El gobierno enfrenta un complejo segundo tiempo. Un tiempo para cumplir promesas y no formularlas, como ha afirmado el propio presidente. Inevitablemente marcado por las elecciones municipales de octubre y la presidencial y parlamentaria del año próximo, en donde el único objetivo que parece tener la oposición es “desalojar” primero al oficialismo de municipios claves y luego acceder nuevamente al poder. Con una escasa visión de futuro aquel sector ha optado por una postura obstruccionista y cerrada a cualquier acuerdo con el ejecutivo. Especialmente respecto del nuevo pacto fiscal propuesto por el ministro de Hacienda, en donde la derecha mantiene sus objeciones a cualquier alza de impuestos que grave a los sectores de mayores ingresos. De igual manera, pese a las muestras de apertura y flexibilidad manifestada por el gobierno en torno a la reforma previsional, insiste en destinar la totalidad de la cotización adicional del 6 % a capitalización individual, sosteniendo que la solidaridad del sistema debe ser financiada con gastos generales de la nación, sin proponer fórmulas concretas. El otro punto de controversia dice relación con la participación estatal en la administración de los fondos previsionales.
Es reconocido que el actual oficialismo, especialmente el Frente Amplio y el Partido Comunista, ejercieron una dura oposición al último gobierno de Piñera. Y la derecha está pagando con la misma moneda. Pero aquella es, ciertamente, una mirada muy cortoplacista. Más aún, si aspiran a recuperar el poder en las próximas elecciones.
En el juego de suma cero en que se ha convertido la política, con su alta fragmentación, con más de 20 partidos con representación parlamentaria, incluyendo algunos que se autodefinen “no alineados”, y más de 30 parlamentarios que se declaran independientes, el país involuciona crecientemente hacia la ingobernabilidad. Ese fenómeno ya lo vivió en carne propia Sebastián Piñera durante el estallido social y ahora se reitera con el actual gobierno, que no cuenta con mayoría parlamentaria, en una tendencia que podría agudizarse a futuro, a menos que se reforme el sistema político.
Contra la corriente reinante, la derecha debería distinguir entre aquellos temas de la agenda que conviene resolver mediante algún tipo de acuerdos y cuales mantener como controvertidos, que podrían heredar en el supuesto que retomaran el poder. Los jubilados han esperado más de una década que se resuelva el tema de las pensiones. Demasiados han muerto esperando. Otros mal viven con pensiones miserables que no permiten subsistir decentemente. Si no se aprueba la reforma previsional deberán seguir esperando por los próximos treinta años, al igual que los futuros jubilados. Y ese podría ser un tema decisivo en la próxima campaña presidencial y parlamentaria.
Está en juego en interés superior del país y su gobernabilidad futura (también en el interés de las coaliciones mayoritarias y de quienes aspiren a gobernar), impulsar una reforma que ponga barreras a la excesiva fragmentación política y el “discolaje”.
En materia tributaria es más que evidente que el estado requiere de mayores recursos, no tan sólo para atender urgentes necesidades sociales como la salud, vivienda y educación, asumiendo que el actual sistema es manifiestamente injusto y regresivo, sustentando la brecha de las desigualdades que marcan nuestro desarrollo. También los recursos son escasos para abordar el sensible tema de la seguridad ciudadana.
En el programa de gobierno inicial, la candidatura de Gabriel Boric proponía un incremento de los impuestos apuntando a recaudar un 8 % del PIB. En la reformulación de segunda vuelta, denominada “convergencia programática”, se reducía al 4%. Ahora en la propuesta de nuevo pacto fiscal se propone elevar a un modesto 2 %. Y aún así, tanto el gran empresariado como la derecha sostienen una cerrada oposición a cualquier alza de impuestos.
Entre los temas pendientes de la agenda resuena la crisis que enfrentan las ISAPRES, que estarían al borde del colapso a partir de una millonaria deuda por cobros excesivos a sus afiliados, determinada por un fallo de la Corte Suprema, que deberá ser resuelta antes del mes de mayo. La fórmula de una “mutualización” de la deuda aprobada por el Senado, ha sido cuestionada desde el oficialismo por quienes la califican como un perdonazo. Cualquiera que sea la fórmula para resolver esta crisis, ello le pone mayor urgencia a la reforma del sistema de salud que el gobierno ha anunciado para fines de año.
Seguridad ciudadana como primera prioridad
Inevitablemente, el tema de la seguridad ciudadana seguirá manteniendo la primera prioridad, tanto para el gobierno como para la oposición. No tan sólo por la necesidad de despachar algunos proyectos pendientes, como la protección de la infraestructura crítica, la reformulación del sistema de inteligencia nacional o la creación del ministerio de seguridad pública, sino también la urgencia para enfrentar el incremento de crímenes violentos más allá de la acontecida Región Metropolitana
El atípico secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, más allá de las múltiples hipótesis que se han formulado respecto de sus causas y responsables (muchas de las cuales carecen de fundamentos serios, hasta ahora), apunta a la participación del crimen organizado. Y, específicamente, al tristemente célebre Tren de Aragua, una organización criminal nacida en Venezuela que fuera duramente reprimida por el régimen de Nicolas Maduro, optando muchos de sus integrantes por buscar refugio en nuestro país para reactivarse, aprovechando inicialmente la invitación del expresidente Piñera formulada en su bullada intervención en Cúcuta hace cinco años.
Es ineludible continuar profundizando en el tratamiento a la crisis de seguridad que desafía al país. Evidentemente el conjunto de la región se encuentra amenazado por la internalización del crimen organizado y los carteles de la droga, que golpea con particular intensidad a países como Ecuador o Perú. Pareciera cosa de tiempo (no demasiado) para que el tipo y modalidades de amenazas que enfrentan países vecinos se instalen en nuestro país, como lo han advertido diversos expertos a nivel internacional, así como el propio mandatario ecuatoriano.
El Tren de Aragua no es la única organización criminal que opera en Chile. Se agregan grupos de carteles mexicanos, brasileños o colombianos, incluso se menciona a la mafia china, que exportan nuevos delitos, como los secuestros extorsivos, ajustes de cuentas, protección de negocios, la trata de personas o la usura, relativamente desconocidos hasta ahora por el país.
El referido escenario delictivo obliga a diseñar políticas integrales en materia de seguridad y no tan solo coyunturales o de emergencia, exigiendo el reforzamiento de servicios policiales en fronteras, aduanas y puertos, así como los diversos servicios encargados de fiscalizar la actividad económica y prevenir el lavado de dinero. Y es más que obvio que ello demanda de ingentes recursos económicos para lo cual se requiere, entre otras cosas, el ya mencionado nuevo pacto fiscal.
Adicionalmente se requiere de una estrecha coordinación y cooperación de los diversos gobiernos y los servicios policiales para enfrentar este flagelo que amenaza las democracias en nuestra región.
Retomar la senda del crecimiento
El IMACEC del mes de enero, con un 2.5 % de crecimiento, es una buena noticia no tan sólo para el gobierno sino para el país. En sus dos primeros la actual administración ha logrado implementar un importante ajuste de la economía, fuertemente impactada por la pandemia y la crisis bélica a nivel internacional. Un ajuste con un bajo costo social y un importante control de la inflación. La vociferante derecha, tan crítica para calificarlo como el peor de nuestra historia, no debiera ignorar que el actual gobierno ha actuado con gran responsabilidad fiscal y mucha solvencia técnica.
El desafío para la segunda mitad del mandato presidencial, como lo ha asumido el gobierno, es retomar la senda del crecimiento, que las autoridades proyectan en torno a un 2,5 % anual. Una meta ambiciosa y difícil de alcanzar, según los analistas del mercado.
El nuevo pacto fiscal propuesto por el ministro Marcel es relevante no tan sólo para atender necesidades sociales y reforzar la seguridad pública, sino también para dar un nuevo impulso al crecimiento. Las propuestas para combatir la evasión y elusión tributaria pueden ser muy importantes. Pero no bastan para asegurar los ingresos que requiere el país en su actual nivel de desarrollo.
De la misma manera, simplificar y agilizar los trámites de aprobación de nuevos proyectos de inversión (permisología), debiera contribuir a dinamizar la economía. El acuerdo de asociación público-privada alcanzado por CODELCO y Soquimich es un paso relevante, como quedó en evidencia durante la reciente visita de la secretaria del tesoro norteamericano, Janet Yellen, y puede servir de modelo para otros emprendimientos en áreas como la minería o la energía.
El año 2024 en clave electoral
Aún los partidos y coaliciones deben definir su modalidad para designar postulantes a próximas elecciones municipales. Las alianzas partidarias electorales prefigurarán un nuevo mapa político en perspectiva de los resultados de la elección presidencial y parlamentaria del año próximo.
En el oficialismo, la opción es clara. Enfrentar la próxima elección municipal en una lista única a nivel de alcaldes y competir, probablemente, en tres listas a concejales, Sin embargo, ella aún debe pasar la prueba de la blancura para arribar a un acuerdo que incluya al actual oficialismo y a la DC, que ha aceptado participar del pretendido acuerdo.
El principio de “el que tiene, mantiene” no consigue muy buena presentación, pero debiera funcionar para aquellos alcaldes y alcaldesas que han desarrollado una buena gestión, están bien posicionados y con evidentes posibilidades de ser reelectos. No así para aquellos ediles fuertemente cuestionados y con bajos índices de popularidad. El mecanismo de primarias no es la panacea para mejor resolver. Necesariamente requiere de claras regulaciones y acuerdos entre los diversos partidos.
Para la derecha, la situación es aún más compleja. En buena medida, en estas elecciones se juegan los liderazgos futuros y la hegemonía del sector. Todo apunta a una dura competencia entre Chile Vamos y Republicanos, que pudiera tener epicentros en comunas emblemáticas para aquel sector, como Las Condes o Vitacura y otras regiones en el país, como la Araucanía.
El intento de Chile Vamos por “canonizar” la figura del fallecido expresidente Piñera, ha sido fuertemente resistido por los republicanos, que lo acusan de haber gobernado con ideas de la izquierda y haber entregado la constitución de 1980. En rigor, Piñera nunca fue “una monedita de oro” en su propio sector. Fresco está el recuerdo de las críticas de personeros de la derecha a su primer gobierno y es un dato de la causa que no volvió a afiliarse a RN y escogió a sus colaboradores sin pasar por los partidos de Chile Vamos.
Ya no es un misterio que Chile Vamos busca incluir a Amarillos y Demócratas en su pacto municipal. El problema es que debe buscar un acuerdo o un pacto por omisión con Republicanos para intentar desplazar al oficialismo y la DC de un número importante de alcaldías. Y teóricamente ello obstaculizaría el acuerdo con sus nuevos aliados de la centroderecha, que aspiran a “una coalición de centro”, que excluya cualquier alianza con la ultraderecha, según se debatió recientemente en Alemania, bajo el patrocinio de la fundación Konrad Adenauer.
Lejos de buscar alianzas con la centro derecha, como ha ratificado el timonel de los republicanos, su principal objetivo es ganar la hegemonía en la derecha, eligiendo una mayor cantidad de concejales que Chile Vamos, e inscribir a José Antonio Kast como candidato presidencial sin pasar por un mecanismo de primarias. Es verdad que el presidenciable republicano está en baja, superado por Evelyn Matthei en las encuestas y que su propio partido ha sufrido escisiones notorias, como la de Johannes Kaiser y Rojo Edwards. Pero nada de lo anterior es suficiente para disuadir a los republicanos para competir por la hegemonía del sector. Mal que bien, se sienten los legítimos herederos y depositarios del legado del régimen militar.
Así, para partir, no es poco lo que se juega en las próximas elecciones municipales.
