Hace pocos días, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en primer trámite constitucional el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (boletín Nº16.566). Esta iniciativa tiene como propósito establecer un sistema regulatorio que facilite la obtención de permisos y/o autorizaciones sectoriales, permitiendo a los titulares de proyectos concretar sus inversiones en plazos más cortos. En definitiva, la iniciativa legal propone un sistema de implementación progresiva de permisos, junto con la creación de una institucionalidad encargada para tales efectos. En teoría, esta propuesta legal responde a lo que el sector privado ha denominado la “permisología”.
Si bien este proyecto de ley aun debe ser analizado y discutido en el Senado, es importante señalar que, en su artículo cuarto, excluye explícitamente del ámbito de su aplicación los permisos ambientales que deben ser obtenidos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) regulados por la ley Nº19.300, incluyendo los llamados permisos ambientales sectoriales o PAS.
Si bien el proyecto de Ley presentado por el ejecutivo (boletín Nº16.566), aparentemente no involucra cambios regulatorios relevantes en el proceso de calificación ambiental de proyectos, sí establece algunas modificaciones a regulaciones sectoriales que tienen componentes ambientales, como es el caso del cierre de faenas mineras, lo cual merece ser analizado con mayor profundidad.
Pero más allá del contenido específico de esta iniciativa legal, es importante destacar que los grandes consorcios empresariales han fomentado la confusión en la opinión pública respecto a la denominada “permisología”, la cual, según ellos, estaría obstruyendo la inversión. Lo cierto es que la existencia de permisos o autorizaciones sectoriales existe de larga data y si bien estos pueden haberse complejizado o carecer de un sistema más armónico, esta situación no surgió de la noche a la mañana, como sí lo ha hecho la campaña comunicacional que existe en torno al tema.
Sin embargo, si se revisa un poco la prensa de los últimos meses podemos fácilmente constatar que el concepto de permisología -acuñado por los sectores empresariales- penetró en la agenda pública y es parte de la negociación entre el ejecutivo y el sector privado en el marco del Pacto Fiscal. Esto, sin discriminar si se hace en referencia a la dificultad para la obtención de permisos sectoriales o se relaciona con el proceso de evaluación ambiental de proyectos en el marco del SEIA para la obtención de permisos ambientales.
De esta forma, lo que se ha generado de forma deliberada es una gran confusión que mete en un mismo saco a la evaluación ambiental de proyectos y a la obtención de permisos sectoriales. Pues, si bien, el SEIA presenta deficiencias, estas no tienen que ver con la demora en que las instituciones públicas con competencia en la materia se tarden en calificar ambientalmente un proyecto, ya que aquello está regulado en la ley. Más bien, la demora en la obtención de permisos ambientales se relaciona con la falta de calidad de la información que entregan los titulares de los proyectos cuando someten una iniciativa a evaluación ambiental, lo que hace que los servicios públicos tengan que solicitar aclaraciones, rectificaciones o ampliación de información, tal como lo establece la Ley Nº19.300.
Por lo tanto, al meter todo bajo el concepto de permisología, se termina por instalar en la opinión pública la idea de que existen trabas para la obtención de permisos ambientales bajo el marco del SEIA. Lamentablemente, los políticos y autoridades que opinan sobre esta temática conocen poco o nada de la legislación ambiental y se preocupan menos aun de instruirse, cayendo en el discurso facilista instalado por los consorcios empresariales que hablan de permisología. Si esta situación no cambia, probablemente en unos meses más veremos cómo estos sectores promueven la flexibilización de la legislación ambiental para desproteger el patrimonio natural del país.
