Páginas Marcadas de Antonio Ostornol. La política desde la urgencia estratégica.

Hace una semana escribí sobre el clima emocional que a veces domina la actividad política en Chile, especialmente a partir del estallido social. En esa columna me refería específicamente al tema de las acusaciones constitucionales y el daño que le hacían a la actividad política, cuando esta era conducida por la rabia y la venganza. Por momentos, la política se asemeja al ejercicio moderno de la Ley de Talión. Entre tanto, la democracia se resiente y las ilusiones nacidas del populismo (de derecha o izquierda) y los autoritarismos varios, encuentran su oportunidad.

Sin embargo, me parece que, en el actual momento de la vida política en nuestro país, hay señales interesantes. El rechazo a la acusación del Ministro Jackson –aunque mucha gente le tuviera ojeriza, ese sentimiento turbio que surge frente a la soberbia- es una buena señal de racionalidad, de ponderación y responsabilidad por parte de nuestros parlamentarios. Es posible que ocurra algo similar hoy (miércoles en la tarde) cuando se vote la acusación contra la Ministra Ríos. Estos actos refrendan los signos halagüeños que se vislumbran en el acuerdo para continuar el proceso constituyente, en la ley que lo pone en marcha y, al parecer, en la elección de las dos instancias de expertos que se conforman desde el Parlamento. A esto, quizás, haya que sumar la aprobación para legislar en general el proyecto de reforma previsional presentado por el gobierno. Si las dirigencias políticas de nuestro país fuesen capaces de llegar a acuerdos sustantivos en esta materia (ni más ni menos, las pensiones para sus jubilados), así como en la reforma tributaria que garantice su financiamiento y un plan nacional de seguridad compartido por la gran mayoría (con o sin foto de todos sus gestores), las señales de recuperación de un sistema político orientado a satisfacer democráticamente las necesidades de la mayoría tenderían a consolidarse.

 La pregunta, entonces, es la siguiente: ¿jefes de partidos, parlamentarios, autoridades de gobierno, dirigentes sociales, medios de comunicación, académicos e investigadores de nuestras universidades, o sea, todos aquellos que directa o indirectamente afectan el clima social, cultural y político del país, estarán a la altura de sus desafíos y responsabilidades? ¿O a la primera de cambios volverán a ser dominados por sus emociones y subjetividades y les dará lo mismo las consecuencias globales de fortalecer un clima de confrontación en vez de uno de colaboración?

El tema no es trivial. Y no lo es por una razón muy sencilla: vivimos en un país con problemas serios, entre los cuales las desigualdades de base que se expresan en todos los órdenes no han desaparecido. Soy un convencido de que el crecimiento económico debe ser inclusivo y la inclusión debe tener un sentido de mayor urgencia. La inequidad no es un tema solo de pobres y ricos, sino de legitimidad o ilegitimidad de las diferencias, o bien, para no ser tan absoluto, del grado de tolerancia para dichas diferencias. ¿Cuál es el grado de aceptación que debiera tener una persona que hace bien su trabajo, que se ha preparado y ha hecho una carrera en su rubro, pero cuyos ingresos no le permiten financiar sus necesidades más básicas, en relación a otra que se esforzó tanto como ella, se preparó de la misma forma, pero que pudo ir a la universidad y posteriormente insertarse en las altas gerencias de las empresas del país, donde satisface económicamente sus necesidades y garantiza el futuro de sus hijos e incluso nietos? Esto que coloquialmente se dice sobre “el chanco mal pelado” no es una trivialidad. Es posible que ese trabajador más pobre, que es tan trabajador y responsable y creativo como el universitario exitoso, esté mucho mejor hoy que hace treinta años. Pero la magnitud de las diferencias es insostenible. Hablamos de muchos millones de pesos al mes.

Estuve hace unos días en casa de unos amigos en La Serena. Caminamos mucho frente al mar, durante las marejadas, lo que convertía la caminata en un espectáculo excepcional. Mucha gente con sus familias disfrutando, jugando en la arena, provenientes de Santiago, Antofagasta o del interior de la región (¡vaya uno a saber!). Mientras paseaba, me llamó la atención un rayado en un pequeño muro que, dentro de su simpleza, revela claramente los riesgos asociados al momento político que vivimos. La pintada era la siguiente: “La vía legal fracasó: octubre es el camino”.

Es verdad que las encuestas dicen que el “espíritu octubrista” estaría en retirada o, al menos, menguado. Pero el problema no es si quien escribe este rayado firmando con una “A” en un círculo (que debo pensar en algún tipo de anarquismo) tenga o no la capacidad de volver a movilizar en forma violenta a grandes cantidades de personas. Esa sería la discusión que, creo, le encantaría instalar a la derecha más conservadora. Pero a quienes nos importa la democracia, la preocupación debiera ser que el actual sistema político (o el que surja de la nueva constitución) sea capaz de dar respuesta a las necesidades de la población. Este no es un tema puramente ideológico, sino experiencial. ¿Podemos mejorar las pensiones para quienes ya las tienen miserables y para quienes las necesiten en el futuro? ¿Podemos garantizar educación y salud de calidad para la gran mayoría de la población? ¿Podemos expandir las oportunidades para que todos quienes tengan las capacidades puedan aprovecharlas? Me da lo mismo cómo se logran estos objetivos, si es través de privados o del estado o de ambos. La dictadura nos dejó una constitución que privilegiaba la provisión privada de la mayor parte de los servicios a través del mercado, y que le asignaba a un estado precario un rol puramente subsidiario. Eso no sirvió. Basta observar las pensiones, después de 40 años de trabajo. Las políticas puramente estatistas tienen un largo historial de fracasos. Entonces, lo que se necesita es salirse de las visiones dogmáticas y privilegiar la pragmática: acordar las políticas que nos permitan a todos y todas sustentarlas, ejecutarlas, reevaluarlas y modificarlas tantas veces como sea necesario, hasta que los objetivos se vayan cumpliendo, o sea, que efectivamente la actividad política mejore la calidad de vida de las mayorías.

Así, la vía legal será la solución y un nuevo octubre no será necesario. Las urgencias de hoy, para quienes creemos en la democracia y nos importa el bienestar de las mayorías, tienen carácter estratégico y no táctico.