El actual gobierno está procurando realizar modificaciones a la ley de pesca para permitir una mayor cuota de extracción de recursos por parte de la pesca artesanal. Las reacciones transversales de defensa de la pesca industrial en el parlamento y las acciones violentas de una parte de los pescadores frente a esas reacciones expresan bien la situación de polarización social del país y la dificultad de las instituciones existentes para canalizar las confrontaciones de intereses por las vías democráticas legítimas, dado el peso de los intereses oligárquicos en el sistema político.
Como los recursos soberanos del mar pertenecen a todos los chilenos, la ley debe regular el acceso a ellos. Esto lleva periódicamente a la confrontación entre el mundo artesanal y el industrial de la pesca. La incidencia de las grandes empresas en las leyes que regulan el acceso a las pesquerías es notoria, lo que ha llevado al colapso biológico de varias de ellas por sobre- explotación.
Como se observa, hay quienes quieren persistir en mantener una democracia permeable a los intereses económicos oligárquicos, incluso después de que la ley discutida durante Piñera I terminara con el ministro de Economía de entonces y varios parlamentarios acusados ante los tribunales por cohecho, con un senador de la UDI preso. Las redacciones de articulados e indicaciones a proyectos de ley fueron directamente hechas en las sedes de las grandes empresas y de sus gremios y llevadas al parlamento por ministros y parlamentarios de derecha, lo que se ha vuelto a repetir incluso recientemente con un parlamentario de la UDI, mientras un ex subsecretario DC ha fungido como lobista oficial de las pesqueras.
Se podría considerar que se utiliza aquí la noción de oligarquía con fines retóricos, pero se alude de manera precisa aquel orden que se rige por el principio de bloqueo del interés general por parte de una minoría que concentra una parte determinante del poder económico, político y mediático en su propio beneficio (ver «Oligarchy», Jeffrey Winters, Cambridge University Press, 2011). Esa oligarquía seguirá confrontándose con la democracia, como el sociólogo Göran Therborn señaló tiempo atrás (LOM, 2019): «siempre ha existido una distancia y una tensión entre capitalismo y democracia, porque los capitalistas siempre han sido una minoría. A lo largo de la historia se han construido puentes a modo de compromisos, donde se han protegido los derechos de propiedad a cambio de derechos sociales, pero en este nuevo escenario todo eso se está erosionando«.
En la actualidad, de acuerdo a las encuestas, se está en Chile ante el peligro de tener el próximo año un gobierno de tipo trumpista, con reminiscencias con la dictadura de 1973-1989, en el que no solo se mantenga el peso sistémico de la oligarquía, sino que se entre directamente a un tipo de régimen que la Real Academia Española define como «plutocracia»: aquel en “que los ricos ejercen su preponderancia en el gobierno del Estado”.
El tipo de funcionamiento económico en Chile sigue estructuralmente signado por un importante peso de la precariedad laboral, la informalidad y la marginalidad de franjas de la población, en medio de un dinamismo decreciente. Esto llevó a la rebelión social de 2019, a la inestabilidad posterior y a una contra respuesta social y política de extrema derecha ante la incertidumbre y la exacerbación de los miedos, alimentados, además, por factores externos como una ola migratoria de magnitud desconocida previamente en el país y una criminalidad organizada también desconocida en el pasado reciente. Estos factores explican la persistencia de un malestar social especialmente agudo en franjas de la población que se vuelcan hacia las representaciones políticas de protesta, especialmente de extrema derecha. Estas propugnan políticas altisonantes de popularidad fácil, pero sin diagnóstico adecuado ni demasiada posibilidad de ponerlas en práctica. Esto ha permitido que la derecha reivindique hoy expresamente, y sin mayor costo de popularidad, la defensa de los privilegios económicos, la disminución de la capacidad de protección social del Estado con motosierras y podadoras y que valide la idea de la persecución política y la represión como parte de sus impulsos autoritarios, como se expresó en su proyecto de constitución derrotado en 2023, mientras la mayor parte de sus representantes sigue justificando la dictadura de Pinochet y sus crímenes y horrores. Kaiser cuestiona incluso la vacunación de la población.
Tiene sentido recalcar que lo que está en juego es una regresión social y democrática de envergadura si triunfan la derecha y la extrema derecha en las urnas este año, con la consecuencia de aumentar la polarización y conflictividad en el país por largo tiempo.
