El origen de la crisis es sanitario y la solución también lo será
El rasgo peculiar de esta crisis es que su origen es sanitario y sus repercusiones son sanitarias y económico-sociales. A la vez, la forma de enfrentar estas repercusiones tiene consecuencias en la situación sanitaria, positivas o negativas. Por tanto, mientras persista la pandemia, poco sentido tiene hablar de “retorno a la normalidad económica”.
mientras persista la pandemia, poco sentido tiene hablar de “retorno a la normalidad económica”.
El desconfinamiento se debe iniciar sólo cuando exista la comprobación de una caída sustantiva en el riesgo sanitario. Ha costado que la autoridad entienda que mientras antes se controle la expansión del virus, más temprana y sólida será la recuperación económica.
El Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible, ya el 18 de marzo, sugería la urgencia de medidas para asegurar esa eficacia permitiendo que el máximo de las personas permaneciese en sus hogares, toda vez que el estado les podría proveer los ingresos necesarios para su mantención, sin necesidad de salir a la calle a buscar el diario sustento. El ingreso familiar de emergencia además ayudaría a mantener el nivel de la demanda, evitando un mayor desempleo. El apoyo a las pymes permitiría la supervivencia de miles de ellas, las que por razones de cuarentena o deterioro de la demanda han debido paralizar temporalmente. Con estas medidas, la recuperación post pandemia sería más rápida y menos traumática.
Chile tuvo esa oportunidad, pero lamentablemente el gobierno la desechó. De menos de 10 mil casos de contagio a mediados de abril, cuando era posible aplicar el paquete de medidas arriba mencionado, llegamos a los 350 mil casos de fines de julio y a un desempleo potencial que está bordeando el 35% de la fuerza de trabajo.
El gobierno, desde un inicio, dio un trato fiscal a la pandemia que, en la práctica, lo asumía como un tema menor y que duraría pocos meses. Transcurridos cinco meses desde la llegada de la pandemia a Chile, ya empezamos a acostumbrarnos de expresiones irresponsables de los ministros del área económica que señalan “la crisis sanitaria se ha extendido más allá de lo esperado”, “la caída en la actividad económica está siendo mayor que lo proyectado” o “los efectos en el mercado del trabajo están siendo más drásticos de lo esperado”.
Chile, el último bastión del neoliberalismo extremo se resistía a tomar en serio los planteos del FMI, de la OCDE, del Financial Times y The Economist, todas voces difíciles de asimilar al “populismo” o al “izquierdismo”. Pues bien, todas ellas diagnosticaban una crisis profunda – comparable a la Gran Crisis de los años 30 – y, por ende, sugerían un rol acrecentado del gobierno en la gestión y en la salida de la crisis.
En el blog del FMI a inicios de abril se sugería un compacto paquete de medidas para hogares ( transferencias directas, elevar monto y cobertura del seguro de desempleo, vales de alimentación para alumnos sin clases, postergación de pagos de créditos e hipotecas, aplazar pagos de impuestos y cotizaciones a la seguridad social), para empresas (aplazar pagos, compra pública de acciones y bonos de empresas, inyecciones de liquidez, subsidios para mantener el empleo) y para el sistema financiero (liquidez y garantías gubernamentales).[1]
El ministro Briones hablaba a mediados de abril de un esfuerzo fiscal de US$ 12.105 millones, esto es, un 4.8% del PIB. Sin embargo, mezclaba allí reasignaciones de gastos, postergación de ingresos y garantías estatales que podrían hacerse efectivas en cuatro años. De este modo, el esfuerzo fiscal neto en gasto público que impactaba en la economía no superaba el 2% del PIB, obviamente, un monto que no dialogaba con la intensidad de la crisis.
Chile cuenta con fondos soberanos por US$ 22.000 millones, que supera lo que disponen el resto de los países de la región. Esto representa un 7,3% del PIB.
Como se advirtió en su momento el Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible entre sus consideraciones para un mayor esfuerzo fiscal, Chile cuenta con fondos soberanos por US$ 22.000 millones, que supera lo que disponen el resto de los países de la región. Esto representa un 7,3% del PIB.
Insistía aquella propuesta que la emergencia se podía enfrentar con más rapidez y eficiencia pública, la crisis en empleo y pobreza se podría atenuar significativamente. “La recuperación además sería más pronta y menos traumática pues habremos defendido de mejor forma el empleo y el tejido empresarial”.
“La recuperación además sería más pronta y menos traumática pues habremos defendido de mejor forma el empleo y el tejido empresarial”.
Pronto el gobierno vio desarmarse sus fundamentos y de la noche a la mañana, aceptaba que era posible gastar US$ 12 mil millones más, un 4.8% del PIB, sin tensionar las cuentas fiscales y sin ser catalogados de “populistas y fiscalmente irresponsables”.
El motor de la inversión pública
En materias más que relevantes para superar la crisis se requiere considerar que el motor de partida es la inversión pública.
Elevar la tasa de crecimiento requiere contar con mayores niveles de inversión y a la hora de perfilar las claves para impulsar el crecimiento, la inversión en infraestructura aparece como una los instrumentos más eficaces, tanto en el plano teórico con en el empírico[2]. La inversión en infraestructura mejora cobertura y calidad de servicios públicos claves, como salud y educación, reduce los costos de desplazamiento (transporte, carreteras, puentes), facilita actividades económicas (represas, tranques, etc.) Por esta vía, contribuye a elevar la productividad y la competitividad de la economía, elevando la capacidad de exportación. De este modo, elevar la inversión pública en infraestructura y dinamizar las concesiones aparece como el principal instrumento para reactivar el crecimiento. Restarle recursos a la inversión pública para financiar subsidios tributarios a la inversión privada en un contexto de recesión es una buena medida para concentrar aún más el ingreso, pero no es la mejor vía para estimular el crecimiento.
Lo que las empresas necesitan para poder invertir más, es un escenario de recuperación de la demanda. Un escenario de acentuada incertidumbre sanitaria, de contracción de la demanda y de pérdida de más de dos millones de empleos difícilmente ayudará a estimular la inversión privada.
Si el gobierno insiste en poner la carreta delante de los bueyes, aplicando incentivos tributarios, como sería “rebajar a la mitad el impuesto de primera categoría del régimen Pro Pyme de la ley sobre impuesto a la renta para los ejercicios comerciales 2020, 2021 y 2022”, esa rebaja de impuestos no redundaría en más inversión sino en más ganancias. Se trataría de un subsidio a los que más tienen, empeorando la distribución del ingreso, sin mejorar la situación del empleo. Por otra parte, la rebaja del impuesto de primera categoría, si se impusiese, debiese operar exclusivamente para PYMES con ventas hasta 100.000 UF anuales. De otra forma aparecería como una forma especial de rebaja tributaria para las grandes empresas de un modo tal que se aprovecharía la emergencia sanitaria y económica para conseguir una vieja aspiración del gobierno, cual es rebajar los impuestos a las grandes empresas. Por lo demás, es necesario recordar que esta rebaja no afecta a más de 450.000 pymes que ya operan en el régimen Pro-Pyme de transparencia, las que ya están exentas del impuesto de primera categoría.
Qué hacer ante el tsunami laboral
La crisis está haciendo que más de dos millones de integrantes de la fuerza de trabajo hayan perdido su empleo o no encuentren empleo o hayan tenido que reducir involuntariamente sus horas de trabajo y sus ingresos. El desempleo juvenil ya alcanza el 28%. Estamos en presencia de un tsunami laboral y de ingresos que no tiene parangón. Por cierto, se trata de un shock que dejará heridas profundas en el tejido social que durarán muchos años. El discurso del ministro Briones de “evitar que shocks transitorios tengan efectos permanentes” ha mostrado un fracaso estrepitoso. Son millones las familias chilenas que han visto caer dramáticamente sus ingresos, acumulando deudas en servicios básicos, en educación, en créditos diversos, en arriendos o cuotas hipotecarias y son esas mismas familias las que deberán afrontar muchos meses de angustia económica y social, en tanto no se recuperen las cifras de empleo y salarios.
Junto a dos millones de trabajadores afectados en empleo e ingresos, tenemos otros tantos que enfrentan un incierto futuro laboral. Los más pobres y los jóvenes pagarán las peores consecuencias de este shock económico y laboral. Se agrega la mujer, quien, en condiciones de confinamiento y cuarentena, muchas veces ha debido sobrellevar el teletrabajo con los cuidados de hijos y las labores domésticas, lo que ha significado jornadas de trabajo bien por encima de las ocho horas, con salarios reducidos y debiendo asumir los costos del teletrabajo (costo de Internet, de luz eléctrica, de teléfonos), los que deberían haber sido cubiertos por las empresas.
La experiencia ha mostrado que el teletrabajo es una modalidad que se adapta a los trabajos de sectores medios y altos de ingresos, particularmente hombres. Para pobres, jóvenes y mujeres sin apoyo doméstico, el teletrabajo no ha sido una buena opción y exige una adecuación de la legislación.
La focalización – lo opuesto a la universalización de los derechos sociales – falló en el peor momento, justo cuando la mayoría de la población requería el apoyo del estado y cuando el gobierno, si bien con lentitud, ha reaccionado ante la presión social y de la oposición con montos inéditos de recursos. Ha quedado en evidencia que el estado no está en condiciones de acudir con prontitud y eficacia a quienes más lo necesitan y cuando más lo necesitan.
Ridículas suenan las excesivas conferencias de prensa de la autoridad para anunciar las medidas de apoyo (“bastará un clic para acceder a la ayuda”, ministro Briones, a propósito del bono para clase media), en tanto para acceder a diversos apoyos las familias debían llenar formularios y adjuntar documentos o fotografías online y todo ello hacerlo en condiciones de cuarentena forzosa
Se perdió demasiado tiempo. Al menos, 4 meses y medio – en burocracia evitable – impidiendo que la ayuda llegase oportunamente a millones de familias. Con ello, millones de trabajadores informales se vieron obligados a romper la cuarentena a buscar su sustento diario en las calles, contagiándose del virus o contagiando a otros. El rechazo ideológico del gobierno a aplicar el Ingreso Universal terminó afectando severamente el ingreso de las familias y reduciendo la eficacia de las cuarentenas. El Ingreso Básico Universal habría permitido que llegase directo al bolsillo de cada uno de chilenos y chilenas mayores de edad un monto mensual similar a la línea de pobreza, monto definido por el Ministerio de Desarrollo Social, mientras durase la emergencia sanitaria.
Cómo frenar la concentración económica
La destrucción de empleos va de la mano con la destrucción de microempresas y pequeñas empresas, fundamentalmente. Cuando salgamos de la crisis sanitaria no sólo lo haremos con una economía más pequeña, con más desigualdad y pobreza, sino que también lo haremos con un mayor nivel de concentración económica.
Es importante diferenciar bien de qué se habla cuando se alude al apoyo a las pymes. No son pocas las ocasiones en que supuestas medidas de apoyo a las pymes, en rigor lo que ocultan es un beneficio orientado básicamente a las grandes empresas:
“Bajo la etiqueta de Empresas de Menor Tamaño o MIPYMES, se agrupa un heterogéneo conjunto, desde aquellas que venden menos de 10 UF al año hasta las que venden 100.000 UF en igual período. Estas diferencias se aprecian también en el capital que poseen, las formas de comercialización, el acceso al sistema financiero, el manejo de información y conocimiento y el acceso a programas de fomento e innovación” [3]
“En el caso del FOGAPE, se amplió el otorgamiento de garantías a empresas con ventas anuales hasta 1 millón de UF, elevando cerca de 10 veces el límite. Se incorpora así a los dos primeros tramos de grandes empresas entre las posibles beneficiarias. El resultado hasta la fecha es que el 44,2% de los recursos ha sido otorgado a estas grandes empresas, con ventas anuales superiores a 300 mil UF anuales, es decir más de 8 mil 600 millones de pesos de venta anual cada una. Por otra parte, el Proyecto de Ley que establece medidas tributarias que forman parte del plan de emergencia para la reactivación económica y el empleo, está enfocado básicamente a las medianas y grandes empresas. El informe financiero de este proyecto indica que, de ser aprobado, solo en lo que queda de este año, el Estado dejaría de percibir ingresos por cerca de 167 millones de dólares, recursos que sin duda tendrían un mejor uso alternativo apoyando a las MIPYMES”.[4]
El universo de las pymes es particularmente heterogéneo y, por tanto, las medidas de apoyo deben asumirlo. El Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible ha venido insistiendo en que, por ejemplo, las microempresas necesitan subsidios y asesorías en su proceso de desarrollo, las pequeñas requieren créditos de mediano plazo, capacitación y asistencia técnica para su integración a cadenas de proveedores, las medianas requieren transferencia tecnológica, programas de encadenamiento productivo y créditos de largo plazo. Por otra parte, el sector de empresas informales, que no es menor, y que está creciendo durante la crisis, requerirá un trato especial, ámbito donde los municipios deberán jugar un rol fundamental en detectarlos y ofrecerles medidas especiales de apoyo.
El acento en la infraestructura productiva
Es fundamental un nuevo salto en las inversiones en infraestructura física, eje fundamental para el progreso económico y social. Esta inversión abarca caminos, autopistas, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, transporte de pasajeros y de carga en todas sus manifestaciones, hospitales y centros de salud primaria; universidades, liceos y jardines infantiles; así como las obras sanitarias y de recursos hídricos. Incluye también la infraestructura energética, digital y la científico-tecnológica. La inversión en infraestructura favorece el crecimiento y la productividad, reduce la pobreza y la desigualdad, favoreciendo la descentralización y una mayor conectividad nacional.
El desafío para las PYMES
En la medida que las PYMES puedan contar con un acceso más fluido y más barato al financiamiento interno de largo plazo no sólo harán que la recuperación económica sea más intensa, menor el ciclo laboral adverso y más regiones se beneficiarán de dicha reactivación. De la misma forma, contribuirán a mejorar la capacidad de conquistar nuevos mercados y de que empresas de regiones puedan convertirse en proveedores de clústeres de grandes productores.
“El funcionamiento de nuestro mercado de capitales ha sido un gran obstáculo para el desarrollo de las MIPYMES. Ellas tienen acceso limitado, incierto y muy sensible a los altibajos macroeconómicos tan frecuentes en nuestra economía; además, a plazos cortos y tasas de interés excesivas. El financiamiento de sus inversiones requiere un mejor acceso, plazos más largos y costos razonables. Para lograr esa transformación, es necesario efectuar una profunda reforma estructural del mercado de capitales, creando una Banca de Desarrollo. Los fondos requeridos existen y corresponden a los ahorros de largo plazo de los trabajadores, acumulados en los fondos previsionales en las AFP”. [5]
En la perspectiva de los desafíos resumidos
anteriormente es importante cambiar el foco de la preocupación de “los
economistas”. Es necesario que los colegas economistas empiecen a
preocuparse menos de las oscilaciones de la bolsa de valores o de “hacer buena
letra” en los medios para ser considerados en los directorios de empresas, AFPs
o Isapres y que se dignen a examinar lo que está aconteciendo en las empresas
de tamaño medio y menor, en nuestras regiones, explorar formas de economía circular,
del mejor vínculo entre el instrumental económico y la preservación ambiental o
el combate al cambio climático. El covid-19 está intensificando los problemas
estructurales de la economía y la sociedad chilena y, por tanto, evidencia la
necesidad de un nuevo modelo de desarrollo.
[2] La inadecuada inversión en infraestructura sería la principal barrera al crecimiento en nuestra región, “Highways to Heaven: Infrastructure Determinants and Trends in Latin Amrica and the Caribbean, Working Paper 16/185. IMF, September, 2016.
[3] LAS MIPYMES EN LA EMERGENCIA Y LA REACTIVACIÓN, Ana María Correa, Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible, Presentación en el Senado, 3 de agosto, 2020.
[4] Ana María Correa, op..cit.
[5] LAS MIPYMES EN LA EMERGENCIA Y LA REACTIVACIÓN, Ana María Correa, Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible, Presentación en el Senado, 3 de agosto, 2020.
