Una ley de Texas que interfiere con las del gobierno federal sobre inmigración está la presente semana en vaivenes de tribunales. En un año electoral, en el cual los republicanos hacen leña del tema migratorio, el asunto trae a luz viejos requiebros del Sur rebelde.
S.B.4, la revoltosa
En diciembre pasado el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, promulgó una ley identificada como S.B. 3 que asignó 1.540 millones de dólares para continuar la construcción de barreras a lo largo de los 1.931 kilómetros de frontera de su estado con México y permite el gasto de hasta 40 millones de dólares para que la policía estatal patrulle Colony Ridge, un conjunto de edificios de apartamentos que, según grupos derechistas, atrae a inmigrantes indocumentados.
Abbott también le puso la firma a la ley identificada como S.B. 4 que declara que es un crimen estatal el cruce ilegal de la frontera desde México, y ésta ha motivado una confrontación cada vez más ríspida entre las atribuciones del Gobierno Federal y los derechos de los estados cada uno por su cuenta.
La aplicación de las leyes de inmigración está bajo la jurisdicción exclusiva del Gobierno Federal y de agencias como Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, más conocida como Patrulla Fronteriza, y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés).
La Ley S.B.4 permite que las agencias policiales de Texas, desde la Policía Estatal a las policías de municipios, arresten a personas sospechosas de ser inmigrantes indocumentados y, en caso de que lo sean, que se proceda a su deportación.
Abbott lleva años enfrentándose al gobierno del presidente Joe Biden en torno a la inmigración y acusa al Gobierno Federal de negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones de proteger la seguridad nacional.
En el período fiscal 2023, la Patrulla Fronteriza efectuó más de tres millones de detenciones de migrantes ilegales, y en los cinco meses y medio que van transcurridos del período fiscal 2024, ha realizado más de 1,2 millones de detenciones.
Bajo la ley federal, los extranjeros que ingresan sin autorización al país y piden asilo tienen derecho a una audiencia ante un juez de inmigración para determinar si su caso amerita la protección humanitaria. Hasta la fecha de esa audiencia, pueden quedar en libertad condicional, en muchos casos con grilletes electrónicos que permiten su localización.
La mayor porción de ese influjo de migrantes, que proceden de América Latina, el Caribe, África, el Oriente Medio y Asia, llega al estado de Texas.
Para lidiar con esa realidad, y con buen cálculo político, Abbot inició en 2021 una operación denominada ‘Lone Star’ (una referencia a la estrella solitaria en la bandera tejana que, dicho sea de paso, mucho se asemeja a la de Chile). En esa operación, Abbot ha puesto a tropas de la Guardia Nacional de su estado, y ha obtenido contingentes pequeños, más simbólicos que eficaces, de otros estados con gobierno republicano. Y, al igual que su colega y correligionario de Florida, Ron DeSantis, ha despachado en ómnibus más de 100.000 migrantes hacia estados con gobierno demócrata y que se describen como “santuarios” para los indocumentados.
Otra situación contenciosa, y potencialmente explosiva, ha ocurrido como decisión del gobernador Abbott de instalar ristras de boyas y alambradas de púa en medio del Río Grande para impedir el cruce de los migrantes.
El Gobierno Federal argumentó que esa medida infringe la autoridad de la Patrulla Fronteriza en el control de la frontera. Y cuando los agentes de la Patrulla Fronteriza concurrieron a retirar las vallas, las policías tejanas cerraron el paso.
Protestas
La ley S.B. 4 ha desatado las denuncias de grupos que apoyan la “política inmigratoria justa y humana” que Biden les prometió, y que siguen esperándola con angustia creciente a medida que la retórica xenófoba de Trump domina los medios.
El Centro las Américas de Abogacía por el Inmigrante, que tiene su sede en El Paso (Texas), califica la legislación como “una de las leyes anti-inmigrante más extremas aprobadas por cualquier legislatura estatal en el país”.
La S.B. 4 “permitiría que las policías locales y estatal arresten, detengan y deporten a las personas que, se sospecha, ingresaron a Texas desde otro país sin autorización federal”, añadió ese grupo.
Esta semana ha habido un vaivén que marea de decisiones en distintas instancias del sistema federal: un tribunal federal de apelaciones frenó la aplicación, luego el Tribunal Supremo autorizó la aplicación, luego un magistrado del Supremo ordenó otra suspensión y el danzón continúa.
Cuando el Supremo autorizó la aplicación de la ley, Anand Balakirshnan, abogado de la Unión de Libertades Civiles (ACLU), dijo que la decisión era “decepcionante y amenaza la integridad de las leyes de inmigración y los principios inamovibles del debido proceso”.
Rebecca Lightsey, codirectora ejecutiva de American Gateways, opinó que el fallo era “otro revés para los inmigrantes y refugiados”, y Tami Goodlette, directora de Beyond Borders Program, argumentó que “el permitir que se aplique esta ley mientras el caso transcurre su trámite legal pone en riesgo la vida de las personas”.
Trasfondo ominoso
Texas, el segundo estado más extenso de la Unión, tiene una historia peculiar y una tradición de soliviantado en sus tratos con el Gobierno Federal.
Por casi una década desde que declaró su independencia de México en 1836, Texas fue una república soberana hasta que se sumó a los Estados Unidos, y durante la Guerra Civil de 1861 a 1865 fue parte de la Confederación de estados del Sur en insurrección contra el Gobierno Federal.
En las décadas que precedieron a esa Guerra Civil los estados del Sur libraron numerosas escaramuzas legales y confrontaciones constitucionales con el gobierno de Washington, en un crescendo que estalló en el conflicto armado más mortífero en la historia de la nación.
Aunque el motivo central de ese conflicto fue la esclavitud –ya sea su permanencia en los estados del Sur o su extensión a los nuevos estados que iban incorporándose en el Oeste- desde el fin de la guerra empezó a gestarse en el Sur una interpretación diferente.
La guerra, de acuerdo con esta versión, no fue en torno a la esclavitud sino una defensa de los derechos de cada estado a regirse por sus propias leyes ante las incursiones y pretensiones de un Gobierno Federal arrogante y opresivo.
Basta una búsqueda en internet por The South will rise again (El Sur se levantará otra vez), para apreciar la canción que lleva ese título y la multitud de símbolos, banderas, escudos, escarapelas y toda clase de insignias y afiches que perpetúan esa tradición.
Una tradición que en años recientes se ha revitalizado con el despliegue de banderas que, supuestamente, representan el Sur y pululan –junto a símbolos nazis- en las concentraciones de simpatizantes del ex presidente Donald Trump.
Texas no puede legalmente separarse de Estados Unidos, pero la secesión sigue siendo un asunto que cosquillea entre muchos tejanos bajo la presunción de que, dado que el ahora estado fue antes una república independiente, tiene privilegios especiales que le diferencian de los otros estados.
Allá por 2009 alguien le preguntó acerca dl asunto al entonces gobernador de Texas, el republicano Rick Perry, éste no desecho la idea y dijo que “si Washington continúa metiendo el dedo en la nariz de los estadounidenses, ¿quién sabe que pueda resultar de eso?”.
En marzo de 2021, el senador de Texas, Ted Cruz, bosquejó las circunstancias que le harían reconsiderar su posición contraria a una secesión: que los demócratas en el Senado federal liquiden la maniobra parlamentaria conocida como filibuster, que el Distrito de Columbia sea reconocido como un estado, la adición de más magistrados en el Tribunal Supremo, el control federal sobre las elecciones o “la destrucción fundamental del país”, sea lo que sea que eso signifique.
Y existen grupos ciudadanos en Texas que trabajan desde hace años para recolectar las 100.000 firmas necesarias para someter a plebiscito una propuesta de secesión.
