En el imaginario de algunos, Chile se ha transformado en un país invivible. Esa pareciera ser la consigna de algunos sectores que buscan impactar a la opinión pública. Sin ir más lejos, es el tono del discurso de la candidata de Chile Vamos. Este país es un desastre, dice, el gobierno actual lo ha arruinado, asegura. Ya no se puede vivir aquí, pareciera pensar. Al menos que ella sea elegida presidente y nuevamente lo haga funcionar, por supuesto. ¿Cuáles son, entonces, las bases para tamaña sentencia? Simple: la falta de seguridad y de crecimiento económico. Me interesa la seguridad.
Para empezar, consideremos dos ideas: la primera, es aceptar que, en términos de seguridad ciudadana frente a los fenómenos delictuales, Chile vive un proceso complicado, con el aumento de homicidios y la aparición de nuevas formas del crimen organizado, como por ejemplo la extorsión, el secuestro y el sicariato. La seguridad en la vida diaria de las personas pareciera estar amenazada en forma creciente, lo que se evidencia en la amplia y morbosa cobertura que los medios masivos de comunicación ofrecen al público, repitiendo una y otra vez, sin distinción de momentos ni tiempos, las imágenes de portonazos, encerronas y balaceras. Se observa, también, en las encuestas de opinión pública que muestran este tema como la principal preocupación de los chilenos. Desde esta perspectiva, el discurso catastrofista puede tener sustento. Sin embargo, hay que agregar a esta constatación, una segunda: las formas de criminalidad que estamos viendo en Chile provienen básicamente de la expansión del crimen organizado internacional y su estrategia de capturar nuevos mercados y formas de hacer negocios. En forma incipiente, lo que enfrentamos ya ha sido instalado en países como México y Colombia durante décadas con sus enormes carteles de drogas, así como en Brasil y el poderío que alguna vez tuvieron sus bandas (o todavía lo tienen, no lo sé), y recientemente en países vecinos como Ecuador, Argentina o Perú. Y, por supuesto, este no es un proceso que se desarrolló solo en los últimos tres años, sino que viene desde, a lo menos, una década.
Tal vez el único reproche serio que podría hacerse al actual gobierno es que, en el primer año, no prestó toda la atención necesaria a los temas de seguridad y, particularmente, diría, al uso de la fuerza y el fortalecimiento policial. Sin embargo, es evidente que, a partir del cambio de gabinete realizado después del primer plebiscito constitucional, hubo un giro drástico en la política de gobierno. Se abrió paso a un acuerdo legislativo amplio para fortalecer las leyes contra el crimen organizado cuyo éxito, por supuesto, fue el fruto del diálogo y consenso logrado entre oposición y gobierno. Se implementaron medidas de emergencia para contener la violencia en la macro zona sur y controlar la frontera norte, a partir de decretar estados de emergencia en ambos lugares, fortaleciendo los medios policiales, militares y tecnológicos, y se activaron formas de participación de la comunidad y el estado en estas tareas, como los reforzamientos de aduanas o la conformación de una comisión de amplísimo espectro para buscar una solución más estructural a los ejes históricos del conflicto en el sur. Como nunca antes el gobierno implementó una política de apoyo efectivo (no meras declaraciones) a Carabineros y las policías, mejorando y modernizando su equipamiento (armas, vehículos, trajes especiales, etc.). De hecho, la revisión de los datos de criminalidad pareciese mostrar que, al menos, se habría roto la tendencia al alza, por ejemplo, de los homicidios.
Sin duda, el gran aporte de este gobierno tiene dos aristas: la primera, enfrentar el tema como una política de estado compleja, multisectorial y pensada en términos de corto, mediano y largo plazo; y la segunda, reconocer una carencia conceptual y política de la izquierda y el progresismo al hacerse cargo de combatir la delincuencia y el crimen, aceptando que es primera prioridad para nuestro sector pensar, disponer y aplicar políticas efectivas que garanticen la seguridad de las personas en su vida diaria. Lo dijo en su momento el presidente Boric: debemos trabajar por la seguridad de los ciudadanos y eso implica combatir con toda la fuerza el crimen organizado. Tal como se lo escuché hoy a la ex ministra del interior, hay que derrotar a la delincuencia activa (y se ha hecho: recordemos juicios contra las dirigencias del Tren de Aragua o Los Gallegos, o los principales líderes de la agrupaciones que proclaman la lucha armada en la Araucanía), pero también hay que asegurar que no puedan seguir reclutando sus soldados, lo que pasa por más desarrollo social, por el cuidado de las ciudades y poblaciones, por la inclusión justa de muchos chilenos a los beneficios del desarrollo.
Me queda la impresión que todo este esfuerzo será minimizado por la oposición intentando instalar la idea que el éxito en la lucha contra el crimen organizado depende de la actitud y no de hacer las cosas correctas. En sus discursos pareciera que el tema se resuelve fácil. Pero esta convicción no resiste el menor análisis. El desarrollo de las nuevas formas de criminalidad ha transitado por distintos gobiernos. Se había advertido hace tiempo, pero recién hoy empezamos a modernizar las instituciones para poder enfrentarlo en forma moderna. Y todavía faltan aspectos claves como las reglas de uso de la fuerza (las policías deben sentirse seguras en el uso exclusivo que tienen de la fuerza, incluida la letal, para ejercerlo) o como las leyes que permitan seguir la ruta del dinero del crimen organizado (acceso a sus cuentas corrientes y flujos de valores; todavía se tramita la ley que permite levantar el secreto bancario). Me temo que esta discusión atravesará este año electoral y lo hará de la peor manera, simplificando una discusión compleja, eludiendo o relativizando los logros obtenidos, trabando iniciativas legislativas para demorar su aplicación, etc. La derecha no está dispuesta a soltar “la papita” que tiene en las manos y, si para eso es necesario tergiversar, omitir o simplemente mentir, lo hará. Es lamentable, pero es así.
Por eso la declaración que emitió la CPC es tan irresponsable y solo sirve para alinearse a la estrategia que intenta convencernos de que estamos en un país donde el estado ha perdido el total control de la seguridad. A veces me asaltan dudas respecto de cómo se gesta el alineamiento derecha / empresariado institucional. ¿Qué será primero, el interés de los empresarios o el de los políticos? No es responsable afirmar que en Chile se vive en el descontrol y haya que emplazar al gobierno a hacerse cargo. El gobierno lo ha hecho; lo ha hecho el estado; incluso los vilipendiados parlamentarios de diverso signo lo han hecho. ¿Falta mucho por hacer? Por supuesto, pero este es un proceso que requiere tiempo y soluciones difíciles, a las cuales hay que hacerle frente, con menos discursos y más acciones. Al menos este gobierno, tiene hechos que acreditar y que han funcionado.
