El llamado caso audios parece una verdadera bomba de racimo, cuyas esquirlas alcanzan el terreno político, con epicentro en la derecha; judicial, con una inédita acusación constitucional a tres ministros de la Corte Suprema; y también financiero, afectando a inversionistas principalmente de la comunidad judía; con un fuerte impacto en las instituciones del estado, así como en la fe pública.
Es evidente el impacto corrosivo en la UDI y el piñerismo, partiendo por el emblemático exministro Andrés Chadwick que compartía una comunidad de techo con el hoy procesado y en prisión preventiva abogado Luis Hermosilla, con derivadas financieras, suficientemente difundidas, que hoy lo complican a ojos vista. Su epistolar reacción mediática, anunciando querellas varias por lo que considera injurias a su persona, chocan con otras evidencias institucionales que lo han obligado a renuciar a la presidencia de la Junta Directiva de la Universidad San Sebastián, tras la escandalosa declaración de la exministra Marcela Cubillos, reconociendo un sueldo de 17 millones de pesos en esa casa de estudios, por labores profesionales puestas en entredicho. Si la hoy postulante a alcaldesa en la comuna de Las Condes recibía esa remuneración, pareciera ocioso interrogarse por los recursos dedicados a financiar actividades políticas del entorno directivo, incluido Chadwick, en una universidad favorecida por el CAE y becas estudiantiles con financiamiento estatal, donde han ocupado responsabilidades relevantes otros exministros y subsecretarios del gobierno de Sebastián Piñera, como Rodrigo Ubilla, Arturo Zúñiga, Rodrigo Álvarez y Julio Isamit. El ruido político de esta esquirla ha derivado en una investigación abierta de la fiscalía.
Estas derivadas se agregan a la ya conocida investigación abierta al exministro de Vivienda, Felipe Ward, por supuesto favorecimiento, en tiempo récord, a la inversión inmobiliaria de los hermanos Jalaff, ex controladores del grupo Patio, en otra de las derivadas del caso audios que complican a Luis Hermosilla.
En esta suma y sigue, las derivadas son múltiples para una indagación judicial con interrogantes tan abiertas como las actividades adjudicadas a Luis Hermosilla.
Las derivadas políticas son inquietantes para la dirigencia de Chile Vamos en un período electoral ya abierto y con una contienda presidencial al final del camino. Evelyn Matthei que marcó distancia “caiga quien caiga, aunque sea mi hermano” con el impacto inicial del escándalo focalizado en Hermosilla, (y pudiera sonreir con los problemas de Marcela Cubillos) se complicó con el eventual involucramiento de su cercano Chadwick, mientras José Antonio Kast pide explicaciones mayores al igual que varios inquietos parlamentarios de Chile Vamos(que, en silencio, han soportado el mal olor de los escándalos que involucran, entre otros, a Cathy Barriga, Raúl Torrealba y Felipe Guevara).
La arista judicial
Inicialmente eran Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus, los ministros de la Corte Suprema que deberían enfrentar una acusación constitucional por sus estrechos vínculos con Hermosilla. Pero la derecha, fiel a su política del empate, agregó el nombre del ministro Sergio Muñoz (de tendencia política progresista), acusado de filtrar información privilegiada a su hija en relación con una inversión inmobiliaria. Mientras se abren interrogantes respecto del ministro Mario Carroza por eventual tráfico de influencias en la designación de notarios. Aparte se agrega el nombre de la ministra María Teresa Letelier, que no se habría inhabilitado en un caso en el que mantenía relaciones de amistad con la defensa de un imputado.
Para nadie es un misterio que los diversos sectores políticos buscan un equilibrio en las designaciones de los ministros del poder judicial, así como en la Contraloría general de la república y la Fiscalía nacional. Un sistema que obliga a los candidatos a buscar respaldos tanto en el gobierno como en el senado, que finalmente aprueba las designaciones. Un sistema abierto a todo tipo de presiones o negociaciones, que hoy se impone cambiar.
En este complejo contexto institucional, el poder judicial enfrenta una severa crisis de confianza, que amenaza con trabar su funcionamiento. Sobre todo, porque existen tres nombramientos que debieran ser resueltos en las próximas semanas y de prosperar las acusaciones, se inhabilitarían a otros tres ministros. Es difícil, sin embargo, que las tres acusaciones en curso prosperen de igual manera. El caso de Ángela Vivanco, en contra de quién la propia Corte Suprema ha abierto un cuaderno de remoción por notable abandono de deberes, parece ser el más claro y el que genera mayor consenso parlamentario por las abundantes evidencias que la incriminan. El caso del ministro Jean Pierre Matus es algo más incierto, pese a la difusión de algunos mensajes de texto con el abogado Hermosilla, cuyo vínculo negó inicialmente de manera torpe. Respecto de Sergio Muñoz es aún mas controvertido y se fundan en la denuncia de la propia inmobiliaria acerca de la entrega de información privilegiada a su hija, que la hiciera desistirse de la compra de una propiedad.
El gobierno no tan sólo esta preocupado por el impacto que estas acusaciones puedan tener en el funcionamiento del poder judicial, sino también porque su tramitación pudiera trabar el despacho de la ya compleja agenda legislativa de los próximos meses.
Las elecciones municipales y la agenda legislativa
A escasos treinta días de las elecciones, es muy difícil que la agenda legislativa pueda registrar avances muy significativos, excepto por la reciente aprobación de la ley de cumplimiento tributario en que terminó el proyecto de nuevo pacto fiscal, que fuera aprobada por amplia mayoría en tercer trámite por la cámara de diputados, con la que el gobierno espera recaudar un 1,5 % del PIB en régimen. En verdad, una modesta victoria para el gobierno, pero victoria al fin.
El reciente informe sobre desarrollo humano, elaborado por el PNUD, se centra en el análisis respecto del por qué cuestan tanto los cambios indispensables para profundizar y mejorar la democracia, avanzar en un desarrollo inclusivo y sostenible y los derechos ciudadanos, señalando, entre otas causas, debilidades en los liderazgos políticos, un preocupante proceso de individuación y atomización social.
Es más que evidente que se requiere de profundas y urgentes reformas del sistema político que pongan coto a la disgregación y polarización política que vive el país. En el plano social, se requiere una reforma del sistema previsional, largamente debatida por más de una década, que apunte a mejorar las pensiones actuales y futuras. Y aún se mantienen diferencias respecto del financiamiento del pilar solidario y la distribución de la cotización adicional del 6 % adicional de cargo patronal. Urge una reforma integral del sistema de salud pública y el rol del sector privado. Al igual de lo que sucede con el actual sistema educacional, incluyendo el controvertido tema del CAE. En materia económica, parece indispensable dar un renovado impulso a la agenda procrecimiento. La prioritaria agenda sobre seguridad ciudadana, si bien marca avances, aún tiene relevantes temas pendientes. Y, obviamente, estos recurrentes casos de corrupción ameritan elaborar una renovada agenda en favor de la transparencia y la probidad.
Son muchos los temas pendientes de la agenda pública y muy poco el tiempo que le queda al actual gobierno. Un tiempo marcado por las elecciones, en un clima de disgregación, crispación y polarización política, que requeriría de un ambicioso pacto legislativo entre los principales partidos de gobierno y de oposición para centrarse en aquellas materias en donde es posible arribar a un acuerdo, postergando aquellos temas en donde las diferencias aparecen como irreconciliable entre el oficialismo y la oposición y que deberán ser abordadas por futuros gobiernos.
El problema es muy pertinente al cumplirse cinco años del estallido social, en donde los diagnósticos acerca de sus causas y consecuencias difieren muy diametralmente. No es para nada evidente que el estallido haya sido promovido por los partidos de izquierda y que buscara el derrocamiento del gobierno anterior como repite la derecha. Surgió de manera bastante espontanea en sectores de diverso origen, muy descontentos con el orden social y económico imperante, demandando cambios estructurales. El informe del PNUD sostiene que una amplia mayoría social mantiene las demandas de cambios, de manera gradual y responsable. No tan sólo los partidos políticos, sino que las propias organizaciones sociales, incluyendo a trabajadores y empresarios, debieran tomar debida nota de los contenidos del informe, sus conclusiones y recomendaciones, asumiendo que apuntan a los verdaderos desafíos que enfrenta el país a futuro, más allá de la fiebre electoral ad portas.
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