agrícola y ganadero), el régimen tributario y de regalías, el régimen de competencia, el funcionamiento del sistema financiero, el régimen laboral, el régimen de seguros de salud, el sistema de pensiones y los subsidios a la educación privada, entre otros temas cruciales para el desempeño económico, el bienestar de la mayoría social y la igualdad efectiva de oportunidades y derechos en la sociedad chilena.
Esas ventajas persisten en el Senado, donde hay cinco circunscripciones que siguen siendo binominales y eligen solo dos senadores/as, pero suman el 20% del total. Con un tercio más un voto se obtiene lo mismo en escaños que con dos tercios menos un voto, lo que tiende a favorecer a la primera minoría, es decir la derecha. En otras se eligen muy pocos representantes en relación a la población, lo que también tiende a favorecer a la derecha, más fuerte en regiones poco pobladas y rurales. La guinda de la torta es la Región Metropolitana, que cuenta con solo cinco escaños: con el 40% de la población elige solo el 10% de los senadores, consagrando una insólita desigualdad del voto. Esto podría concebirse para una cámara que representara a las regiones y no a los ciudadanos, pero en ese caso no debiera tener facultades colegisladoras sino en algunas materias o solo de revisión propositiva de las leyes, como en otros países.
Ahora la derecha quiere también obtener ventajas en la Cámara, como intentó en la propuesta fracasada del Consejo Constitucional, buscando disminuir el máximo de 8 electos por distrito. Esto no tiene otro sentido que restringir aún más la proporcionalidad de la representación, en especial hacia la izquierda, con la consecuencia de precipitar extramuros a fuerzas que deben estar representadas en la institucionalidad democrática en vez de ser empujadas a los circuitos extra-institucionales. Y si se quiere evitar la fragmentación del sistema de partidos, basta con instaurar una regla del 5% mínimo de votos para integrar las cámaras o un mínimo de parlamentarios electos, además de autorizar federaciones de partidos con disciplina de voto, junto a obligar a la renuncia a los que se cambian de tienda en el ejercicio de un cargo parlamentario.
Pero una consideración modernizadora y equitativa fundamental es establecer la paridad de género en las cámaras. Para ello, el mejor mecanismo es la elección en listas nacionales o de macro-distritos de la totalidad o parte de los parlamentarios, hasta alcanzar al menos un 40% de un género u otro, con un voto para un hombre y otro para una mujer en cada lista. Así nadie «le quita» la representación a nadie, pues unos y otros la tendrían de pleno derecho, repartiendo en partes similares entre hombres y mujeres la representación proporcional de cada lista paritaria obtenida según el sufragio popular con igualdad del voto.
Sería positivo, además, que se termine con la figura de la acusación constitucional a ministros, que no sirve para nada que no sea la polarización política y la guerrilla contra el gobierno en ejercicio (así cabe llamar a los gobiernos, porque aquello del «gobierno de turno» tiene el problema conceptual según el cual, por definición, en democracia los gobiernos son de turno: si no fuera así, se trataría de una dictadura). Esta figura solo busca castigar personas en un juicio público sin debido proceso, con la consecuencia de irritar y polarizar la esfera política una y otra vez de manera destructiva. Debiera reservarse solo para destituir al presidente o a miembros de la Corte Suprema por manifiesto abuso de poder y prevaricación.
Y sería también positivo que los alcaldes se eligieran con un sistema de dos vueltas, como es el mecanismo vigente de elección de gobernadores regionales. Esto permite que las personas marquen su preferencia en una primera vuelta y, si no hay una mayoría relativa de 40% para alguna candidatura, se dirima la elección en una segunda vuelta entre las dos primeras mayorías de la primera vuelta. Se evitaría así las negociaciones y reparticiones de candidaturas entre partidos que dan un poder indebido a las directivas y resultan irritantes para la ciudadanía y la militancia de los partidos, a las que se sustrae la decisión de seleccionar candidaturas. O bien establecer un sistema reforzado de primarias, a partir del que ya existe.
Esas serían tres buenas iniciativas reformadoras. También lo sería una cuarta reforma: si se crea el Ministerio de Seguridad, el Ministro/a del Interior debiera asumir la función de ministro coordinador del gobierno, para lo cual debiera contar con una mayoría en ambas cámaras. Si no las obtiene, el Presidente debiera poder disolverlas (o solamente la Cámara de Diputadas y Diputados si se da al Senado un rol revisor general de las leyes desde la perspectiva de los territorios, pero colegislador solo en algunas materias). La repetición de las elecciones parlamentarias (lo que la constitución de 1980 original establecía como facultad presidencial para la Cámara de Diputados y fue eliminado en la negociación de 1989) permitiría a la ciudadanía dirimir los bloqueos parlamentarios al Presidente/a cuando no cuenta con mayoría en el Congreso. Esto no beneficia a nadie -ni a la izquierda, la derecha o al centro- y solo perjudica la capacidad de gobernar y paraliza la administración del Estado. El bloqueo, en cambio, aumenta el descrédito de la democracia como forma de gobierno. Son los que están en contra de que prevalezcan «mayorías circunstanciales«, sobre todo sino no son de su preferencia, los que consideran adecuados los bloqueos y empates. Dicho sea de paso, en democracia las mayorías son por definición “circunstanciales
”, dado que se conforman de manera periódica y competitiva. Si no fuera así, de nuevo se trataría de una dictadura.
Una quinta reforma significativa sería bajar los topes de gasto de campaña y establecer un piso de aporte público, lo que permitiría disminuir la influencia plutocrática del dinero en la decisión de voto, que aún permanece en niveles inaceptables y se ha agravado con la creciente concentración económica.
Las reformas mencionadas permitirían un mejor funcionamiento de las instituciones democráticas, sin importar la alineación con una u otra parte del espectro político. Lograrlas en el nuevo contexto, luego del fracaso de los procesos constituyentes en 2022 y 2023, supondría, no obstante, que la derecha renuncie a su reflejo de buscar ventajas institucionales para su campo político, y detrás para el poder económico que lo sustenta, de lo que no logra desprenderse.
