El gobierno se anotó una claro e importante logro al enfrentar y resolver el paro parcial de los camioneros al que convocaran algunas asociaciones regionales que, como ya es tradicional, intentaron bloquear las rutas o dificultar el libre tránsito, estacionando sus camiones de gran tonelaje en las bermas. Los transportistas levantaron un largo pliego de peticiones, que incluían la rebaja en el precio de los combustibles, mayor seguridad en las carreteras (recordando el reciente asesinato de Byron Castillo, el joven transportista asesinado en Antofagasta), además de la intervención del gobierno para reajustar las tarifas del transporte.
El gobierno no tan sólo reaccionó con prontitud para instalar una mesa de diálogo, acogiendo favorablemente la congelación del precio del diésel por los próximos cuatro meses y suplementando el MEMPCO (subsidio de los combustibles) con 1500 millones de pesos, términos que mantuvo inalterables hasta el fin del conflicto.
En paralelo, no dudó en aplicar todo el peso de la ley a los manifestantes, argumentando que en nuestro país “hay derecho a manifestarse, pero no cualquier forma de manifestarse es válida y bloquear las carreteras y hacer uso de un elemento de fuerza, como son los camiones de alto tonelaje, no es parte del derecho legítimo de manifestación”, como afirmara la ministra del Interior, Carolina Tohá.
Por último, el gobierno fue claro para rechazar la demanda para rebajar o congelar el alza de los combustibles o intervenir en el tema de las tarifas, por tratarse de un asunto a resolverse entre privados, destacando la intervención del presidente de la CPC, Juan Sutil que, como dirigente empresarial, sector directamente afectado por el paro del transporte, hizo su contribución y cumplió con la parte de responsabilidad para dar una solución al conflicto.
Con estas medidas, el gobierno logró aislar el conflicto y focalizarlo en algunas zonas del país, sumando el apoyo de empresarios, exportadores y diversos sectores políticos, que respaldaron la aplicación de la ley de seguridad interior del Estado en contra de los responsables del bloqueo de carreteras.
Por cierto, el conflicto extendido durante una semana en momentos que los exportadores embarcan sus cosechas y afectando el abastecimiento del país, así como otras actividades productivas, generaba inquietud no tan sólo en el sector empresarial sino también en la población, con la interrogante de una extensión a las poderosas organizaciones del transporte a nivel nacional. No se olvida el poder creciente de presión de los transportistas, incluido aquel histórico paro de los camioneros durante la Unidad Popular.
Un poder incrementado con la decisión del régimen militar de desmantelar ferrocarriles del Estado para entregar el monopolio del transporte a manos privadas, como reconocimiento a servicios prestados, lo cual concede al gremio un formidable poder de presión sobre la autoridad oficial. Y existen suficientes antecedentes respecto de las tendencias políticas de sus dirigentes gremiales.
En este conflicto el gobierno demostró firmeza, diligencia y claridad para definir los márgenes de negociación (los subsidios no son gratis. Los pagan todos los chilenos y chilenas con sus impuestos, como afirmara el subsecretario Monsalve), aplicar el rigor de la ley de seguridad interior del Estado a quienes infrinjan la normativa vigente y no intervenir en negociaciones entre privados.
Una política consistente, que el gobierno promete mantener a futuro, como aseguró el subsecretario, afirmando que siempre estarán disponibles para aplicar el estado de derecho.
La solución del conflicto marca un precedente y requiere de un gran acuerdo en materia de seguridad ciudadana
Una promesa que puede ser puesta a dura prueba en otros conflictos sociales, en hechos de violencia, como los recurrentes en la Araucanía, la quema de buses y el uso de bombas molotov por parte de estudiantes secundarios en algunos liceos emblemáticos de la capital. Así como el vandalismo o los saqueos en el marco de protestas sociales, que no forman parte del legítimo derecho a manifestarse, como ha expresado el gobierno.
Al igual que la ley anti terrorista, la ley de seguridad interior del Estado ha tenido detractores en sectores de la izquierda en el pasado. Sobre todo, porque tradicionalmente fue usada para reprimir movilizaciones legítimas de los trabajadores y sectores populares.
Es relativamente sencillo respaldar su aplicación cuando se trata del gremio del transporte, que trata de obtener ventajas por su posición dominante en el área. Pero es mucho más complicado cuando se trata de movilizaciones de otros sectores sociales. Como el movimiento estudiantil o las etnias originarias.
El gobierno ha llamado a un gran acuerdo nacional por la seguridad ciudadana, que debe comprometer a l más amplio espectro político y social. Y ello pasa no tan solo por reforzar y modernizar los servicios policiales, la inteligencia y los métodos para combatir el crimen organizado, sino también la legislación sobre la materia.
En verdad, el país, al igual de lo que sucede en casi todo el mundo, enfrenta la amenaza del crimen organizado, que se ha transnacionalizado, empoderado y sofisticado, desafiando el orden democrático, así como el uso la fuerza legítima de los estados. Ello obliga al reforzamiento y modernización de la seguridad pública, con pleno apego a la democracia y los derechos humanos.
El
gobierno ha expresado sus reparos a la ley anti terrorista, que la mayoría de
las veces muestra sus límites para perseguir hechos de violencia.
Con toda razón la oposición llama a su perfeccionamiento, pero es claro que
existen importantes diferencias respecto del sentido de las posibles
modificaciones. Resulta imperativo definir con precisión lo que se entiende por
actos terroristas y buscar perfeccionamientos de la ley, plenamente compatibles
con un estado de derecho, que asegure su eficacia y legitimidad.
El presunto caso de venta de mercadería falsificada de La Polar
La fiscalía nacional económica ha denunciado la venta de mercadería supuestamente falsificada en la cadena de tiendas La Polar, instruyendo su incautación por parte de la policía. Una denuncia que la cadena rechaza con energía, sosteniendo que es objeto de una forma de competencia desleal por parte de algunos de sus competidores para sacarlos del mercado, y ha decidido denunciar esos hechos a la justicia.
Es más que evidente que en el país se vende una gran cantidad de mercadería falsificada que, inexplicablemente, entra por la aduana, para ser comercializada por vendedores ambulantes. Otra cosa muy distinta sería que fuera comercializada por grandes tiendas.
La denuncia es muy grave. Sea que la super tienda vendía mercadería falsificada o de segunda selección, sin previa advertencia a sus clientes, en cuyo caso se trataría de una gran estafa a los consumidores, afectando gravemente la fe pública, O que, por el contrario, se trate de una competencia desleal para sacarlos del mercado. Una práctica inaceptable en el correcto funcionamiento del mercado.
Hay que recordar que la cadena de tiendas no tiene muy buenos antecedentes, Frescos están en la memoria los irregulares manejos financieros de sus anteriores administradores, que llevaron a esta cadena a su desplome accionario y al borde de la quiebre. Pero, aun así, merece el beneficio de la duda. Sobre todo, si puede acreditar, como aseguran sus abogados, con documentos fidedignos, la compra de artículos legítimos y los productos requisados pasan la prueba de la blancura.
Al frente, están grandes marcas internacionales. Como es el caso de ADIDAS y otras, acusadas por La Polar de prácticas de competencia desleal, que deben desvirtuar estos cargos, más allá de toda duda razonable.
Desgraciadamente no es este el primer caso que impacta la fe pública, con un enorme perjuicio a los consumidores. El país ha conocido diversos casos de colusión de empresas farmacéuticas, del papel confort, pollos y otros, que han perjudicado a la población, con reparaciones menores e insuficientes y en algunos casos, subsanados por auto denuncias eficaces.
También está el caso de Penta, que culminó con multas y clases de ética para sus responsables, O el financiamiento ilegal de la política, que no terminaron en sanciones ejemplificadoras para sus responsables. Ponce Leoru sigue siendo el dueño de Soquimich, una de las empresas más rentables del país, que aporta en impuestos más que la industria minera del cobre.
Sería muy importante que los grandes gremios empresariales, al igual como lo han hecho en el paro de los camioneros, se pronunciaran e intervinieran por estos hechos que no sólo afectan la credibilidad pública, sino la imagen del propio sector.
En la cárcel de Santiago centro hay un rayado que dice “aquí estamos los que hemos robado poco”, y algo de razón tiene. Los delitos de cuello y corbata, las estafas piramidales, las colusiones empresariales, la elusión o evasión de los tributos y los intentos de captura del Estado por intereses empresariales, han permitido acumular ingentes fortunas en manos de empresarios inescrupulosos, defraudando la fe pública.
Ha llegado la hora de enfrentar con la misma energía los delitos comunes y los de cuello y corbata. Y el Estado debe redoblar sus esfuerzos de fiscalización, y mayor transparencia de los mercados, asegurando la libre, leal y correcta, competencia, así como la protección de los consumidores.
