La seguridad es un tema serio

 Hoy escuché a un comentarista de radio, que intentaba justificar la acusación constitucional contra la ministra Carolina Tohá, decir que el problema de la seguridad tenía que ver con las señales. Su argumento era algo así como que, si no se decretaba una guerra contra el crimen organizado y se salía a proclamarla a los cuatro vientos, el problema era insoluble. El comentarista, que en general tiene bastante rigor intelectual, parecía contradecir sus propios argumentos, porque agregaba que este tema exigía un esfuerzo mayor del estado, la concurrencia de muchos actores y que no podía ser la solución de uno solo. La paradoja total: aceptamos que el crimen organizado es una realidad nueva y compleja que afecta al mundo entero, y la contribución que se propone al país es acusar constitucionalmente –y consecuentemente golpear y distraer a quien tiene la responsabilidad por las políticas de seguridad- porque no vocifera suficiente, y yo agregaría, histéricamente por la inseguridad ciudadana asociada al nuevo tipo de delincuencia que estamos viviendo.

Cuando se presentó la acusación contra la ministra Tohá, que me pareció completamente oportunista y fuera de lugar, se me pasó por la cabeza unaa idea estrafalaria. Como en esas películas baratas de gánsteres, los malos se habían reunido en un tugurio de mala muerte, difuminados en el humo de los puros y el tintineo de sus vasos whiskeros, y frente a la pregunta de cómo debilitar al estado, a uno de ellos, tal vez el más avispado, que seguro había visto muchos informativos con declaraciones de los honorables parlamentarios, se le ocurrió que una buena idea sería poner a pelear destructivamente a los diferentes actores que podrían enfrentarlos. Entonces, nada mejor que gestionar una acusación constitucional. Sé que las cosas no pasaron de esa manera. Incluso más, creo que más allá de la aparente intención electoral que aparece como la explicación más obvia para la acción de los republicanos, puede haber buena fe, algo de pensamiento mágico y alguna cuota de ignorancia real que les permite creer que la acusación constitucional en algo ayuda al combate del crimen organizado.

Felizmente, no todos opinan de igual manera. También esta semana escuché al ex director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, hablando del mismo tema. Su mirada parecía algo más ponderada. Primero, dijo que la acusación constitucional contra la ministra Tohá no era justa, porque la solución al problema de seguridad que enfrentaba Chile no dependía de una sola persona, sino que era un fenómeno de larga data y progresivo desarrollo, y completamente nuevo para el país. Y también, agradeció la labor del gobierno (o sea, del presidente, pero también de su equipo encargado del tema, encabezado por la ministra acusada) para apoyar efectivamente la labor de las policías y permitirles enfrentar de mejor forma a la delincuencia. Es interesante observar con detención esta opinión, ya que hablamos de una persona que enfrenta acusaciones muy serias derivadas de la conducta de Carabineros durante el estallido social y a quien recién el gobierno le pidió la renuncia por este motivo. O sea, hablamos de alguien que, más allá de sus sensibilidades, con responsabilidad y apego a la realidad, reconoce los esfuerzos realizados por un gobierno que, entre sus filas, militan muchos de sus principales críticos.

A propósito de esta misma conversación, y conocida la defensa presentada por el abogado de la ministra ante el parlamento, algún honorable que respalda la acusación a la ministra –aunque me parece no era uno de sus patrocinadores- se quejaba porque en esa defensa se daban muchas cifras y se indicaban muchas acciones que el gobierno –y en particular la ministra- habían realizado para fortalecer las acciones del estado frente a este fenómeno. Curiosa reflexión. Si no se revisan las cifras y se enumeran las políticas ejecutadas y se miden sus efectos, ¿cómo pensará ese parlamentario que se pueden diseñar políticas eficientes, realistas y eficaces? Probablemente el argumento volvería sobre el tema de la “actitud”, es decir, hay que mostrar –no con hechos sino con palabras- que la autoridad es muy enérgica, habla fuerte, amenaza, etc. Como dice la candidata de los millones en su propaganda: con mis acciones, los delincuentes tendrán miedo.

A veces, me parece que a nuestros parlamentarios no les interesara ir al fondo de los problemas y que ni siquiera les importara la solución de los mismos. La seguridad –qué duda cabe- es una prioridad absoluta para la ciudadanía y con toda razón. Cuando la respuesta de algunos parlamentarios es acusar a la ministra a cargo del tema en el gobierno, ¿están pensando realmente en ofrecer más seguridad a los chilenos?, ¿no le asignan ningún valor a que se esté proponiendo un aumento del presupuesto para las tareas de seguridad inédito en nuestra historia reciente, o  que se haya formulado una política nacional contra el crimen organizado que le permite a las distintas instituciones del país trabajar colaborativamente, o que se haya renovado la flota de vehículos policiales que hacer un par de años estaba prácticamente inutilizada?

 Cuando uno constata estas incongruencias, dan ganas de creer que la crítica viene digitada por los nuevos capos del crimen organizado para debilitar al estado. Lamentablemente, eso es fantasía. Entonces, la conclusión es, por sobre todo, triste: de verdad, tras esta acusación, no está la preocupación por la seguridad de los ciudadanos, sino intereses mucho más espurios.