La Seguridad ciudadana es una crisis que viene de lejos. También hay otras prioridades.

El país vive una crisis en materia de seguridad. Qué duda cabe. Viene de lejos y se agudiza en los últimos años con el avance del narcotráfico y el crimen organizado. Más de algo se ha enfrentado mal y ciertamente existen severos vacíos y retrasos. El avance de aquella lacra contrasta con la rezagada modernización y eficacia de los servicios policiales.

 La inmigración ilegal aporta lo suyo. Aunque la inmensa mayoría de quienes llegan lo hacen forzados y buscando un mejor destino que el que pueden ofrecerle sus países de origen, se infiltran delincuentes que importan modalidades de delitos mayores como el secuestro, el sicariato y la trata de personas.

 Más allá de comparaciones con la mayor incidencia en otros países de la región, los delitos violentos han crecido exponencialmente. El asesinato de tres policías uniformados en las últimas semanas es más que alarmante si, además, se agrega el de otras cuatro personas por eventuales “ajuste de cuentas” y más recientemente otros incidentes con civiles fallecidos y funcionarios policiales heridos.

La muy publicitada reacción, especialmente desde sectores conservadores, es la aplicación del palo largo y mano dura. Mayores atribuciones para las policías y menos garantías para los ciudadanos. En lo posible, extender el estado de emergencia en todo el país, con intervención de las FFAA. Incrementar las penas. Deportar a los inmigrantes ilegales. Demoler las casas de los narcos traficantes.

El desafío es ciertamente más complejo si queremos preservar las libertades públicas propias de un estado democrático y compatibilizarlas con un adecuado marco de seguridad ciudadana. El pretendido dilema entre libertad y seguridad es falso y profundamente antidemocrático.

Se requiere de profundas reformas en los servicios policiales. No tan sólo de sus procedimientos, sino de su equipamiento, con modernización y dotación. Las declaraciones de la ministra Vallejo, sosteniendo que la situación en que se encontraba Carabineros al asumir el gobierno era peor de lo que imaginaban, obliga a una severa reflexión. Cabría preguntarse cuál fue la inversión en materia de seguridad ciudadana durante los últimos gobiernos y por qué la actual administración debe inyectar 1500 millones de dólares adicionales al incremento de los recursos incluidos en el presupuesto de este año.

Ciertamente la prioridad establecida por el gobierno requiere, entre otros factores, mejorar el vínculo de las policías con la ciudadanía, así como una equitativa distribución territorial, modernizar su institucionalidad y equipamiento, mejorando sustantivamente la inteligencia policial.

Esta modernización no tan sólo debe alcanzar a los servicios policiales sino también a diversos servicios del Estado, como Aduanas (no puede ser que no funcionen los scanner), el SII, el ministerio público, el control de las fronteras y otros, que cumplen roles indispensables para controlar la inmigración ilegal, el lavado de dinero, el contrabando de armas y sustancias ilegales.

Muy distante del clima demagógico que rodea el tratamiento de la seguridad pública (basta apreciar las franjas electorales de la derecha en la propaganda para la elección de convencionales del próximo 7 de mayo) se requiere de un rigor democrático que desafía transversamente a la propia izquierda, que debe terminar de superar su traumática relación con los organismos de seguridad desde los tiempos del régimen civil militar.

Ciertamente, y por el mismo contexto de distorsiones, la derecha no puede continuar eludiendo sus responsabilidades asociadas a esos 17 años, que, además, en la historia más reciente quedaron al desnudo durante el estallido social de 2019 (el expresidente Piñera y sus principales ministros, en materia de seguridad, enfrentan hoy los cargos judiciales ante la fiscal Ximena Chong)

Aunque se escuche poco desde la oposición y en algunos sectores más próximos al gobierno, no deja de tener sentido la tregua política a la que ha convocado el presidente Boric para asumir la seguridad ciudadana como un tema de estado que pueda unir al país. El reciente debate sobre la materia ha carecido de la necesaria templanza y racionalidad. Se pueden esgrimir numerosas razones, pero el desafío continúa pendiente, sin eludir las visiones encontradas.

También hay otras prioridades

Siendo muy relevante y prioritaria la agenda de seguridad nacional, está muy lejos de agotar los desafíos del país de cara al futuro. Partiendo por el propio proceso constituyente en curso. Tras el rechazo de la propuesta de nueva constitución, hoy se abre una nueva posibilidad de contar con una carta esencial que deje atrás la pesada herencia institucional de la dictadura.

A menos de tres semanas de la elección del consejo constituyente, que deberá debatir la propuesta redactada por el comité de expertos, la elección no logra despertar un interés de una mayoría ciudadana para distinguir los candidatos y candidatas de las cinco listas para ocupar los 50 cupos en disputa. Todo apuntaría a una menor participación, aunque el carácter obligatorio de la votación puede incidir en una mayor convocatoria.

La elección no debería reproducir los alineamientos entre los partidarios del apruebo y el rechazo. En teoría, más bien podría referirse a la correlación de fuerzas que existe en el congreso, con una cierta incertidumbre acerca del desempeño de republicanos y el partido de la gente, que han expresado más de un reparo acerca del nuevo proceso, en tanto que el oficialismo aspira a impedir que la oposición conquiste una mayoría absoluta en el nuevo consejo constituyente.

A pesar de la confrontación a ojos vista en estos días, una vez conocido el resultado se puede abrir espacio a una suerte de pacto constituyente entre el oficialismo y sectores de la derecha que comparten la necesidad de contar con una nueva carta fundamental

Un nuevo pacto fiscal

Tras el rechazo del proyecto de reforma tributaria por parte de la cámara de diputados, el gobierno explora la posibilidad de un pacto fiscal, que pueda ser consensuado no tan sólo con la oposición sino con diversos sectores sociales, incluyendo al empresariado y los trabajadores.

Es más que evidente que ese pacto fiscal no puede pretender alcanzar la ambiciosa meta de recaudar 3,6 puntos del PIB, como estaba presupuestado, que apuntaba a financiar un ambicioso programa social en materia previsional, de salud, vivienda y seguridad pública. El desafío no es menor si se pretende que este nuevo pacto fiscal mantenga su carácter progresivo, en donde los sectores de mayores ingresos hagan un mayor aporte, no debiendo gravar con mayores impuestos a los sectores medios y populares (como proponen sectores empresariales) e incluyendo el financiamiento de las prioridades más relevantes en materia social, como salud, vivienda, educación y seguridad. Así, más que ajustar o reducir el gasto, lo que puede hacer es reasignarlo, buscando disminuir al evasión y elusión tributaria.

Es del mayor interés de los sectores empresariales alcanzar un buen acuerdo en materia tributaria, que permita terminar con la incertidumbre que han denunciado. En términos empresariales, ello representaría una buena inversión.

La reforma del sistema previsional

Finalmente, la derecha ha presentado su propuesta que, esencialmente, apunta a mantener el sistema de capitalización individual, que no ha tenido buenos resultados para la mayoría de los cotizantes, con un pilar solidario de cargo del estado (impuestos), excluyendo el principio de solidaridad y sosteniendo el sistema privado de administración, junto al sistema estatal.

Tal como lo han demostrado diversos estudios, la propuesta de la derecha no significa   reforma del sistema previsional sino una leve variación del actual de AFPs y capitalización individual, que les permitirá a las administraros mantener el formidable poder político y económico que otorgan los fondos de los cotizantes, redituándoles   grandes beneficios, mientras las pensiones se mantienen muy bajas. Nada más lejos de los objetivos de una reforma esencial que potencie el pilar solidario y un ente estatal para la administración de las cotizaciones.

Los sucesivos retiros de los ahorros previsionales (aún se anima un “sexto”), han generado un grave daño a cerca de dos millones de chilenos y chilenas que se han quedado sin ahorros y condenados a una pensión mínima garantizada. Otros varios millones de cotizantes verán seriamente disminuidas sus pensiones al llegar a la edad de jubilarse. Son esos los millones de chilenos y chilenas que requieren de una verdadera reforma del sistema de previsión social.

La reforma a la salud

Es otra prioridad mayor. Sobre todo, teniendo a la vista la crisis de las ISAPRES, que hoy demandan el auxilio del Estado para evitar su quiebra. Nadie quiere el colapso del sistema privado de salud, pero sí su reformulación. Un “salvataje” con fondos públicos es ciertamente tan inviable como inaceptable. Existe un fallo de la Corte Suprema que es indispensable acatar y cumplir para devolver los cobros indebidos. Se pueden discutir los plazos y modalidades, pero es inescapable su devolución.

Es indispensable avanzar hacia un sistema universal de salud, financiado con el aporte de todos sus cotizantes. Las actuales ISAPRES pueden operar como seguros complementarios, con cotizaciones adicionales para quienes puedan y opten por contratarlos.

Ello representa un gran desafío para el sistema público, que presenta grandes deficiencias, sobre todo en comunas populares. En los últimos años se han construido nuevos hospitales, postas y consultorios, pero existe un claro déficit en equipamiento, personal y medicamentos, en tanto se arrastra una larga lista de espera en atenciones.

Finalmente es un desafío para la política

A las prioridades ya enunciadas, se puede agregar la necesidad de reactivación de la economía, que parece mostrar alentadores signos de recuperación, tras un doloroso pero necesario ajuste, en donde la gestión del estado ha impedido que sólo sea asumido por los sectores más vulnerables, como tradicionalmente ha sucedido.

En medio de la vorágine mediática, donde el tema de la seguridad pareciera ser lo único a resolver, se ignoran desafíos que requieren de la convergencia de un fortalecido sector público y participación privada, con interrogantes abiertas como ocurre, por ejemplo, con el Litio y el hidrógeno verde, por mencionar algunos. 

En el ejercicio democrático residen los instrumentos y mecanismos para enfrentar los desafíos mayores del país. El narcotráfico y el crimen organizado se han empoderado, pero nunca podrán vencer un estado democrático. A menos que lo capturen, infiltren y corrompan.

Un desafío nada menor, que experimentan con dificultades los sistemas democráticos más allá de nuestra región. Una interrogante abierta para la gobernabilidad futura del país.