Maduro y su régimen desafían a la opinión pública mundial

Al más puro estilo de Jalisco Zapata (nunca pierde y cuando pierde arrebata) Nicolás Maduro fue proclamado vencedor en las recientes elecciones en Venezuela, pese a que la oposición ha exhibido actas que muestran que Edmundo González, el candidato opositor, es un claro vencedor con mas del 63 % de los votos, en tanto que Maduro alcanzaría tan sólo un 30 %. A estas alturas, es muy improbable que el régimen acepte una verificación, con supervisión internacional, de las actas. Todo indica que el gobierno quemó sus naves e intentará refugiarse en el dictamen del controlado Consejo Nacional Electoral que le asignó el 51,4 % de las preferencias, versus el 44 % para su adversario, procediendo a una más que apresurada proclamación de su victoria.

No eran pocos quienes sostenían que Maduro no se expondría a una elección que pudiera perder, como anunciaban las encuestas más serias y creíbles en ese país. Y que no estaba por reconocer una eventual derrota. De partida, impidió la inscripción de Marina Corina Machado, la líder natural de la oposición, así como la de su candidata a sucederla. Les quitó la ciudadanía a los casi ocho millones de venezolanos en el exilio. El Consejo Nacional Electoral no ofrecía las mínimas garantías de imparcialidad que un organismo de esa naturaleza requiere. Se negó el acceso de la mayoría de los observadores internacionales europeos y latinoamericanos. Y muy tempranamente el oficialismo intentó impedir la presencia de los testigos (apoderados) de oposición en el escrutinio de los votos, negándose a entregarle las actas, como establece la ley electoral de ese país. En suma, una elección sin las mínimas condiciones democráticas y con un resultado más que dudoso, que huele a fraude.

Pese a todo lo anterior, unos pocos gobiernos (entre ellos los de China, Rusia e Irak. Y, por cierto, Cuba y Nicaragua) se apresuraron en reconocer los resultados oficiales, en tanto que otros (como EE. UU., Perú o Panamá) optaron por reconocer el triunfo de Edmundo González, reconociéndolo como presidente electo. El presidente Boric fue bastante más cauto, limitándose a afirmar que no reconocería un resultado que no estuviese debidamente acreditado y verificado internacionalmente, sumándose a los diversos gobiernos que han demandado la certificación de los resultados.

La virulenta reacción de Maduro y su gobierno no demoró. Junto con exigir el retiro de seis embajadores latinoamericanos, se ha embarcado en una delirante denuncia de conspiraciones en contra de diversos países (incluido el nuestro), acusándolos de promover un golpe de estado, con participación de activistas entrenados en EE. UU. Chile y Perú, para generar un clima de agitación en su país.

Los gobiernos de Brasil, México y Colombia buscan una solución política negociada a la crisis. Un propósito más que loable, que suma respaldos más allá de nuestra región. Ciertamente no es una tarea fácil. A estas alturas es impensable que se pueda validar lo que aparece como un grotesco fraude electoral. Necesariamente aquella pretendida solución pasaría por una transición pactada, que entregue garantías efectivas a las partes en conflicto. Al contrario de lo que señala cierta prensa (entre otros el diario El Mercurio), la reciente visita del presidente Lula a nuestro país, más que diferencias con la postura temprana del mandatario chileno, reveló importantes consensos acerca de la necesidad de avanzar en una salida política que destrabe la crisis desatada y consiguiente ola represiva desplegada por el gobierno de Maduro para controlar las legítimas protestas ciudadanas.

La severa crisis que enfrenta Venezuela no tan sólo representa un tremendo drama para su pueblo sino también una grave amenaza para la región, que bien pudiera enfrentar una nueva oleada migratoria. De poco y nada pueden servir las demandas por el reconocimiento de Edmundo González como nuevo presidente electo, tal como propicia muy mediáticamente la derecha, olvidando el fracaso anterior para validar la muy patética figura del presidente encargado, que vanamente intentó cumplir Juan Guaidó. Tampoco es imaginable repetir, en pocos meses más, la elección en Venezuela, sin debidas garantías democráticas y resultados más que predecibles. Venezuela requiere urgentemente un cambio, El régimen de Maduro agotó un largo ciclo político, con resultados más que lamentables para su pueblo. Su último y final aporte sería facilitar aquella transición pactada, tan lejana hoy de la virulenta reacción del gobierno parapetado en el apoyo de los mandos militares.

La controvertida postura asumida por el PC chileno

 Desgraciadamente, la consistente postura asumida por el gobierno chileno no ha sido compartida por la dirección del Partido Comunista en nuestro país. En abierto contraste con su congénere venezolano, la dirección liderada por Lautaro Carmona, cuya cercanía e identificación con el régimen de Maduro es conocida, aunque con creciente ambigüedad, continúa eludiendo su distancia del fraudulento intento de mantenerse en el poder a cualquier costo. A ojos vista es una postura que no genera consenso al interior del PC chileno, desde donde han surgido voces disidentes, en línea con la postura oficial del gobierno, forzando crecientemente a la dirección partidaria a plegarse a la demanda de transparencia que demanda la opinión pública mundial.

No ayuda para nada que diversos ministros sectoriales entren en polémica por las diferencias entre el gobierno y la directiva del PC. Como es más que obvio, los ministros no tienen otra opción que alinearse con la postura fijada por el presidente, al que le corresponde dirigir la política exterior. O simplemente renunciar por diferencias insalvables con la política oficial. En el caso de los partidos políticos y parlamentarios, pueden mantener legítimas diferencias, como se han expresado a propósito de diversas materias, pero sería deseable procesarlas internamente y no proyectar imágenes de división como las que se han difundido a propósito de Venezuela. Las conversaciones y debates pueden contribuir a superar diferencias, dejando de lado las descalificaciones y amenazas estridentes. 

 En verdad, no son muy novedosas las diferencias entre el PC y el resto de la izquierda en materia de política exterior. Vienen de antaño, desde los tiempos de la guerra fría, cuando el PC, en nombre del internacionalismo proletario, se alineaba férreamente con el llamado bloque socialista, reconociendo a la URSS como guía y rectora del socialismo mundial. Ello llevó al PC chileno a apoyar, en su momento, a Stalin, la invasión de Checoeslovaquia, extender su adhesión a la RDA, Corea del Norte, la revolución cubana y la sandinista en Nicaragua. Con las reservas del caso, por la polémica comunista internacional, luego a China.

Eran los tiempos de la guerra fría y varias de aquellas causas fueron también compartidas por el conjunto de la izquierda y no pocos sectores progresistas. Pero el mundo cambió en los últimos cincuenta años con el derrumbe del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, la irrupción de China como potencia mundial. Nadie puede hoy en día confundir a Putin con un líder progresista. Tampoco a Daniel Ortega. La revolución cubana ha tenido un mal envejecimiento y hoy enfrenta una larga y dura crisis, al igual de lo que sucede con el régimen venezolano, que ha optado por desafiar a la opinión pública con unos resultados electorales mas que dudosos y no acreditables. A más de diez días de los comicios, aún el gobierno de Nicolas Maduro no presenta las actas y menos parece disponible para una auditoria internacional.

Lo verdaderamente sensible para nuestro país, es que la denominada “vieja guardia” comunista parece seguir anclada en el pasado. De los tiempos de la guerra fría, manteniendo su respaldo a la verdadera dinastía que gobierna 
Corea del Norte, al régimen de Vladimir Putin, que muchos países asocian a gobernantes de ultraderecha. A Daniel Ortega y su clan familiar, que gobierna a Nicaragua como una hacienda de su propiedad. Y se prolonga con Maduro en Venezuela.

No es un dato menor que el PC chileno se encuentre realizando su extenso Congreso Nacional, que definirá, entre otras cosas, su política de alianzas y los alineamientos en materia de política exterior. Definiciones trascendentales que pueden incidir positiva o negativamente en el curso político del país. Algunos de sus dirigentes han insinuado la posibilidad de revisar la participación de ese partido en la actual alianza oficialista – desmentida en todo caso por el timonel Lautaro Carmona – en tanto que sectores del llamado socialismo democrático replican cuestionado la participación del PC en una alianza futura. Tanto por el bien del PC, como del conjunto del progresismo chileno, es de esperar que no prosperen ninguna de estas posturas extremas. Y que los comunistas chilenos, de una impecable conducta democrática en nuestro país, aprovechen esta oportunidad para asumir la nueva realidad internacional y los grandes desafíos que enfrentan los sectores progresistas para impulsar los cambios que el país urgentemente requiera y que tan sólo son posibles de enfrentar con sólidas mayorías sociales y políticas, que hoy se disputan con la derecha y la extrema derecha.