Tras unos resultados electorales que contradijeron a todas las encuestas, con el socialdemócrata César Bernardo Arévalo electo para competir en segunda vuelta, nueve partidos políticos de derecha, aplicando el “método Trump”, acusaron fraude en las elecciones presidenciales de Guatemala. Su reclamo fue avalado por la Corte de Constitucionalidad, que ha ordenado al Tribunal Electoral suspender “la oficialización de los resultados”.
Entre los reclamantes, se cuenta la candidata Sandra Torres, que obtuvo la primera mayoría relativa y debiese medirse en segunda vuelta con Arévalo. Torres ascendió políticamente con la ayuda de los programas sociales de su ex esposo, el fallecido presidente centrista Alvaro Colom, pero junto con transitar hacia posiciones de derecha le fueron imputados actos de corrupción por los que fue procesada, aunque sin resultados. A ella se agregan otros candidatos de derecha que, exhibidos como seguros aspirantes por las encuestas, fueron relegados a lugares inesperadamente bajos, como la hija del exdictador Ríos Montt, el abanderado de los empresarios agrupados en el CACIF, Edmond Mulet, y Manuel Conde, candidato del actual presidente Giammattei.
La Corte de Constitucionalidad, cuya jurisdicción para suspender el proceso electoral es impugnada por Arévalo y varios juristas, ha sido objeto de graves cuestionamientos debido a que la integran exparlamentarios, políticos y jueces comprometidos con los partidos de derecha, entre los que destacan Leyla Lemus, asesora de confianza del presidente Giammattei, y Roberto Molina, excandidato a la presidencia por el partido de Ríos Montt. Otro de sus miembros, Ranulfo Rojas, fue objeto en 2023 de una investigación por corrupción, pero sus colegas impusieron el fin de esta.
Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos incluyó al magistrado Néster Vásquez en su “lista Engel”, por ejercicio del tráfico de influencia en el nombramiento de jueces. En cambio, en el reverso de esta historia destaca el caso de Gloria Porras, magistrada de la Corte que destacó en la protección de los derechos humanos, cuya elección para un nuevo período, propuesta por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos, fue bloqueada por la mayoría del Congreso y finalmente anulada por la propia Corte. Porras debió exiliarse, debido a amenazas de persecución.
Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral, que debiese proceder a la “revisión” de los resultados, está integrado por magistrados de la confianza política de Giammattei y Sandra Torres.
Ha sido unánime la reacción internacional contraria a la decisión de la Corte de Constitucionalidad, destacando el gobierno de los Estados Unidos, cuyo secretario de Estado ha advertido que su país “está profundamente preocupado por los intentos de interferir con el resultado de las elecciones” y que “la anulación de las elecciones es una amenaza para la democracia”. A esta severa advertencia se unieron la Unión Europea, reclamando que se “respete la clara voluntad de los ciudadanos expresada libremente en las elecciones«, y la Organización de Estados Americanos.
Internamente, se han unido a la presión por el respeto al veredicto popular la Conferencia Episcopal católica y la prestigiosa Universidad Rafael Landívar.
Sin duda, la maniobra destinada a alterar el curso del proceso electoral se origina en la alarma de los partidos de derecha ante la posibilidad de un triunfo, en la segunda vuelta, del diputado Arévalo, hijo del venerado presidente reformista de mediados del siglo XX, Juan José Arévalo, antecesor de Jacobo Árbenz. Su partido, SEMILLA, forjado al calor de las movilizaciones sociales de 2014 que culminaron con la caída del expresidente Otto Pérez Molina, se identifica con la socialdemocracia y junto a la lucha contra la corrupción se propone llevar a la práctica el pacto fiscal que ha sido rehuido desde hace veinticinco años por el CACIF. Para las elecciones de 2019, SEMILLA había postulado a la exfiscal general Thelma Aldana, quien había alcanzado el segundo lugar en las encuestas de opinión luego de dirigir la investigación contra Otto Pérez y otras recaídas en casos de corrupción. Pero el gobierno del Jimmy Morales ordenó su persecución y debió asilarse en los Estados Unidos.
El país que experimenta estos sucesos se ubica en el último lugar del Índice de Desarrollo Humano de Latinoamérica (0,634) y en la posición 127 de los 189 países del mundo contemplados en dicho Índice[1]. Un 66.1% de su población vive en la pobreza[2] y la discriminación racista afecta a una población indígena que fluctúa, según sea la fuente, entre el 48% y el 60% de la población.
Guatemala vivió, hasta 1996, treinta y seis años de enfrentamiento armado interno iniciado por la insurgencia bajo las dictaduras militares que siguieron al derrocamiento de Jacobo Árbenz, con intervención directa de los Estados Unidos, potencia que hasta hoy ejerce hegemonía política, económica y militar sobre el país centroamericano.
Doscientas mil fueron las víctimas mortales de sangrientas masacres practicadas por el ejército, calificadas como genocidio por la Comisión de Esclarecimiento Histórico a cargo de las Naciones Unidas.
La firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, en 1996, si bien dio paso al término del conflicto armado no logró superar sus causas, debido a la resistencia reiterada al cumplimiento de los respectivos acuerdos, por los gobiernos y los partidos políticos, tras los cuales el poder fáctico lo ejercen el CACIF y el ejército.
Luego de alcanzada la paz, en las últimas dos décadas el Estado ha sido capturado por la corrupción sistémica, de la cual es beneficiario ese mismo poder fáctico y sus gestores políticos, bajo el reinado de una impunidad favorecida por la pasividad de unos tribunales también capturados, en gran medida, por esa maquinaria corrosiva. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG– creada en 2006 por el Gobierno y las Naciones Unidas significó un avance estratégico en la lucha contra el crimen organizado, que permitió descubrir más de un centenar de casos de corrupción anidados en diversas esferas estatales, pero el gobierno de Jimmy Morales puso término a su accionar, cuando de la mano de una fiscal nacional decidida a combatir esa lacra se estaba llegando a su núcleo central, integrado por altos funcionarios del Estado, militares y civiles.
En el ámbito de la justicia transicional, el proceso contra el exdictador Ríos Montt supuso un importante progreso, pero luego de ser condenado por genocidio contra el pueblo maya ixil y otros crímenes contra la humanidad, el juicio fue anulado bajo el pretexto de “errores procedimentales” y el general falleció en su casa. En los últimos años, tal como este caso, muchos otros en que la justicia se acercaba a los agentes centrales de la represión criminal o la corrupción, pertenecientes al complejo político militar terminaron con la desactivación de los procesos judiciales y el imperio de la impunidad. La valerosa fiscal nacional Thelma Aldana, que investigó las redes de corrupción con el respaldo de la hoy desaparecida CICIG, logrando la excepcional condena del expresidente Pérez Molina, pagó con el exilio su compromiso con la justicia.
Si ayer fueron los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de derechos humanos, lo que hoy destaca en Guatemala es la corrupción sistémica
Si ayer fueron los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de derechos humanos, lo que hoy destaca en Guatemala es la corrupción sistémica sustentada en la tradicional alianza del poder económico y militar con la mayor parte de los agentes del poder político, incluidos altos magistrados de diversos tribunales. Estos, cooptados por los tentáculos de aquella alianza en el Congreso, desbrozan todo obstáculo que se imponga en los diversos ámbitos al núcleo del poder, tal como lo ha hecho ahora la Corte de Constitucionalidad.
Ejemplo notable del imperio de la impunidad ha sido la alianza entre el actual presidente Giammattei y la fiscal general Consuelo Porras, para impedir el avance de investigaciones sobre violaciones de derechos humanos y hechos de corrupción, mediante el despido ilegal de fiscales o su traslado arbitrario, como ocurriera con el fiscal especial contra la impunidad, Juan Francisco Sandoval, continuador de las investigaciones respaldadas por la fenecida CICIG, e incluso mediante el montaje de procesos contra persecutoras de funcionarios venales, como ocurriese con la jueza Erika Aifán o la fiscal Virginia Laparra. Por ello, numerosos jueces y fiscales han debido exiliarse. Por ello también, la fiscal Porras se halla incluida en la “lista Engel” de los Estados Unidos.
Cierra este cuadro la persecución contra periodistas independientes que denuncian la corrupción y la impunidad, de la cual es caso paradigmático el encarcelamiento, procesamiento y condena de José Rubén Zamora, quien se vio obligado a cerrar El Periódico, prestigioso medio de su propiedad.
El contexto descrito explica la reacción de los partidos políticos y de altos funcionarios públicos que forman parte de la trama del poder establecido, ante la posibilidad del triunfo final de Arévalo, a quien las encuestas previas mostraban con una ínfima votación, en el octavo lugar, tras Torres, Mulet, Ríos, Conde y otros candidatos menores. Desde luego, saben que la esperanza de un cambio puede entusiasmar a ese 17,4% de ciudadanos que votaron nulo en la primera vuelta, porcentaje mayor que el obtenido por la candidata Torres, quien ostenta un alto porcentaje de rechazo. También temen que esa esperanza haga variar la posición de personas que forman parte del 7% de votos en blanco e, incluso, del más de 40% de abstención, cuya motivación pudo ser el descontento por la nula respuesta de los gobiernos a sus demandas básicas y por la extendida corruptela, con su secuela de desconfianza hacia las instituciones y los partidos políticos.
La posibilidad de que esos votantes se plieguen a la candidatura de SEMILLA es particularmente alta en la capital, donde Arévalo obtuvo el 24% de las preferencias y su partido el 30% de los votos en las elecciones de diputados. Además, se da por descontada la adhesión a Arévalo de los partidos de izquierda (MLP, URNG, VOS y Winaq) que suman un 10% de los votos.
Las semanas que siguen estarán marcadas por la tensión entre, de un lado, las maniobras para impedir a como dé lugar el acceso de Arévalo al gobierno y, de otro, el respaldo interno e internacional al veredicto popular del pasado 25 de junio. De imponerse la anulación del acto electoral, podría generarse un gravísimo estado de inestabilidad política, favorable a una solución autoritaria apta para acabar con la débil democracia guatemalteca.
De imponerse la anulación del acto electoral, podría generarse un gravísimo estado de inestabilidad política, favorable a una solución autoritaria apta para acabar con la débil democracia guatemalteca.
Con todo, si en la segunda vuelta electoral triunfara Arévalo por sobre la candidata de los poderes fácticos, deberá lidiar con el complejo político y militar que sustenta la corrupción y con una aplastante mayoría opositora en el Congreso, donde contará con no más de 30 de los 160 diputados, aunque la extrema fragmentación partidista podría otorgarle algún margen de maniobra, para sacar adelante algunos proyectos.
En definitiva, un presidente decidido a imponer la ley por sobre la corrupción y la impunidad, y a impulsar un pacto fiscal que permita iniciar una evolución hacia la disminución de la pobreza y las desigualdades, deberá enfrentarse a una poderosa alianza, ya descrita, resistente a tales propósitos y que no vacilará en obstaculizar desde el primer día al Gobierno.
Jaime Esponda – Entre 1995 y 1999, el autor fue Jefe de Derechos Humanos de la Misión de las Naciones Unidas en Guatemala y Director de Investigaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de ese mismo país.
[1] PNUD, Informe sobre el Desarrollo Humano, 2022.
[2] MPPN 2023.
