Está asentada en la conciencia colectiva la existencia de una grave crisis de seguridad que el asesinato del cabo Palma no ha hecho sino extremar. Respecto a esta persuasión, nada se obtiene introduciendo comparaciones estadísticas con otros países. Es cierto que Chile presenta la tasa de homicidios más baja de América Latina -3,1%%[1] o 4,6%[2] por cada cien mil habitantes, incluso menor que la media mundial, de 6,1%[3]. Pero es igualmente cierto que la velocidad del incremento, con la duplicación de los homicidios en una década y el aumento anual de un 45,3% en 2022[4], advierte que no estamos libres de superar aquella tasa.
Impactado por la conmoción pública ante ese nuevo asesinato, el Gobierno anticipó la inversión de US$1.500 millones para mejorar la seguridad de los policías y la eficacia de sus procedimientos, la adquisición de 1.054 vehículos blindados y la puesta en marcha del plan “Calles Sin Violencia”. Esta potente reacción gubernamental recoge la idea, reiterada en los últimos días por especialistas en seguridad, de que más que medidas legislativas, coyunturalmente son decisiones propias de la función ejecutiva las que con mayor eficacia pueden hacer frente al crimen organizado y generar seguridad en la población.
Desde luego, la acelerada aprobación de los proyectos de ley sobre combate al delito, policía y seguridad, mediando el logro de un acuerdo en el Congreso, aunque con disidencias en oficialismo y oposición, manifiesta que aquel impacto público fue recogido también por las fuerzas políticas, lo cual ha sido ratificado por el acuerdo entre la ministra del Interior y sus colegas de Justicia y SEGPRES con el presidente del Senado, destacado opositor, para el despacho pronto de otros proyectos de ley, que el senador Coloma destacó como “un esfuerzo potente de todos”.
Empero, a la par junto de esta reacción, otros actores políticos, desde el Congreso, desarrollan al calor del clima generado por los homicidios de policías una reacción perniciosa que inocula ponzoña en el cuerpo social, generando enemigos imaginarios con el inequívoco propósito de obtener rédito político. Constituiría una grave irresponsabilidad desconocer o subestimar este fenómeno de graves consecuencias para la convivencia social. Es necesario enfrentar la forma como esta crisis de seguridad ha sido aprovechada por los cultores del populismo penal, quienes diseminan mensajes burdos, dirigidos a sectores carentes de conocimientos básicos o intelectualmente perezosos, los cuales encajan emocionalmente con el temor y las sentidas necesidades de protección de esa población. Sus consignas son lo contrario a la educación cívica, pues encubren la realidad, mostrando realidades y soluciones falsas, de fácil aceptación, y generan una cultura del miedo.
Por cierto, principales causantes de la demagogia populista son los criminales, pero ello no absuelve de responsabilidad a quienes desarrollan ese discurso jurídicamente prehistórico. Aparentando enfrentar la criminalidad y ávidos de ganar adhesión ciudadana a cualquier precio, estos agitadores de los sentimientos más primitivos, como es el ánimo de venganza, bombardean a la población exagerando las ya alarmantes tasas de criminalidad, ocultan los orígenes comprobados del fenómeno como son la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, y propalan la aplicación de la fuerza policial sin límites y la exención extrema de responsabilidad penal de los agentes estatales, reiterando el discurso pinochetista de que el delincuente carece de derechos humanos.
A raíz de los últimos crímenes, con el palmario acompañamiento de algunos medios, fundamentalmente la televisión abierta, el populismo penal se ha apoderado del debate en torno a Carabineros de Chile, silenciando los antecedentes, incluso criminales, de la crisis institucional que ha obligado a emprender su reforma, como si se tratara de una institución perfecta, y machacando mensajes políticos burdos contra el Presidente de la República. El discurso populista ha avanzado en la Cámara baja, donde reina la dispersión política y actúan hábiles golfos ajenos a todo sentido de la dignidad del cargo y solo interesados en su perpetuación política, lo cual favorece la engañosa idea de que con mayor legislación punitiva y más capacidad de fuego de las policías se ganará el combate al crimen organizado y la ciudadanía vivirá más segura.
Aunque la marea es lo suficientemente alta como para conquistar voluntades en sectores tradicionalmente “serios” de la política, han surgido voces profesionalmente respetables, como la del ministro de Justicia, quien ha sostenido que “los actuales problemas de seguridad pública no los vamos a resolver aprobando nuevas leyes”[5]. De otro lado, aunque se asegura que el artículo 7° de la Ley “Naín-Retamal” no contradice los tratados de derechos humanos, ha quedado en evidencia que legislar apresuradamente en materia tan delicada como es el uso de armas de fuego por la policía, subordinando la calidad técnico-jurídica de las normas a la necesidad de un pronto acuerdo político, depara la posibilidad de que el propio policía interprete dicha disposición como confiriéndole la facultad de aplicar una ejecución extrajudicial legítima. El senador Huenchumilla manifiesta que “hicimos una ley muy a la rápida (…) que se presta para todo tipo de explicaciones e interpretaciones”, y agrega que “van a tener un arduo trabajo los abogados y la jurisprudencia en la aplicación de esta norma[6].
La demostración más fehaciente de ello se presentó con la polémica generada por el primer caso de “aplicación” del mencionado artículo 7°, ocurrido en San Antonio, donde un funcionario de Carabineros mató a una persona que se daba a la fuga luego de haber atropellado a un policía. La propia ministra del Interior debió señalar que es el fiscal quien tendrá que “considerar y evaluar si cae o no en la hipótesis de esta ley”[7], pero ocurre que el resultado muerte ya se produjo, porque el autor estimo que estaba en la hipótesis que le permite disparar.
En este contexto, el fiscal nacional del Ministerio Público, poniéndose “a tono” con el ambiente, anunció la prisión preventiva de todos los extranjeros detenidos que se hallasen en situación de irregularidad, lo que atemoriza a miles de personas que ingresaron legalmente al país y debido a la lentitud de la respuesta administrativa se hallan en tal situación. Este anuncio que objetivamente alienta la xenofobia -otra faceta del populismo- afortunadamente fue acotado mediante una instrucción del fiscal regional Armendáriz, con criterio profesional y apego a las normas jurídicas.
Atrapado en cierto grado por esta vorágine e intentando imponer la racionalidad jurídica y política, el Presidente Boric, luego de promulgar aquella legislación, ha pedido a los políticos “una tregua que evite las descalificaciones de lado y lado y ponga en el centro al país”. El mandatario sabe que está remando contra la corriente, debido a que, como una mancha de aceite, el discurso populista se ha ido extendiendo en la sociedad, alimentado por la televisión y por aspirantes a candidaturas presidenciales. El propio ministro de Justicia, connotado jurista, para quien los derechos humanos no son una utopía sino una realidad normativa vigente, a la vez que legitimar la posición crítica de parlamentarios del Frente Amplio, ha debido reconocer que “aunque uno puede tener configuraciones jurídicas muy lógicas (…) estoy aprendiendo los códigos de la política” [8].
La discusión de la “Ley Naín-Retamal” evidenció que, si bien la crisis de seguridad y su impacto social obligan al gobierno a responder con fuerza, de otro lado, el Partido Comunista y sectores del Frente Amplio optaron por la ética de los principios, cuidando no perder adhesión de su electorado duro, y rechazaron normas que si bien no son en sí mismas violatorias de los derechos humanos contienen el peligro de que su aplicación vulnere tales derechos. Esta disidencia ha debilitado la relación de ambas coaliciones oficialistas y, por cierto, el poder político del propio Jefe de Estado, que en el Congreso debe enfrentar el discurso populista de republicanos, que arrastra tras sí a la derecha tradicional. Al promulgar anticipadamente la Ley Naín-Retamal, el Presidente puso freno la reacción contestataria proveniente de su propio sector, pero ello no es suficiente para resolver la crisis política. Así como el ministro de Justicia fue comprensivo con los reparos jurídicos de AD, se espera de los parlamentarios de esta alianza disciplina y comprensión sobre los limites en que se mueve el Gobierno.
Junto con relevar la gravedad del discurso populista, es necesario que las coaliciones de gobierno alcancen bases de acuerdo que moderen las soluciones represivas sin dar tregua al combate contra el crimen.
[1] Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).Informe 2022
[2] Statista Research Department, 02.03.2023
[3] Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).Informe 2022
[4] Carabineros de Chile, Informe Anual, 2022.
[5] El Mostrador, 8 de abril, 2023
[6] Araucanía Diario, 11 de abril, 2023
[7] Emol, 11. De abril, 2023
[8] La Tercera, 7 de abril, 2023.
2 comments
Excelente comentario sobre el contexto actual y las tensiones ideológicas que rodean los esfuerzos por manejar los problemas de seguridad y violencia. Lo distribuiré entre mis conocidos
Como siempre, Jaime Esponda nos entrega un análisis certero y responsable de la situación actual. De