Ionesco, Pirandello y la economía política del 5º retiro.

La historia del 5º. retiro tiene mucho del teatro del absurdo. Por de pronto, y siendo lo menos importante, es un quinto retiro que sucede al tercero pues el cuarto no se concretó. En segundo lugar, y ahora sí lo más importante, porque siendo una política estrictamente neoliberal es promovida con pasión digna de mejor causa por amplios sectores del progresismo. En tercero, porque estos sectores progresistas actúan presionando a un gobierno progresista amenazándolo con propinarle una severa derrota política al inicio de su gestión. No es casual entonces que los medios de comunicación -que como sabemos responden casi íntegramente a los sectores conservadores- concedan tanta difusión a las encendidas proclamas de parlamentarios oficialistas que amenazan con apoyar el quinto retiro.

La historia de los retiros se originó cuando el gobierno de Piñera se negaba a entender la realidad de la crisis económica y social que estaba dejando la pandemia y reaccionaba con míseros bonos de 60 mil pesos. Una ayuda tardía y escasa condujo a esta iniciativa parlamentaria de permitir el retiro del 10% de los fondos desde las AFP. Ante esa respuesta tardía e ineficaz del gobierno, ese primer retiro a mediados de 2020 pareció razonable. Una lógica parecida quizás se pueda aplicar incluso al segundo retiro a fines del mismo año. A esas alturas, el gobierno había reaccionado y la ayuda a las familias se incrementaba, gracias también a la presión de la oposición de la época.

 Ionesco manejando la macroeconomía

En una voltereta olímpica, el gobierno de Piñera abandonaba la ultrafocalización y la avaricia en las ayudas, instaurando el IFE universal de amplia y generosa cobertura, respondiendo con rapidez a la presión que en ese sentido le ejercía la oposición, encabezada en ese entonces por la senadora Provoste a la cabeza del senado. De este modo, a mediados de 2021, y a pocos meses de las elecciones presidencial y parlamentarias, el gobierno anuncia el IFE universal, de amplia cobertura y con montos superiores a la línea de pobreza. La suma de los aportes fiscales más los retiros se elevó a US$ 85.000 millones en el bienio 2020-2021, el equivalente a 34% del PIB de 2020. Estas ayudas a las familias bordearon 10 puntos del PIB en 2021, en momentos que la economía mostraba un IMACEC que se recuperaba a dos dígitos, recuperando también una fracción relevante de los empleos perdidos en pandemia. De esta forma, el gasto público creció 32% en 2021.

El punto aquí no radica en evaluar si había o no familias que requiriesen ese apoyo pues ciertamente que las había y continúa sucediendo. El punto es que el gobierno accionó esa ayuda básicamente cuando se necesitaba menos y la desechó cuando era urgente, a mediados de 2020.

Es difícil conocer el debate interno en el gobierno respecto de esta medida y del momento de su aplicación. Lo que sí es evidente es que esa masiva ayuda a la vena generó un violento exceso de demanda que obviamente se iba a reflejar en mayor inflación y desequilibrio en las cuentas externas. De paso, el gobierno de Piñera le heredaba una pesada mochila inflacionaria a su sucesor y además lo sometía a un severo ajuste fiscal, según se aprobó en el presupuesto 2022.

A estas alturas, es evidente que siguen sin atenderse numerosas demandas en millones de familias, pero es necesario entender que aquellas no pueden satisfacerse con mecanismos transitorios como bonos fiscales o retiros de fondos de pensiones. Más eficaz sería concentrarse en las reformas tributarias y de pensiones que permitan elevar la recaudación fiscal de un modo gradual pero permanente y con un sello progresista, es decir que el grueso de la recaudación recaiga en quienes más tienen y el grueso de los beneficios en quienes tienen menos.

De esta forma, la economía creció 11,7% en 2021, impulsada por el shock de los retiros de fondos de pensiones y la masiva ayuda fiscal concentrada en el segundo semestre de ese año. La demanda interna, por su parte, creció a un impresionante 21,6% y las importaciones saltaron en 31%, creciendo 81% las importaciones de bienes de consumo. No debiera ser muy difícil de entender que una economía con un potencial de crecimiento que no supera el 2% anual está excesivamente sobregirada y ese desequilibrio, como normalmente acontece, se expresa en mayor inflación y deterioro en cuenta corriente. En efecto, el déficit en cuenta corriente en 2021 alcanzó casi el 7% del PIB.

Es muy cierto qué hay presiones inflacionarias fuertes en Estados Unidos, con la mayor inflación en 40 años; que la inflación alemana también está en niveles inéditos en muchas décadas y que la invasión rusa a Ucrania seguirá impactando precios de energía y alimentos. Todo eso es cierto. Sin embargo, nadie podría desconocer el impacto en precios de incrementos tan espectaculares en las variables del gasto interno.

El escenario macroeconómico heredado por la administración Boric no pudo resultar más complejo. A esta marcada complejidad se agregaron los impactos de la invasión rusa a Ucrania con su correlativo de alzas históricas en los precios del combustible, los diversos tipos de energía y los alimentos, en particular, aceites y cereales, rubros donde Rusia y Ucrania son grandes exportadores.

Dados los gigantescos desequilibrios que dejó la administración Piñera, al nuevo gobierno no le quedó más alternativa que acompañar el ajuste monetario con otro fiscal, buscando adecuar la expansión de la economía a su ritmo potencial. Considerando los incrementos desusados e insostenibles de 2020, es claro que en 2021 deberían contraerse el consumo y la inversión privadas. El tema, por cierto, admite legítimos debates respecto de la intensidad de ese ajuste y la estructura del mismo entre caídas del consumo y la inversión. Pero lo que ninguna persona informada podría rebatir es la necesidad de ese ajuste, considerando la dinámica inflacionaria y el carácter insostenible del incremento en importaciones y déficit en cuenta corriente. Por ejemplo, visto a la distancia es claro que el presupuesto 2022 debería haber incluido un par de puntos del PIB en mayor endeudamiento, buscando elevar la inversión pública. En efecto, en momentos de tan bajo crecimiento, el dinamismo de la inversión pública puede ejercer un efecto multiplicador relevante sobre la inversión privada, estimulando el empleo, evitando así ajustes recesivos.

Pirandello y Friedman en busca de los votos para quinto retiro

Un quinto retiro estimularía el consumo y no necesariamente de los sectores más vulnerables, los que ciertamente no responden por el incremento de 60% en consumo de durables y de 40% en automóviles. Como ese incremento coincidiría con las interrupciones en las cadenas globales de suministro inducidas por el conflicto Rusia-Ucrania y por las perturbaciones en puertos chinos debidas a rebrotes del Covid, es evidente que el virtual quinto retiro avivaría las presiones inflacionarias, elevando el costo financiero y alejando el acceso a la vivienda a millones de familias de sectores medios con el incremento en el valor de la UF.

Intentar remediar esta situación con un nuevo retiro o intentar evitar alzas de precios del pan o del aceite con subsidios o hacer ambas cosas es liquidar cualquier opción de avance serio en las transformaciones que Chile requiere.

La inquietud parlamentaria pareciera navegar con gran independencia respecto de este ciclo macroeconómico, dando la impresión de que el debate económico se agota en aprobar o rechazar el quinto retiro y dividiendo el arco entre los “buenos” que aprueban el retiro y los “malos” que lo rechazan. El quinto retiro es el mecanismo más neoliberal que se pueda imaginar para abordar estos desafíos. Lo es porque traspasa la responsabilidad a cada uno, en una estrategia de “ráscate con tus propias uñas”, desechando cualquier mecanismo solidario; porque excluye al 40 o 50 % de cotizantes que ya no dispone de fondos, justamente el grupo más vulnerable; porque fortalece la cultura individualista que pregona ”son mis fondos”, sumando agua al cauce propagandístico de las AFPs que se escuda en esa falacia, dificultando el avance hacia un auténtico sistema de seguridad social con solidaridad intra e intergeneracional. De aprobarse el quinto retiro, esto obligaría al gobierno a incrementar los recursos para las pensiones básicas o el aporte previsional solidario, restando recursos para el programa de transformaciones que comprometió el gobierno en justicia social, innovación, medio ambiente y descentralización.

El individualismo inherente al neoliberalismo parece haberse enseñoreado en el parlamento, haciendo de cada parlamentario una pyme en potencia. Pierden fuerza los proyectos colectivos frente al minuto de pantalla y el aporte de ese minuto a la reelección. Poco parece importar el destino del gobierno más progresista del que Chile se haya dotado después de la noche negra de la dictadura.

Audacia es el juego

Al momento de redactar estas notas aparece un proyecto del gobierno de un retiro acotado, orientado a reducir deudas, al pago de pensiones alimenticias y a financiar gastos necesarios para postular a viviendas sociales. Todo bien intencionado y bien calibrado. Queda la impresión de que el gobierno vio perdido el debate por el quinto retiro y buscaría con este proyecto adecuarlo mejor a determinadas demandas sociales, limitando su impacto inflacionario. Esto es renunciar a dar la pelea directamente contra el quinto retiro, adentrándose en sus entrañas, pero buscando reformularlo desde su interior. Las primeras reacciones indican que no pocos parlamentarios supuestamente oficialistas captan que el proyecto entra en tierra de ellos y buscarán reformularlo, acercándolo más y más a un quinto retiro, sin matices. El resultado es incierto. Si el gobierno consigue alinear al grueso de sus parlamentarios podrá evitar un severo traspié político que restaría viabilidad a su plan de reformas estructurales. Existe pues una ventana de oportunidad para que el gobierno frene el retiro promovido en el parlamento y consiga la aprobación del suyo. Ello permitiría despejar la pista y poder concentrarse en el diseño y negociación de las reformas tributarias y de pensiones.

El momento es bien crucial. La discusión por el quinto retiro, – se apruebe o se rechace – dejará una grave herida en el oficialismo, justo al inicio del gobierno e inmediatamente después de las dificultades de acoplamiento a su cargo que ha mostrado la Ministra del Interior. Si esta herida no se procesa bien – y dadas las complejidades de formar mayorías legislativas- será aún más difícil aprobar las reformas tributarias y de pensiones que comprometió el presidente Boric en su campaña. Si no hay éxito en estas dos vitales reformas, será el conjunto de la gestión Boric el que fracasará, agregando una nueva y más crítica frustración a las mayorías que se identificaron con la propuesta de cambio y esperanza que encarnó Boric.

Disciplina en el proyecto colectivo, privilegiar lo sustantivo, desechar personalismos inconducentes es parte indisoluble del éxito en las transformaciones anheladas. Esto es el ABC de las políticas de cambio estructural, por lo que cuesta tanto comprender el comportamiento tan díscolo de buena parte de los parlamentarios que dicen representar al progresismo. Por supuesto se echa de menos un accionar más ordenador y conductor de los partidos, sin embargo, eso parece haberse diluido hace ya varios años, lamentablemente.