El legado de Pepe. La crisis de la salud primaria en España.

por Juan. G. Solís de Ovando

Fueron muchos, cientos de miles, probablemente, los que, en una España estupefacta, tuvieron la ocasión de llorar escuchando a Teresa, una enfermera que entrevistada en la radio decía más o menos esto: “Le tuve que pedir al médico jefe que me autorizara para ir a la calle. Necesitaba llorar. Llorar intensamente. Solo atinaba a decir: le fallé a Pepe. Le fallé. Era un paciente, y no estaba tan mal. Pero de pronto empeoró. Conversamos animadamente en la mañana cuando despertó y me pidió que le pusiera el móvil para conversar con su esposa. Estaba contento y yo también. Nunca olvidaré que apretaba mi mano en señal de agradecimiento. Pero al mediodía estaba muerto. A pesar de haber trabajado en turnos de doce horas y estar agotada, esa noche no pude conciliar el sueño.”

El testimonio de esa enfermera de un hospital de Madrid atochado de enfermos, realizando turnos agotadores, con enfermos que se asfixiaban por una pandemia que desconocían, con carencia de respiradores, oxígeno, camas, y la presencia no presencial pero constante de sus parientes solicitando información de su estado de salud, y el ruido constante de los vehículos que trasladaban a los fallecidos, era el de una persona entre los miles que debieron afrontar la parte más dura de la pandemia. Sin descansar lo suficiente. Sin tener, habitualmente, donde descargar sus penas, frustraciones y miedo. Cada día era encontrarse con enfermos desesperados, agónicos y, algunas veces resignados. Esa enfermera, en ese programa de la radio, en ese minuto, encarnaba a todos aquellas médicas, médicos, enfermeros, enfermeras, choferes de las ambulancias, y, en general a todos los sanitarios que les correspondió enfrentarse con la muerte cada minuto, de cada día, semana y mes en un año completo.

Los medios, haciéndose eco de lo que la gente sentía por ellos movilizaron el aplauso a los sanitarios a las ocho de la tarde de cada día. Fue un éxito de convocatoria. Detrás de esos aplausos escuchábamos la música gregaria que recuerda a los seres humanos lo que somos esencialmente: “somos tribu, clan, comunidad. No estamos solos. Ellas y ellos, los sanitarios nos defienden, nos cuidan”.

El Rey de España Felipe VI dijo refiriéndose a ellos que eran:

“la vanguardia de España en la lucha contra esta enfermedad, sois nuestra primera línea de defensa”, dedicándoles: “Un aplauso sincero y justo, que estoy seguro de que os reconforta y os anima”.

La muerte fue una compañera implacable, también con ellos. En el personal sanitario la Covid 19 se cobró numerosas víctimas que murieron para que sus pacientes se salvaran.

Cuando la crisis finalizó se les hicieron mucho reconocimiento de todo tipo y de toda clase. Estas palabras del periodista Fernando Onega fueron de las más expresivas:

Para ellos y para ellas no existe la palabra desaliento. El resultado de ese sacrificio lo llevamos clavado en el alma: más de un centenar de sanitarios fallecieron y más de 130.000 se contagiaron de coronavirus. Esta sociedad no fue insensible. Salió a las ventanas y a los balcones a aplaudirles cada día durante meses a las 8 de la tarde. Les hicimos el pequeñísimo regalo del afecto que nunca compensará la grandeza de su esfuerzo«.

Todo indica, sin embargo, que la gratitud duró un suspiro. Ahora, cuando no han pasado ni tres años desde que se decretó la normalización de la vida por haberse controlado la ola de contagios, nuevamente están los sanitarios en las calles de las ciudades de España, pero no para recibir los agradecidos aplausos de sus pacientes. Están allí reclamando por sus condiciones de trabajo. Están masivamente movilizados porque -dicen- sus condiciones de trabajo no les permiten trabajar adecuadamente con sus pacientes. Hablan, incluso, que no pueden ni siquiera garantizar servicios dignos.

Pero como no solo los virus se contagian sino también la rebeldía, las advertencias de los sanitarios y profesionales de la sanidad pública española de que, si no se llegaba a un mínimo de acuerdos para lograr incrementar la inversión en Atención Primaria y permitir condiciones de trabajo decente para el personal sanitario habría movilizaciones, se han hecho realidad. Desde este mes de enero las huelgas se extienden como por toda España.

Porque tras anunciarse los presupuestos que destinarán en sanidad para el 2023, ninguna de las comunidades autónomas cumple con las recomendaciones de la Unión Europea de destinar el veinticinco por ciento del presupuesto.

Las protestas que se expandieron como un reguero de pólvora por todo el territorio, encuentra en Madrid el lugar más conflictivo. Y no es de extrañar. La Comunidad de la capital de España es la que recibe el mayor porcentaje del PIB nacional y la que menos invierte en Atención Primaria según una tabla comparativa publicada por el Ministerio de Salud. También la que acumula la mayor cantidad de reclamos por parte de los pacientes. Las transformaciones de las urgencias extrahospitalarias, con abusivo predominio de la inteligencia artificial y dramática reducción de la atención presencial de los médicos se encuentra en situación crítica.

La gestión de Isabel Díaz Ayuso ha llevado a una huelga indefinida de los médicos de cabecera y de los pediatras de los otrora valorados centros de salud madrileños. Madrid, muestra la triste realidad de constituir la comunidad autónoma que invierte, en la actualidad menos dinero por paciente y la que cerró un mayor número de camas hospitalarias este verano, en momentos en que la ómicron volvía a mostrar los dientes.

Todo esto contrasta con la implementación de sistemas tributarios regresivos, injustos y fracasados como el que se anunció a fines del año recién pasado por la propia presidenta de la comunidad que rutilante anunciaba que implementaría un incentivo fiscal en favor de los que no hayan vivido en España durante los últimos cinco años y quieran invertir en la región. El beneficio puede afectar hasta el 20% del total invertido. Al poco tiempo la comunidad de Andalucía anunció una medida similar, constituyendo la región que le sigue en déficit de inversión pública en atención primaria. Ambas comunidades están gobernadas por el partido de la derecha el Partido Popular (PP). O sea, se trata de un modelo de política económica neoliberal que, en el Reino Unido le costó el puesto a la primera ministra Truss, de triste memoria.

Corresponde observar, sin embargo, que hay una gran diferencia de estilos de gobierno entre ambas: mientras para Díaz Ayuso (comunidad de Madrid) las protestas son el resultado de acciones ideológicas de comunistas y sindicalistas bolivarianos, Juanma Bonilla (comunidad de Andalucía) destaca por su actitud dialogante y mesurada. Esto obviamente repercute en los niveles de conflictividad, aunque en esa comunidad es la que dispone de menos camas hospitalarias por cada mil habitantes y hay que esperar un promedio de tres meses para ser atendido por un especialista.

Con todo, sería un error afirmar que los conflictos relacionados con la sanidad pública están solo relacionados con las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Además, sería falso. Estos conflictos se extienden a siete comunidades autónomas, incluidas entre estas, las de Cataluña y País Vasco.

Y lo que tampoco es privativo de algunas regiones es que preside esta conflictiva situación la política nefasta de tratamiento y diseño de los modelos de provisión y cuidado de los profesionales de la salud pública lo que se ha traducido en una sangría constante de profesionales de la salud del sector público al privado y de España a otros países de Europa y otros continentes.

Es el resultado de las políticas de desmantelamiento del personal sanitario que tras las medidas que escondidas en eufemismos tales como modernización, externalización o racionalización pusieron a la sanidad pública en el peor de los mundos: con dotaciones de médicos cada más exiguas que deben atender a cada vez un número mayor de pacientes. De esta realidad no se escapa ni siquiera Navarra, que aun siendo una de las mejor valoradas por la opinión pública los médicos han denunciado repetidamente que se encuentran en estado de desbordamiento a causa de la sobrecarga de trabajo. Ha anunciado ya una huelga para principios de febrero, para denunciar la falta de facultativos en la región.

Situación similar a esta experimentan los médicos catalanes que representados por el sindicato Metges, han descrito la situación como insostenible, anunciando un paro indefinido para fines de enero. De igual modo en Aragón se anuncian paros para el 23 y 24 de enero si no se solucionan problemas concretos como las mejoras en las condiciones de trabajo de los trabajadores sanitarios implementando entre otras medidas las de limitar los pacientes totales (tarjetas sanitarias) que cada médico o pediatra debe atender. En Valencia los médicos solicitan la contratación de personal sanitario y reducción de las jornadas semanales.

En todos ellos se repite el mismo diagnóstico: la sobrecarga que pesa en los médicos de cabecera y el consecuente deterioro del servicio que provoca una cascada de pacientes que no son atendidos correctamente por falta de tiempo en las consultas. Reclaman que en la atención primaria de Madrid un médico ve más de 50 o 60 pacientes en su jornada laboral.

Frente a esta situación el  sindicato que agrupa a la mayor cantidad de facultativos aclara que la crisis no tiene por causa la falta de médicos: «en Madrid se ha tenido, en los dos últimos años, la oportunidad de fidelizar a 443 nuevos médicos de Familia que terminaron su residencia, pero apenas 37 eligieron los contratos ‘estables’ que les ofrecía la Consejería de Sanidad; en el caso de los pediatras, de 155 que terminaron en 2021 y 2022, tan solo seis eligieron estos contratos de la Administración».

Muchos recuerdan que en la crisis del 2008 las políticas de shock del gobierno de Rajoy terminaron por precarizar el trabajo de los profesionales, entre ellos los médicos, y personal sanitario en general.

Es cierto que la crisis provocada por el Covid 19 está en el fondo de estos problemas, pero no es menos cierto que este vino a gatillar los problemas estructurales que se depositaban en el fondo.

Porque los españoles hasta que la pandemia invadió los espacios sanitarios se sentían con razón orgullosos de su sistema de salud pública. Los estudios que elabora la OCDE sobre los sistemas de salud, el español destaca por varias razones: es uno de los países con mejor sistema de prevención y con un alto grado de confianza y se encuentra por encima de la media en el acceso a la salud, y aunque es de los que invierte menos por habitante es más eficiente que otros.

Por eso es fundamental poner el foco en que no es el sistema de salud en su totalidad el que está en crisis sino la salud primaria. Y por eso también, son indicativos los datos del Barómetro Sanitario del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que pone en evidencia que es en la atención primaria donde al sistema se le empiezan a saltar las costuras. Porque es allí donde se encuentra la puerta de entrada al sistema. Y los números son elocuentes: siete de cada diez personas tuvieron que esperar más de dos días para ver a un médico y solo un veinte por ciento fue atendido en la misma jornada. La mitad de todos ellos sufrió una demora de más de una semana y un dieciocho por ciento esperó una semana para ser atendido por un médico de familia, el doce por ciento esperó ocho días y el veintitrés por ciento por encima de los once días. Estos tiempos de espera superan en cuarenta por ciento los existentes antes de la llegada del Covid 19.

La pandemia ha sido el detonante de años de reivindicaciones desatendidas en un sistema desgastado. Porque si bien la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la fortaleza del sistema público de salud también ha evidenciado que los retos y dificultades a la hora de abordar estas crisis sanitarias requieren respuesta rápida, anticipación y coordinación de los territorios con el resto del país.

Como se ve hay elementos estructurales y de coyuntura. Los primeros tienen que ver, finalmente, no tanto con la salud pública sino con la salud del estado de bienestar, que es en gran medida donde se juega la pertinencia de un modelo: la acción de los servicios públicos que satisfaciendo y mejorando las condiciones socio económicas de la población son percibidas como la manifestación de la distribución de la riqueza y la prosperidad general por los ciudadanos. Y esto se logra porque el estado es definido como un espacio de derechos compartidos y no uno más de los que sirven para comprobar la eficiencia de los mercados que, buscando el lucro, consigue abaratar precios cuando la competencia puede ser perfecta.

Los segundos, o sea los coyunturales, serán el resultado del debate en el marco del año electoral en el que estamos. Es aquí y ahora donde se debatirán los grandes modelos que los ciudadanos deberán elegir en las elecciones autonómicas y locales y las generales más tarde.

Los españoles seguramente agradecerán que el debate tenga la relación más directa posible con las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos y no de la bronca cutre de políticos cutres que buscan emporcar el diálogo para evitar que la gente pueda hacer escrutinio de los modelos de vida implícitos en los proyectos políticos. Debate sí. Pero debate sobre las preocupaciones sensibles de la España actual.

Teresa ahora está en huelga, junto a una pancarta, reclamando un contrato decente, y turnos que le permitan llevar una vida lo más normal posible. Por un momento sintió que la mano cálida de Pepe volvía a apretar sus dedos fríos. Porque las calles se empiezan a vaciar y hace frío aquí en Madrid.

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