Un neologismo es un término que surge a la luz de nuevas necesidades o contextos que exigen nombrar un adelanto, una tendencia o un fenómeno que el léxico tradicional no puede precisar. Su utilización desmedida o en situaciones incorrectas puede llevar a desvirtuar su significado original. Basta con pensar en lo que ocurrió con la palabra “deconstruir”, que en redes sociales la mayoría emplea para una suerte de rehabilitación o aprendizaje.
La “permisología” constituye un neologismo en toda regla. Un concepto que la derecha y los medios a su servicio – casi todos en la actualidad – han convertido en un nuevo caballito de batalla, en una época en que ser conservador extremo ya no es motivo de vergüenza sino de orgullo. ¿Su significado? Muy simple. Básicamente vendría a ser el exceso de permisos y regulaciones por parte de un aparato burocrático, en su mayoría estatal y de corte ambientalista, que obstaculiza la iniciativa privada y el supuesto bienestar social consiguiente.
El día posterior al mega apagón en Chile el 25 de febrero, Evelyn Matthei culpó a “la permisología, el fundamentalismo ambiental y una hostilidad permanente contra los privados”. Como si el darle manga ancha a la empresa ISA Interchile garantizara que los servicios nunca pudiesen fallar. Lo peor es que nunca especifica a qué se refiere exactamente con conceptos lanzados al voleo, como permisología o fundamentalismo ambiental. ¿Qué significa exactamente fundamentalismo ambiental? Es un concepto tan amplio que podría aplicarse tanto a los activistas que dañan obras de arte en Europa como a los que buscan proteger a la fauna y zona de los humedales.
No es la primera vez que la candidata usa el término. En agosto del 2024, no solo culpó a la permisología de paralizar la construcción de obras públicas, y las concesiones marítimas, sino que además trató de “tropa de inútiles” al Consejo de Monumentos por supuestamente paralizar una obra vial relacionada con la Línea 7 del metro, al considerar tapas de Coca Cola un objeto patrimonial. La obra no solo no fue paralizada, sino que las supuestas “tapitas” eran el indicio de un hallazgo histórico que, si bien no tiene la antigüedad arqueológica que a ella le gustaría, constituyen restos de la antigua fábrica de hielo y cerveza Gubler y Cousiño, de más de un siglo de antigüedad, convirtiéndola en parte del patrimonio industrial del país. ¿La defensa de Evelyn Matthei? Sencillamente argumentó que “Chile puede volver a crecer, no con una añoranza de lo que pasó, sino que efectivamente mirando el futuro”. La discusión respecto de la importancia del pasado y la historia para la elaboración de políticas públicas del presente daría para otro artículo completo.
Hace poco se acusó de permisología al Seremi de Medio Ambiente y al Sistema de Evaluación Ambiental por obstaculizar la construcción del Hospital del Cáncer, por motivos que señalaban que debían cumplirse normativas que no perjudicaran a áreas verdes, que son refugios para insectos, arácnidos y corredores biológicos. A lo anterior se suman cuestionamientos de organismos como el SAG, Consejo de Monumentos Nacionales y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena en lugares de construcción como Rengo y Melipilla. La estrategia empleada era, básicamente, culpar a las exigencias desmedidas de estar privando a los ciudadanos de un lugar para tratarse de enfermedades graves como el cáncer, priorizando el patrimonio cultural y la vida de insectos y ranas por sobre la de ellos.
Lo anterior constituye una falacia por partida doble, pues por una parte emplea el ad populum al apelar a una idea de aceptación popular como lo es el apoyo a la salud pública, y por otra una falacia de falso dilema, pues reduce el conflicto a dos opciones inconciliables: se debe escoger entre políticas que protejan al medio ambiente o un hospital para tratar a los enfermos de cáncer, eliminando otros posibles escenarios intermedios, como por ejemplo, un espacio que cumpla con las regulaciones y a la vez permita la construcción del hospital.
El empleo de estas falacias no es algo reciente. Ya en el año 2011, cuando la gente protestó por la construcción de una hidroeléctrica que dañaría el ecosistema de la región de Aysén, la respuesta del entonces presidente Sebastián Piñera fue “Estoy más preocupado de los chilenos, porque las personas merecen más protección que los árboles (…) «Nos preocupa mucho la protección del medio ambiente, pero nos preocupa mucho más la salud y la calidad de vida de los chilenos«. El objetivo de esta falacia es que caigamos en una trampa bajo la apariencia de una simple disyuntiva. ¡Claro! ¿Quién podría discrepar de las declaraciones anteriores? ¡Habría que estar loco desquiciado para preferir la vida de un árbol por sobre la de una persona! Pero regulaciones medioambientales y bienestar ciudadano no son opciones excluyentes. De hecho, la mayoría de las veces la segunda es una consecuencia de la buena implementación de la primera.
Para la construcción de un hospital del Instituto Nacional de Neurología cerca del Hospital de El Salvador en Providencia, varios organismos, entre los que se encontraban los ya mencionados con anterioridad, demandaron trámites que iban desde la solicitud de plantar árboles nativos hasta la evaluación del terreno para la protección de posibles hallazgos arqueológicos. ¿Contra qué fue la queja nuevamente? Contra la horrible permisología.
El problema no es que no se puedan discutir los requerimientos de las distintas instituciones, que puede y debe hacerse. El problema es que los políticos de derecha han convertido a las regulaciones medioambientales en un enemigo en lugar de un mecanismo que impide a las empresas hacer y deshacer sin reparar en las consecuencias, engendrando a su nuevo Viejo del Saco, la permisología, que sin duda será una munición recurrente contra sus opositores en las próximas campañas, repitiendo dicho neologismo hasta que quede incrustado en el imaginario colectivo. Sí, justo como la “ideología de género”, “cultura woke”, “derechos de los delincuentes”, “delincuencia desatada” y, uno de sus favoritos, el “octubrismo”.
Con la creación de este Viejo del Saco, se busca dar manga ancha a empresas para modificar espacios urbanos y rurales, como lo que acontece con el proyecto Parque Capital, cuya implementación se aceleró gracias a las presiones de Luis Hermosilla y Felipe Ward para obtener los permisos requeridos, bajo la amenaza de que el no hacerlo podría retrasar el progreso, causar nuevos apagones o impedir tratarse a los enfermos. Sí, de pronto la salud de las personas se volvió importante para ellos. Pero ignoremos que varias figuras de dicho sector llamaron dictadura sanitaria a la cuarentena o se refirieron a los consultorios como espacios de socialización. O que el salvataje a las ISAPRES, orquestado por políticos de todos los sectores como UDI, DC y PS, rescataron a dichas instituciones, que más de una vez financiaron sus campañas electorales o derechamente estaban vinculadas a las mismas figuras públicas a través de familiares.
Aprovecho de aclarar que esta crítica no me hace apoyar el desempeño del actual gobierno en materias de regulación ambiental a privados, que ha tenido más de un tropiezo. Pero al menos ellos no buscan transformar a las regulaciones en un adversario que se debe derrotar o sugerir “despolitizar” las evaluaciones de impacto ambiental mediante la creación de un término tan vago que cada figura del amplio espectro político podría adaptar para su uso personal.
Pese a todo lo anterior, la temida “permisología” puede evitar la construcción de edificios en dunas que se desmoronen a causa de un socavón como los de Viña del Mar (ante tal negligencia la oposición, era que no, culpó al gobierno), la construcción de hoteles como el de Punta Piqueros, que al no contar con la calificación ambiental adecuada se ve inundado por marejadas y subida de mareas, o proyectos como Dominga, cuyo contrato de venta (llevado a cabo en las Islas Vírgenes Británicas, paraíso fiscal) por parte de Sebastián Piñera tenía entre sus cláusulas que la zona no podía ser declarada área de protección ambiental.
¿Qué pasará entonces con la protección de los humedales? ¿Quién responderá a las personas cuya salud se vea afectada por las zonas de sacrificio? ¿O, en ese contexto, la calidad de vida de los ciudadanos es algo que la derecha está dispuesta a sacrificar junto con los árboles?
https://www.latercera.com/pulso/noticia/un-mar-de-conflictos/YTHL45HQPJABREHIZ6X6OFF47U/
