Se produjo una recesión de -0,2% de la actividad económica en 2023, lo que será refrendado más adelante con la publicación de las cifras de PIB por el Banco Central. Es el comercio el que, con una caída de -3,2% de su actividad respecto a 2022, explica sectorialmente la recesión, signo de un problema en el consumo de los hogares. La producción de bienes aumentó, en promedio, en 0,9% y la provisión de servicios en 1,1%. La caída de la recaudación tributaria por la menor actividad (las recesiones nunca son buenas para las finanzas públicas, contrariamente a lo que sostiene la ortodoxia) y por menores ingresos desde la minería estatal y privada, derivó en un déficit fiscal de -2,4% del PIB. Este ayudó, en parte, a empujar como “estabilizador automático” la demanda interna y el empleo en la segunda parte del año -la menor actividad hace caer los ingresos y, a gasto constante, un mayor déficit aumenta el impulso fiscal al gasto agregado en la economía- aunque la inversión pública en 2023 fue muy poco dinámica, con solo un 82% de ejecución, lo que revela un problema de gestión.
En 2023 la ocupación promedio anual, según la encuesta del INE, aumentó en 2,4%. Así, el empleo mostró una importante resiliencia frente a la caída de la actividad económica medida por el Imacec. El aumento fue, no obstante, inferior al 6,7% de 2022 y al 5,5% de 2021, después de la fuerte caída de -12,3% del empleo en 2020. A los 258 mil empleos netos adicionales se sumó que el número total de horas trabajadas se incrementó en un 2,6% anual. No obstante, la tasa de desocupación alcanzó en el cuarto trimestre de 2023 un 8,5% de la fuerza de trabajo, cifra un 0,6 punto porcentual superior a la de hace un año. Antes de la crisis de la pandemia, la tasa fue de un 7,1% y hace una década de un 5,8% de la fuerza de trabajo. La diferencia es significativa. Las personas ocupadas informales, a su vez, aumentaron un 3,5% en el año, especialmente las mujeres, con un incremento de 7,2%. Por sector económico, aumentó especialmente la informalidad en el alojamiento y servicio de comidas (21,9%) y en el comercio (4,2%).
El crecimiento y la recuperación del empleo desde la segunda parte de 2020 ya no habían sido suficientes para volver a una tasa de ocupación de la población en edad de trabajar (15 años y más) al menos equivalente al nivel previo a la crisis de la pandemia de Covid-19. La recesión de 2023 no ayudó en la tarea. La tasa de ocupación sobre la población en edad de trabajar alcanzó solo a un 56,6% en el cuarto trimestre de 2023, a comparar con el 58,6% en el mismo trimestre de 2019.
El frenazo de 2022 y la recesión de 2023 no eran en absoluto indispensables para bajar la inflación y fueron fruto de una política monetaria restrictiva y de una política fiscal primero de ajuste brutal (-24%) y luego de baja expansión del gasto público (1%) que terminaron dañando el consumo y la inversión. La disminución de la inflación se produjo por los mismos factores que la habían causado primordialmente, es decir primero el aumento en 2021 y parte de 2022 y luego la disminución en 2023 de los precios externos claves de alimentos y combustibles. El aumento de la demanda interna de 2021 se debió a factores que ya no existieron desde 2022, los retiros y subsidios de emergencia.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en diciembre de 2023 en doce meses un aumento de 3,9%, en contraste con el aumento de 12,8% a diciembre de 2022. El promedio semestral del IPC mensual se situó en 0,3% en la segunda parte del año, un 3,7% anualizado (el promedio era del doble en marzo). Si consideramos el IPC sin alimentos y energía (SAE), de mayor volatilidad, es decir la «inflación subyacente» que usualmente toma en cuenta de manera prioritaria la política monetaria, la inflación alcanzó un promedio semestral de 0,15% mensual, un 1,8% anualizado. El IPC de los bienes no transables internacionalmente, esencialmente servicios, llegó a solo un 0,25% mensual promedio, un 3% anualizado, evidenciando adicionalmente la ausencia de presiones de demanda interna.
Se completó así en 2023 un proceso de «desinflación» en Chile (es decir un menor ritmo de incremento de los precios, a no confundir con una «deflación» constituida por una caída general de los precios). El peor momento fue la inflación anual de agosto de 2022, con un registro de 14,1%, después del impulso inflacionario iniciado en el primer semestre de 2021 por los impactos de la salida de la crisis Covid en las cadenas de suministro y el transporte internacional, y luego su aceleración por la invasión a Ucrania en febrero de 2022. El mayor impacto acumulado de los aumentos de precios desde enero de 2021 se concentró en las divisiones de alimentos, restaurantes y hoteles y en el transporte, con un nivel de precios que es un 36-37% superior al previo al brote inflacionario. Estas divisiones están altamente influenciadas por los precios de bienes finales o insumos importados. En contraste, el IPC general aumentó en 25%.
Las remuneraciones nominales lo hicieron a un ritmo mucho menor al del IPC de los alimentos y el transporte, creando la percepción de pérdida de poder adquisitivo en la población, aunque las remuneraciones reales, con oscilaciones, aumentaron en 2023 en 1,9%. Esto es positivo para los asalariados, pero también para la economía en su conjunto, pues contribuye al consumo de las familias, el principal componente de la demanda agregada, de la que depende en el corto plazo la producción y el empleo. Las remuneraciones reales no habían disminuido en la crisis de la pandemia (crecieron en 0,6% en 2020) y luego presentaron un aumento (1,0% en 2021). El brote inflacionario produjo una caída (disminuyeron en -1,8% en 2022), lo que se revirtió en la primera parte de 2023 con la menor inflación y los pactos salariales.
El Banco Central de Chile ha mantenido una política monetaria altamente restrictiva desde marzo de 2022 y llevó la tasa de interés de política monetaria desde el 5,5% en esa fecha hasta un 11,25% en noviembre de 2022, buscando deprimir la demanda interna. Empezó a relajar este exceso a partir de agosto de 2023 y ha llevado la tasa hasta un 8,25% en diciembre, con una inflación subyacente (SAE) que se sitúa nada menos que desde septiembre pasado por debajo del 3% anual, que es la meta del Banco Central a 24 meses. Hubo un sobreajuste cuya consecuencia es que creció muy poco la economía en 2022, ayudada por una política fiscal de fuerte restricción a la baja, y se estancó en 2023. Si bien las decisiones del Banco Central y de la autoridad económica poco pueden hacer frente a las variaciones de los precios externos, salvo estabilizar algunos por un tiempo, en cambio inciden fuertemente en el nivel de actividad interna.
El alza de tasas fue una respuesta estándar frente al fuerte crecimiento de la demanda interna en 2020-21, aunque la reacción de la oferta funcionó bastante bien ante este aumento súbito, superior al de 1971. Incluso el sector de servicios de comunicaciones expandió sus ventas y al mismo tiempo bajó sus precios. Situaciones parecidas de respuesta de la oferta que contribuyeron a la desinflación se registraron en Estados Unidos (Konczal, 2023).
Más generalmente, Gagnon y Sarsenbayev (2022) sostienen, con abundante evidencia empírica, que ha habido 25 años de exceso de desempleo en las grandes economías por una equivocada estimación de la brecha de producto y políticas monetarias excesivamente restrictivas ante estimaciones erróneas de la capacidad de respuesta de la oferta, mientras Girardi, Meloni y Stirati (2020) sostienen que los impulsos de demanda han sido decisivos para explicar las dinámicas de expansión de la oferta, lo que postulan los economistas postkeynesianos (por ejemplo Taylor, 2021).
En el caso de Chile, la presión de demanda y su efecto en el consumo provino de los tres retiros de los fondos de pensiones y del déficit fiscal y las ayudas a las familias por la pandemia, y fueron fenómenos transitorios. Su progresiva desaparición se acompañó del efecto contractivo de los propios aumentos de precios dada la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. El aumento de los precios externos también fue originado por efectos transitorios en los precios de alimentos y combustibles. Si este es el diagnóstico, la tasa de inflación hubiera disminuido como en el resto del mundo, incluso si el Banco Central no hubiera subido la tasa de interés más allá del nivel de marzo de 2022 y si no se hubiese forzado un tan drástico ajuste fiscal como el programado por el gobierno anterior y no corregido por el actual.
El brote inflacionario interno tuvo como causa principal el traslado directo de aumentos de precios externos a los consumidores y luego el impacto en los costos de los insumos importados. Estos también fueron traspasados con el correr de los meses a los consumidores. Luego, la caída de los precios internacionales de alimentos y energía produjo la correspondiente desinflación. Este impacto alcista «de segunda vuelta» se produce con todos los insumos importados, pero en particular en el caso de los combustibles, que son un insumo difundido en la producción de todo tipo de bienes y servicios y que termina por aumentar los costos y repercutir con mayor o menor intensidad en los precios de todos ellos, pues como mínimo requieren transporte, además de energía importada en las diversas fases de sus procesos de elaboración y distribución. En mercados con demanda muy elástica al precio, el oferente puede decidir mantener sus precios o bien aumentarlos poco y disminuir sus utilidades para evitar así disminuciones de ventas. Otra situación posible es la del aumento de los precios al consumidor más allá de los incrementos de costos, ampliando los márgenes empresariales, especialmente en los mercados oligopólicos (con pocos actores que dominan el mercado) con demanda poco elástica al precio.
La política oficial del Banco Central de mantener la inflación en 3% en un horizonte de 24 meses tiene un soporte en que ninguna expectativa está hoy anclada a una inflación futura alta. Dicho sea de paso, diversos economistas defienden una tasa de horizonte de inflación de hasta 4%, la que en todo caso debiera ser fijada por las autoridades electas y no por el Banco Central, como sostiene el ex presidente de la Reserva Federal Ben Bernanke (2010): “En ningún caso abogo por la independencia incondicional para los bancos centrales. (…) Los objetivos de política deberían ser puestos por el gobierno, no por el banco central en sí mismo; y el banco central debe demostrar con regularidad que cumple con los objetivos conferidos por mandato«.
La lección, en palabras del premio Nobel Paul Krugman (2023), es que «si nos aferramos a una visión de la economía que ha sido refutada por los acontecimientos recientes es más probable que metamos la pata y sometamos la economía a una recesión que ahora resulta que no necesitábamos, ni necesitamos, para controlar la inflación. El argumento pesimista original era que la Reserva Federal necesitaba crear mucho desempleo para reducir la inflación. El argumento actual es que, al actuar con dureza, la Reserva Federal convenció a la gente de que la inflación bajaría, y que esto fue una profecía autocumplida. Que yo sepa, no hay absolutamente nada que pruebe esta afirmación». Concluye Krugman: «aquí percibimos algunos ecos históricos. Hace aproximadamente una década, algunos economistas y responsables políticos insistían en que, si se recortaba el gasto público, se aumentaría el empleo, al propiciar una mayor inversión; yo me burlé de este punto de vista, que resultó ser totalmente erróneo, refiriéndome a él como fe en el Hada de la Confianza. Lo que estamos viendo ahora podría denominarse fe en el Hada de la Credibilidad. Ninguna de las dos creencias está respaldada por la evidencia. ¿Se ha ganado definitivamente la guerra contra la inflación? No. Pero la recesión parece un riesgo mayor que el repunte de la inflación. Y me preocupa que este riesgo aumente si los responsables políticos escuchan a personas que se resisten a admitir que se equivocaron respecto a la inflación y se aferran a una teoría falsa sobre cómo hemos logrado que baje.»
En el caso de Chile, se requiere un impulso monetario y fiscal que vuelva la economía a una senda de crecimiento, priorizando la reanimación de la inversión y especialmente la construcción, que se encuentra en una crisis artificialmente provocada, y el apoyo a quienes más han sufrido el impacto de la inflación de alimentos a través de una extensión del mecanismo de «bolsillo familiar electrónico» que conduzca una devolución del IVA de la canasta básica de alimentos a las familias de menos ingresos.
