Más de una década hubo de transcurrir (con cientos de miles de jubilados que esperaron vanamente por un reajuste de sus misérrimas pensiones), para que, finalmente se arribara a un acuerdo para introducirle importantes modificaciones al actual sistema previsional. Sucesivas comisiones presidenciales y dos proyectos de reforma naufragaron en el congreso. En buena medida, por la cerrada defensa del lucrativo negocio de las administradoras que hiciera la derecha y no poco maximalismo de quienes apostaron a refundar un nuevo sistema previsional. Por cierto, es un acuerdo parcial, lejos del proyecto original presentado por el gobierno, pero que cumple con el requisito esencial de mejorar las pensiones de los actuales jubilados (entre un 14 y un 35 %), repara la brecha de género y establece nuevas regulaciones a las administradoras de fondos previsionales.
Sin lugar a duda, el acuerdo no deja plenamente satisfecho a ningún sector. Desde luego es resistido abiertamente por el Partido republicano, su postulante presidencial J. A. Kast y el ahora contendiente libertario Johannes Kaiser, que incomodan, desde la ultraderecha, las pretensiones unitarias de Evelyn Matthei en su nuevo intento por llegar a La Moneda con amplio apoyo de la actual oposición.
Ciertamente molesta a las AFPs, pese a que se mantiene su modelo de negocios y podrán administrar un 4,5 % adicional de las cotizaciones adicionales. Aunque, de aprobarse el proyecto en acelerado curso antes del receso legislativo – que sortea las interrogantes del Consejo Fiscal Autónomo- deberán someterse a mayores regulaciones (entre otras un sistema de premios y castigos por desempeño), la licitación de cotizantes y la incorporación de un ente estatal. Para los empresarios, el acuerdo supone elevar la cotización adicional de un 6 a un 7 %, encareciendo el empleo.
Para el oficialismo, que aspiraba a una reforma estructural del sistema previsional que terminara con las AFPs, tampoco el acuerdo alcanzado cumple con sus expectativas, por más que ya no se pueda hablar de un sistema de capitalización individual, cuya paternidad se atribuye al exministro del Trabajo de la dictadura, José Piñera, sino de un sistema mixto, con aportes del estado, trabajadores y empresarios.
Una reforma con ganadores y perdedores
Con toda propiedad, se puede afirmar que los principales ganadores serán los actuales y futuros pensionados, que verán incrementadas sus pensiones entre un 14 y un 35 %, además de las mujeres que tengan un mínimo de 10 años de cotizaciones, que verán reparada la brecha de género con que las castiga el sistema actual.
El mérito principal por este laborioso acuerdo se debe atribuir al gobierno que, desde el primer momento estuvo disponible para flexibilizar sus propuestas iniciales, buscando arribar a un consenso. En particular, es preciso destacar la perseverancia de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara y del titular de Hacienda, Mario Marcel, que llevaron las negociaciones con los tres senadores de oposición, que igualmente merecen el crédito por un acuerdo que está recibiendo el fuego cruzado de los sectores más extremos o ideologizados.
Chile Vamos, con no pocas dudas – incluidas las iniciales ambigüedades de Evelyn Matthei- tomó la decisión de cerrar este debate que ha dividido las opiniones entre el gobierno y la oposición por más de una década, con un acuerdo que no tan sólo tiene detractores en su propio sector, asumiendo costos, pero pensado en los beneficios de una menor tensión social durante la administración del futuro gobierno que aspiran presidir.
Aún este acuerdo debe ser refrendado por la cámara de diputados, en donde se esperan duros cuestionamientos, tanto desde sectores de oposición como del propio oficialismo, que intentarán retrotraer o modificar algunos de los temas mas sensibles de la reforma. El riesgo mayor es que termine en una comisión mixta en la eventualidad que una mayoría de diputados insistiera en modificaciones sustantivas al acuerdo alcanzado en el senado. Allí el futuro de la reforma se tornaría incierto.
Tanto los parlamentarios de Chile Vamos como los del oficialismo, están desafiados a respaldarla con sus votos, o buscar su perfeccionamiento, sin poner en riesgo su viabilidad. Nadie entendería, muchos menos los jubilados, que el acuerdo fracasara por ideologismos de última hora.
El acuerdo alcanzado no es un punto de llegada, ni cierra la puerta a nuevas iniciativas en materia previsional (como la idea de incorporar un ente estatal como nuevo inversor de los fondos previsionales, que estudia presentar el gobierno en el mes de marzo). Pero, tal como lo ha afirmado la ministra del Trabajo, para viabilizar nuevas reformas se requiere de mayorías, que ningún sector está en condiciones de garantizar.
Marzo, el inicio de la carrera presidencial y parlamentaria
Con el despacho de la reforma previsional, tramitada contra reloj por el senado y la cámara de diputados, se cierra el periodo legislativo y se inicia el receso de verano. Y se vendrá marzo, marcando el inicio de la carrera presidencial, en donde Evelyn Matthei ya corre con ventajas. No tan sólo porque aparece como la candidata, proclamada hasta hoy por RN y la UDI, que lidera la encuestas, independientemente de una eventual primaria, donde se esfuerzan por anotarse, para algo más que una foto, Rodolfo Carter y Ximena Rincón (mientras, haciéndole un flaco favor, un “odioso” Carlos Larraín, hostiga a Matthei, proponiendo a Eduardo Frei Ruiz Tagle). Los ya mencionados Kast y Kaiser anuncian carrera al margen de Chile Vamos.
La incógnita mayor reside en el actual oficialismo y sus bordes. Con anuncios de postulantes considerados algo marginales, como Vlado Mirosevic, Jaime Mulet, o el siempre dispuesto Marco Enríquez O. La interrogante abierta, también repetida, es si habrá curso para un proceso, de corto plazo, que resuelva en primarias, la postulación de un candidato único de la centroizquierda. En el intertando el PC culmina su congreso partidario con elección de nuevo comité central, la DC reitera la conveniencia de aguas separadas con el Frente Amplio y comunistas, mientras crece la interrogante sobre uno(a) que nos una.
Candidatos (as) nunca faltan. Todo el tema es si son competitivo(a)s y si alguno(a) logrará reunir un consenso que vaya desde la DC hasta el PC. Y la respuesta no parece muy alentadora. Descartada la opción de Michelle Bachelet (abundan razones), Carolina Tohá parece haber resuelto renunciar al gabinete – los evidentes méritos de su gestión en seguridad pública pueden rendir más fuera de La Moneda- para enfrentar el desafío de unir al conjunto del arco progresista tras su eventual postulación. Sin duda, eso habla muy bien del compromiso político de la actual ministra del Interior, que se iniciara en su vida política muy joven, acompañando a Ricardo Lagos en aquel histórico foro en donde el expresidente levantara su dedo apuntando al poder de Pinochet. Carolina Tohá tiene una dilatada trayectoria política como parlamentaria, alcaldesa de Santiago y ahora jefa del gabinete del actual gobierno, liderando la lucha en contra de la delincuencia y el crimen organizado, impulsando una vigorosa agenda en materia de seguridad y reforzando los servicios policiales, haciéndose cargo del grave traspié que significó el desgraciado caso Monsalve.
Si la actual ministra del Interior llegara a materializar su decisión de competir por una opción presidencial, sería muy incomprensible que el socialismo democrático, que no cuenta con candidatos verdaderamente competitivos, no se volcara en prestarle su resuelto apoyo. Tampoco el Frente Amplio o el PC, para no hablar de la DC, cuentan con alternativas competitivas. Y sería muy trascendente una competencia entre Evelyn Matthei (hija de un exintegrante de la Junta militar), en representación de la derecha y Carolina Tohá (hija de José Tohá, ex ministro de Salvador Allende), representando un amplio arco progresista. ¿Existen hoy mejores cartas que ellas para ofrecer alternativas de continuidad y/o cambio entre las que los ciudadanos resuelvan el futuro del país?
La urgente reforma del sistema político
Gane quien gane la próxima elección presidencial, el país requiere, de forma urgente, una reforma del sistema político, que ponga fin a su dispersión y disgregación para garantizar gobernabilidad. El senado acaba de aprobar, por amplia mayoría, una reforma que pone fin al “discolaje”, sancionando a aquellos parlamentarios que renuncien al partido por el cual fueron elegidos, instalando el umbral de un 5 % de los votos para agrupaciones políticas con representación parlamentaria.
Probablemente se requieren de reformas políticas mucho más profundas del sistema político, pero representa un avance muy significativo para asegurar la gobernabilidad futura del país. No es nada fácil que esta iniciativa pueda prosperar a escasos meses de la próxima elección presidencial y parlamentaria. Pero es igualmente cierto que Chile enfrenta la amenaza de ingobernabilidad y una creciente incapacidad de procesar demandas ciudadanas, con el consiguiente descrédito no tan sólo de la política sino también de las instituciones democráticas.
Ningún outsiders o líder populista puede resolver esa y otras crisis que enfrenta el país con medidas efectistas o de fuerza, como prometen los demagogos postulantes de ultraderecha. Tan sólo la democracia representativa contiene los mecanismos de su propio perfeccionamiento y profundización, bajo los principios de la soberanía popular, el irrestricto respeto a los derechos humanos como un todo indivisible, con separación de los poderes públicos y el monopolio de la fuerza sustentado en legítimos organismos democráticos. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Por lo mismo resulta tan urgente avanzar en la reiterada demanda de reforma del actual sistema político.
