Hace algunos días, el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta dio a conocer un fallo sobre el proyecto minero portuario Dominga, en el cual obliga al Comité de Ministros a repetir la votación del año 2023, que calificó desfavorablemente esta iniciativa. Esta decisión, lejos de resolver el conflicto, prolonga un proceso que lleva más de una década y que aún promete extenderse varios años más, sacando a relucir las falencias de nuestra institucionalidad ambiental.
Dominga es un proyecto que contempla la instalación de faenas mineras de hierro y cobre a rajo abierto, la construcción de un puerto para el transporte del concentrado del mineral y una planta desaladora de agua de mar. Este proyecto ingresó a evaluación ambiental el año 2013, sin embargo, es importante recordar que el año 2010, el entonces presidente Piñera realizó una llamada telefónica para que el proyecto termoeléctrico Barrancones -de propiedad de Eike Batista- que se pretendía emplazar en la misma zona que Dominga, no se materializara, pese a que ya había sido aprobado en su evaluación ambiental y, probablemente, iba a iniciar un proceso de reclamaciones administrativas y legales. Así, el expresidente vulneró la institucionalidad ambiental y aumentó las posibilidades para que un proyecto como Dominga que no había comenzado su proceso de calificación ambiental fuese aprobado.
El proceso de evaluación con sus rechazos, reclamaciones administrativas y judiciales, ha tomado poco más de 10 años y evidentemente continuará. El reciente fallo del primer Tribunal Ambiental que ordena la nueva votación al Comité de Ministros (compuesto por Medio Ambiente, Agricultura, Economía, Minería, Energía y Salud), lo que hace es alargar el proceso, puesto que cualquiera sea el resultado de esta votación, ya sea de aprobación o rechazo, la otra parte va a recurrir nuevamente a Tribunales Ambientales. Esto evidentemente hará que este proceso de evaluación continúe por al menos un par de años.
La pregunta que corresponde hacer es ¿por qué sucede esto? y las respuestas son varias, algunas solo relacionadas con el caso Dominga y otras más generales que pueden explicar cómo funciona el proceso de evaluación ambiental de proyectos.
De materializarse, el proyecto minero-portuario Dominga se emplazaría muy próximo a áreas protegidas que albergan una valiosa biodiversidad terrestre y marina, debido a que en el límite de las regiones de Atacama y Coquimbo se produce un fenómeno natural denominado surgencia costera de la corriente de Humboldt, el cual genera condiciones particulares para que en esta zona habiten una variedad relevante de especies endémicas, es decir, que solo existen en esta zona del planeta; por ello que la zona costera de Punta de Choros y las islas Choros, Damas y Chañaral son reconocidos como parte de uno de los 35 Hot Spot o puntos calientes de biodiversidad a nivel mundial. Un proyecto como Dominga afectaría negativamente la valiosa biodiversidad que allí habita o transita.
Una especie emblemática de esta zona es el pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti), en peligro de extinción, cuya distribución es solo en las costas de Chile y Perú y tiene áreas de nidificación en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Sin embargo, tanto los reconocimientos sobre el valor de la biodiversidad, como la importancia de las especies que allí habitan, han sido poco considerados por la empresa Andes Iron, propiedad de Carlos Alberto Délano, que se ha empecinado en desarrollar este proyecto. Por contraparte las autoridades a pesar de haber hecho gestos relevantes no han operado estableciendo una figura de protección dura para resguardar la zona.
El proyecto en cuestión no solo enfrenta problemas por la amenaza que representa la conservación de la biodiversidad, también fue investigado por cohecho, soborno y delitos tributarios relacionados con la compraventa de la minera, que involucraban al expresidente Piñera y Carlos Alberto Délano, el cual además fue condenado a clases de ética por financiamiento irregular de la política en el caso Penta. Esto hace que el proyecto carezca de legitimidad.
Un último análisis que es importante realizar y que excede el proceso de evaluación ambiental del proyecto Dominga, tiene que ver con el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Para ello, lo primero que hay que tener presente es que el SEIA fue diseñado como un sistema de ventanilla única para la aprobación ambiental de proyectos. En términos históricos este sistema ha sido y es muy poco exigente con la calidad de la información ecológica y/o ambiental de los proyectos que se someten a evaluación. El sistema ha operado iniciando el trámite de evaluación sin una rigurosa verificación de la información para luego, en el proceso, a través de las observaciones de los servicios públicos y la ciudadanía, solicitarle al titular del proyecto que mejore y/o complete la información entregada.
Lo anterior, lleva a reiteradas rondas de observaciones y respuestas, que alargan los procesos de evaluación ambiental y que son utilizados por las empresas entregando en un inicio la menos información posible, para luego completarla solo si es requerida. Si bien esto alarga los procesos de calificación ambiental, la responsabilidad es de los titulares y no de los servicios públicos, como se ha buscado instalar los últimos meses a través del posicionamiento de la permisología desde los gremios empresariales.
Luego de la aprobación o rechazo de un proyecto, se inicia la reclamación administrativa, que es resuelta por el Comité de Ministros, instancia eminentemente política y que resuelve de acuerdo a lo que instruya el Presidente de la República. Por tanto, en relación al proyecto Dominga, probablemente cuando se repita la votación del Comité de Ministros, podría suceder que se mantenga la votación de rechazo del 2023 o que varíe y se apruebe el proyecto, dependiendo de la instrucción de la Moneda.
Lo lamentable a estas alturas, es que las decisiones políticas en la evaluación ambiental de proyectos primen por sobre las consideraciones técnicas y ambientales. A lo cual se suma que las tramas asociadas a tráfico de influencias o corrupción no están reguladas en el proceso de calificación ambiental de proyectos y por tanto el sistema opera como si no existieran. Por esto es que Dominga es un caso emblemático que, de no haber cambios profundos al SEIA, se repetirá una y otra vez.
