Memoria histórica: los demonios desatados.

A casi medio siglo del Golpe de Estado, la mayoría de la Cámara de Diputados propinó un descarado golpe a las entidades públicas de derechos humanos -el Instituto Nacional (INDH) y el Museo de la Memoria- y a organismos que cultivan la memoria histórica, incluidos el Archivo de la Vicaría de la Solidaridad y las Fundaciones Eduardo Frei, Salvador Allende y Patricio Aylwin, al rechazar las partidas presupuestarias asignadas desde hace más de una década, incluso bajo gobiernos de derecha. Sin estos recursos, esas instituciones deberán cerrar sus puertas.                                                                                                                                                                                                  

La resolución fue respaldada con euforia por republicanos y llamó la atención que no solo Chile Vamos sino también algunos diputados de la Democracia Cristiana se sumaran al rechazo presupuestario. En la misma sesión, la Cámara rechazó el presupuesto asignado a la lucha contra el crimen organizado -el más elevado en años- y el programa del Servicio Nacional de Migraciones. Paralelamente, la bancada de RN amenazó con acusar constitucionalmente a la ministra de Justicia, si no deja sin efecto el beneficio a los presos mapuche consistente en su traslado a un centro de educación y trabajo.

Todos los episodios dicen relación con materias directa o colateralmente ligadas a la protección de los derechos humanos y a la memoria histórica.

Esta memoria no es patrimonio de ningún sector de la sociedad sino uno de los componentes de la Justicia Transicional, cuerpo doctrinario universalmente aceptado para la no repetición de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en una sociedad que las ha padecido. Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados deben adoptar medidas para la preservación de la memoria de las víctimas y de la memoria histórica[1].

En Chile existe escasa pero relevante jurisprudencia en la materia, como una sentencia de la Corte de Rancagua que, respecto al “derecho a la memoria histórica de los pueblos”, establece que este “se consagra, ampara y promueve a través de políticas públicas” e “involucra la obligación del Estado de salvaguardar la memoria de su pueblo”[2].

También, algunas constituciones incorporan la memoria histórica como derecho colectivo. El artículo 46 de la carta fundamental española establece como deber del Estado conservar y promover “el patrimonio histórico de los pueblos de España”. En esta materia, se ha reconocido internacionalmente lo obrado por nuestro país mediante las “comisiones de la verdad”, el Museo de la Memoria, cuyos archivos han sido declarados “Memoria del Mundo” por la UNESCO, y otras iniciativas memoriales afectadas por la votación de la Cámara de Diputados.

Tras cada intento de detener el desarrollo de la memoria histórica se esconde el negacionismo que, lejos de una ficción, es un concepto jurídico doctrinario y positivo, que nació como reacción a la negación del holocausto de los judíos por los nazis. En doctrina jurídica, se le ha definido como la negación o justificación de crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de derechos humanos, por motivos ideológicos o políticos.

En varios países, como Alemania y España, el negacionismo ha sido penalizado y hay autores para quienes el bien jurídico protegido por los códigos penales es, precisamente, la memoria histórica[3]. A la vez, es innegable que la penalización es objeto de un no acabado debate jurídico que plantea la posibilidad de un conflicto serio con el derecho a la libertad de opinión, por lo cual hay quienes han sugerido como condición de la criminalización que el derecho a la memoria histórica adquiera rango constitucional[4]. Con todo, más allá de la discusión jurídica, existe consenso en estimar el negacionismo como una conducta, al menos, inmoral y atentatoria contra la convivencia pacífica y la dignidad de las víctimas.

A nuestro juicio, en las actuales condiciones políticas, sería tarea casi imposible la penalización del negacionismo. Como nunca en los últimos decenios, esta aberración ha encontrado nido en el Congreso, generando descomposición ética en un país que sufrió crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos. Debe agregarse que ni siquiera en la Convención Constitucional pudo prosperar la proscripción del negacionismo.

Hace cuatro años, declaraciones contra el Museo de la Memoria pronunciadas por el ministro de Cultura, Mauricio Rojas, suscitaron una movilización ciudadana que obligó a su inmediata destitución por el Presidente Piñera. En cambio, esta última votación de la Cámara de Diputados, verdadera bofetada a las fuerzas políticas del Congreso que cuentan con víctimas de la dictadura, agravada por declaraciones en el hemiciclo referidas a “supuestos desaparecidos”, como lo hacía la dictadura, solo ha motivado declaraciones de los partidos de izquierda, el mundo de los derechos humanos y la academia.

El grave y trascendental resultado del plebiscito constitucional fue asumido por la derecha como una victoria estratégica, lo cual no solo se ha manifestado en el pedregoso camino hacia un nuevo proceso constituyente sino también en el tipo de oposición ejercida hacia un gobierno reformista que ha debido cargar, en su primer año de ejercicio, con aquella derrota política.

En tal escenario, estimulado por un contexto internacional en el cual reviven fuerzas de extrema derecha, han aflorado las peores manifestaciones ideológicas contra principios generales del Derecho aceptados por la humanidad, arrastrando tras ellas a los partidos tradicionales de derecha, y también al PDG.

Tras el rechazo al financiamiento de las entidades de derechos humanos se agazapa, una vez más, la burda identificación de esos derechos con la izquierda. De igual manera, la negativa al presupuesto para enfrentar el crimen organizado o el rechazo al programa de migraciones están relacionados con la apreciación ideológica de que el progresismo pro-derechos humanos favorece a los delincuentes y con el menosprecio a los derechos de los extranjeros. Y la exagerada reacción por la medida que beneficiaba a presos mapuche se debe al rechazo que provoca el buen trato a los delincuentes privados de libertad, especialmente si son indígenas. En fin, es como si todos los demonios que viven en el imaginario de la extrema derecha se hubiesen desatado, doblegando a la totalidad de su espectro.

Por cierto, poco ayudan a reivindicar la centralidad universal de los derechos humanos y la salvaguardia de la memoria histórica quienes, desde la izquierda, aplican un doble estándar favorable a gobiernos autoritarios, obsequiando a la derecha uno de sus argumentos preferidos. Igualmente, la lucha de grupos de poder en el mundo de los derechos humanos y, específicamente, en el Instituto Nacional encargado de su protección y promoción, sumada a la extravagante querella contra su exdirector, solo han logrado debilitar la capacidad de respuesta a esta ofensiva del negacionismo derechista.

Empero, aunque no existiesen estos extravíos, los hechos indican que la oposición no se detiene en reparar que tanto el INDH como el Museo de la Memoria cuentan entre sus directivos con representantes de derecha, ni parece dispuesta a retomar su actitud tolerante con los procesos de verdad y reparación a las víctimas de la dictadura, quizá porque ahora pesan sobre su conciencia las víctimas de atropellos perpetrados durante el estallido social.

Por último, tampoco es ajena al sombrío panorama descrito la caída del antiguo liderazgo humanista de la Iglesia Católica, con una jerarquía enmudecida, y el debilitamiento de sus sectores progresistas

Es muy probable que el Senado repare el mal causado, pero el ambiente generado en torno a la discusión presupuestaria evidencia que se requiere un esfuerzo sostenido para volver a la cordura, rescatar un legado que debe enorgullecer al país y proseguir con el proceso de preservación de la memoria histórica, como garantía indispensable de no repetición.

La primera condición para comenzar a tratar en serio la importancia de la memoria histórica es superar las perversas divisiones en el seno del mundo de los derechos humanos y, a nivel político, como lo señalara el diputado Naranjo, hacer recapacitar a opositores tradicionalmente cuerdos, para que se independicen del espejismo ultraderechista.

De otro modo, Chile podría pasar, de ser un país respetado universalmente por sus procesos de verdad, justicia, reparación y preservación de la memoria, a engrosar la nómina de naciones cuyos organismos de derechos humanos son manejados por el poder político, como ocurre en varias que la derecha siempre coloca como ejemplo indeseable.

[1] Corte IDH, Caso de los “Niños de la calle” (Caso Villagrán Morales y otros vs. Guatemala), sentencia del 26 de mayo de 2001, párrafo 84.. Caso Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos, sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209.

[2]Corte de Apelaciones de Rancagua, Rol 243-2016, sentencia de 3 de marzo de 2017.

[3] 3 FRONZA, Emanuela, “¿El delito de negacionismo? El instrumento penal como guardián de la memoria”. UNED. Revista de Derecho Penal y Criminología, 3.a Época, N.º 5 (2011) Página 106. 

[4] El artículo 510.1.c) del Código Penal Español, que tipifica el delito de negacionismo, forma parte del Título XXI del Libro II, denominado “Delitos contra la Constitución”.