Hace pocos días se realizó en Roma la segunda parte de la 16° reunión Conferencia de las Partes (COP 16) del Convenio sobre Diversidad Biológica. La primera parte de esta reunión tuvo sede en Cali, Colombia, en noviembre de 2024 y debido a la falta de quorum por parte de los estados miembros, debió programarse una nueva reunión en la FAO en Roma para fines de febrero de 2025, con el propósito de consignar algunos acuerdos. Entre estos está la aprobación del sistema de reporte y monitoreo del Marco global Kunming -Montreal con un sistema de indicadores que debería dar cuenta del cumplimiento de metas por parte de los países.
Por otra parte, se aprobó un mecanismo de financiación para la conservación de la biodiversidad donde, a partir de 2025, se prevé una inversión de 20.000 millones de dólares anuales provenientes de financiamiento público, y a partir de 2030 este debería aumentar a 30.000 millones de dólares anuales, con el propósito de frenar la perdida y degradación de biodiversidad. Si bien, varios medios de prensa internacionales dan cuenta de la existencia de un plan global para financiar la conservación de la naturaleza, que consistiría en un fondo de 200.000 anuales hasta 2030, esto no es tan así, pues en estricto rigor, el compromiso es de 20.000 o en su caso 30.000 millones de dólares anuales y la diferencia hasta los 200.000 millones debería provenir del sector privado, pero lamentablemente existe muy poca o casi nada de información sobre cómo se recaudará este fondo, el cual además, aún no ha recibido aportes.
Si intentamos hacer una breve mirada de lo que pasa en Chile, nos daremos cuenta de que nuestro país está muy, pero muy, al debe en materia de conservación de la biodiversidad. Para ir de lo más formal a lo real, lo primero es decir que el gobierno del presidente Boric no presentó una Estrategia y Plan de Acción actualizado en la reunión de la COP 16 en Cali – Colombia. En este sentido, existe poca información en el país sobre el estado de la biodiversidad y el capítulo sobre esta misma en el informe “Estado del Medio Ambiente” publicado por el ministerio del ramo, no da cuenta de la profundidad y complejidad del tema y mucho menos de los recursos financieros que el país invierte en proteger y/o recuperar nuestro patrimonio natural. De hecho, desde hace más de 15 años el mundo de la conservación viene hablando y discutiendo sobre cuál debería ser el financiamiento público para la conservación del patrimonio natural de Chile.
Sin duda el principal foco de atención de esta discusión ha sido el financiamiento al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, SNASPE, que históricamente ha sido administrado por CONAF y desde el año 2009 contempla una glosa presupuestaria a la que es posible hacer seguimiento. Entonces por una parte podemos saber cuál es el presupuesto que el Estado destina para la administración y gestión de áreas protegidas, pero también sabemos la superficie que esto comprende y el numero de personal asignado. Toda esta información ha permitido que en distintos momentos se hayan realizado estudios sobre las brechas de financiamiento a las áreas protegidas del SNASPE, siendo uno de los últimos el realizado por el Centro de Estudios Públicos el año 2023 y en el que se da cuenta del déficit que presenta el país bajo distintos escenarios.
En este sentido es muy importante discutir cual es el rol de las áreas protegidas, como esto se relaciona con la conservación de la biodiversidad, cuando estas deberían ser públicas, es decir, formar parte del patrimonio del país como ocurre con el SNASPE y también se debe definir como se financia su administración y gestión, pues lo que hemos visto por más de 15 años es el desinterés de las autoridades nacionales en destinar fondos públicos para la conservación de la biodiversidad terrestre, acuícola o marina. De hecho, el presupuesto del SNASPE, sistema público en el que se encuentran los parques, reservas nacionales y los monumentos naturales, contempla un sistema de financiamiento “engañoso”, en el cual el estado pone una parte y el resto del presupuesto proviene básicamente de la recaudación por corte de entradas a áreas protegidas. Para el año 2025 el presupuesto del SNASPE será de aproximadamente 22.100 millones de pesos, de los cuales el estado aportará solo con 10.400 millones de pesos y la diferencia, es decir, 11.700 millones de pesos se supone que provendrán de la recaudación por corte de entradas. Pero lo más grave de esto es que según el mismo presupuesto, el gasto en personal para el año 2025 es de 18.200 millones. De lo cual se puede concluir que el estado de Chile no financia el sueldo de los trabajadores que gestionan y administran las áreas protegidas públicas del país.Desde hace varios años como Fundación Terram, venimos diciendo que el aporte estatal mínimo para las áreas protegidas existentes debería ser el sueldo de los trabajadores. Esto no quiere decir que los privados, ya sea fundaciones, empresas o simplemente las personas que pagan su ingreso a las áreas protegidas no puedan hacer una contribución para mejorar las condiciones de estas, ya sea en infraestructura turística, centros de educación e información ambiental u otros. Sin embargo, que el sueldo de trabajadores que están al servicio de estado dependa del corte de entradas a las áreas protegidas nos parece que da cuenta del poco compromiso que han tenido y tienen las autoridades del país con los guardaparques y con nuestra valiosa biodiversidad.
Debemos establecer mínimos para la operación de las áreas y para la conservación de la biodiversidad en general, no puede ser que Chile siga en la senda de enmascarar el presupuesto de la nación que se destina a las áreas protegidas. Tampoco puede ser que dejemos el financiamiento de la conservación de la biodiversidad a nivel mundial y/o nacional en manos del sector privado, el mismo sector que en algunos países goza de subsidios estatales para desarrollar proyectos que afectan o destruyen ecosistemas. Es urgente establecer criterios mínimos que comprometan financiamiento público para apoyar la conservación de la biodiversidad o revertir su pérdida.
