La pandemia: Una vacuna contra el neoliberalismo.

La pandemia ha dejado en evidencia el fracaso del neoliberalismo para atender las demandas más elementales ante una situación límite de crisis, una donde están en juego la vida, el trabajo y la subsistencia de millones de familias.

Las claves para enfrentar la triple crisis -sanitaria, económica y social – han estado en la ciencia, la salud pública y el apoyo y el rol articulador del estado, justo tres áreas afectadas y empequeñecidas por el ataque que por décadas le ha proferido el neoliberalismo. Los héroes en esta gesta provienen de la salud pública, de los municipios, de los trabajadores que han permitido mantener funcionando las actividades esenciales. No provienen del “libre mercado” ni de los CEOs ni de los especuladores de la bolsa.

Empezamos a transitar un nuevo ciclo. Tras 40 años de neoliberalismo, gatillados por la Thatcher y por Reagan a inicios de los 80´s. empieza a dar sus primeros pasos un nuevo consenso, uno que rescata el rol conductor del estado en los lineamientos estratégicos del desarrollo, uno que privilegia la salud pública y el rol de la ciencia, uno que entiende que desigualdades extremas afectan la cohesión de las sociedades y terminan afectando la gobernabilidad y el crecimiento económico; uno que entiende que, superada la pandemia, será necesario abordar con urgencia el cambio climático. Por cierto, nada de esto será automático. Dependerá críticamente de que estos planteos sean tomados efectivamente por los movimientos sociales y políticos y puedan expresarse en propuestas viables y movilizadoras.  Veamos como surgen algunas flores en el jardín del combate al neoliberalismo.  

El programa fiscal de Biden suma US$ 2,25 billones (trillones en la terminología estadounidense) orientados a estimular empleo e inversiones en infraestructura, nuevas tecnologías y resguardo a la tercera edad. Incluye rubros tales como cuidado del hogar para ancianos y discapacitados, vivienda, créditos para energía limpia, reforzar la red eléctrica, renovar el sistema de agua potable, avanzar en banda ancha y elevar el gasto en I&D. La suma estimada- que cubre varios años- es equivalente a 7 veces el PIB de Chile.  Más allá de los gigantescos números involucrados, lo más destacable aquí es recuperar el rol del estado como articulador de políticas con visión estratégica en infraestructura, digitalización, redes 5G, energías renovables y economía del cuidado.

La Secretaria del Tesoro de EE.UU. Janet Yellen, primera mujer en dirigir la Reserva Federal y también la primera en encabezar las finanzas, acaba de proponer al G20 que se sumen a USA en establecer un impuesto global mínimo de 21% a las multinacionales, con el objeto de combatir la evasión y la inversión en paraísos fiscales. Ya ha recibido el apoyo del FMI en esta propuesta. Tras 30 años de recortes generalizados de impuestos corporativos y a las personas, es ahora USA quien inicia una campaña global para fortalecer las arcas fiscales y permitir así inversiones en bienes públicos esenciales. El programa fiscal de Biden se financiará elevando el impuesto a las empresas desde el 21% al 28%. Recordemos que Trump rebajó ese impuesto desde el 35% al 21%, junto con eliminar el impuesto a las herencias y reducir la tasa máxima a las personas.    

Se suman a este cuadro 83 multimillonarios de diversos países, quienes en julio 2020 pedían a sus gobiernos que “nos aumenten los impuestos inmediatamente, sustancialmente y de modo permanente”. Se agregan 200 ultra- ricos norteamericanos, a quienes se los ha denominado “millonarios patriotas” quienes argumentan que no han estado en la primera línea del combate a la pandemia pero que cuentan con el dinero que se necesita desesperadamente para combatirla y para financiar salud, educación y seguridad. Alegan que están en condiciones de contribuir mucho más en esta tarea y piden que se les apliquen impuestos más elevados.

El FMI, a través de su principal encargado de temas fiscales, acaba de proponer un “impuesto solidario” que se debería aplicar a los más ricos y a aquellas empresas que han obtenido ganancias excesivas durante la pandemia. Con dicha recaudación, se debería ir en apoyo de quienes peor la han pasado en la pandemia: los jóvenes, así como trabajadores menos calificados y entre la población más vulnerable, a las mujeres y la tercera edad.  Esta iniciativa, arguye el FMI, no sólo ayudaría a recuperar las economías, sino que además reforzaría la cohesión social.

Mientras tanto Forbes informa que, en plena pandemia y sus efectos devastadores sobre la economía mundial, los ultra -millonarios han visto aumentar su riqueza. En Chile, los Luksic, Ponce Lerou, Paulmann, Piñera, Angelini, Saieh, Yarur, en plena pandemia, vieron aumentar su patrimonio sumado en 73%. Si esto no es un escándalo, habría que inventar un concepto que dé cuenta de la ignominia que estamos viviendo.  Por otra parte, la banca informó que, al cierre de febrero, sus ganancias en el primer bimestre sumaron US$ 891 millones, un aumento del 30% respecto de del primer bimestre 2020. Es decir, en plena pandemia, ¡sus ganancias aumentaron 30%!

Esto se conoce al mismo tiempo que el Banco Mundial nos indica que en Chile el ingreso per cápita cayó cerca del 40% en hogares donde al menos un miembro perdió el empleo; que cerca del 40% de la población vulnerable y 75% de la clase media no recibió ningún apoyo gubernamental y que, por ende, aproximadamente 2,3 millones de personas de clase media cayeron en situación de vulnerabilidad.    

Recordemos que el déficit público norteamericano en 2020 alcanzó un 15% del PIB, orientado a apoyar a las familias y a robustecer el seguro de desempleo. Ese déficit en 2021 bordeará el 10% del PIB y eso – junto al avance en vacunación -es lo que explica su rápida recuperación, mucho más intensa que la europea que ha regateado ese apoyo. Un elevado endeudamiento público es lo que ha permitido ese desempeño, endeudamiento plenamente avalado por el FMI, dada la intensidad del shock pandémico. El endeudamiento público en los países más desarrollados promedió en 2020 casi 12% del ingreso nacional, en tanto dicho endeudamiento fue de 10% en países emergentes y sólo 5,5% en los países de menores ingresos.

Es inentendible que Chile en 2020, la economía con mayor espacio fiscal no sólo en A Latina sino una de las tres con mayor espacio fiscal en toda la OECD, se haya endeudado sólo en 4,6% del PIB. Es decir, Chile se endeudó como si fuese un país pobre y sin acceso al financiamiento externo ni interno. Esta absurda austeridad en medio de la peor pandemia en un siglo es lo que explica una ayuda a las familias atrasada, a cuentagotas, llena de burocracia y letra chica e impidió una ayuda eficaz a las pymes, indiferentes al quiebre de miles de ellas.

Es hora de corregir esta aberración económica y social. Urge un programa sanitario más vigoroso en trazabilidad y vacunación, dotando de más recursos a la salud primaria, contratando personal para trazar y vacunar durante los fines de semana; un apoyo universal a las familias sin letra chica, al nivel de la línea de pobreza y durante seis meses, al menos, de modo de superar este peor momento de la pandemia, evitando quiebras adicionales de micro y pequeñas empresas y postergándoles pagos de patentes y tributos mientras lleguemos a la primavera, momento en que se espera que las vacunas estén operado de modo masivo. El gobierno debe activar su retrasado plan de inversiones públicas e iniciar el apoyo técnico y financiero a los nuevos gobiernos regionales, otorgándole dimensión territorial a sus políticas públicas. Un programa especial de apoyo a las mujeres jefas de hogar es urgente, atendiendo población vulnerable y sectores medios. Programas especiales de empleo y capacitación para jóvenes son también de una urgencia dramática.

Todas estas iniciativas requieren financiamiento. Por eso es que hoy adquieren gran sentido las iniciativas comentadas. Impuesto a los super -ricos; impuesto solidario a las empresas que mejor les ha ido; terminar con exenciones que no aportan al crecimiento y que exacerban la desigualdad; dotar al SII de facultades que le permitan controlar mejor la evasión y la elusión. Todas estas iniciativas urgen para recuperar la economía y los empleos perdidos, para mejorar las finanzas públicas y para reconstruir las confianzas y el sentido de comunidad. 

Con base en estas medidas, será posible además mejorar la calidad del debate público, de modo de ir abordando los desafíos de mediano y largo plazo que nos acechan: digitalización inclusiva, combate al cambio climático, diversificación productiva y exportadora, elevar niveles de productividad y de innovación, empleo decente, reducción de las desigualdades, incorporar una decidida dimensión de género en el conjunto de las políticas públicas y apoyo en serio a la descentralización.