A medida que se acercan las fechas electorales claves, Matthei se olvida de sus buenas calificaciones en la UC, cuando estudiaba Ingeniería Comercial, y prefiere rasguñar votos en la ultraderecha adoptando un discurso catastrofista en lo económico, acudiendo a cuñas llamativas que obviamente son bien recogidas y multiplicadas en la concentrada y poco plural red de medios de comunicación con que contamos en Chile.
Las afirmaciones de este tipo son casi diarias y nos detendremos sólo en algunas de ellas.
- “Economía absolutamente estancada”.
En un seminario realizado por CAF en Panamá en enero 2025 sostuvo que “la economía chilena estaba absolutamente estancada”. Para mala suerte de la candidata Matthei, esas declaraciones fueron sólo semanas antes que el BC informara que el crecimiento en 12 meses del IMACEC en diciembre 2024 había sido del 6,6% y que el dato de crecimiento para el año había sido de 2,6%. Por cierto, lo que hacía Matthei era reiterar su discurso de mediados del 2024 donde junto a Schmidt-Hebbel y otros auguraban un crecimiento inferior al 1,8% para 2024.
Ya en marzo, el IPOM del BC agregaba que el consumo privado y la formación bruta de capital fijo habían aumentado en la última parte del año y que repuntaban las expectativas de hogares y empresas, en tanto el catastro de inversiones que realiza la Corporación de Bienes de Capital proyectaba incrementos para 2025 y 2026. También se indicaba allí que los salarios reales vienen creciendo por encima del promedio de la última década.
Según el IPOM del BC, en 2024, Chile creció más que la Eurozona, que Japón, América Latina y que los países exportadores de materias primas. En 2025 se dará lo mismo y además superará el crecimiento de Estados Unidos. Ya van tres años en que “los analistas” se equivocan. En 2022 esperaban un crecimiento de 1,5% y fue 2,2%; en 2023 esperaban recesión (-1,5%) pero se evitó la recesión y el crecimiento fue 0,5% y en 2024, “los analistas de la plaza” esperaban 1,8% y el crecimiento fue de 2,6%. Mucha razón tiene el destacado economista Xavier Sala i Martín, quien invitado a un seminario reciente indicó que “no está justificado el pesimismo económico que reina en Chile”
Sólo el ideologismo puede llevar a personas con estudios serios en Economía a hablar de “una economía en crisis” cuando en el 2024 tuvimos un nivel record en exportaciones, en atracción de inversión extranjera directa; en turismo, en tráfico aéreo y cuando también la Bolsa de Santiago obtuvo su mayor nivel histórico, nivel que ha seguido creciendo hasta un nuevo record en marzo 2025. Es cierto que llevamos un ciclo largo de crecimiento bajo y mediocre, que la productividad no remonta, pero también es cierto que esos datos ya llevan cerca de 12 años. Enfrentamos un desafío estructural de crecimiento, innovación y productividad, claro que sí. Y eso requiere acuerdos público-privados de largo aliento y se ayuda poco a generar ese ambiente de diálogo y cooperación con cuñas agoreras que además desafían la evidencia y son inmunes a los datos.
- “Ni en pandemia ni en el estallido social crecimos tan poco como en este gobierno”
Esto ya es más complejo y preocupante pues lisa y llanamente indica que en la cabeza de Matthei poco importan los datos pues el relato ya está preconcebido y es indiferente a la evidencia.
Digamos solamente que el crecimiento en 2019 fue 1,1% y en la pandemia (2020) tuvimos una caída de 6,1% en el PIB. Los datos de crecimiento del gobierno de Boric han sido 2,2% en 2022; 0,55 en 2023 y 2,6% en 2024. Nada espectacular, si bien explicado por la magnitud de los desequilibrios heredados, pero obviamente superior a los desempeños de 2019 y 2020. La prédica de Matthei preocupa pues si ella, ex presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, se permite este tipo de comentarios mal se podría esperar opiniones más equilibras desde la ultraderecha o desde personas sin manejo de cifras económicas.
Vale la pena recordar que se espera un crecimiento medio de 2% anual para todo el período Boric. Ciertamente un resultado bien modesto. La inquietud se proyecta en el tiempo cuando sabemos que el crecimiento medio en Piñera-2 fue de 2,4% anual. La falta de dinamismo ya lleva varios años y varios gobiernos. Reconocer esto debiera ser el punto de partida de cualquier estrategia de crecimiento. Que nadie venga a sostener como lo ha hecho Matthei que “todos sabemos cómo se hace para crecer más” ni tampoco vale sostener con seriedad que basta mirar al otro lado de la cordillera para aprender economía.
- El crecimiento actual es mediocre y todos sabemos que hay que hacer para crecer más.
Los fríos datos indican que la economía traía un crecimiento tendencial de 2% antes de la pandemia. Hubo una recuperación cíclica y una peligrosa sobre-expansión en 2021 alimentada por los retiros de los fondos de pensiones y la excesiva política fiscal de mediados de 2021 cuando ya la ayuda fiscal no era necesaria. De este modo, la economía creció 11% en ese año, el consumo de bienes no durables en 30% y el de durables en 120%. El déficit en cuenta corriente saltó al 9% del PIB. Se congeló el precio del transporte público y el de la electricidad, traspasando el costo del ajuste al próximo gobierno.
Con más modestia y equilibrio, Ignacio Briones, uno de los principales asesores económicos de Matthei nos dice que “crecemos al 2% por más de una década y la productividad cae desde fines de la primera década 2000”; “entre 2013 y 2023, el crecimiento promedio fue de 1,9% anual, crecimiento mediocre e insuficiente” (El Diario Financiero, 31 de marzo, 2025). Pleno acuerdo con sus palabras y con su llamado a un acuerdo nacional para reactivar crecimiento y productividad. Ese debate hay que asumirlo con modestia, examinando un conjunto amplio de experiencias de países en desarrollo y sin mitos ideológicos respecto de la interacción y coordinación entre estado y mercado. En cualquier caso, parece que no es tan cierto aquello de que “todos sabemos lo que hay que hacer para crecer”. No es eso lo que hemos visto en los últimos cuatro gobiernos.
- “Prácticamente no se están creando empleos”
La información del INE indica que entre marzo 2022 y diciembre 2024 se crearon 503 mil empleos y entre noviembre 2024 y enero 2025 se crearon 120.865 empleos. Por ende, es razonable argumentar que en lo que va de este gobierno se han creado poco más de 600 mil empleos. La comparación con períodos económicamente normales no procede pues este gobierno se vio obligado a frenar la economía para restablecer los equilibrios macroeconómicos, tan descuidados en la última parte del gobierno de Piñera-2.
- “Los pocos empleos creados son informales”
En el trimestre diciembre 2019-febrero 2020, el empleo informal sumó el 29,1% del total, guarismo que se redujo al 26,1% en el trimestre diciembre 2024-febrero 2025. Por tanto, la ocupación informal fue el 29,1% en el trimestre previo a la pandemia; 26,1% en el último trimestre disponible (diciembre 2024-febrero 2025) y fue 27,4% 12 meses atrás. Es decir, la informalidad del empleo se viene reduciendo, contrariando nuevamente los dichos de Matthei.
- La gente no llega a fin de mes
Matthei se preocupa ahora por el bajo poder adquisitivo del salario, sin recordar que en junio de 2012 cuando era ministra del Trabajo se opuso a elevar el sueldo mínimo desde los $182 mil de la época a $250 mil, argumentando que ello conduciría a la quiebra de empresas. Al asumir este gobierno, el salario mínimo era de $ 350 mil. A partir del 1 de enero 2025, el salario mínimo mensual es de $ 510.636 para trabajadores mayores de 18 años y hasta 65 años y de $ 380.923 para trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años.
Por tanto, el salario mínimo durante la gestión de Boric ha tenido un incremento nominal del 46% y – descontando la inflación – un incremento real del 26%. Se trata, sin duda, del mayor incremento del salario mínimo del que se tenga memoria en un período presidencial. Y que se sepa, no ha acontecido la pregonada quiebra masiva de empresas.
Pero hay más en materia salarial. La última información disponible en el INE (trimestre concluido en enero 2025) muestra un aumento en el salario real en 12 meses de 3,2%. Mejor aún, indica 13 meses consecutivos de aumentos en 12 meses superiores al incremento histórico del orden del 2% anual.
Aclaremos: i) los salarios en Chile son demasiado bajos respecto del costo de una canasta básica; ii) sin embargo, llevamos un período significativo de incremento en las remuneraciones reales, tanto salario mínimo como salario medio y iii) como toda la evidencia económica internacional lo indica, para elevar la participación de los ingresos del trabajo en el ingreso nacional no basta con crecer más; es necesario que ese crecimiento se distribuya mejor y parar ello es necesario reforzar la negociación colectiva.
Si de empleo se trata, resulta ilustrativo conocer la opinión de dos de las economistas que conforman el núcleo pensante de la candidata Matthei (Cecilia Cifuentes y Michelle Labbé) quienes en el Ultimo Café del 27 de marzo en Cooperativa argumentaron en pro de “eliminar por completo los feriados irrenunciables” promoviendo “la libertad de trabajo”. Estas posturas pre-Revolución Industrial se suman a los clamores de los grandes empresarios en orden a elevar la edad de jubilación, rebajar el salario mínimo, limitar la sindicalización y elevar el porcentaje de trabajadores extranjeros permitidos en la producción. De más está señalar como este conjunto de medidas operaría en la dirección de precarizar aún más el empleo y concentrar el ingreso y la riqueza.
Apelando a la ínsanía conceptual de Milei, Matthei ha señalado que, de asumir la presidencia, congelaría las contrataciones públicas y eliminaría a “esa tropa de inútiles funcionarios públicos involucrados en la permisología”. La reputada economista Andrea Repetto nos recuerda que recortar el gasto público es difícil, que buena parte del mismo está respaldado por leyes y ello explica que tampoco durante las administraciones de Piñera se haya avanzado demasiado en modernizar y hacer más eficiente y acotado el empleo público.
En materia de eficiencia, baste recordar los sonados fracasos del puente Cau Cau en Valdivia y el bochorno del frustrado Censo nacional, ambos acontecidos durante “el gobierno de los mejores”, según se autodenominaban. Es evidente que la administración pública requiere ser modernizada, reduciendo despilfarros, estimulando la eficiencia y el buen servicio al usuario y combatiendo la corrupción en municipios y donde acontezca. Aquí hay espacio para avanzar hacia un acuerdo nacional, el que también debiera incluir, por ejemplo, la solución al problema de los números funcionarios públicos que laboran a contrata, en condiciones de elevada inestabilidad laboral (contratos por un año, sin acceso a la carrera funcionaria). La norma indica que esos contratos no pueden prolongarse por más de un año y los funcionarios a contrata no deben sobrepasar el 20% de la dotación de cada organismo público. En rigor, ambos preceptos son pasados a llevar en muchos organismos y desde hace muchos años.
- Gobierno ha incumplido sistemáticamente sus metas fiscales. Falso.
El Cuadro 1 permite rechazar esa afirmación, dado que en efecto el gobierno cumplió su meta fiscal en 2023, la sobre-cumplió en 2022 y sólo la incumplió en 2024, por cambios bruscos en la cotización internacional del litio y errores en la proyección de ingresos tributarios que habrá que corregir. La meta presupuestaria de 2022 indicaba reducir el déficit a 3,3% del PIB, dado que venía de un déficit de 8% del PIB y, en verdad, el resultado fue un superávit de 0,5% del PIB, es decir, un sobrecumplimiento de 3,8 puntos del PIB. Hacienda ha indicado que, a fines de abril 2025, cuando se conozca el cierre fiscal de 2024, implementará las medidas presupuestarias pertinentes para ajustarse a la meta de 2025.
Cuadro 1: Metas fiscales y resultados efectivos 2022-2024 (% del PIB)
| 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | |
| Meta | Efectivo | Meta | Efectivo | Meta | Efectivo | |
| Balance Cíclicamente Ajustado (%PIB) | -3,3 | +0,5 | -2,6 | -2,6 | -1,9 | -3,2 |
| Nivel Deuda Bruta (% PIB) | 45% | 37,8% | 45% | 39,4% | 45% | 42,3% |
Fuente: Exposición del Ministro de Hacienda, Banchile, 18 de marzo 2025. El resto de los datos fiscales está basado en esa presentación.
- El gasto público está disparado; crece de un modo irresponsable. Falso.
Entre 2022 y 2024 (estimado) el gasto público se ha mantenido en 24,7% del PIB. Este monto es similar al 24,5% previo a la pandemia. No hay cambios entonces en la magnitud del gasto público relativo al PIB. El esfuerzo fiscal para ello ha sido gigantesco y- por supuesto – no ha sido cabalmente reconocido ni por el gran empresariado ni por las elites políticas conservadoras. Hay que recordar que en 2021 el gasto público alcanzó el 30% del PIB y, por tanto, al asumir el gobierno de Boric fue necesario un ajuste fiscal de cerca de 6 puntos del PIB. Es cierto que así estaba comprometido en el presupuesto aprobado en noviembre 2021 pero el costo social y político de asumir ese ajuste lo debió cargar la nueva administración.
Más aún, no se trató sólo de asumir ese recorte de gasto sino además de generar el espacio para nuevos e importantes gastos, obligando a reasignar otros 2 puntos del PIB para financiar la PGU (1,3% PIB), salud (0,4% PIB) y otros (0,3% PIB, en vivienda, seguridad, prevención de incendios y otros).
- La razón de ese mayor gasto es el explosivo aumento de funcionarios públicos (los “operadores políticos”). Falso.
Matthei se ha sumado al coro que pregona que el empleo público ha aumentado en 100 mil personas durante este gobierno. Entre diciembre 2021 y diciembre 2022, el empleo público se redujo en 991 personas; entre diciembre 2021 y diciembre 2023 aumentó en 5.094 personas, básicamente en salud y entre diciembre 2021 y septiembre 2024 (último dato disponible) el empleo público aumentó en 26.832 personas y ello se explica básicamente por la contratación de encuestadores para el Censo).
- La deuda pública ha crecido como nunca y está fuera de control. Falso.
La deuda pública se encuentra hoy bajo las proyecciones que realizó el Consejo Fiscal Autónomo a fines del gobierno anterior para este período de gobierno. Ello es así porque se han ahorrado US$ 20 mil millones respecto a la tendencia que traía la deuda pública.
La Segunda, por supuesto, se hizo eco de esta denuncia, alegando que este gobierno dejará una enorme deuda pública, la que sumaría más de US$ 60 mil millones. Con fina ironía, el ministro Marcel indicó que el artículo de La Segunda “omitía un pequeño detalle” sobre la acumulación histórica de la deuda. En efecto, el 89% del incremento de la deuda que muestra este gobierno transcurrió durante el gobierno anterior, cuando la deuda creció en US$ 38.384 millones, además de una reducción de fondos soberanos de US$ 11.023 millones. Es decir, cuando se compara el incremento de la deuda pública 2024 respecto de fines de 2021, sólo el 11% de ese incremento corresponde a obligaciones netas en que ha incurrido este gobierno. La amplia diferencia corresponde a obligaciones contraías con anterioridad a este gobierno y, en particular, duranta la segunda administración de Piñera.
Este empeoramiento en la solidez de las cuentas fiscales, derivadas de mayor endeudamiento y de venta de activos, empeoró la calificación de riesgo y ello se ha expresado en la necesidad de pagar mayores tasas de interés por lo adeudado.
Cuadro 2: Evolución de la deuda pública en 4 últimos gobiernos. (como % del PIB)
| Aumento nivel de la deuda | Aumento anual promedio | |
| Piñera-1 | 6,2 | 1,6 |
| Bachelet-2 | 10,9 | 2,7 |
| Piñera-2 | 12,6 | 3,2 |
| Boric | 5,1 | 1,3 |
Fuente: Presentación ministro Marcel, Banchile.
Contrariando el discurso de Matthei y la derecha, los datos oficiales muestran que ha sido en este gobierno donde menos ha crecido la deuda pública. Cuando más creció fue con Piñera-2, si bien parte de ese incremento era exigido para enfrentar la pandemia. Sin embargo, no puede escabullirse el hecho de que la irresponsabilidad fiscal del anterior gobierno, al final de su mandato, empeoró dramáticamente la sostenibilidad de las cuentas fiscales, llevando el balance estructural de las cuentas públicas a -10% del PIB. Examinando estas cifras, no cabe sino subrayar que la gestión fiscal durante el actual gobierno es digna de elogios.
La deuda pública alcanza a un 42% del PIB, en tanto la deuda pública promedio de la OCDE es de 86% del PIB. Mientras USA destina el 20% de sus ingresos públicos a pagar intereses de su deuda, chile destina sólo 6% de ellos a ese gasto. Obviamente de aquí no se desprende liviandad al examinar la evolución de la deuda pública: i) hay que frenar su tendencia alcista; ii) no estamos en un nivel preocupante; iii) para frenarla es necesario considerar medidas que afecten tanto el gasto como los ingresos. Es decir, usar la motosierra o la tijera de podar no son las únicas herramientas fiscales disponibles.
11.Eso nos ha llevado a perder la buena reputación fiscal que teníamos. Falso.
El riesgo soberano viene cayendo sistemáticamente desde mediados de 2022 y en la actualidad se encuentra en niveles similares a los de 2018, antes del estallido social y de la pandemia. Ello no puede ser sino el reconocimiento que hacen los mercados internacionales de la adecuada gestión fiscal en un momento económico y político complejo, con dos procesos constitucionales fallidos y con una herencia de elevada inflación, agudos desequilibrios fiscal y externo con que asumió este gobierno.
El EMBI (diferencia de tasa de interés que se paga en bonos emitidos en dólares respecto de la tasa de interés de largo plazo de los bonos norteamericanos) era de 306 puntos base en abril 2020 y ahora en marzo 2025 es de 128 puntos base. Esta es la voz de los mercados internacionales: una buena evaluación de las perspectivas de la evolución fiscal en Chile. Lo demás es campaña política.
La deuda pública sigue siendo baja como % del PIB, inferior no sólo a la de todas las economías de la región, sino también inferior a la de USA, de los países de la UE, Japón, Corea del Sur y a todas las economías de la OCDE, con excepción de Lituania, y de Arabia Saudita. Que muestra una evolución creciente en los últimos 4 gobiernos, es cierto y ello debe ser corregido, pero no estamos ni cerca del despeñadero de la deuda pública y el desmadre fiscal, como Matthei pretende hacernos creer.
Los campeones de la seriedad fiscal no han sido capaces de reconocer que el gasto fiscal de 2021 fue a todas luces excesivo, cuando ya no era necesario y coincidiendo con elecciones parlamentarias y presidenciales. Esa falta de seriedad hubo que pagarla en los años siguientes con un ajuste severo pero imprescindible. En ese contexto, como nos lo recordó Andrea Repetto (Seminario “Señales para Chile 2025; Diario financiero, marzo 2025), lo que correspondía frente a tamaños desequilibrios era crecer poco y ojalá sin afectar demasiado los objetivos sociales. Lo que se logró fue mejor que aquello, un aterrizaje suave, evitando la recesión y reduciendo la pobreza.
Síntesis fiscal.
Matthei transmite una visión interesada y distorsionada de la evolución de las cuentas fiscales, ignorando las cifras oficiales. Repetto en la mencionada exposición destacó varios ejes claves en esta discusión: i) la expansión fiscal de 2021 fue excesiva , innecesaria y condujo a severos desequilibrios que no se evaporaban en un año; ii) la deuda pública como % del PIB ha crecido en todos los últimos 4 gobiernos; iii) sigue siendo baja, comparada con cualquier otro país en el mundo; iv) su tendencia al alza sí es preocupante y debe ser corregida; v) ninguno de los últimos 4 gobiernos le ha dejado holguras al siguiente; vi) la economía chilena no está en condiciones de reducir su carga tributaria y, por ende, cualquier eventual rebaja a la tasa corporativa debe ser compensada con incremento en otro tipo de tributos.
Respecto al estatismo que ahogaría al sector privado, en marzo 2025 también conocimos el último Ranking de Libertad Económica que realiza la Heritage Foundation, entidad ultra- conservadora y bastante cercana a Trump. Ese ranking ubica a la economía chilena en el lugar 18 entre 176 economías, siendo superada en las Américas sólo por Canadá y superando a Estados Unidos. Lo relevante es que en ese indicador una de las variables claves que se examina es el tamaño de la carga fiscal, del gasto público y la sostenibilidad fiscal.
La experiencia tributaria contemporánea indica que todas aquellas experiencias que han buscado rebajar impuestos y mantener el equilibrio fiscal con reducción de gastos y mayor incremento en recursos tributarios provenientes de mayor inversión y crecimiento han terminado en un incremento en el déficit fiscal, en la deuda pública y en la concentración de ingresos. Ese fue el resultado con Reagan, con Bush hijo, con Trump-1 y con los conservadores británicos.
Las propuestas fiscales de Matthei se sintetizan en i) reducir los impuestos a las empresas, sin compensar la baja de ingresos públicos, esperando que ello eleve la inversión y el producto y, por esa vía, generar los ingresos tributarios que permitan no elevar el déficit fiscal; ii) congelar la contratación pública y reducir el empleo público; iii) reducir gastos en directivos y personas de confianza de las autoridades; iv) recortar gastos de operación, v) reducir viáticos y horas extraordinarias y v) cancelar programas mal evaluados.
Frente a estas propuestas, el ministro Marcel le ha respondido mencionando que el conjunto de las medidas de reducción de gasto que Matthei propone suman un 0,09% del PIB, es decir, mucho ruido y pocas nueces. Además, el 90% del gasto público del gobierno central es mandatorio, es decir, está atado a cumplimiento de leyes o es rígido (alimentación escolar, textos escolares, programas de inmunización, etc.). Esto no quiere decir que no se pueda avanzar en mejorar la eficiencia en salud (eliminar abusos en licencias médicas) o corregir aportes públicos en educación superior que favorecen a sectores que no necesitan ese apoyo.
Pero el desafío fiscal persiste. Las razones son variadas y estructurales: i) la carga tributaria en Chile es baja no sólo respecto de la OCDE sino también respecto de Argentina, Brasil y Uruguay, por ejemplo; ii) además se apoya excesivamente en impuestos indirectos (IVA), haciendo que, en términos relativos a sus respectivos ingresos, las personas de menores ingresos tributen un porcentaje mayor respecto de los tributos que pagan las personas de mayores ingresos.
Además, la economía chilena enfrenta presiones estructurales para elevar el gasto público: i) el envejecimiento de la población presionará por mayores gastos en salud y en pensiones; ii) inevitablemente el sector público tendrá que ir asumiendo nuevas obligaciones en reducción de emisiones y protección del capital natural; iii) el combate al delito obliga a elevar el gasto en seguridad y equipamiento de las policías; iv) la sociedad exige elevar la calidad en los programas públicos de vivienda y educación pre-escolar. Se trata de presiones que no se pueden escabullir con un discurso populista. Cualquier propuesta seria de gobierno debe definir con precisión cómo espera abordarlas, incluyendo su financiamiento.
