Desde luego no el verdadero “portonazo político” protagonizado por la derecha y la nueva derecha para deshonrar un compromiso que pocos días antes afirmaron que cumplirían. Una vergüenza, que lesiona gravemente el modesto prestigio del que aún gozaba el Senado. Desechar un acuerdo de administración suscrito hace dos años, por motivos pueriles, en base a una mayoría circunstancial, que no necesariamente es expresiva de la voluntad popular, es una muy mala señal para el país. La derecha ha cerrado las puertas al diálogo y la búsqueda de acuerdos, privilegiando sus propios intereses por sobre la gobernabilidad futura. Con una política obstruccionista, apuesta al fracaso del gobierno, pensando que el poder está a la vuelta de la esquina. Intenta proyectar una imagen catastrofista de Chile. De una economía estancada, crisis de seguridad y corrupción generalizada durante el peor gobierno de nuestra historia. Es una muy mala apuesta, que tan sólo puede traer mayor polarización e ingobernabilidad no tan sólo en el presente sino también a futuro.
Aunque algo predecible por señales previas, es más que lamentable que dos senadores- Ximena Rincón, que tan solo hace unos años se postulaba como candidata presidencial del mundo progresista, y Matías Walker-elegidos como tales en las filas de la DC, hayan decidido plegarse a esta maniobra. Son comprensibles sus razones políticas, luego que decidieran sumarse a la derecha tras renunciar a su partido. Pero en política, no todo vale.
El gobierno de Gabriel Boric ha cometido errores. Qué duda cabe. Pero también ha tenido grandes aciertos, como su compromiso con la seguridad ciudadana, su política social y la responsabilidad fiscal, y ha cosechado algunos éxitos, que llevan a sostener al presidente que el país está mejor que hace dos años, cuando debió asumir el poder en medio de una grave crisis económica, un fuerte estallido social, una inmigración descontrolada, graves casos de corrupción que comprometen a varios municipios, en su mayoría controlados por la derecha y que hoy alcanzan al ex director de la policía de Investigaciones, al entorno próximo del expresidente Piñera, incluido como protagonista Luis Hermosilla, que se presentaba como su abogado de confianza. Chile está mejor que hace dos años. No en vano, el apoyo al presidente se mantiene en un estable 30 %, claramente superior al de su antecesor en igual período.
El país retoma la senda del crecimiento
Sí, existen fundamentos para sostener que el país está mejor que hace dos años. Desde luego en materia económica, como lo ha ratificado el ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacando no tan sólo el IMACEC de 2023, que marcó un crecimiento de 0.2 %, sino también el de enero de este año, con una tasa de 2,5 %, que tiende a ratificar las proyecciones de crecimiento en esa dimensión o superior para 2024.
Con todo, tanto la derecha como dirigentes empresariales se esfuerzan por proyectar una imagen catastrofista del país, afirmando que la economía está estancada y que las cifras de crecimiento dadas a conocer por el Banco Central son “decepcionantes”. En verdad, un modesto crecimiento de 0.2 % el 2023 no amerita celebraciones, pero sí alienta que el país pueda retomar la senda del crecimiento. El gobierno ha mostrado un claro compromiso con la reactivación de la economía, tras un duro pero indispensable ajuste, que ha permitido controlar la inflación y generar las bases para un despegue. El propio pacto fiscal propuesto por el ejecutivo incluye importantes medidas procrecimiento y el ministro Marcel ha anunciado nuevas medidas, entre otras la reducción de los plazos de aprobación de nuevos proyectos de inversión, que se darían a conocer en los próximas días o semanas.
No ayudan para nada a este esfuerzo, los mediáticos asertos de algunos economistas de derecha, como Klaus Schmidt-Hebbel, señalando que los resultados de la actual política económica emulan a los del gobierno de Salvador Allende, en un contexto tan disímil. Los empresarios debieran ser los primeros interesados en inyectar confianza y optimismo en las potencialidades de crecimiento de la economía, abriéndose a nuevos acuerdos que impulsen su reactivación.
Sin embargo, la derecha y no pocos sectores empresariales parecen estar más interesados en el fracaso del actual gobierno, con una clara postura obstruccionista y cerrada a cualquier acuerdo, tal como ha quedado en evidencia en el debate sobre la reforma previsional y el nuevo pacto fiscal propuesto por el ejecutivo. Y no dudan en usar el sensible tema de la seguridad ciudadana como arma política para desacreditarlo.
La crisis de seguridad en perspectiva
Es innegable que nuestro país, al igual que la mayoría de los de la región, enfrenta una severa crisis en la materia. Pero también es cierto que Chile sigue teniendo una de las tasas más bajas de asesinatos por cada 100.000 habitantes de la región y que, a diferencia de varios de ellos, la policía puede exhibir importantes avances en el combate a la delincuencia y el crimen organizado. Pero es crucial reconocer que esta es una crisis global, que ningún país puede resolver en solitario. Como nunca, se requiere de mayor cooperación entre los estados y las policías para enfrentar la amenaza del crimen organizado y los efectos de una inmigración descontrolada.
El gobierno ha acentuado un sólido compromiso con el tema de la seguridad ciudadana, avalado por la aprobación de más de 50 nuevas leyes sobre la materia. Ciertamente ello no basta ni es suficiente para abordar el desafío con medidas eficientes. Al igual que en materia económica, hay un largo camino que recorrer para garantizar una mayor seguridad para la población. Ello no pasa por apartar a las FF.AA. de las funciones que les asigna la constitución y las leyes, por más que puedan contribuir con la protección de la infraestructura crítica, como se ha propuesto en un proyecto que se debate actualmente en el parlamento. Ni por mayores estados de excepción constitucional. Sí, por reforzar y modernizar los servicios policiales, mejorando sus vínculos con la ciudadanía organizada, con mayor despliegue en zonas críticas, como las comunas populares de la capital y las regiones extremas del país. Reforzar la protección de las fronteras, puertos y aduanas. La inteligencia nacional y los servicios financieros encargados de controlar el lavado de dinero. Por cierto, todo aquello requiere de mayores recursos, pero, sobre todo, de una política integral en materia de seguridad que sea asumida como una política de estado, más allá de las disputas políticas y los discursos simplistas, caldo de cultivo para la demagogia populista.
¿Se puede avanzar hacia un estado social y democrático de derechos?
Aunque se cuestione por reiterativo, en materia social el gobierno puede exhibir importantes logros, como el incremento del salario mínimo y la pensión básica universal, además de la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Ciertamente resta mucho por avanzar y responder a expectativas latentes. Entre otros pendientes, con la largamente debatida reforma del sistema previsional, la reforma de la salud y la reducción del empleo informal. La ministra del Trabajo ha llamado a remunerar adecuadamente el empleo, como la manera más eficaz de reducir la informalidad, generando todo tipo de críticas por parte de sectores empresariales. Sin embargo, es más que evidente que las rentas del capital superan ampliamente a las del trabajo y no son pocas las familias chilenas que deben optar entre pagar un arriendo o comer. Especialmente aquellas en que tan sólo uno de sus integrantes tiene un empleo remunerado, con un sueldo mínimo. Tal es el caso de mujeres jefas de hogar o inmigrantes, que optan por ingresar a campamentos, en condiciones paupérrimas y muy poco seguras, como ha quedado en evidencia en comunas como Maipú o Alto Hospicio. Todo ello sin contar con aquellas personas que deben vivir en situación de calle como estrategia de supervivencia. No es aceptable que un número significativo de personas enfrenten esas miserables condiciones. Resulta imperioso que el país pueda ofrecerles alternativas dignas de subsistencia.
Mucho se ha hablado que nuestro país debe avanzar hacia un estado social y democrático de derechos y no pocos dicen compartir dicha propuesta. Pero ello es letra muerta sin nuevo pacto social, como mayor justicia tributaria, en donde se garanticen antiguos y nuevos derechos, como la salud, la educación, la vivienda, ingresos y pensiones dignas, protección de la infancia y la tercera edad. La mayor justicia tributaria apunta necesariamente a una distribución más equitativa de los ingresos. Esas prioridades esenciales en democracia caminan de la mano con el respeto a la diversidad sexual, los credos religiosos y las ideologías. Y no se contraponen con el control migratorio y políticas de acogida para los inmigrantes legales.
Aquel horizonte estuvo en el origen y dirección de las reformas propuestas por el actual gobierno, encontrando una cerrada oposición de la derecha, que ha defendido con tesón no tan sólo la actual institucionalidad sino, muy fundamentalmente, el modelo económico neoliberal y el famoso estado subsidiario. Así la administración actual enfrenta exigentes desafíos transitando la segunda mitad de su mandato. Reiterativamente, en seguridad ciudadana y orden público, reactivación económica, reforma previsional, y a la salud, con aquel necesario nuevo pacto fiscal. Sin abandonar la pendiente reforma del sistema político y una renovada agenda en materia de probidad y transparencia, con particular énfasis en los municipios y el funcionamiento del mercado y las instituciones. A todas luces, una agenda muy sustantiva que hoy está en suspenso.
El incidente delictual mayúsculo protagonizado por el director general de Investigaciones, Sergio Muñoz, que llevaran a su renuncia y procesamiento, es de la máxima gravedad. No tan sólo porque compromete la fe pública, sino la propia probidad de las instituciones. El caso del director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, no siendo equivalente, es más que delicado. No es sostenible que pueda mantenerse en funciones luego de ser formalizado. Haría bien el mandatario en recoger la insinuación del ministro de Justicia de considerar su renuncia antes que su formalización marque la inflexión a la que se ha referido el gobierno. Por el bien futuro y necesario de la institución policial.
