Los resultados tan favorables para Claudia Sheinbaum, el 2 de junio de 2024 en las elecciones presidenciales en México, “sorprendieron a los mercados” que, si bien esperaban el triunfo de Morena y su alianza, nunca imaginaron que sería tan rotundo, cerca del 60%, ni con una mayoría aplastante en el Congreso.
Al día siguiente de la victoria, el 3 de junio, las bolsas de valores mexicanas cayeron y el peso mexicano “se desplomó”, se depreció y siguió esta tendencia hasta hace pocos días. Si los mercados votan, por qué no se les pide el nombre del candidato(a) ganador (a), así se ahorran millones en encuestas, preparativos y gastos electorales, de tal manera que, al día siguiente de su elección, los mercados lo saluden con un aumento de las ganancias de las bolsas y con una estabilidad de la moneda nacional. No olvidemos que los mercados no son millones de agentes económicos sino un grupo oligopólico de empresas, que son las que “votan” en función de la cantidad de dinero que tienen o manejan.
Bloomberg en Línea tituló “Incertidumbre por elecciones en México, riesgo para la economía en 2024”. ¿Cómo habría que entender al “mercado” o mejor dicho a los directivos de las grandes empresas? Si el resultado de la votación hubiera sido muy estrecho y con mayoría opositora en el parlamento, hubieran dicho empate catastrófico, ingobernabilidad, polarización o división del país.
¿A qué se debe esta sobrerreacción de los mercados? Directamente porque “la presidenta electa apunta a una reforma judicial que tiene en incertidumbre a los inversionistas” según Bloomberg. Por tanto, da la impresión de que los mercados quieren que una presidenta haga las cosas que les gustan y luchan anticipadamente en contra de una “reforma judicial” que no les interesa saber cómo será y si refleja la decisión de la mayoría de la población. Lo mismo da su aprobación sobre el gabinete.
¿Certeza jurídica?
El 19 de junio los líderes de los principales grupos empresariales de México pidieron a la presidenta electa privilegiar la certeza jurídica para potenciar el desarrollo económico: “La certeza jurídica es indispensable para construir un país verdaderamente justo”. Plantearon la “preocupación reciente de los mercados financieros ante la expectativa de la reforma judicial y otras que buscan eliminar órganos autónomos y regulatorios, como al sistema electoral, de transparencia y competencia”. “Es importante que toda reforma que se presente tenga el objetivo de que promueva más inversión, empleo y base gravable, teniendo especial cuidado en la revisión del TMEC”.
Este discurso o recitado me es muy familiar, “mutatis mutandis” o cambiando lo que hay que cambiar, lo escuché y leí en Chile justo antes y después de las elecciones en que resultó ganador en la segunda vuelta con un 55, 87% el presidente Gabriel Boric, el mandatario más joven de la historia del país, pero sin la mayoría parlamentaria. También lo leí en Colombia donde Gustavo Petro, el primer presidente fuera de la clase política tradicional; y el primero que proviene de la costa, ganó en segunda vuelta por 50,4% versus 47,7% pero con mayoría en el Congreso gracias a que su coalición, Pacto Histórico, tuvo que hacer alianzas con otros partidos y movimientos políticos.
Son las mismas consignas que se repiten, como mantras: certeza jurídica es equivalente a decir statu quo, inmovilidad jurídica, no cambiar nada puesto que cualquier cambio conduce a la inseguridad jurídica. La amenaza de “cuidado con la revisión del TMEC”, que es el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá que sustituye al Tratado de Libre Comercio (TLCAN), no toma en cuenta que Trump lo hizo unilateralmente y es posible que lo vuelva a hacer si quiere, por la amenaza de China a través de México. Lo mismo pasó con el Presidente Boric, quien señaló que el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como TPP-11 “no forma parte de nuestro programa”, sin embargo recibió la presión del empresariado y de los partidos de la oposición que tenían mayoría en el Congreso y lo tuvo que ratificar. Presidente Boric se refiere al TPP-11 en encuentro de la Sofofa (t13.cl)
Cualquier reforma judicial o de determinadas instituciones es sinónimo de autoritarismo, dictadura, aunque pueda ser resultado de una Asamblea Constituyente o de una reforma con la mayoría del Congreso que expresa a la mayoría de la población. Eso no cuenta para 500 empresarios y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de México.
Democracia calificada
Cuando se habla de democracia, algunos sectores están implícitamente pensando en una democracia “calificada”, basada en representantes elegidos, pero bajo una supuesta meritrocracia, un buen currículo y con formación en buenas universidades norteamericanas. Piensan que la Cámara de Diputados, por ejemplo, si bien puede representar a algunos sectores de la plebe, no la de senadores, el cepo democrático, solo a una elite. La imagen es la democracia de Platón, de Atenas: Igualdad política, libertad de opinión, participación ciudadana en el gobierno y exclusión de mujeres, esclavos y extranjeros. Solo los miembros de los dos estratos sociales más altos podían aspirar a las magistraturas más importantes. Por otro lado, los estratos medios podían competir para ostentar las magistraturas más básicas, mientras que los más pobres, solo tenían permitido participar en la asamblea ateniense.
Cuando se dice los mercados votan, estamos pensando en los grupos de más altos ingresos y cuando se criticó la representatividad y la composición de los ciudadanos elegidos a la Constituyente en Chile se estaba discriminando a los representantes que no formaban parte de la elite económica y política, puesto que no están calificados para redactar una Carta Magna.
No a las reformas tributarias
El apego al no cambio de las reglas del juego en realidad está explicado por la aversión al cambio de las normas fiscales y especialmente en las reformas tributarias “hacia arriba”, que pretenden subir impuestos al patrimonio, a la riqueza, a los ingresos, puestos que las reformas “hacia abajo”, de la disminución de los impuestos o exenciones a la herencia, al patrimonio, a los ingresos, a las utilidades, bienvenidas sean.
Estos conceptos, premisas, o presunciones, derivan de la economía de la oferta que postula alcanzar el crecimiento económico con mayor eficacia, introduciendo medidas que incrementen la oferta agregada, especialmente las referidas a la reducción de impuestos y a la desregulación de la actividad económica. Así, según los “ofertistas”, los consumidores se beneficiarán de una mayor oferta de bienes y servicios a precios más bajos.
La medida de reducir impuestos se postuló como alternativa al aumento del gasto fiscal keynesiano, puesto que permitiría bajar los costos y aumentar el nivel de producción, basados en la curva de Laffer, que representa cómo varía la recaudación fiscal ante variaciones de la tasa de impuestos (Gráfico 1).
Gráfico 1: La Curva de Laffer
A medida que el impuesto subía desde 0% (T0) aumentaba la recaudación hasta llegar a un máximo (Rmax), nivel a partir del cual: si seguía subiendo la tasa impositiva por encima de T* a T3, en lugar de incrementar la recaudación ésta disminuía (de Rmax a R1), puesto que el aumento del impuesto hacía reducir la oferta de bienes en la economía y, por lo tanto, se recaudaba menos hasta llegar a una tasa de 100% a una recaudación de cero. Por lo tanto, si se quería mayores ingresos fiscales mejor sería bajar los impuestos para estimular el crecimiento económico y el empleo. Así decía su promotor político:
Si, durante el resto de esta década, los Estados Unidos y Gran Bretaña demuestran el poder de la «curva de Laffer» como herramienta analítica, su uso se extenderá, tanto en los países en desarrollo como en el mundo desarrollado. Los políticos que entienden la curva descubrirán que pueden derrotar a los políticos que no lo hacen. Los electorados de todo el mundo siempre saben cuándo están innecesariamente encaramados a lo largo del borde superior de la «curva de Laffer», y apoyarán a los líderes políticos que pueden derribarlos.[1]
Cuarenta años después un paper sobre las consecuencias económicas de la reducción de impuestos a los ricos del London School of Economics, de Hope y Limberg (2020) encuentra evidencia en contra de las teorías de la oferta sobre los efectos en el crecimiento y el desempleo de la reducción de los impuestos a los ricos:
“En general, nuestro análisis encuentra pruebas sólidas de que la reducción de los impuestos a los ricos aumenta la desigualdad de ingresos, pero no tiene ningún efecto en el crecimiento o el desempleo. Encontramos que los importantes recortes de impuestos para los ricos empujan hacia arriba la desigualdad de ingresos, medida por la proporción superior del 1% de los ingresos nacionales antes de impuestos. El tamaño del efecto es sustancial: en promedio, cada reducción de impuestos importante resulta en un aumento de 0,8 puntos porcentuales en la proporción superior del 1% de los ingresos nacionales antes de impuestos”.[2]
En el caso de México, los “electorados” votaron por un mayor gasto fiscal y por mayores impuestos. En Colombia en tanto, Petro recordó que la reforma tributaria propuesta por su gobierno fue aprobada en el primer año de gobierno y que esto permite enfrentar «a los grandes evasores del país» y obtener los «recursos de las capas más privilegiadas«. Petro hace un balance de su primer año como presidente de Colombia – RT Dos fueron los objetivos principales: disminuir las exenciones inequitativas que tienen las personas naturales con más altos ingresos y algunas empresas, impedir la evasión y la elusión tributaria, logrando la consecución suficiente de recursos para financiar el fortalecimiento del sistema de protección social.
En el caso de Chile, el Presidente Boric presentó en julio de 2022 la reforma tributaria que aspiraba recaudar un 4,1% del PIB, estructurada en torno a cuatro iniciativas legislativas, dos de las cuales se presentarían al Congreso durante julio, mientras que las restantes se concretarían en el cuarto trimestre de 2022. Las dos primeras que se refieren al proyecto de ley que incorpora cambios al Impuesto a la Renta, introducía un Impuesto a la riqueza, limitaba exenciones, agregando medidas contra la elusión y evasión fiscal. El segundo componente corresponde a un paquete de indicaciones que se introducirían al proyecto de ley sobre Royalty minero que se tramitaba en el Senado. Presentamos el proyecto de Reforma Tributaria que busca avanzar hacia un Chile justo y desarrollado – Gob.cl (www.gob.cl)
Para los críticos y resistentes de las propuestas “La propuesta de la reforma tributaria del Gobierno del Presidente Boric tenía varias medidas que debilitaban el mercado de capitales de Chile, es decir, debilitaba la fuente de crecimiento, inversión, empleo y consumo del país” (…) Primero, creaba un nuevo impuesto a los altos patrimonios. Segundo, creaba un nuevo impuesto a las utilidades retenidas de las empresas. Tercero, aumentaba la tasa de impuesto de las ganancias de capital desde un 10% a un 22%. Cuarto,”la propuesta desintegraba completamente los impuestos pagados por las empresas, de los impuestos que pagan las personas por las rentas de capital que obtienen al invertir en proyectos económicos. En otras palabras: si decides invertir en una empresa chilena, las ganancias de esa inversión pagarían doble impuesto: el impuesto corporativo y después el impuesto a la renta personal de los inversores de las empresas”. Por qué la propuesta de reforma tributaria del Presidente Boric debilitaba el mercado de capitales (elmostrador.cl)
En marzo de 2023, la Cámara de Diputados rechazó su reforma tributaria con 73 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones, el gobierno no logró la mayoría simple necesaria para aprobar en general el proyecto. La propuesta era fundamental para poder financiar los otros proyectos que están en el plan de gobierno, como la reforma a las pensiones, mejorar la infraestructura educacional y reducir las listas de espera en los hospitales. La norma que fue rechazada creaba un nuevo “impuesto a la riqueza”, pero fue considerada “dañina para la economía” por la oposición. Diputados rechazan reforma tributaria del Gobierno de Boric | T13. Así después de ganar con más del 55% de los votos no tenía mayoría simple en la Cámara de Diputados.
Ahora, cuando la nueva Presidenta de México tiene mayoría en el Congreso se le acusa de autoritarismo o posible dictadura populista: ¿Entonces de qué vale la mayoría de votos si las decisiones las toma una minoría ligada a la gran empresa y a las grandes familias?
Me parece que el nuevo gobierno mexicano sacará las lecciones de Petro en Colombia y de Gabriel Boric en Chile, puesto que, contra todo vaticinio, el gobierno de AMLO ha logrado la estabilidad de los precios (Gráfico 2) y mayor equidad social social, incrementándose la inversión extranjera, sosteniendo buenas relaciones con ese vecino incómodo que tiene en el norte. Para cuentos ya tenemos bastante con el del tío, como para no tragarme más esto de la “certeza jurídica”.
Gráfico 2: AMLO y la estabilidad de precios
En porcentajes
[1] Wanninski, J. (1978), p.16.
[2] Hope, D and J. Limberg (2020). The Economic Consequences of Major Tax Cuts for the Rich. Woking Paper 55. LSE. International Inequalities Institute. December.
