Son más que evidentes las tensiones entre la actual dirigencia comunista y el gobierno. Acentuadas en el último tiempo por serias diferencias en torno al caso Jadue, en donde la directiva encabezada por Lautaro Carmona ha optado por una cerrada e irrestricta defensa del alcalde de Recoleta., intentando proyectar la imagen de una persecución política en contra del ex abanderado presidencial del partido. El despido de Juan Andrés Lagos de su cargo de asesor ministerial, tras sucesivas diferencias con la Moneda en tema tan sensibles como las relaciones con Venezuela o la valoración del estallido social, han contribuido a prolongarlas. El reciente operativo policial en Villa Francia, con la incautación de numeroso armamento y varios detenidos, generó una destemplada reacción de la dirección del PC y algunos de sus parlamentarios, insinuando la posibilidad de un montaje, sin precisar a sus presuntos autores o el móvil que lo explicaría, acentuando la incomodidad evidente de relevantes ministros y altos funcionarios de gobierno que militan en esa colectividad oficialista. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, ha debido salir a replicar afirmaciones de la directiva de su propio partido.
En buena medida estas diferencias son legítimas (otras no tanto) y, desde luego, normales en una coalición diversa y plural como la que respalda al gobierno. Tanto Patricio Aylwin, como Eduardo Frei, Ricardo Lagos o Michelle Bachelet debieron enfrentar esas diferencias con su coalición de apoyo, Para no mencionar las diferencias de Sebastián Piñera con Chile Vamos. Lo inquietante es la forma de procesarlas. Desde luego no contribuyen en nada a la cohesión oficialista las polémicas entre diversos sectores de sus conglomerados. O las críticas públicas en contra del ejecutivo y algunos de sus ministros, o viceversa. El hecho de ventilar públicamente estas diferencias, con tonos muchas veces destemplados, es lo que ha generado mayores críticas al interior de la coalición oficialista y dentro del propio PC.
Mucho se ha especulado con la existencia de diversas corrientes de opinión al interior del PC, que superficialmente se atribuye a un conflicto generacional entre la vieja guardia y las nuevas generaciones. Incluso se ha insinuado una desafección de un sector del PC con el gobierno. Pero, la verdad, es que salvo el exdiputado Hugo Gutiérrez (que expresara su aspiración a que los comunistas abandonaran el gobierno), la gran mayoría de partido (incluida ciertamente su directiva), no tan solo respalda firmemente su participación en el gobierno, sino también su actual política de alianzas. Las diferencias parecen ser más de fondo, apuntando no tan sólo a los estilos de conducción partidaria, sino también a temas políticos e ideológicos, incluidos los alineamientos del PC en el plano internacional. Diferencias que el actual congreso partidario en curso buscaría zanjar.
Guillermo Teillier, el fallecido timonel del PC, que asumiera el mando tras el deceso de Gladys Marín, cumplió un evidente rol articulador de las diversas sensibilidades o tendencias al interior de su partido, no sin dificultades. Tras su deceso, el partido parece haber perdido la disciplina y el monolitismo que lo caracterizaba, para dar paso a fuertes tensiones internas entre sus diversas corrientes, que explican buena parte de los desencuentros ya mencionados, con efectos diversos en el resto de la alianza de gobierno.
Ciertamente estas tensiones complican la gestión gubernamental y también dificultan los acuerdos políticos y electorales al interior de la coalición oficialista de cara a las próximas contiendas municipales y de gobernadores regionales. Más aún cuando deben resolverse finalmente candidaturas donde el PC aspira a ser favorecido por acuerdos, como ocurre, por ejemplo, en la cuarta región. Tanto el actual mandatario, como la expresidenta Bachelet, han insistido en la necesidad de sostener el acuerdo con una lista única de candidatos a gobernadores regionales, buscando reeditar el éxito de la elección anterior, aunque parezca más que ilusorio conseguirlo en la magnitud de entonces, pese a las dificultades opositoras para concretar su propia unidad.
El giro de Evelyn Matthei y la compleja negociación en la derecha
Un mal momento fue el que eligió Evelyn Matthei para entregarle su apoyo al candidato republicano a alcalde por Maipú, el ex general de carabineros Enrique Bassaletti. Justo en los momentos en que la ultraderecha francesa sufría una estruendosa derrota en la segunda vuelta de las elecciones legislativas, quedando relegada a un tercer lugar. Una derrota que, añadido el resultado en los comicios ingleses, pone un cierto freno al fragor populista y conservador que recorre el planeta. En lo más doméstico Evelyn Matthei, preocupada por los coqueteos de Rodolfo Carter con los republicanos para enfrentarla en las eventuales primarias del sector, creyó propicio el momento para gestos neutralizadores a ese acoso. El candidato elegido, un general en retiro de carabineros, fue seleccionado cuidadosamente, buscando poner en agenda el principal argumento que usará Matthei durante su campaña presidencial. La seguridad ciudadana. No por nada recomendó a los candidatos a alcaldes de su sector que prometieran, sin complejos, mejorar la seguridad en sus comunas.
Sin embargo, este “gesto” no está exento de riesgos para la eventual candidata presidencial de Chile Vamos. De partida, no le permite diferenciarse de su principal contendor, José Antonio Kast, que ha anunciado que inscribirá su postulación, sin pasar por el mecanismo de primarias, para competir en primera vuelta. Ello la obliga a endurecer su discurso de campaña, intentado demostrar que es más dura que el propio Kast, con el potencial riesgo de alejar el voto más moderado o de centro. Y, además, es muy dudoso que Bassaletti pueda derrotar a Tomás Vodanovic, uno de los alcaldes mejor posicionados en la región metropolitana.
A escasas dos semanas del plazo para inscribir candidaturas, la negociación al interior de la derecha se mantiene estancado, a pesar del mediático anuncio de Chile Vamos afirmando que había llegado a un acuerdo en 280 comunas, resolviendo definir el resto en base a encuestas. Aquel acuerdo no incluye a republicanos, que han seguido levantando candidaturas alternativas en diversas comunas del país y amenazan con presentar postulantes a las gobernaciones en todas las regiones. Tampoco incluye a socialcristianos, demócratas, amarillos, el partido de la gente y libertarios, que podrían optar a presentar sus propios candidatos (as) a los municipios y gobernaciones regionales en el caso de no prosperar un pronto acuerdo.
Ciertamente se trata de un obstáculo no menor para una derecha que busca recuperar comunas emblemáticas y desalojar al oficialismo de municipios y gobernaciones regionales, como un anticipo de la contienda presidencial y parlamentaria del año próximo. Pero antes deberá resolver sus disputas internas y la dura disputa por la hegemonía y los liderazgos futuros, que protagonizan republicanos y Chile Vamos. Esa es una de las principales incógnitas de la próxima elección municipal y de gobernadores regionales. La otra, es el nuevo mapa político que se dibuje en el país tras estos comicios. El oficialismo apuesta a mantener su condición de primera minoría, teniendo a la vista el alza parcial de los niveles de apoyo del gobierno, la mayor cantidad de candidatos” incumbentes” que postulan a la reelección y la división de la derecha. Ciertamente superando los obstáculos ya referidos para levantar postulaciones unitarias, como quedó firmado, hasta ahora, en el papel y aprovechando el tránsito recorrido en sus negociaciones.
Se mantiene la incertidumbre acerca de la modalidad de la próxima elección municipal luego que fuera rechazada la multa para quienes no cumplan con el voto obligatorio. El gobierno ha anunciado un veto a esta indicación que, en la práctica, deroga la obligatoriedad del voto, cambiando las reglas del juego a última hora. Algunos “expertos” han sostenido que el oficialismo apostaría a limitar la participación ciudadana, buscando mejores resultados. Sin embargo, el esfuerzo debería centrarse en convencer a los llamados “votantes no frecuentes” antes que limitar su participación.
Todo un desafío para el conjunto del arco político.
