En la actualidad, resulta difícil definir cuáles deben ser los temas prioritarios para una agenda ambiental en Chile, la cual sin duda debiese identificar las urgencias y los grandes desafíos que deben ser abordados desde las políticas públicas. Hoy no contamos con una visión país que permita enfrentar de forma coherente estos retos. Por el contrario, lo que observamos es la instalación de una agenda regresiva que impulsa la flexibilización de estándares ambientales, promueve la desregulación y desintegra una visión común en espacios sectoriales, como si los componentes de la naturaleza y por ende los impactos que provocan ciertas intervenciones no estuviesen conectados.
Si bien los temas ambientales se han vuelto más complejos con el paso del tiempo y existen diversas regulaciones y políticas sectoriales que impactan en los ecosistemas y el medio ambiente, las autoridades no han sido capaces de consolidar una visión integral sobre la importancia de implementar políticas públicas que resguarden efectivamente el medio ambiente en el país. Por el contrario, lo que predomina es un conjunto de políticas y regulaciones que priorizan la inversión y el desarrollo de proyectos, cuya ejecución tiene impactos ambientales significativos. Estos proyectos o iniciativas se presentan de forma fragmentada, lo que oculta su verdadero efecto sobre los territorios, las comunidades y los ecosistemas.
Esto se puede ejemplificar con diversos temas mineros que han estado presentes en la discusión pública nacional, pues abemos que Chile cumple un rol relevante a nivel global, al ser el principal productor de cobre y el segundo en la producción de litio.
En el año 2023, el gobierno del presidente Boric presentó la Estrategia Nacional del Litio, la cual contempla una serie de compromisos que, hasta ahora, no se han cumplido plenamente; de hecho, algunos de ellos han sido objeto de cuestionamientos, como el acuerdo entre SQM y Codelco. Uno de los compromisos de esta estrategia es la creación de la Red de Salares Protegidos, sin embargo, tras los anuncios del gobierno, ha quedado en evidencia que la protección de este tipo de humedales está supeditada a criterios económicos, a la clasificación de estos salares según la concentración de litio que poseen y por lo tanto a su potencial para el desarrollo de proyectos litíferos extractivos.
En términos simples, lo que está pasando es que no existe información científica suficiente, ni líneas de base ambientales, como tampoco se sabe el rol que cumplen estos sistemas salinos en el ciclo hidrológico de las áreas donde se ubican, por lo tanto, la autoridad no cuenta con las herramientas necesarias para determinar, con criterios ecológicos, cuáles salares deberían ser protegidos y cuáles podrían ser explotados.
En la práctica, esto significa que la Red de Salares Protegidos se constituirá con aquellos salares que representan menor valor económico para la extracción de litio. Como país, no estamos eligiendo qué proteger y qué no; más bien es la demanda mundial por el litio la que está definiendo la agenda país, dejando en segundo plano consideraciones ambientales, sociales y territoriales.
Algo similar ocurre con la industria del cobre, donde proyectos en operación, y otros en implementación como es el caso de Los Bronces Integrado de Anglo American, se ubican en zonas altas de la cordillera de los Andes, donde existe una afectación directa a los glaciares, los que cumplen un rol clave en el abastecimiento de agua para cuencas y subcuencas, siendo fundamentales para abastecer de agua para el consumo humano como para la mantención de los ecosistemas. Al igual que en el caso del litio, lo que prevalece es la capacidad del país para responder a la demanda global, relegando las consideraciones ambientales —como la protección de los glaciares— a un segundo plano.
Además, sabemos que varias mineras metálicas hacen extracción directa de agua desde el Salar de Atacama e incluso existen procesos sancionatorios para las cupríferas por no respetar la regulación vigente, este es el mismo lugar donde operan las empresas productoras de litio SQM y Albemarle. Es decir, ni siquiera existe una visión desde la autoridad sobre las presiones que está recibiendo este salar y menos aún una evaluación de los impactos que se están generando en el ecosistema y en base a ello cuales podrían ser sus consecuencias.
A esto se suma un escenario hídrico alarmante. Un informe del WRI publicado en 2023 advierte que Chile podría quedarse sin agua potable en 2050. Sin embargo, no existe una estrategia de parte del Estado para enfrentar esta crisis, ni para garantizar el acceso al agua para la población, como tampoco para regular su uso en industrias como la minería.
El abastecimiento de agua es un tema importante para Chile y por ello como respuesta a las sequias y el pronóstico negativo sobre su disponibilidad, se han empezado a instalar plantas desaladoras en distintas zonas del país. No obstante, la mayoría de estas instalaciones abastecen a mineras y proyectos industriales. Todo esto sin considerar que no existe normativa que permita la evaluación de los impactos ambientales de proyectos de desalación, especialmente en los ecosistemas costeros, los cuales hoy simplemente no están siendo considerados, lo que prima es la obtención de agua para abastecer los proyectos que están en operación, sin evaluar las consecuencias a mediano y largo plazo que estas plantas y la industria está generando en los ecosistemas.
La desconexión entre lo ambiental y lo sectorial, el resguardo del medio ambiente y los ecosistemas y la implementación de proyectos de inversión es evidente. Esta desintegración y falta de visión país permite establecer la promoción de la inversión como algo prioritario, dejando en un segundo, tercero e incluso cuarto plano a las personas y los ecosistemas.
El carecer de una política ambiental para el país en la cual se establezcan prioridades, por una parte, ha permitido el avance de iniciativas en distintas áreas donde los componentes ambientales y ecológicos aparecen como una suerte de concesión de buena crianza y no como un aspecto central de la política pública. Lamentablemente si no construimos una mirada a nivel país y no establecemos prioridades en materia ambiental, seguiremos destruyendo el territorio y exportando recursos naturales sin saber las consecuencias que esto tendrá para los actuales y futuros habitantes de Chile.
