Lejanos están los días, inmediatamente posteriores a la instalación del gobierno de Boric, cuando la derecha se comprometía a una “oposición constructiva” que no iba a repetir los extremos a que habría llegado la oposición a Piñera. Recordar hoy ese compromiso resulta hasta patético.
Veamos la evolución del debate en torno a la reforma tributaria. A pocos meses del estallido de octubre 2019 se dio un amplio consenso respecto de la urgencia de elevar la carga tributaria, tanto para abordar las urgencias sociales como para retomar mayores niveles de crecimiento. Economistas liberales de la talla de Vittorio Corbo y Rodrigo Vergara, ambos expresidentes del BC, concordaban en que se requería elevar la carga tributaria en 4 a 5 puntos del PIB, por cierto, haciéndolo de modo gradual. Alfonso Swet, presidente de la CPC, decía por entonces “sabemos que tenemos que agrandar nuestras manos, meternos las manos al bolsillo y que duela”.
Nuestra carga tributaria es demasiado baja
Las cifras de nuestra radiografía tributaria eran elocuentes:
- La presión tributaria (recaudación/PIB) de Chile es de las más bajas de la OCDE (22% versus 33,8%)
- Esta presión tributaria es inferior a la media de la OCDE cuando estos países tenían similar ingreso per cápita al nuestro. La brecha es de 2 puntos de PIB con Australia y 9 puntos con Canadá y Nueva Zelanda.
- La tendencia de la presión tributaria crece a lo largo del tiempo en la OCDE, en tanto en Chile es constante desde 1990. Durante 30 años esta presión tributaria ha oscilado entre 22 y 23% del PIB.
- La brecha es considerable: es de 13 puntos porcentuales si se excluyen las contribuciones obligatorias en ahorro para las pensiones de los ingresos tributarios y de 5 puntos si se las incluye.
¿Por qué es necesario aumentar la carga tributaria?
Las razones son múltiples y variadas. Por de pronto, las cuentas fiscales enfrentan un déficit estructural de un punto del PIB desde hace demasiados años, por ende, cerrar esa brecha y limitar el endeudamiento externo e interno al que se recurre para financiar esa brecha es fundamental para proveer de estabilidad al escenario macroeconómico.
A continuación, lo más urgente es financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU), a la que se la busca incrementar en monto y cobertura. La propuesta del gobierno es elevar el monto de la PGU desde los actuales $194.000 a $250.000, un incremento del 29%, y hacerla universal. Por cierto, este operaría como un instrumento decisivo para combatir la pobreza, considerando que la mediana de las pensiones que entregan las AFP ha sido de sólo $ 64.000 entre 2007 y 2021. Por cierto, este importante instrumento requiere un importante financiamiento, el que Hacienda calcula en 1/3 de los ingresos que recaudaría la reforma tributaria. Dicho de otra forma, sin nuevos impuestos permanentes ese incremento de la PGU no será posible. De hecho, la PGU ya en 2022 costó US$ 2.000 millones, suma que no estuvo plenamente incorporada en el presupuesto que se aprobó en 2021 y fue necesario financiarla con reasignaciones y con ingresos adicionales y transitorios que surgieron de la operación renta 2021.
Cuando el ministro Marcel recordó este hecho, la derecha encontró un nuevo motivo para restarse de las conversaciones sobre el pacto fiscal. Marcel indicó que la PGU actual cuesta un punto del PIB y que los ingresos tributarios que se consideraron para financiarla cubrían sólo 2/3 de esa cifra. Universalizar la PGU agregaría un costo de 0,7% del PIB, con lo cual la brecha a financiar ascendería a un punto del PIB. Si a eso agregamos el punto PIB del déficit estructural, entonces estaríamos hablando de un déficit estructural que ascendería a 2 puntos del PIB. La irresponsabilidad y el populismo de la derecha quedó en evidencia cuando en la Cámara de Diputados bregaron en noviembre 2022 para que el incremento de la PGU empezara a operar desde el 1 de enero del 2023 pero sin hablar una palabra sobre su financiamiento.
Cuando el ministro Marcel recordó este hecho, la derecha encontró un nuevo motivo para restarse de las conversaciones sobre el pacto fiscal.
Pero más allá de resolver el déficit estructural y el financiamiento de la PGU, es evidente que se requieren más recursos para las tareas de seguridad (equipamiento de Carabineros en vehículos, armamento, chalecos protectores, instrumentos tecnológicos, retenes y nuevas comisarías y la logística asociada) y para las de salud (especialistas en postas y en regiones y equipamientos para reducir las listas de espera). Por último, son más que evidentes las necesidades que hay que cubrir en materia de infraestructura y educación, entre muchas otras.
Por de pronto, al hablar del “pacto fiscal”, Hacienda mencionó las siete prioridades que se atenderían con los recursos provenientes de la eventual reforma tributaria:
- Elevar monto y cobertura de la PGU
- Reducción en listas de espera en atenciones quirúrgicas y consultas de especialidades
- Fortalecimiento de la atención primaria y la salud mental
- Financiar la sala cuna universal
- Financiar el inicio del sistema nacional de cuidados
- Inversión en seguridad ciudadana
- Compensación a profesores afectados por la municipalización
Argumentos y oportunismos de la derecha en torno a la reforma
Este año ha sido fecundo en movidas opositoras destinadas a bloquear a todo evento la reforma tributaria. Antes que nada, la consideran innecesaria (volveremos sobre este punto) pero también se han negado al diálogo: rechazaron la ida de legislar en la Cámara y han bloqueado el debate cada vez que se les ha presentado la ocasión. Cuando Marcel recordó que la PGU de este año no estaba totalmente financiada, dejaron de concurrir a una reunión que habían comprometido con Hacienda; cuando Marcel se reunió con los empresarios, los parlamentarios de derecha bloquearon nuevamente las conversaciones, alegando que los acuerdos había que concordarlos con ellos y no con los empresarios.
Entretanto el gobierno ha transitado desde una reforma tributaria a un pacto fiscal que además de la reforma tributaria incluye incentivos a la inversión y al crecimiento y la modernización del estado. Estos dos últimos ejes constituyen un guiño a las inquietudes empresariales y de la derecha. En cada uno de estos dos ejes Hacienda está aportando una batería de propuestas, respecto de las cuales aún no se conocen respuestas precisas ni de la derecha empresarial ni de la política.
La derecha sigue creyendo que la reforma tributaria es innecesaria por los siguientes argumentos:
- Más impuestos afectarían el crecimiento, que sería lo más importante. Falso, eso depende de qué impuestos aumenten, en qué montos y en qué se usen los recursos obtenidos,
- El crecimiento aportaría más recursos tributarios que un aumento de impuestos. Lo que importa es el crecimiento potencial y ello no se resuelve en un par de años.
- Recuerdan la desprestigiada “curva de Laffer” (reducción de impuestos aumentarían el crecimiento y por esa vía el estado recaudaría más ingresos tributarios que los que obtendría elevando impuestos). Esta pretendida curva está absolutamente descartada en los medios académicos de Estados Unidos y de Europa.
- Existiría un “bolsón de grasa” en el Estado que habría que eliminar y ello generaría ahorros por hasta 2 puntos del PIB. La derecha encabezó dos gobiernos y nada hizo al respecto. El argumento además es erróneo. Es cierto que siempre hay espacios de ineficiencia que se deben abordar en el Estado, pero suponer que ello pueda aportar 2 a 3 puntos del PIB de manera permanente es populismo puro.
- Más que elevar impuestos, habría que ampliar la base de los contribuyentes. Es decir, hasta ahora, quienes perciben menos de $ 800 mil mensuales no pagan impuesto a la renta y la derecha desea que esos sectores medios empiecen a pagar impuestos. Es decir, inconsistencia pura; a mí no me aumenten los impuestos, pero sí a los sectores medios
No hay espacio en esta columna para desbaratar cada uno de estos ideologismos (lo abordaremos en un artículo próximo). Digamos solamente que la reforma tributaria de 1990 recaudó 2 puntos del PIB, elevó el impuesto al capital de 0 a 10%, con una tasa adicional de 5% por cuatro años, es decir, llevándolo de 0 a 15% y además de elevar el IVA del 16 al 18%, elevó también la tasa del impuesto a las personas en los tramos intermedios. El resultado fue un aumento en las tasas de ahorro y de inversión y el mejor período de crecimiento en nuestra historia económica.
También en esa época, Longueira y Jaime Guzmán amenazaron con las penas del infierno, que “Chile ingresará al camino al subdesarrollo y la pobreza”. La UDI y la Sofofa hablaron de que “se hipotecaba el futuro del país”.
Nada nuevo bajo el sol.
